Cristina dijo que no será «candidata a nada» en 2023 y que la condenó la «mafia judicial»
La condena del TOF 2 no obedece a un «lawfare ni a un partido judicial», aseguró la ex mandataria en redes sociales, quien justificó sus dichos sobre la «mafia judicial» señalando que la «confirmación» de esa situación fue la filtración de un viaje de exfuncionarios, magistrados y exagentes de inteligencia a Lago Escondido.
La vicepresidenta Cristina Kirchner declaró que fue condenada por un «estado paralelo, una mafia judicial» en la causa por la obra pública en santa Cruz y anunció no será candidata a ningún cargo electivo en 2023, debido a que no quiere someter al peronismo a que lo «maltraten» en período electoral a raíz de esta sentencia.
«Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre del 2015; no voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces Presidenta y una Vicepresidenta a que la maltraten en período electoral con una ‘candidata condenada, con inhabilitación perpetua'», aseguró Fernández de Kirchner en un mensaje emitido inmediatamente después de conocida la sentencia.
El mensaje siguió a la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada por el Tribunal Oral Federal 2, que la declaró culpable de administración fraudulenta en la causa que investigó la obra pública vial de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
«¿A mí administración fraudulenta del Estado y a éstos, los amarillos, que les dejaron 45 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) se pasean orondos en los aviones de Clarín…No voy a ser candidata. Una muy buena noticia para usted (Héctor) Magnetto ¿sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fueros, no voy a ser Vicepresidenta así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa; sí, pero mascota de usted, nunca, jamás», afirmó Fernández de Kirchner.
«No voy a ser candidata a nada. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo, como en 2015, a mi casa», enfatizó.
En un extenso discurso, la exjefa de Estado dio detalles de un entramado de acuerdos -plasmado en una conversación que se hizo pública días atrás- entre jueces, funcionarios macristas y empresarios para invisibilizar un viaje a la estancia del magnate inglés Joe Lewis en Lago Escondido: «Si uno mira está todo el fuero federal: el penal, penal económico y el contencioso administrativo», dijo Cristina.
Dio detalles de los lazos familiares y vinculares entre los pasajeros, que se trasladaron a ese lugar patagónico en un avión del Grupo Clarín: Julián Ercolini (Juzgado Federal 10); Pablo Yadarola (Juzgado Penal Económico 2); Pablo Cayssials (Juzgado Contencioso Administrativo 9); Carlos Mahiques (juez del Tribunal de Casación Penal, máximo organismo inmediato anterior a la Corte Suprema); Juan Batista Mahiques (Procurador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires); Tomás Reinke (exjefe de Legales de la SIDE); Jorge Rendo (CEO del Grupo Clarin); Leonardo Bergot (exagente de inteligencia de la SIDE); Marcelo D´Alessandro (ministro de Seguridad porteño) y Pablo Casey (director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín y sobrino del CEO sobrino de Héctor Magnetto).
«No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces Presidenta y una Vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada, con inahibiltacion perpetua»
La Vicepresidenta agregó: «Eso si, a algunos Caputos de la vida no se les ocurre financiar bandas marginales y antes del 10 de diciembre de 2023 me peguen un tiro, que es lo que quiere. Presa o muerta», apuntó sobre el intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre en las inmediaciones de su casa.
«Apareció una mujer con las características de gente que no es una mascota», advirtió y agregó: «Yo no soy mascota ni nunca voy a ser mascota del poder. No voy a mover la patita ni hacerme la muertita», señaló al citar una frase de una canción del grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
Cristina, además, remarcó que «la condena real» que recibió fue la «inhabilitación a ejercer cargos públicos electivos» y evaluó que, justamente, lo que le «están cobrando» y, por eso, la inhabilitan es haber logrado llevar al Gobierno al peronismo en cuatro oportunidades.
«Todos los cargos a los que accedí fueron siempre por el voto popular: cuatro Gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner, en el 2003, en el 2007, en el 2011 y también contribuí a la victoria que obtuvimos en el 2019 cuando nadie daba dos pesos por el peronismo; eso es lo que me están cobrando y por esto me inhabilitan. Que la cuenten como quieran, me gustaría ver después los fundamentos», declaró.
Insistió con que existe en la Argentina «un Estado paralelo y una mafia judicial», algo que -a su entender- ya excedió los términos de «lawfare» o «partido judicial».
Para Cristina, eso quedó confirmado con la filtración del viaje de exfuncionarios, magistrados y exagentes de inteligencia a Lago Escondido, por lo cual el lunes el presidente Alberto Fernández anunció que instruyó el inicio de una causa penal y un expediente en el Consejo de la Magistratura.
«Estos jueces tienen que ver con el sistema que domina la Argentina», denunció la Vicepresidenta, y relató una serie de vinculaciones entre los pasajeros del avión a Lago Escondido y las causas abiertas en su contra, además de las publicaciones en lo que llamó un «periodismo unificado».
«No voy a ser candidata a nada. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo, como en 2015, a mi casa»
Además, detalló otros elementos que encuadró en los siguientes subtítulos: «Encubriendo la dádiva; El Consejo (por el Consejo de la Magistratura); La fiscal de Bariloche (al aludir a cierta complicidad entre magistrados) y la Instigación al falso testimonio».
Sostuvo que la condena por administración fraudulenta con la obra pública «estaba escrita» y planteó: «No es que fuéramos clarividentes, ni adivinos», pero «si una causa en la cual un juez, el inefable (Julián) Ercolini, se había declarado incompetente luego de una denuncia de diputados de la oposición por obras en Santa Cruz y la enviara a la provincia, y luego, 8 años después, la resucita cuando llega el Gobierno de (Mauricio) Macri, y las 51 o 49 obras que había mandado al sur, las trae de nuevo, aun habiendo sido sobreseídas, está claro que la idea era condenarme».
«El poder económico y mediático controla en una suerte de Estado paralelo y coarta. Es un sistema disciplinador de la dirigencia política argentina. No a los que piensan como ellos, los de Juntos por el Cambio. Hablo de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente. Me condenan porque condenan un modelo económico. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a acceder a cargos públicos», planteó.
En otro tramo, dijo que el Grupo Clarín «nunca pudo sacarle» a su Gobierno la fusión de esa empresa con Telecom, y señaló que «al que pudieron sacarle» esa adquisición fue al expresidente Mauricio Macri «ni bien asumió».
«El Poder Judicial de Argentina actúa en articulación con los grandes medios, es el sistema que me condena a mí, que no va a tolerar que alguien no haga lo que ellos dicen», completó la exmandataria.
Edicto Judicial – Expte. N° 877/10 (Allende Librada Ruth c/ Sucesores de González de Giacopello
Notificación judicial relativa a los autos caratulados «Allende Librada Ruth c/ Sucesores de González de Giacopello Martina s/ Juicio Ordinario» (Expte. N° 877/10) – Juzgado Civil y Comercial N° 5 de Formosa.
El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 5 de la Primera Circunscripción Judicial de la Provincia de Formosa, sito en calle San Martín N° 641 2do. Piso, a cargo de la Juez Dra. Cyntia Verónica Rouseau, Secretaría a cargo de la Dra. Alicia Aixa Amad, en los autos caratulados: «ALLENDE LIBRADA RUTH C/ SUCESORES DE GONZALEZ DE GIACOPELLO MARTINA S/ JUICIO ORDINARIO» – EXPTE. N° 877/10, notifica a la Sra. María B. Giacopello De Argañaraz D.N.I. N° 8.981.595, la Sentencia N° 448/24 que en su parte correspondiente dice:
«FORMOSA, 13 de noviembre de 2.024. AUTOS Y VISTOS:… RESULTA:… CONSIDERANDO:… SENTENCIO: 1.- HACER LUGAR a la presente demanda instaurada por la Sra. ALLENDE LIBRADA RUTH, contra los herederos de la Sra. MARTINA GONZALEZ de GIACOPELLO, en virtud de haber poseído la accionante durante el período establecido por la ley y cumpliendo los recaudos, el inmueble sitio en calle Pacífico Scozzina N° 1.554 de ésta ciudad, identificado como Lote N° 4 de la Manzana N° 21 del Lote Rural N° 25 de la Ciudad de Formosa con una superficie de 500 m2 y cuya nomenclatura catastral es: Dpto. 01, Circ. VII, Sec. T, Mz. 42, Parcela 25, Partida N° 23.345, declarado adquirido su dominio, conforme los fundamentos desarrollados en los «Considerandos». 2.- ORDENAR INSCRIBIR el dominio en el Registro de la Propiedad Inmueble a nombre de su nueva titular, Sra. Allende, Librada Ruth, D.N.I. N° 12.571.702 cancelando la registración anterior. A tal fin, ofíciese al Registro en la forma de estilo. 3.- IMPONER LAS COSTAS, por su orden, (art. 68 2da. parte del C.P.C.C.) de conformidad a los fundamentos expuestos en los «Considerandos». 4.- DIFERIR la regulación de honorarios profesionales, hasta el momento en que exista base para ello (art. 24 de la Ley 512). REGÍSTRESE, insértese copia en el Libro de Sentencias, NOTIFÍQUESE personalmente o por cédula. Oportunamente, ARCHÍVESE.» – FDO. Dra. Cynthia Verónica Rouseau – Jueza.-
Publíquese edictos por un (1) día en un diario de mayor circulación y en el boletín oficial, de San Miguel de Tucumán, Provincia de Tucumán.—
Formosa, agosto de 2026. Dra. Alicia Aixa Amad – Secretaria.
Yacyretá abrió sus compuertas por la crecida del río Paraná
La represa inició maniobras para atenuar el impacto del aumento del caudal, que ronda los 28.000 metros cúbicos por segundo y podría seguir creciendo en los próximos días.
La Central Hidroeléctrica Yacyretá abrió este lunes sus compuertas del vertedero principal para atenuar los efectos del aumento del caudal del río Paraná. Se trata de maniobras que realizan las autoridades de la represa para atenuar los efectos del incremento del volumen de agua ocasionada por las descargas de las centrales ubicadas aguas arriba.
El Ing. Ronnie Ayala, jefe del Departamento Técnico en la Margen Derecha, explicó que la tendencia creciente en los caudales afluentes se mantiene tal como habían alertado los organismos especializados en sus pronósticos hidrológicos, y las lluvias ocasionadas por el fenómeno “El Niño”.
A su vez, precisó que con las precipitaciones que se están registrando entre el domingo y este lunes, el caudal afluente está en alrededor de 28.000 m³/s a la altura de Yacyretá, y que todo indica que irá aumentando en los próximos días.
A la par, explicó que la cuenca del río Iguazú, de aporte directo al embalse de Yacyretá, las lluvias superaron cinco veces la cantidad pronosticada, lo que aumentó el caudal de 1.500 m³/s a 9.000 m³/s más 19.000 m³/s de Itaipú significa que están llegando alrededor de 28.000 m³/s a Yacyretá.
En ese sentido, el incremento del caudal del río Iguazú -que se triplicó en menos de 48 horas- obligó a Parques Nacionales y la empresa concesionaria a suspender este lunes el ingreso de visitantes a las Cataratas del Iguazú. Los registros de esta mañana indicaban que por los 275 saltos caían más de 12.000 metros cúbicos por segundo, lo que representa casi nueve veces el caudal promedio.
El jefe técnico añadió que las inundaciones no se pueden atribuir a la apertura de las compuertas, sino al contrario con las maniobras se está tratando de atenuar el impacto de este fenómeno. “Esto es un fenómeno natural que recibimos y se traslada aguas abajo de la presa. Suponiendo que no existía la usina, el fenómeno iba a causar el mismo efecto y tal vez de mayor impacto”, indicó.
El Departamento Técnico, a través del área de Hidrología, seguirá monitoreando permanentemente la situación hidrológica del río Paraná, a fin de mantener informada a la sociedad civil y a las autoridades para que puedan tomar las acciones necesarias, indicaron a través de un comunicado.
El Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 declaró inconstitucional el decreto que puso un freno a la Ley de Financiamiento Universitario y ordenó al Gobierno a cumplir con lo establecido en la normativa aprobada por el Congreso.
El fallo firmado por el juez Martín Cormick dio lugar al amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional y la Universidad de Buenos Aires (UBA), dejando sin efecto el Decreto 759/2025.
De esta forma, ordenó al Poder Ejecutivo el “cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias a tal fin”, según el escrito al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.
El Gobierno había intentado frenar el cumplimiento de la ley primero con su veto. Luego de que el Congreso lo rechazó y sostuvo la normativa, emitieron un decreto en el que dispuso que el financiamiento a las universidades solo podía ejecutarse “una vez que se determine las fuentes específicas para su financiamiento y se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto general”.
Tanto el Consejo Interuniversitario Nacional como la UBA y otras universidades presentaron un amparo colectivo para que se cumpla con los puntos claves de la ley, entre ellos otorgar partidas a las casas de estudios para su funcionamiento y recomponer el salario de docentes y no docentes.
El juez consideró en el fallo que el decreto del Gobierno “no supera un test mínimo de razonabilidad, en tanto permite suspender e inaplicar, amparado en la aplicación de un artículo de una ley anterior, la aplicación de una ley en donde el Congreso insistió con las mayorías agravadas requeridas”.
Apuntó que ante la imposibilidad legal de emitir un nuevo veto, el decreto “ha funcionado como un mecanismo extraconstitucional” que, según su mirada, configuró “una figura de instancia de veto no prevista en la Constitución Nacional”.
Cormick también remarcó que “el control judicial de decisiones con impacto presupuestario, lejos de ser una intromisión extraordinaria, es una de las consecuencias propias de la justiciabilidad del Estado”.
Por otro lado, el magistrado puso en duda el costo fiscal de la ley. Mencionó que en 2024 y 2025 no había Ley de Presupuesto y se prorrogaron las partidas aprobadas del 2023, y señaló que según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto durante el año 2025 representaba aproximadamente el 0,23% del PBI nominal proyectado.