Cristina dijo que no será «candidata a nada» en 2023 y que la condenó la «mafia judicial»
La condena del TOF 2 no obedece a un «lawfare ni a un partido judicial», aseguró la ex mandataria en redes sociales, quien justificó sus dichos sobre la «mafia judicial» señalando que la «confirmación» de esa situación fue la filtración de un viaje de exfuncionarios, magistrados y exagentes de inteligencia a Lago Escondido.
La vicepresidenta Cristina Kirchner declaró que fue condenada por un «estado paralelo, una mafia judicial» en la causa por la obra pública en santa Cruz y anunció no será candidata a ningún cargo electivo en 2023, debido a que no quiere someter al peronismo a que lo «maltraten» en período electoral a raíz de esta sentencia.
«Voy a hacer lo mismo que hice el 10 de diciembre del 2015; no voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces Presidenta y una Vicepresidenta a que la maltraten en período electoral con una ‘candidata condenada, con inhabilitación perpetua'», aseguró Fernández de Kirchner en un mensaje emitido inmediatamente después de conocida la sentencia.
El mensaje siguió a la condena a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos dictada por el Tribunal Oral Federal 2, que la declaró culpable de administración fraudulenta en la causa que investigó la obra pública vial de Santa Cruz entre 2003 y 2015.
«¿A mí administración fraudulenta del Estado y a éstos, los amarillos, que les dejaron 45 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI) se pasean orondos en los aviones de Clarín…No voy a ser candidata. Una muy buena noticia para usted (Héctor) Magnetto ¿sabe por qué? Porque el 10 de diciembre del 2023 no voy a tener fueros, no voy a ser Vicepresidenta así que le va a poder dar la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema que me metan presa; sí, pero mascota de usted, nunca, jamás», afirmó Fernández de Kirchner.
«No voy a ser candidata a nada. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo, como en 2015, a mi casa», enfatizó.
En un extenso discurso, la exjefa de Estado dio detalles de un entramado de acuerdos -plasmado en una conversación que se hizo pública días atrás- entre jueces, funcionarios macristas y empresarios para invisibilizar un viaje a la estancia del magnate inglés Joe Lewis en Lago Escondido: «Si uno mira está todo el fuero federal: el penal, penal económico y el contencioso administrativo», dijo Cristina.
Dio detalles de los lazos familiares y vinculares entre los pasajeros, que se trasladaron a ese lugar patagónico en un avión del Grupo Clarín: Julián Ercolini (Juzgado Federal 10); Pablo Yadarola (Juzgado Penal Económico 2); Pablo Cayssials (Juzgado Contencioso Administrativo 9); Carlos Mahiques (juez del Tribunal de Casación Penal, máximo organismo inmediato anterior a la Corte Suprema); Juan Batista Mahiques (Procurador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires); Tomás Reinke (exjefe de Legales de la SIDE); Jorge Rendo (CEO del Grupo Clarin); Leonardo Bergot (exagente de inteligencia de la SIDE); Marcelo D´Alessandro (ministro de Seguridad porteño) y Pablo Casey (director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín y sobrino del CEO sobrino de Héctor Magnetto).
«No voy a someter a la fuerza política que me dio el honor de ser dos veces Presidenta y una Vicepresidenta a que la maltraten en periodo electoral con una candidata condenada, con inahibiltacion perpetua»
La Vicepresidenta agregó: «Eso si, a algunos Caputos de la vida no se les ocurre financiar bandas marginales y antes del 10 de diciembre de 2023 me peguen un tiro, que es lo que quiere. Presa o muerta», apuntó sobre el intento de magnicidio que sufrió el 1 de septiembre en las inmediaciones de su casa.
«Apareció una mujer con las características de gente que no es una mascota», advirtió y agregó: «Yo no soy mascota ni nunca voy a ser mascota del poder. No voy a mover la patita ni hacerme la muertita», señaló al citar una frase de una canción del grupo Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.
Cristina, además, remarcó que «la condena real» que recibió fue la «inhabilitación a ejercer cargos públicos electivos» y evaluó que, justamente, lo que le «están cobrando» y, por eso, la inhabilitan es haber logrado llevar al Gobierno al peronismo en cuatro oportunidades.
«Todos los cargos a los que accedí fueron siempre por el voto popular: cuatro Gobiernos en nombre del peronismo ganamos con el apellido Kirchner, en el 2003, en el 2007, en el 2011 y también contribuí a la victoria que obtuvimos en el 2019 cuando nadie daba dos pesos por el peronismo; eso es lo que me están cobrando y por esto me inhabilitan. Que la cuenten como quieran, me gustaría ver después los fundamentos», declaró.
Insistió con que existe en la Argentina «un Estado paralelo y una mafia judicial», algo que -a su entender- ya excedió los términos de «lawfare» o «partido judicial».
Para Cristina, eso quedó confirmado con la filtración del viaje de exfuncionarios, magistrados y exagentes de inteligencia a Lago Escondido, por lo cual el lunes el presidente Alberto Fernández anunció que instruyó el inicio de una causa penal y un expediente en el Consejo de la Magistratura.
«Estos jueces tienen que ver con el sistema que domina la Argentina», denunció la Vicepresidenta, y relató una serie de vinculaciones entre los pasajeros del avión a Lago Escondido y las causas abiertas en su contra, además de las publicaciones en lo que llamó un «periodismo unificado».
«No voy a ser candidata a nada. Termino el 10 de diciembre y me vuelvo, como en 2015, a mi casa»
Además, detalló otros elementos que encuadró en los siguientes subtítulos: «Encubriendo la dádiva; El Consejo (por el Consejo de la Magistratura); La fiscal de Bariloche (al aludir a cierta complicidad entre magistrados) y la Instigación al falso testimonio».
Sostuvo que la condena por administración fraudulenta con la obra pública «estaba escrita» y planteó: «No es que fuéramos clarividentes, ni adivinos», pero «si una causa en la cual un juez, el inefable (Julián) Ercolini, se había declarado incompetente luego de una denuncia de diputados de la oposición por obras en Santa Cruz y la enviara a la provincia, y luego, 8 años después, la resucita cuando llega el Gobierno de (Mauricio) Macri, y las 51 o 49 obras que había mandado al sur, las trae de nuevo, aun habiendo sido sobreseídas, está claro que la idea era condenarme».
«El poder económico y mediático controla en una suerte de Estado paralelo y coarta. Es un sistema disciplinador de la dirigencia política argentina. No a los que piensan como ellos, los de Juntos por el Cambio. Hablo de nosotros, del peronismo, de los que tenemos un compromiso con los derechos de la gente. Me condenan porque condenan un modelo económico. La condena real que dan es la inhabilitación perpetua a acceder a cargos públicos», planteó.
En otro tramo, dijo que el Grupo Clarín «nunca pudo sacarle» a su Gobierno la fusión de esa empresa con Telecom, y señaló que «al que pudieron sacarle» esa adquisición fue al expresidente Mauricio Macri «ni bien asumió».
«El Poder Judicial de Argentina actúa en articulación con los grandes medios, es el sistema que me condena a mí, que no va a tolerar que alguien no haga lo que ellos dicen», completó la exmandataria.
El Gobierno nacional reglamentó el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que reduce las contribuciones patronales durante cuatro años.
Luego de que la Justicia fallara a favor de la reforma laboral, el Gobierno nacional reglamentó Para el legislador Agustín Romano Norri la aprobación de Ficha Limpia representa un paso hacia adelante.
l (RIFL), que reduce las contribuciones patronales durante cuatro años para empleadores que contraten trabajadores sin empleo registrado.
La implementación del capítulo se hizo efectiva mediante la publicación del decreto 315/2026, que lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y los ministros Sandra Pettovello y Luis Andrés Caputo.
De acuerdo con lo dispuesto, los empleadores comprendidos en este régimen gozarán de ciertos beneficios por cada nueva incorporación de trabajadores. Para ello, los empeados deberán cumplir con una serie de requisitos.
El régimen apunta a cuatro perfiles de trabajadores. El primero es el de quienes no contaban con una relación laboral registrada al 10 de diciembre de 2025. El segundo, quienes estuvieron desempleados durante los seis meses previos al alta laboral. Los otros dos perfiles son los ex inscriptos en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes —monotributistas— que no hayan ejercido actividades en relación de dependencia en el sector privado en los últimos seis meses, y aquellos cuyo último empleo bajo dependencia fue en el sector público nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
El decreto aclara que la obtención de ingresos adicionales por parte del trabajador —ya sea bajo el régimen general o como monotributista— luego de iniciada la relación laboral no afecta los beneficios que le correspondan al empleador.
Para quedar comprendidos en el RIFL, los empleadores deben haber adquirido el carácter de inscriptos ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) a partir del 10 de diciembre de 2025. Las relaciones laborales que habilitan el beneficio son aquellas que se inicien y registren ante ARCA entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027, ambas fechas inclusive. La norma fija además un tope: las incorporaciones bajo este régimen no pueden superar el 80 % de la nómina total de trabajadores del empleador.
El beneficio consiste en una reducción de las contribuciones patronales durante los primeros 48 meses contados desde el mes de alta de cada nueva relación laboral. Las alícuotas diferenciales son dos: 2 % y 3 %, según el subsistema de destino. Las calculadas sobre el 2 % se distribuyen entre el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), el Fondo Nacional de Empleo y el Régimen de Asignaciones Familiares, en la misma proporción que hubiera correspondido sin el RIFL. Las calculadas sobre el 3 % tienen destino exclusivo al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), regido por la Ley N° 19.032. ARCA fijará el procedimiento de liquidación e ingreso de ambos componentes.
En caso de que el empleador no cumpla con los requisitos correspondientes, deberá recomponer las contribuciones no abonadas más los intereses y sanciones que correspondan. ARCA tiene a su cargo instrumentar los controles sistémicos para hacer operativas las exclusiones automáticas.
La norma también establece que la contribución mensual al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) sigue siendo obligatoria para las relaciones laborales incluidas en el RIFL, y que la reducción prevista en el artículo 76 de la ley no se aplica mientras el régimen esté vigente para esa relación. Los empleadores deben ejercer la opción de adhesión mediante los mecanismos que determine ARCA; la falta de ese ejercicio impide el goce retroactivo del beneficio por los períodos en que no se hubiera aplicado.
Para la articulación con planes y programas sociales, ARCA deberá coordinar con el Ministerio de Capital Humano los mecanismos de intercambio de información necesarios para garantizar la continuidad de las prestaciones correspondientes. La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y ARCA quedan facultadas para dictar las normas aclaratorias y complementarias que requiera la aplicación del régimen.
Esta reglamentación llega luego de que la Cámara de Apelaciones del Trabajo revocara al cautelar que frenaba la reforma laboral y reestableciera la validez de 83 artículos. Tras esto, la Cámara Contencioso Administrativa Federal resolvió que la demanda impulsada por la CGT debe tramitarse en ese fuero y no en los juzgados del trabajo.
De esta manera, el Gobierno consideró que la legislación está plenamente vigente, por lo que avanzó rapidamente con su implementación.
Oficializaron la suba de las jubilaciones, pensiones y asignaciones
ANSES actualizó los montos de acuerdo con el dato de la inflación que en marzo fue de 3,4 %. Además, el Gobierno confirmó el pago del bono de 70 mil pesos.
El Gobierno oficializó el aumento que se aplicará en mayo para jubilados, pensionados y beneficiarios de las asignaciones sociales.
Los valores se actualizaron tras la publicación en el Boletín Oficial de las resoluciones 110/2026 y 111/2026 de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
El incremento aplicado es de 3,38%. El porcentaje surge de la variación del Nivel General del Índice de Precios al Consumidor Nacional que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), correspondiente a marzo de 2026, conforme al esquema de movilidad mensual establecido por el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/24.
De esta manera, el haber mínimo garantizado quedó fijado en $393.174,10 y el máximo en $2.645.689,38, valores que rigen para todas las prestaciones del SIPA liquidadas desde mayo de 2026. La Prestación Básica Universal (PBU) se estableció en $179.859,20 y la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $314.539,28.
A estos valores, se suma el bono de 70 mil pesos que desde 2024 el Gobierno otorga para que los integrantes del sistema previsional puedan hacer frente al desfasaje en los haberes. Así, la mínima alcanzará los $463.174,10.
A su vez, fijaron bases imponibles mínima y máxima para el cálculo de aportes y contribuciones, que quedaron establecidas de la siguiente manera: $132.420,94 y $4.303.619,01, respectivamente, con vigencia a partir del período devengado en mayo de 2026.
Con respecto a las asignaciones, los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:
Nacimiento
$82.353
Adopción
$492.366
Matrimonio
$123.307
Cónyuge
Valor Gral.: $17.142
Zona 1: $34.009 (SIPA y veteranos de guerra)
Prenatal
Relación de dependencia, desempleo y veteranos de guerra:
IGF hasta $1.093.852: $70.651
IGF entre $1.093.852,01 y $1.604.240: $47.658
IGF entre $1.604.240,01 y $1.852.148: $28.826
IGF entre $1.852.148,01 y $5.792.488: $14.873
Monotributistas:
Categoría A: $70.651
B: $47.658
C: $28.826
D, E, F, G: $14.873
Decreto 514/21:
$141.286
IGF hasta $1.093.852 (Zona 2 y Zona 4): $152.339
Hijo
Relación de dependencia, desempleo y veteranos de guerra:
IGF hasta $1.093.852: $70.651
IGF entre $1.093.852,01 y $1.604.240: $47.658
IGF entre $1.604.240,01 y $1.852.148: $28.826
IGF entre $1.852.148,01 y $5.792.488: $14.873
SIPA:
IGF hasta $1.093.852: $70.651 / Zona 1: $70.651
IGF entre $1.093.852,01 y $1.604.240: $47.658 / Zona 1: $62.941
IGF entre $1.604.240,01 y $1.852.148: $28.826 / Zona 1: $56.731
IGF entre $1.852.148,01 y $5.792.488: $14.873 / Zona 1: $29.079
Monotributistas:
Categoría A: $70.651
B: $47.658
C: $28.826
D, E, F, G: $14.873
Decreto 514/21:
$141.286
IGF hasta $1.093.852 (Zona 2 y Zona 4): $152.339
Hijo para Protección Social
Valor Gral.: $141.286
Zona 1: $183.672
Hijo con Discapacidad
Relación de dependencia, desempleo y veteranos de guerra:
IGF hasta $1.093.852: $230.032
IGF entre $1.093.852,01 y $1.604.240: $162.733
IGF desde $1.604.240,01: $102.705
SIPA:
IGF hasta $1.093.852: $230.032 / Zona 1: $230.032
IGF entre $1.093.852,01 y $1.604.240: $162.733 / Zona 1: $221.892
IGF desde $1.604.240,01: $102.705 / Zona 1: $213.638
El Gobierno de Javier Milei ordenó actualizar la tasa de seguridad de la aviación fijada por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) a partir del 28 de mayo. El cambio repercutirá en el precio de los vuelos, tanto a destinos nacionales como internacionales, luego del incremento generado por la guerra en Medio Oriente.
Los pasajes de avión tendrán un incremento en el sobrecargo que impactará de forma directa sobre los valores que pagan los pasajeros. Se trata del gravamen destinado a la seguridad y tecnología en aeropuertos.
La medida fue oficializada este martes a través de la resolución 258/2026, publicada en el Boletín Oficial, cuyo anexo indica que, a partir de la actualización, la tasa tendrá un incremento tanto para los vuelos de cabotaje como para los regionales e internacionales.
Cuánto aumentará la tasa de seguridad aeroportuaria
A partir del 28 de mayo, los pasajes emitidos para vuelos locales registrarán el aumento en la tasa de $20 a $6500. Para los regionales, subirá de u$s4,42 a u$s5 y para los destinos internacionales se incrementará de u$s8 a u$s9. La actualización se trasladará directamente al precio que abonan los pasajeros.
La actualización responde a la necesidad de una “revisión” de la tasa debido a la “desactualización de los valores tarifario vigentes” que desde 2016 no registra un incremento, según argumenta el organismo en la resolución. Pero también a “la magnitud de las inversiones requeridas” para la implementación de medidas de seguridad.
Aumenta la tasa de seguridad aérea
Según explicaron, la tasa tiene por objetivo financiar la seguridad y tecnología en aeropuertos. Entre los principales destinos de los fondos se destacan:
-La modernización del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) con la provisión de equipamiento especializado.
-Mejora de la infraestructura vinculada a la seguridad operacional.
-Incorporación de tecnología y sistemas para optimizar la supervisión y el control.
-La capacitación continua del personal.
-La mejora en los procesos de fiscalización, certificación y vigilancia.
El precio de los pasajes en aumento por la guerra en Medio Oriente
El aumento de la tasa tiene lugar en un contexto de incremento del precio en los pasajes debido a la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Según un análisis de Transport & Environment, el encarecimiento del petróleo elevó significativamente los costos del combustible para aviones, lo que se traduce en aumentos concretos en los precios de los vuelos.
El informe revela que el costo del combustible por pasajero en vuelos de larga distancia desde Europa aumentó en promedio 88 euros (unos u$s104), mientras que en los vuelos dentro del continente la suba ronda los 29 euros por persona. Se trata de un salto relevante si se tiene en cuenta que el combustible es uno de los principales componentes del costo operativo de las aerolíneas.
En ese contexto, Aerolíneas Argentinas anunció el mes pasado que comenzó a aplicar temporalmente un recargo por combustible en el precio de sus pasajes como consecuencia del aumento reciente del precio del petróleo, derivado de la guerra en Medio Oriente.
Según consignaron fuentes de la empresa a Ámbito, la decisión responde a los movimientos recientes en el precio del barril de crudo, que impactan directamente en el costo del combustible de aviación, uno de los principales componentes de la estructura de gastos de cualquier aerolínea.