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Política

«Muchos argentinos no podrán pagar el gas este invierno para combatir el frío»

Duro cuestionamiento de los diputados Brüge y Gutierrez a los cambios en la ley de la de Zona Fría. La discusión tomó temperatura este miércoles durante una reunión conjunta de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara Baja. En ese marco, los diputados alertaron que una eventual eliminación o reducción del beneficio afectaría directamente a unas 675.000 personas en Córdoba, con un fuerte impacto sobre hogares de clase media y sectores vulnerables.

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En medio del debate abierto en la Cámara de Diputados por la intención del oficialismo de modificar el régimen de Zona Fría, los legisladores cordobeses Juan Fernando Brügge y Carlos Mario Gutiérrez expresaron fuertes objeciones al dictamen impulsado por La Libertad Avanza y advirtieron sobre las consecuencias que tendría para cientos de miles de usuarios residenciales.

La discusión tomó temperatura este miércoles durante una reunión conjunta de las comisiones de Energía y Combustibles y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja, donde el oficialismo avanzó con un proyecto que propone redefinir el esquema de subsidios al gas natural y limitar el alcance del beneficio de Zona Fría únicamente a usuarios vulnerables incluidos en el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF).

La iniciativa oficial argumenta que el actual esquema genera desequilibrios financieros en el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas y sostiene que el régimen debe restringirse a hogares ubicados en zonas de “efectiva severidad climática”, bajo criterios de “equidad distributiva” y “responsabilidad fiscal”.

Sin embargo, desde Provincias Unidas advirtieron que el proyecto implica un fuerte retroceso para provincias del centro del país que fueron incorporadas al sistema mediante la Ley 27.637 sancionada en 2021.

Brügge y Gutiérrez remarcaron que en Córdoba existen actualmente 13 departamentos alcanzados por el beneficio: Calamuchita, Capital, General Roca, General San Martín, Juárez Celman, Marcos Juárez, Presidente Roque Sáenz Peña, Río Cuarto, Río Segundo, San Javier, Santa María, Tercero Arriba y Unión. Según señalaron, la medida alcanza a unos 600.000 usuarios residenciales, que reciben descuentos del 30 al 50 por ciento sobre la tarifa de gas.

Los legisladores recordaron que la ampliación de la Zona Fría respondió a estudios técnicos que demostraron patrones de consumo similares a los de regiones históricamente consideradas frías, especialmente por la alta demanda de calefacción durante gran parte del año.

“El subsidio no busca incentivar el consumo, sino compensar una necesidad energética superior”, sostuvieron los diputados al rechazar el argumento oficial sobre un supuesto “sobredimensionamiento” del régimen.

En el análisis presentado durante el debate parlamentario, los representantes cordobeses remarcaron además que el Fondo Fiduciario de Gas mostró superávit entre 2021 y 2023, sin necesidad de aportes extraordinarios del Tesoro Nacional. De acuerdo con cifras oficiales citadas en el documento, el fondo registró resultados positivos por $16.818 millones en 2021, $7.697 millones en 2022 y más de $39.000 millones en 2023.

Para Brügge y Gutiérrez, el verdadero problema surgió tras la reciente reducción de partidas presupuestarias dispuesta por el Poder Ejecutivo, que recortó más de $11.000 millones destinados al fondo fiduciario.

En ese marco, alertaron que una eventual eliminación o reducción del beneficio afectaría directamente a unas 675.000 personas en Córdoba, con un fuerte impacto sobre hogares de clase media y sectores vulnerables.

Los diputados también cuestionaron otros artículos del proyecto oficial vinculados al sistema eléctrico federal y a las deudas de distribuidoras con CAMMESA. Según advirtieron, la iniciativa “avanza sobre competencias provinciales” al establecer mecanismos automáticos de reconocimiento tarifario y compensaciones económicas que, a su criterio, interfieren en facultades propias de las provincias en materia de regulación de servicios públicos.

Además, señalaron que el texto no precisa el costo fiscal que podrían tener esas compensaciones ni cuál sería la fuente de financiamiento para cubrirlas.

Otro de los puntos objetados por los legisladores es la prohibición de incluir tributos locales en las facturas eléctricas, cuestión que consideraron una intromisión sobre la autonomía provincial y municipal.

Mientras el oficialismo busca acelerar el dictamen para llevar el proyecto al recinto, distintos bloques provinciales comenzaron a coordinar posiciones para intentar frenar modificaciones que consideran perjudiciales para usuarios del interior del país. El debate promete escalar en las próximas semanas, con gobernadores y distribuidoras siguiendo de cerca una discusión que impacta de lleno en el costo de los servicios energéticos.

Política

Chalha confirmó que buscará la reelección en la Intendencia capitalina

La intendenta de San Miguel de Tucumán confirmó que el año próximo competirá en los comicios por un nuevo mandato al frente del municipio.

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En el marco de la inauguración del Mercado de la Ciudad, la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, hizo un anuncio político con miras a las elecciones del año próximo: confirmó que ira por la reelección buscando un nuevo mandato.

«Se cuánto hicimos y se cuánto falta, tenemos proyectos que todavía tenemos que convertir en realidad. En el 2023 asumí el compromiso de ordenar, planificar una nueva etapa para la ciudad, hoy siento junto a mi equipo una responsabilidad mayor, avanzar en ese camino que elegimos, ese proceso de transformación. Quiero seguir siendo intendenta de San Miguel de Tucumán», aseguró.

Agregó que «la última decisión esta en manos del pueblo, de los vecinos, espero que me acompañen». «Mi propósito es muy claro, quiero que la transformación que empezamos llegue a cada barrio de San Miguel de Tuycumán y sea irreversible. Esta ciudad no puede retroceder más», expresó.

«San Miguel de Tucumán eligió un camino de transformación y ahora tenemos que seguir adelante, como Bernabé Aráoz, no queremos retroceder. Este es el camino que elijo seguir y el compromiso que asumo todos los días honrando la confianza de todos los vecinos», detalló.

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Política

Kicillof, Massa, Máximo Kirchner y gobernadores armaron una mesa política

Gobernadores, jefes parlamentarios y referentes de distintos sectores del peronismo mantuvieron una reunión política de cara a las elecciones del 2027.

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Gobernadores, jefes parlamentarios y referentes de distintos sectores del peronismo mantuvieron una reunión política de 3 horas en la que comenzaron a delinear un esquema de coordinación legislativa y la mirada puesta en las próximas elecciones de 2027.

Según pudo saber Noticias Argentinas, del encuentro participaron el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; sus pares Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Ziliotto (La Pampa), Gildo Insfrán (Formosa), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

También estuvieron el referente del Frente Renovador, Sergio Massa; el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner; el jefe del bloque de Unión por la Patria en Diputados, Germán Martínez, y el titular de la bancada peronista en el Senado, José Mayans. De acuerdo a la información que recogió la Agencia NA, Martínez y Mayas, líderes en Diputados y Senado habrían solicitado la reunión para fijar una estrategia legislativa conjunta.

Uno de los principales resultados de la cumbre habría sido el avance en la conformación de una mesa política destinada a articular a los distintos sectores del peronismo y establecer una instancia de coordinación entre gobernadores, conducción partidaria y representantes parlamentarios.

Un participante de la reunión confirmó a la Agencia Noticias Argentinas que la reunión duró «3 horas» de los popes y señaló que los temas centrales fueron: «Presupuesto 2027, Transferencias a las Provincias, Impuesto a los Combustibles, PASO y situación fiscal en distritos».

«Todos los presentes coincidieron en la importancia de sostener las PASO como instrumento para generar una propuesta electoral amplia y potente», indicó otra fuente a NA.

La reunión adquiere especial relevancia por la presencia en una misma instancia de Kicillof, Massa y Máximo Kirchner, referentes de espacios que mantienen diferencias respecto de la estrategia que debe adoptar el peronismo para enfrentar al oficialismo y encarar la construcción electoral hacia 2027.

El encuentro también reunió a gobernadores con peso territorial y a las principales autoridades parlamentarias de Unión por la Patria, en momentos en que el peronismo busca establecer mecanismos de coordinación política y comenzar a discutir una estrategia nacional.

La eventual constitución de una mesa política aparece así como un primer intento de institucionalizar esas conversaciones y ordenar las distintas vertientes del espacio, aunque todavía resta conocer su integración definitiva, su mecanismo de funcionamiento y el cronograma de próximos encuentros.

La discusión sobre el armado presidencial permanece abierta y constituye uno de los principales desafíos internos del peronismo de cara a 2027. En ese escenario, Kicillof aparece como uno de los dirigentes con aspiraciones nacionales, mientras Massa conserva centralidad dentro del Frente Renovador y Máximo Kirchner mantiene influencia en la estructura del PJ bonaerense y el kirchnerismo.

En la cumbre se tomó una posición frente a las elecciones PASO: mantener las internas abiertas, simultáneas y obligatorias cuando el gobierno de Javier Milei impulsa la derogación. En ese esquema de trabajo coordinado en el Congreso, en la reunión hubo cuestionamientos por «colaboracionistas» del oficialismo contra el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil y el tucumano, Osvaldo Jaldo.

La cumbre representa, en ese contexto, una primera señal de búsqueda de unidad entre sectores que deberán resolver diferencias políticas y electorales antes de definir la estrategia con la que el peronismo intentará volver a disputar la Presidencia.

FUENTE: Noticias Argentinas

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Política

Causa Vialidad: la Justicia embargó el departamento donde Cristina Kirchner cumple arresto domiciliario

El TOF 2 avanzó con una segunda etapa del proceso de decomiso que alcanza 144 bienes, vehículos y paquetes accionarios de los condenados en la causa, con el objetivo de resguardar los activos hasta definir su destino

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El Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), a cargo de la ejecución de la condena en la causa Vialidad, dispuso nuevos embargos preventivos sobre propiedades, vehículos y participaciones societarias de Cristina Kirchner y otros condenados. La medida se enmarca en una segunda etapa del proceso de decomiso, orientada a preservar esos bienes hasta que se resuelva cuáles deberán ejecutarse para cubrir el monto establecido en la sentencia: $685.000 millones.

 

 

El departamento de Monserrat, entre los bienes alcanzados

Uno de los inmuebles incluidos en la resolución es el departamento de la calle San José 1111, en Monserrat, donde la expresidenta cumple actualmente su arresto domiciliario. La propiedad pertenece a Los Sauces, la firma inmobiliaria de la familia Kirchner que también fue investigada por lavado de activos.

 

 

El tribunal aclaró que el embargo no implica un remate inmediato ni la pérdida definitiva de la propiedad para sus titulares. Según explicaron los jueces, el objetivo es evitar que los activos sean transferidos, gravados o sacados de la jurisdicción mientras avanza el procedimiento de decomiso. Tampoco se dispone que Kirchner deba dejar ese domicilio ni se define en esta instancia un cambio en el lugar de cumplimiento del arresto.

 

 

Una resolución firmada por tres jueces

La medida lleva la firma de Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Andrés Basso. En paralelo, la primera tanda de bienes cuya ejecución pidió el fiscal Diego Luciani ya está bajo análisis de la Corte Suprema. En noviembre, el TOF 2 había ordenado el decomiso de 111 propiedades —20 de la familia Kirchner, 85 de Lázaro Báez y sus empresas, y seis del resto de los condenados—, criterio que en febrero avaló la Cámara Federal de Casación Penal. Kirchner y Báez apelaron esa decisión, que hoy espera definición en el máximo tribunal.

 

 

Mientras tanto, el TOF 2 avanzó con una nueva lista: 144 bienes entre inmuebles y vehículos, además de paquetes accionarios de distintas sociedades. También se sumó el dinero que Florencia Kirchner tenía en una caja de seguridad del Banco Galicia: más de US$5 millones.

El argumento judicial

Para fundamentar las nuevas medidas, los jueces recurrieron a lo establecido en la sentencia de Vialidad, que determinó que la maniobra en torno a la obra pública generó beneficios económicos directos para Báez e indirectos para la familia Kirchner, a partir de una «conexión  económica y comercial comprobada» entre ambas partes a través de Los Sauces y Hotesur. Con ese criterio, el tribunal sostuvo que el dinero del delito circuló y se asentó en los activos de esas sociedades, por lo que pueden quedar alcanzados los bienes incorporados a los patrimonios de los nueve condenados entre 2003 y 2015.

 

La resolución también invoca el artículo 23 del Código Penal, que habilita a alcanzar tanto a personas jurídicas beneficiadas por el delito como a bienes cedidos gratuitamente a terceros. En ese marco entran las acciones de Los Sauces y Hotesur, embargadas desde 2017, cuando la Justicia investigaba la sucesión de Néstor Kirchner y estableció que las cuotas y acciones de Cristina Kirchner habían sido cedidas sin cargo a sus hijos Máximo y Florencia.

Puerto Madero, Santa Cruz y el dinero de Florencia Kirchner

Entre los bienes alcanzados también figuran un dúplex con cinco cocheras y otro departamento con dos cocheras y baulera en el Complejo Madero Center, en Puerto Madero, cuyo único inquilino fue Cristóbal López. En Santa Cruz, la lista incluye el terreno del Hotel La Aldea, en El Chaltén —usurpado desde hace más de dos años—, otras propiedades en El Calafate, y varios inmuebles familiares en Río Gallegos, entre ellos el chalet de la expresidenta sobre la costanera y propiedades en Alvear 395, Moreno 882 y 25 de Mayo 66.

A esto se suma el dinero hallado en la caja de seguridad de Florencia Kirchner en el Banco Galicia, más de US$5 millones cuyo origen lícito, según la Justicia, la familia no logró acreditar. El TOF 2 remarcó además que el banco todavía no respondió los requerimientos judiciales sobre el estado de esos fondos ni si existen otros depósitos o cajas de seguridad vinculados a la causa.

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