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Salud

Alarma mundial por posibles efectos adversos graves de las inyecciones para adelgazar

. La aparición de casos graves de pancreatitis, entre otras dolencias, puso en tela de juicio la conveniencia de utilizar los medicamentos, cuya demanda se disparó en los últimos mese

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Las inyecciones para adelgazar se han vuelto cada vez más eficaces y son la gran esperanza de millones de personas en el mundo, tanto para bajar de peso como para cuidar la salud cardíaca, entre otros beneficios. Debido a que es una droga relativamente nueva, todavía no están del todo claros sus alcances, como así tampoco sus potenciales efectos adversos.

La atención se ha centrado ahora sobre los casos de pancreatitis aguda, a partir de una última alerta emitida por Gran Bretaña. En las últimas horas la revista Nature publicó un extenso informe al respecto, que le sigue a otro que había publicado hace pocos días el British Medical Journal (BMJ).

“Aunque la frecuencia general sigue siendo baja, la experiencia poscomercialización ha demostrado que algunos casos raros de pancreatitis aguda han sido particularmente graves, incluyendo pancreatitis necrosante y mortal”, aseguró el Gobierno británico.

La asociación de estos medicamentos con la pancreatitis incluye tanto a los llamados agonistas del receptor GLP-1 como a los agonistas duales del receptor GLP-1/GIP, cuyas marcas comerciales son Ozempic, Wegovy, Mounjaro y las versiones nacionales, Dutide y Obetide.

En el Reino Unido, entre 2007 y octubre de 2025, hubo 1.296 informes sobre pancreatitis (incluyendo formas agudas, autoinmunes, crónicas, hemorrágicas, necrosantes, subagudas y obstructivas) asociadas con agonistas del receptor de GLP-1 o agonistas duales del receptor de GLP-1/GIP. De estos, 19 informes fueron mortales y 24 se notificaron como pancreatitis necrosante. Se estima que en los últimos 5 años se expendieron 25,4 millones de envases de estos medicamentos.

“El Grupo Asesor de Expertos en Farmacovigilancia de la Comisión de Medicamentos Humanos ha recomendado que se refuerce la información sobre los productos de todos los agonistas del receptor GLP-1 y del receptor dual GLP-1/GIP para destacar la posible gravedad de la pancreatitis aguda y garantizar la coherencia en toda la clase de medicamentos”, dice el comunicado británico.

La pancreatitis puede ser difícil de reconocer en sus etapas iniciales. Sus síntomas, como dolor abdominal, náuseas o vómitos, pueden atribuirse a otras causas, como los efectos secundarios gastrointestinales comunes del tratamiento con GLP-1 y GLP-1/GIP o una infección.

«Los médicos deben mantenerse alerta ante la posibilidad de pancreatitis en pacientes tratados con agonistas de los receptores de GLP-1 o GLP-1/GIP e investigar la situación según la práctica clínica local. Se recomienda a los pacientes que busquen atención médica urgente si presentan dolor abdominal intenso y persistente que puede irradiarse a la espalda y estar acompañado de náuseas y vómitos”, dice la recomendación.

Brasil, que ha registrado seis muertes en los últimos cinco años, también emitió su propia advertencia. El riesgo de pancreatitis ya se menciona en los folletos informativos que se entregan a quienes toman estos medicamentos. Sin embargo, el gran aumento en el número de informes de pancreatitis, incluyendo casos graves y fallecimientos, llevó a la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios del Reino Unido (MHRA) a reforzar su advertencia, según Alison Cave, su directora.

Jaime Almandoz, endocrinólogo y especialista en obesidad del Centro Médico de la Universidad de Texas Southwestern, en Dallas, es citado por Nature y asegura que no está claro si este efecto adverso ha aumentado o es que en realidad hay más casos porque el uso de la droga es cada vez mayor.

“El riesgo de desarrollar estos efectos secundarios es muy bajo”, afirma Cave. Y agrega que “es muy difícil determinar si los casos de pancreatitis fueron causados directamente por los medicamentos porque muchas personas que toman estos medicamentos ya tienen un mayor riesgo de padecer pancreatitis”.

Además, cualquier persona puede reportar efectos secundarios de medicamentos a las bases de datos del Reino Unido y Brasil, que fueron la fuente de los números de casos. Como resultado, «es difícil separar el ruido de la señal real», afirma en el artículo de Nature Beverly Tchang, endocrinóloga de Weill Cornell Medicine en la ciudad de Nueva York.

“Los datos sobre el riesgo de pancreatitis con el uso de GLP-1 han sido muy heterogéneos”, afirma Ebubekir Daglilar, gastroenterólogo de la Universidad de Virginia Occidental en Charleston.

Un metaanálisis de 2025 de 62 ensayos clínicos controlados aleatorizados de varios fármacos GLP-1 reveló que las personas que tomaban estos medicamentos presentaban un riesgo ligeramente mayor de pancreatitis en comparación con quienes tomaban placebo. Sin embargo, otros análisis no hallaron esa asociación.

Daglilar y sus colegas compararon el riesgo de pancreatitis entre dos grupos, cada uno compuesto por casi 82.000 personas con diabetes tipo 2. Los grupos presentaban factores de riesgo similares, pero las personas de un grupo tomaban fármacos GLP-1 y las del otro no. Los investigadores no encontraron diferencias en las tasas de pancreatitis entre ambos grupos. “La mayoría de los datos que vemos en las investigaciones publicadas son realmente tranquilizadores”, afirma Tchang.

Existen algunas hipótesis sobre por qué estos medicamentos podrían aumentar el riesgo de pancreatitis. La diabetes y la obesidad, dos afecciones que se tratan con fármacos GLP-1, son en sí mismas factores de riesgo de pancreatitis. Además, la pérdida rápida de peso puede aumentar el riesgo de cálculos biliares, depósitos endurecidos que se forman en la vesícula biliar y que pueden obstruir los conductos, lo que finalmente provoca inflamación pancreática. Los cálculos biliares son una de las principales causas de pancreatitis aguda.

El Reino Unido está investigando si el riesgo de padecer pancreatitis al tomar fármacos GLP-1 efectivamente puede verse afectado por los genes. Los organizadores han reclutado a unas 55 personas que experimentaron este efecto adverso y planean reclutar a unas 45 más, según Alison Cave. Si se identifican factores de riesgo genéticos, los médicos podrían ofrecer pruebas genéticas a las personas antes de recetarles los fármacos.

“El mensaje general sobre los fármacos GLP-1 puede volverse demasiado optimista”, afirma Tchang. “Es apropiado -añade- que las agencias reguladoras, para quienes la seguridad es la prioridad número uno, también se aseguren de que la gente comprenda que cualquier intervención siempre tiene ventajas y desventajas”.

El Gobierno británico emitió una serie de guía para los médicos vinculada a esta cuestión:

  • Aconseje a los pacientes que busquen atención médica urgente si presentan dolor abdominal intenso y persistente que puede irradiarse a la espalda y puede estar acompañado de náuseas y vómitos.
  • Es posible que los GLP-1 y GLP-1/GIP recetados de forma privada no aparezcan en el historial médico del paciente, por lo que si un paciente presenta estos síntomas, pregunte sobre el uso de GLP-1 o GLP-1/GIP.
  • Si se sospecha pancreatitis, suspenda inmediatamente el tratamiento con el agonista del receptor GLP-1 o GLP-1/GIP;
  • No reinicie el tratamiento si se confirma el diagnóstico de pancreatitis
  • Los agonistas del receptor GLP-1 y GLP-1/GIP deben utilizarse con precaución en pacientes con antecedentes de pancreatitis. /Clarín

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Salud

Más de 5 millones de afiliados al PAMI no consiguen turnos ni tratamientos en sanatorios

El verdadero núcleo de la crisis está en los valores que el PAMI paga por cápita y por prestación médica, montos que hoy se encuentran hasta un 120% por debajo de la evolución del IPC y de la inflación médica real.

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El foco del problema no pasa solamente por los atrasos en los pagos. El verdadero núcleo de la crisis está en los valores que el PAMI paga por cápita y por prestación médica, montos que hoy se encuentran hasta un 120% por debajo de la evolución del IPC y de la inflación médica real. A eso se suma un dato alarmante: desde diciembre el organismo no otorgó ningún tipo de actualización significativa a los prestadores sanatoriales, pese al brutal incremento de costos que atraviesa todo el sistema de salud.

 

Los costos de medicamentos, insumos médicos, prótesis, tecnología sanitaria, alquileres, salarios del personal, servicios públicos y gastos operativos generales aumentan de manera sostenida mes tras mes. La inflación médica corre muy por encima de cualquier reconocimiento arancelario que otorga el organismo. La ecuación ya no cierra.

Los sanatorios trabajan bajo déficit operativo permanente y muchos están absorbiendo pérdidas económicas solamente para evitar interrumpir prestaciones o cerrar sus puertas. Pero ese esfuerzo tiene un límite. En distintas regiones del país —especialmente en el conurbano bonaerense y en ciudades del interior— empieza a crecer el temor a cierres masivos por asfixia financiera.

La situación se vuelve todavía más delicada por la deuda acumulada con los prestadores, que ronda los $500.000 millones, y por los múltiples reclamos vinculados a débitos inconsultos realizados sobre facturas desde el año 2020 hasta la actualidad, muchos de ellos sin respuesta ni revisión administrativa.

 

Las clínicas denuncian descuentos arbitrarios y expedientes paralizados mientras continúan sosteniendo prestaciones esenciales para millones de jubilados.

El impacto humano ya empezó. Cada vez cuesta más conseguir turnos, sostener especialidades críticas o garantizar continuidad en tratamientos complejos. Crecen las renuncias de profesionales, se reducen planteles médicos y muchas instituciones tienen enormes dificultades para cubrir guardias y áreas sensibles. Médicos, enfermeros y trabajadores de la salud sostienen el sistema bajo una presión económica y emocional extrema.

 

 

Pero quienes terminan pagando las consecuencias más duras son los jubilados.

Porque detrás de cada prestación desfinanciada hay un abuelo esperando una operación, un estudio, una internación o un medicamento. Hay familias enteras viviendo con angustia la incertidumbre de no saber si podrán continuar un tratamiento. Hay adultos mayores que dependen exclusivamente del PAMI para acceder a atención médica y que hoy empiezan a sentir cómo el sistema se deteriora lentamente frente a sus ojos.

 

El problema afecta de manera directa a más de 5,5 millones de jubilados y pensionados en toda la Argentina.

La salud de la tercera edad no puede transformarse en una variable de ajuste fiscal. Cuando el Estado desfinancia la estructura sanitaria, el daño no aparece primero en una planilla contable. Aparece en las guardias colapsadas, en las camas que faltan, en los médicos que se van, en las clínicas que cierran y en el miedo de miles de adultos mayores que sienten que el sistema comienza a abandonarlos.

Lo más preocupante es que esta crisis avanza en silencio. No hay una explosión inmediata ni una foto única del colapso. Hay un desgaste progresivo, permanente y cada vez más profundo. Y cuando el sistema que atiende a millones de jubilados empieza a romperse, las consecuencias humanas son devastadoras.

Todavía hay tiempo para evitar una crisis sanitaria mucho mayor. Pero para eso primero hace falta reconocer la magnitud del problema y dejar de esconder detrás del discurso del ajuste una realidad que golpea todos los días a los sectores más vulnerables.

Porque cuando el PAMI ahoga financieramente a clínicas y sanatorios, no solamente cierran instituciones médicas. Los que terminan quedando desprotegidos son los abuelos argentinos. / Perfil

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Salud

El PAMI dio de baja a 1500 prestadores por graves irregularidades y fraude

Las investigaciones internas en PAMI arrojaron evidencias de cobros indebidos, falta de documentación y condiciones inadecuadas en clínicas.

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El PAMI dio de baja a más de 1.500 prestadores en todo el país por graves irregularidades, y sumó dos nuevas denuncias penales por casos de corrupción en las provincias de Tucumán y Chaco.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), a cargo de su director ejecutivo Esteban Leguízamo, informó la decisión a traves de un comunicado oficial difundido junto al Ministerio de Salud de la Nación. Las bajas son el resultado de auditorías permanentes que detectaron tres categorías de incumplimientos: cobros indebidos, facturación de prestaciones inexistentes y establecimientos con condiciones edilicias que no reunían los protocolos de higiene y seguridad exigidos por el organismo. “Los afiliados de PAMI tienen que recibir prestaciones seguras, atención de calidad y un sistema ordenado, donde los recursos estén puestos al servicio de su salud”, señaló el organismo.

Dentro de ese proceso de fiscalización se ubica el caso de Sanarte S.R.L., un policonsultorio con múltiples especialidades y prácticas ambulatorias con sede en San Miguel de Tucumán. La auditoría integral detectó un conjunto de faltas que van desde problemas administrativos hasta incumplimientos de la normativa vigente en materia de derechos del paciente.

Entre las observaciones más graves figuran la falta de habilitación municipal actualizada y legajos profesionales incompletos, con ausencia de matrículas e inscripciones de los médicos que atendían a los afiliados.

La auditoría también detectó demoras de hasta 21 días para obtener un turno en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología, lo que afectó directamente la accesibilidad de los jubilados al sistema.

Uno de los hallazgos más llamativos fue la modalidad de atención: el establecimiento asignaba turnos cada un minuto bajo un sistema “por orden de llegada”, una práctica que los auditores consideraron incompatible con una atención médica adecuada.

A ese esquema se sumó una cantidad significativa de consultas y estudios transmitidos al PAMI sin respaldo documental, historias clínicas sin firma ni sello profesional, y estudios médicos sin los informes correspondientes. El organismo señaló que estas conductas configuran un incumplimiento de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente.

El caso Chaco: rescisión de contrato y denuncia penal

El segundo caso se tramitó bajo el Expediente EX-2025-32083683-INSSJP-GPM#INSSJP e involucra al médico J.C, prestador perteneciente a la UGL XIII – Chaco del PAMI.

Las actuaciones se originaron a partir de auditorías y controles realizados por las áreas técnicas del Instituto, que detectaron deficiencias en la documentación clínica obligatoria, incumplimientos contractuales e inconsistencias administrativas y médicas en las prestaciones facturadas.

El profesional investigado no logró revertir las observaciones en la instancia de descargo. Según surge del expediente, los descargos presentados fueron considerados insuficientes por el organismo, que además señaló que las conductas detectadas afectaban los mecanismos de control y auditoría del PAMI. Ante ese cuadro, el Instituto resolvió aplicar sanciones administrativas y avanzar con la rescisión del contrato prestacional.

La gravedad de las irregularidades llevó al PAMI a dar un paso adicional: promovió una denuncia penal para que la Justicia determine si las conductas relevadas constituyen delitos. El caso contó con la intervención de equipos jurídicos, áreas técnicas y auditorías prestacionales de la UGL XIII – Chaco. El organismo puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, al considerar que las irregularidades comprometían el funcionamiento normal del sistema prestacional.

Un patrón de fraude que se investiga desde 2014.

Ambos casos se inscriben en un proceso de fiscalización más amplio que el PAMI lleva adelante desde que Esteban Leguízamo asumió la conducción del organismo. En noviembre de 2025, el INSSJP denunció ante la Justicia federal una estafa de miles de millones de pesos articulada a través de órdenes médicas electrónicas (OME) falsas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de afiliados. Esas denuncias dieron lugar a al menos seis causas penales activas en distintas jurisdicciones federales, impulsadas por el organismo y la UFI-PAMI.

En febrero de 2026, nuevas auditorías en cardiología y gastroenterología revelaron volúmenes de prestaciones imposibles de justificar. Uno de los casos documentados por Infobae mostró a un prestador con dos quirófanos que declaró 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas; otro registró 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día, asociadas a 326 pacientes distintos, lo que hubiera requerido una jornada de entre 81,5 y 108,7 horas de trabajo continuo.
Frente a ese escenario, el organismo implementó un esquema de control que incluye el monitoreo permanente de los umbrales prestacionales, el uso obligatorio del turnero digital del PAMI, auditorías continuas sobre la conducta de los prestadores y penalizaciones automáticas ante excedentes injustificados.

“Auditar no significa perseguir”, aclararon desde el Instituto, al tiempo que garantizaron que las bajas aplicadas no interrumpirán los tratamientos de los afiliados, ya que el organismo trabaja para mantener la continuidad de las prestaciones a través de la red de atención disponible en todo el territorio nacional. En abril de 2026, el Gobierno reforzó la estructura de control interno con la designación de la doctora María Florencia Zicavo como nueva Síndico General del PAMI.

FUENTE: Infobae

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Salud

Nación adeuda tres meses a farmacias prestadoras del PAMI y peligra la reposición de medicamentos

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Tucumán advirtieron sobre la crítica situación económica que atraviesan los locales por la falta de fondos. Además, expresaron su rechazo a la desregulación de la venta de remedios por internet y alertaron sobre los peligros del mercado ilegal.

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La provisión de medicamentos para los jubilados y pensionados atraviesa un momento de extrema tensión. La referente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, Verónica Pastoriza, encendió las alarmas al confirmar que el Gobierno nacional, a través del PAMI, mantiene una severa deuda de tres períodos vencidos con las farmacias locales, lo que pone en jaque la cadena de pagos y la reposición de stock en los mostradores tucumanos.

Pastoriza calificó la situación financiera del sector como crítica. Según detalló, existía un compromiso formal de la obra social de los jubilados para realizar cinco pagos mensuales con el objetivo de ir acortando la brecha de la deuda, apoyándose en el auxilio de fondos provenientes del Ministerio de Economía de la Nación. Sin embargo, llegando a finales de mayo, esos desembolsos no se concretaron según lo pautado. «Este mes tuvimos tres y ya hoy es 27, no están cumpliendo con eso. Supuestamente iban a recibir dinero del Estado Nacional, pero hasta ahora no hay novedad», lamentó la dirigente.

 

Pese a la asfixia económica, desde la institución aclararon que el servicio para los afiliados del PAMI no se encuentra cortado, aunque advirtieron sobre las graves dificultades operativas que ya están sufriendo muchos locales. Al no recibir los pagos correspondientes del Estado, las farmacias no pueden saldar sus deudas con las droguerías, lo que deriva en el corte de las cuentas corrientes y la consecuente imposibilidad de reponer los remedios básicos en las estanterías.

Este complejo escenario impacta de lleno en el eslabón más vulnerable de la cadena: los adultos mayores. Pastoriza señaló que las magras jubilaciones obligan a los afiliados a buscar exclusivamente aquellos medicamentos que cuentan con una cobertura del 100% en el sistema. Esta brutal pérdida del poder adquisitivo se vio reflejada en una caída interanual de las ventas que ronda entre el 30% y el 40%, evidenciando que muchos ciudadanos tuvieron que limitar sus compras a lo estrictamente indispensable, resintiéndose incluso la continuidad de algunos tratamientos.

 

Fuerte rechazo a la venta libre por internet

Más allá del conflicto económico por la deuda nacional, Pastoriza aprovechó la oportunidad para sentar la postura de los profesionales frente a la intención de desregular la comercialización de medicamentos. La referente fue categórica al recordar que en Tucumán rige la Ley Provincial 5483, normativa que prohíbe la venta online y establece que la dispensa de estos productos solo puede realizarse en farmacias físicas, habilitadas y estrictamente controladas por el Sistema Provincial de Salud (Siprosa).

La profesional advirtió sobre el grave peligro que representa para la salud pública la proliferación de un mercado paralelo y sin controles estatales. «Se corre mucho el riesgo del origen y de la conservación. No sabemos si es trucho o si está bien usado», explicó. Como ejemplo de esta preocupante tendencia, reveló que recientemente recibieron denuncias sobre la comercialización ilegal de psicofármacos, como el clonazepam, a través de grupos de WhatsApp y sin ningún tipo de receta médica, una práctica delictiva que consideró una verdadera bomba de tiempo para la sociedad. /Los Primeros/

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