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Política

Diputados debaten la movilidad jubilatoria. EN VIVO

La oposición en Diputados logró el quórum necesario para poder comenzar a debatir los dictámenes sobre un nuevo sistema de movilidad jubilatoria.

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En un duro revés para el oficialismo, la oposición en su conjunto logró este mediodía el quorum en la Cámara de Diputados para debatir una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que contradice al DNU 274/2024 que Javier Milei firmó en marzo y recompone los haberes perdidos ante la inflación, pero en cambio los sectores «dialoguistas» bloquearon el intento de Unión por la Patria de incluir en la votación la restitución del FONID y el financiamiento universitario.
El quorum para la nueva fórmula jubilatoria se alcanzó con la presencia de Unión por la Patria y sus 99 diputados, y las bancadas de la UCR –impulsor de la sesión especial-, de Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y la izquierda. Entre todos sumaron 141 legisladores. Los espacios oficialistas, es decir la Libertad Avanza y el casi oficialismo del PRO, se sentaron en sus bancas una vez que arrancó la sesión.

La propuesta tanto de UP como de los bloques dialoguistas es introducir un 8,1% adicional a ese 12,6% para llegar a un total de 20,6% de recomposición, equivalente a la inflación del mes de enero que se perdió en el empalme entre la fórmula de movilidad anterior y la establecida por el Gobierno a través del DNU.

La propuesta opositora sucede pese a la negativa del Gobierno a través de la amenaza del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien esta mañana cuestionó la búsqueda de la oposición. “Cuando uno expresa la voluntad de otorgar un beneficio tendría que decir con toda claridad de dónde salen los fondos. El Gobierno ha expresado con esa misma claridad que no tiene recursos disponibles”, advirtió, pese a que en la propia Ley Bases el Poder Ejecutivo se desfinancia, por ejemplo, con la baja del impuesto más regresivo, o sea Bienes Personales.

Desde la oposición de Unión por la Patria y también el FIT ensayaron intentos por citar a la ministra de Capital Humano a comisiones e interperlarla en el recinto, respectivamente, en el marco del escándalo de corrupción y causas judiciales que enfrenta el Gobierno por su responsabilidad en no haber repartido entre los sectores más vulnerables más de cinco mil toneladas de alimentos, acopiados en dos depósitos de su cartera, y además por la presunta contratación irregular de «ñoquis» a través de dinero de una ONG que debía utilizarse para otros fines.

Sin embargos, ambos intentos fueron obturados por el oficialismo y el no acompañamiento de la oposición dialoguista, ya que para las dos cosas se requería las tres cuartas partes del cuerpo.

La propuesta de Germán Martínez, jefe de la bancada de UXP, no prosperó. El oficialismo y los libertarios votaron en contra, al igual que los bloques de Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. En tanto la mayoría del radicalismo se abstuvo, salvo los diputados Mario Barletta, Fernando Carbajal, Facundo Manes, Jorge Rizzotti y Natalia Sarapura, que votaron la propuesta de Unión por la Patria. Según anticipó la diputada Karina Banfi (UCR), mañana la Comisión de Salud citará formalmente a la ministra Pettovello.

Pero no fue en el único tema que la oposición dialoguista fue protagonista de la sesión, ya que tampoco acompañó la propuesta de Unión por la Patria de incluir en la sesión el tratamiento de la restitución del FONID – los recursos que Nación giraba a las provincias para complementar el pago de salarios de docentes – y una normativa para garantizar el financiamiento a las universidades nacionales.

La moción pedida por Blanca Osuna para tratar los proyectos sobre el FONID recibió 122 votos a favor, 110 en contra y una abstención, mientras que el pedido de Pablo Carro para incorporar los dictámenes sobre financiamiento universitario cosechó 120 votos afirmativos, 110 rechazos y dos abstenciones.

La Libertad Avanza y el PRO firmaron en comisiones un dictamen que reproduce exactamente los términos del DNU 274 de Javier Milei que reconoce una recomposición parcial del 12,5% de los haberes y sobre esa base actualiza por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). La propuesta tanto de UxP como de los bloques dialoguistas es introducir un 8,1% adicional a ese 12,6% para llegar a un total de 20,6% de recomposición, equivalente a la inflación del mes de enero que se perdió en el empalme entre la fórmula de movilidad anterior y la establecida por el Gobierno a través del DNU.

Política

Emergencia Hídrica y del transporte público serán tratados en la próxima sesión

La Comisión de Obras Públicas dio dictamen a proyectos que consolidan leyes de emergencia y de declaración de interés legislativo al Encuentro Nacional de Cooperativas

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La Comisión de Obras Públicas de la Legislatura de Tucumán emitió dictamen favorable a diversos proyectos de ley que formarán parte de la actualización del Digesto Jurídico Provincial correspondiente al presente año, además de un proyecto de resolución.

La reunión fue encabezada por el presidente de la comisión, legislador Tulio Caponio, y contó con la participación de los parlamentarios Carlos Gómez, Eduardo Verón Guerra y Alberto Olea.

Al finalizar el encuentro, Caponio destacó la importancia del trabajo realizado: “Lo más relevante de la jornada fue el tratamiento de la consolidación de cuatro leyes de emergencia de la provincia, en el marco de la actualización del Digesto Jurídico de este año. Se trata de las emergencias hídrica, del transporte público, energética —vinculada a la red troncal de energía— y de obras públicas”.

Asimismo, la comisión aprobó un proyecto de resolución que declara de interés legislativo el Encuentro Nacional de Cooperativas de Agua Potable de la República Argentina, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de julio del corriente año en la localidad de San Pedro de Colalao.

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Política

El Gobierno ofreció un aumento de 24% a las universidades a cambio de retirar la demanda

Los rectores consideraron la propuesta del Gobierno razonable, pero no hubo acuerdo. La denuncia la debe resolver la Corte Suprema.

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En una reunión de bajo perfil celebrada este lunes, el Gobierno y las universidades llegaron a un principio de acuerdo para avanzar con un aumento salarial del 24%, entre otros puntos. Sin embargo, las negociaciones fracasaron por una condición inapelable del Ejecutivo: que las casas de estudio retiren la demanda judicial que aguarda el fallo de la Corte Suprema.

En un territorio neutral para no captar la atención mediática, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvo un encuentro con rectores en representación del Consejo Interuniversitario Nacional para intentar destrabar el conflicto presupuestario que motorizó la última Marcha Federal el mes pasado.

Según confirmaron a TN fuentes de ambos sectores, la propuesta del Ejecutivo consistió en una recomposición salarial del 24,3% que abarca la pérdida durante parte de 2024, todo 2025 y el desfasaje de 2026 hasta mayo. El incremento se pagaría en dos partes: un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre.

El acuerdo también incluía la conformación de una comisión técnica para trabajar en el periodo adeudado de 2024 y garantizar hacia adelante negociaciones paritarias cada tres meses.

La propuesta del Gobierno a las universidades y el punto que trabó las negociaciones

Además, el Gobierno ofreció un 50% de aumento para las becas Manuel Belgrano, un 20% de incremento para gastos de funcionamiento de las universidades y un fondo adicional de $50 mil millones para gastos de hospitales universitarios.

En paralelo, las universidades aguardan la convocatoria del Gobierno para acordar el nuevo criterio de distribución de la partida de más de $79 mil millones destinada a dichos hospitales, cuyo congelamiento había generado protestas y una advertencia de que podía peligrar la atención en los establecimientos por falta de presupuesto.

En diálogo con este medio, fuentes de la comunidad universitaria al tanto de las conversaciones consideraron que la propuesta del Ejecutivo es “razonable”. Sin embargo, la negociación se frustró con el pedido del Gobierno para que las casas de estudio retiren la demanda judicial que exige la ejecución de la Ley de Financiamiento sancionada por el Congreso.

La ley exige el cumplimiento de los aumentos en materia de salarios y becas dispuestos en la Ley de Financiamiento de acuerdo al IPC: una cifra que ronda los 2,5 billones de pesos y que, según el Ejecutivo, atenta contra el superávit fiscal.

La negativa de los rectores a retirar la demanda judicial

“Eso no va a suceder de ninguna manera. No estamos dispuestos a hacerlo y no es modificable esa situación. Condiciones para avanzar hay, pero la pelota está del lado del Gobierno”, insistieron en diálogo con TN los rectores universitarios.

Para las casas de estudio, la demanda opera como un resguardo que no están dispuestas a perder. A su vez, sostienen que no existe consenso en la comunidad universitaria para eso. En su lugar, ponen el énfasis en que la propuesta demuestra que el Gobierno cuenta con los recursos para solucionar el conflicto.

“Si hay voluntad de acordar, es bastante insólito que no lo hagamos. Hay condiciones para que eso ocurra”, subrayaron, con la expectativa de que el conflicto se resuelva esta semana.

Desde el Gobierno replicaron a TN que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) conducido por Franco Bartolacci no está dispuesto a ceder en el terreno judicial para no comprometer el apoyo de la comunidad y cuestionaron que eso “lleve a todos a un conflicto sin solución”. De ambos sectores insisten en que, para llegar a un acuerdo, el otro tendrá que dar el brazo a torcer.

FUENTE: TN

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El Senado debatirá un proyecto para reorganizar la Cámara Federal de Tucumán

La iniciativa propone reorganizar la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán mediante la creación de dos salas.

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El Senado de la Nación tiene previsto tratar este jueves un proyecto que propone reorganizar la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán mediante la creación de dos salas, una iniciativa que busca optimizar el funcionamiento de la Justicia Federal en la provincia y en el norte argentino.

La senadora nacional Beatriz Ávila informó que la propuesta fue incorporada al temario de la sesión y cuenta con dictamen favorable de comisión, además del acompañamiento de distintos sectores políticos.

El texto que llegará al recinto surge de la unificación de proyectos presentados por Ávila y por la senadora Sandra Mendoza. La iniciativa contempla dividir la actual Cámara Federal en dos salas y habilitar la posibilidad de ampliar la integración del tribunal, incorporando un sexto magistrado a los cinco jueces que actualmente lo conforman.

Según se explicó, la eventual designación de un nuevo juez estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria y tendría como objetivo reforzar la estructura judicial encargada de revisar en segunda instancia las causas de competencia federal que se tramitan en la jurisdicción.

Durante la reunión de Labor Parlamentaria realizada este miércoles, la legisladora tucumana solicitó la inclusión del proyecto en el orden del día junto con el tratamiento de distintos pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en el ámbito de la Justicia Federal.

El debate se desarrolla en un contexto marcado por las discusiones en torno a la cobertura de cargos judiciales y la necesidad de fortalecer el funcionamiento de los tribunales federales. Desde los impulsores de la iniciativa sostienen que la creación de salas permitirá agilizar el tratamiento de expedientes y mejorar la respuesta del sistema judicial ante el incremento de causas que llegan a la segunda instancia.

De obtener la aprobación de la Cámara alta, el proyecto representará un paso importante en la reestructuración de la Justicia Federal con asiento en Tucumán y podría generar cambios en la organización interna del tribunal en los próximos años.

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