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Policiales

Absuelven a las policías acusadas por la tragedia en la que murieron cuatro reclusas

Tres de las uniformadas habían sido imputadas por los delitos de apremios ilegales y abandono de persona; mientras que la oficial a cargo por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El tribunal consideró que no tuvieron responsabilidad en la tragedia que se desencadenó durante una protesta que inició una de las internas quemando un colchón. Ocurrió en septiembre de 2021.

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Con la lectura de la sentencia dictada este viernes, finalizó el juicio seguido contra las efectivas de la Policía acusadas en la causa en la que se investigó la muerte de cuatro reclusas en medio de un incendio generado en el edificio de la Brigada Femenina de Concepción, el 2 de septiembre de 2021.

El tribunal interviniente resolvió por unanimidad declarar la absolución de las cuatro imputadas por considerar que no tuvieron responsabilidad penal en los hechos atribuidos.

Cabe destacar que por el siniestro, el Ministerio Público Fiscal había imputado a la jefa de la Brigada, la oficial María Fernanda Lazarte (no estaba en ese momento en el edificio) por incumplimiento de los deberes de funcionario público; mientras que a la sargento ayudante Susana Rodríguez, y a las cabos Margarita Gutiérrez y Sandra Fabiana Rivarola, por los delitos de apremios ilegales en su modo comisivo de severidades, en concurso real con el delito de abandono de persona, en calidad de coautoras.

La investigación fue llevada adelante por la Fiscalía de Homicidios y Atentados Contra las Personas, a cargo de Miguel Varela. Según la acusación, Rodríguez, Gutiérrez y Rivarola habían sometido a las internas a un trato humillante y riguroso, incluyendo privaciones de alimentos, esparcimiento, y contacto con familiares. A su vez, el día del incendio y estando a cargo de la custodia y vigilancia de las reclusas, no brindaron el debido cuidado y atención, lo que contribuyó a la tragedia.

Con respecto a Lazarte, en su calidad de jefa de la Brigada Femenina, la fiscalía había considerado que no cumplió con sus obligaciones de controlar y garantizar la seguridad y el trato digno de las internas bajo su custodia.

El caso

La tragedia se desencadenó en horas de la tarde del 2 de septiembre de 2021, en el edificio de la Brigada Femenina de Concepción, durante una protesta que inició una de las internas que reclamaba ser trasladada a otro lugar de detención. La reclusa había quemado un colchón, lo que provocó un importante incendio. A causa de la inhalación del monóxido de carbono fallecieron Yanet Yaqueline Saquilán, María José Saravia, Rocío Micaela Mendoza y Macarena Mailén Salinas.

Policiales

Amenazas de bombas: Un alumno deberá resarcir a la Escuela Técnica N°3 y cumplir con tareas comunitarias en una parroquia

El hecho ocurrió el 11 de agosto del año pasado en perjuicio de la institución, ubicada en avenida Mitre al 700 de esta ciudad capital. La investigación estuvo a cargo de la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II del MPF.

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El 11 de agosto del año pasado la Escuela Técnica N°3 Dr. Juan B. Terán sufrió amenazas de bombas. Luego de las pruebas reunidas contra un alumno de quinto año (17), el Ministerio Público Fiscal acordó con su defensa una salida alternativa (probation) que prevé un resarcimiento económico a la institución ($75.000) y la realización de tareas comunitarias en la parroquia San José (durante tres horas semanales por el plazo de seis meses).

Ayer, lunes 20 de mayo, la auxiliar de fiscal, Jessie Luz García, de la Unidad Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II del Ministerio Público Fiscal (MPF), que conduce Carlos Saltor, se refirió al hecho endilgado (intimidación pública) y las circunstancias.

El 11 de agosto del año pasado, a las 15:14 horas, el estudiante realizó, de manera anónima, una llamada al 911, desde su celular, sacando en ese momento el chip del mismo, para que no quedara registrado su número de línea, en donde al ser atendido por la operadora del sistema de emergencias, manifestó ser alumno de la Escuela Técnica N° 3 e informó que otros estaban colocando una bomba dado que tenían en su poder unos caños de gas con unas mechas.

Sin embargo, al preguntarle la operadora su número de contacto, el joven cortó abruptamente la llamada sin aportar ningún dato para su identificación, infundiendo de esa manera temor en todo el alumnado y la comunidad educativa, alterando el orden público», indicó García quien detalló que al momento de practicarse el allanamiento en su domicilio, el 1 de septiembre de 2023, arrojó un resultado positivo dado que fueron secuestrados cuatro teléfonos celulares, una netbook y un modem de internet, de los cuales se registraron los respectivos números de línea y de IMEI.

Conforme surge del ticket de incidencia, remitido a este Ministerio por el sistema de emergencias 911, la llamada habría tenido lugar ese día, a las 15:14 horas aproximadamente e ingresado desde el celular perteneciente al estudiante”, sostuvo la Auxiliar de Fiscal.

Para finalizar, la jueza interviniente hizo lugar al instituto recordando al estudiante el cumplimiento de reglas de conductas que establece: fijar residencia y someterse al cuidado de patronato y abstenerse de usar estupefacientes o de abusar de bebidas alcohólicas.

Durante la audiencia se informó que la institución, donde deberá prestar servicios el joven (sita en Camino del Perú al 1300), tiene a su cargo un comedor cuyo objetivo fundamental es crear un espacio de contención para niños/as en situación de riesgo social.

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Policiales

Se hizo millonario tras estafar con alquileres y ventas de locales a feriantes

Se trata de un empleado policial que fue aprehendido sospechado de cobrar por adelantado un año de alquiler a por lo menos medio centenar de personas y de vender locales por $10 millones engañando a cerca de 30 víctimas.

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Luego de una intensa investigación, los efectivos del Departamento Inteligencia Criminal (D-2) aprehendieron a un empleado policial acusado de estafar con cifras millonarias al menos a unas 50 personas por el alquiler y venta de locales comerciales en la zona de El Bajo. Fue en el marco de cuatro allanamientos concretados este viernes en la Capital y en El Cadillal, por orden del juez Guillermo José Di Lella.

El acusado fue aprehendido en calle Balcarce primera cuadra, en la Capital, donde además secuestraron dos celulares, cheques, talonarios de recibos y un contrato de locación de espacio para stand de feria.

De acuerdo a la pesquisa policial, el empleado policial engañaba a los locatarios de una feria ubicada en avenida Sáenz Peña al 100 (conocida como la zona de El Bajo), simulando tener facultades del administrador, y les cobró por adelantado un año de alquiler a unos 22 feriantes.

Realizaba el cobro de alquileres a puesteros y venta de propiedades sin contar con ninguna autorización para hacerlo. El perjuicio total obtenido a lo largo de los engaños efectuados por el uniformado estaría estimado en $70.000.000. El Ministerio Fiscal lo acusó por cinco hechos.

Este domingo 19 de mayo se realizó la audiencia correspondiente al control de la detención, formulación de cargos y pedido de medidas de coerción por parte del Ministerio Fiscal.
El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad, a cargo de Mariano Fernández, siendo representado en la misma por el auxiliar de fiscal Rodrigo Gustavo Bilbao.

La Fiscalía acusó al sargento primero Edgardo Daniel Chavarría por los delitos calificados como: administración fraudulenta, abuso por estafa de confianza y estelionato en tres oportunidades, en calidad de autor.
«Chavarría no estaba autorizado al cobro de los alquileres. Quien tuvo que absorber esos montos fue la víctima, a quien se le causó un gran daño patrimonial. Todas estas maniobras las realizaba mediante documentación apócrifa. Existen multiplicidad de víctimas.

Claramente, es un especialista en este tipo de delitos. No nos debemos olvidar que se trata de un empleado policial quien ha cometido estos cuantiosos delitos», señaló el auxiliar de fiscal, quien requirió la prisión preventiva por cuatro meses ante la vigencia de los riesgos procesal de peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación; y para avanzar en las numerosas medidas investigativas a partir de los elementos secuestrados. El juez interviniente resolvió hacer lugar por 45 días a las medidas de coerción solicitadas por el MPF.

Los cargos

La investigación surge a partir de una denuncia de una de las víctimas, solicitando la UFI interviniente medidas de allanamientos a domicilios, que se hicieron efectivas el viernes pasado, secuestrando elementos relacionados con la investigación, por lo que el fiscal dispuso la detención del uniformado.

Chavarría fue acusado por cinco hechos: El primero consiste en que el empleado policial, prestaba tareas de vigilancia en la feria Paseo Sáenz Peña, ubicado en avenida Sáenz Peña al 100. Al mismo se le encargó el cobro de los alquileres, hasta que en la segunda semana de enero de 2024 no se presentó a rendir cuentas, generando un perjuicio de $800.000 aproximadamente.

En tanto, simulando contar con facultades de administración que no poseía engaño aproximadamente a 22 locatarios, cobrando alquileres por adelantado, dinero que nunca fue rendido, entregando falsos recibos sin autorización por montos entre $200.000 y $550.000.

A continuación, entre agosto y octubre de 2023, engañó a dos feriantes, vendiéndoles sin autorización dos locales por los montos de $1.600.000 por cada una de las propiedades.
Luego, el 16 de junio de 2022 vendió dos terrenos en la zona de La Cañada, Tafí Viejo, por $6.000.000, simulando ser cesionario de los derechos sobre esos inmuebles. Finalmente, el 27 de junio de 2023, mediante un boleto de compra-venta falso, vendió como propio un bien ajeno a su propiedad a una de las víctimas por $5.500.000.

Se hizo humo

Además, engañó a otras 30 personas vendiéndoles locales comerciales por $ 10 millones cada uno mediante la entrega de recibos falsos firmados por él. Cuando las víctimas y el administrador alertaron sobre esta situación, no lograron volver a contactarse con el acusado.

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Anciana murió tras incendiarse su habitación y acusan a su hijo de abandono de persona

El Ministerio Fiscal solicitó que el hombre continúe preso mientras avanza la investigación. El incendio ocurrió el último 14 de abril y la señora falleció dos semanas después a raíz de las heridas sufridas.

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Durante una audiencia llevada a cabo este jueves, la Unidad Fiscal de Homicidios II, que preside Carlos Sale, reformuló cargos y demandó la prórroga de la prisión preventiva que viene cumplimiento un hombre de apellido Ibiris. Se le atribuye ser presunto autor del delito de abandono de persona doblemente agravado por causar la muerte de la víctima y por ser cometido por un hijo en contra de su madre, Margarita Andrea Gutiérrez (74).

La señora falleció el pasado 21 de abril, tras permanecer internada a lo largo de dos semanas en el hospital Centro de Salud por las lesiones sufridas en un incendio registrado en su casa, en la ciudad de Alderetes. Según la imputación del MPF, en ese momento estaba acompañada por su hijo, quien la dejó sola en la habitación que estaba siendo consumida por las llamas y sin pedir ningún tipo de ayuda.

En esta audiencia, el auxiliar de fiscal, Miguel Fernández, reformuló cargos contra el hombre y requirió que se extienda la medida cautelar que pesa sobre él por el término de 47 días. En su resolución, la jueza aceptó todo el pedido de la Fiscalía al considerar que “es un plazo razonable y acorde a las evidencias que restan producir”.

La teoría del caso

El 14 de abril del 2024, alrededor de las 13:30 horas, la mujer se encontraba en la cama de su habitación, en su vivienda ubicada en calle 25 de Mayo s/n, asentamiento Julio Abraham de Alderetes, junto a su hijo Ibiris, quien la tenía a su cuidado. Por motivos que se intentan establecer, se inició un incendio en el sector de su cama, resultándole imposible salir por sus propios medios debido a su avanzada edad y dificultades en su movilidad.

El imputado, teniendo conocimiento del peligro en que dejó a su madre en la habitación, salió del inmueble y permaneció en el exterior, sin pedir ayuda ni brindar el auxilio necesario a la anciana para poder salir, aun sabiendo que no podría hacerlo sola y no existiendo ninguna circunstancia que se lo impidiera. Hasta que mediante la intervención de un adolescente de 17 años (sobrino de Gutiérrez), quien advirtió que salía humo del interior de la vivienda, ingresó a la habitación y logró retirar a la señora.

Finalmente, fue trasladada al Hospital Centro de Salud, donde ingresó en estado crítico, con quemaduras tipo A en los dedos de los pies, rostro, con afectación de fosas nasales, edema en ambos labios y ampollas negruzcas en paladar duro, las que pusieron en riesgo su vida. Falleció el 21 de abril como consecuencia de dichas lesiones.

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