El Ministerio Fiscal (MPF), a través de la Unidad Fiscal de Homicidios de Concepción que dirige Carlos Sale, formuló cargos contra una mujer acusada de agredir con un cuchillo a otra en la vía pública. Durante la audiencia de control de aprehensión, formulación de cargos y medidas de coerción realizada este viernes 21 de agosto, la auxiliar de fiscal Gabriela Ghilardi relató el hecho, calificó la conducta como lesiones leves en calidad de autora y presentó las evidencias recolectadas hasta el momento.

Según la acusación fiscal, el conflicto se inició a raíz de publicaciones difamatorias que la imputada realizó en redes sociales contra la víctima. Por tal motivo, el pasado 19 de agosto, alrededor de las 22:50 horas, la damnificada se hizo presente en el domicilio de la agresora, ubicado en la intersección de calles Jujuy y Sarmiento de la ciudad de Concepción, con el propósito de solicitarle que diera de baja dichas publicaciones. En ese lugar se produjo una fuerte discusión que derivó en un intercambio de golpes de puño entre ambas, tras lo cual la víctima acudió a la comisaría local para radicar la correspondiente denuncia.

Posteriormente, cerca de las 00:50 horas del 20 de agosto, en momentos en que la víctima se retiraba de la dependencia policial y se encontraba en la vereda, la acusada se hizo presente de manera imprevista. Ocultando entre sus prendas un cuchillo tipo carnicero con cabo blanco, se abalanzó sobre la damnificada, quien logró cubrirse con su extremidad. A raíz del ataque, la mujer sufrió una herida cortante de cuatro centímetros en el antebrazo izquierdo que requirió tres puntos de sutura, con un tiempo de curación e incapacidad laboral estimado en menos de 30 días.

Medidas de coerción y reglas de conducta

Al momento de solicitar las medidas para cautelar el proceso, la representante del MPF requirió la imposición de medidas de coerción de menor intensidad por el plazo de tres meses, a fin de resguardar la integridad de la víctima y garantizar los fines de la investigación.

Tras evaluar los argumentos expuestos por la Fiscalía, la jueza interviniente resolvió hacer lugar a las medidas solicitadas por el término de tres meses. Asimismo, como regla de conducta expresa, le ordenó a la imputada la eliminación inmediata de todas las publicaciones efectuadas en contra de la víctima en redes sociales, advirtiéndole que el incumplimiento de cualquiera de las pautas fijadas conllevará la revocación de la libertad y su inmediato regreso a prisión.

El trágico accidente vial ocurrido en la Cuesta del Lipán, en la provincia de Jujuy, se cobró una segunda vida tras confirmarse el fallecimiento de Lorena Paola González (33) en el Hospital Pablo Soria de San Salvador de Jujuy. La joven se encontraba internada en la Unidad de Terapia Intensiva con diagnóstico de muerte cerebral como consecuencia de los severos traumatismos sufridos durante la caída de la camioneta en la que viajaba junto a su familia, sumándose a la muerte de su madre, Silvia Rosana Amaro (58), quien perdió la vida en el lugar del hecho.

El grupo familiar había llegado desde Buenos Aires para pasar sus vacaciones en el norte argentino. Tras arribar a Salta, alquilaron una camioneta Toyota SW4 para recorrer circuitos turísticos de ambas provincias, incluyendo el paso hacia Purmamarca y las Salinas Grandes.

El trágico vuelco en la Ruta Nacional 52

El siniestro se produjo el domingo por la tarde a la altura del kilómetro 30 de la Ruta Nacional 52, un sinuoso tramo de alta montaña que conecta la Quebrada de Humahuaca con la Puna jujeña, caracterizado por sus curvas cerradas y pronunciados desniveles.

Por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el control del vehículo, salió de la calzada y desbarrancó más de 80 metros por la ladera del cerro. Las tareas de auxilio demandaron un complejo despliegue de varias horas por parte de Bomberos, Policía de Jujuy y equipos de emergencias del SAME debido a las dificultades del terreno. Al descender hasta el rodado, los rescatistas constataron la muerte instantánea de Amaro, quien salió despedida del habitáculo durante los reiterados vuelcos.

El cuadro de los sobrevivientes

Los demás integrantes del grupo fueron trasladados de urgencia al hospital cabecera de la capital jujeña:

• Augusto Coda (34): Pareja de Lorena, sufrió fractura de húmero, traumatismo encefalocraneano moderado y un neumotórax derecho con asistencia pleural.
• Narciso González (60): Padre de la familia y esposo de la mujer fallecida, presentó traumatismo facial y diástasis de pelvis, evolucionando de manera favorable.
• Favio Hernán González (31): Hijo del matrimonio, permanece estable con una fractura de húmero y subluxación en el tobillo izquierdo.

Narciso y Favio son propietarios de un comercio de repuestos en la localidad bonaerense de Alejandro Korn, mientras que Lorena y Augusto residían en el barrio porteño de Villa del Parque y trabajaban en una firma de servicios financieros.

La fiscalía interviniente ordenó la realización de peritajes accidentológicos y mecánicos sobre los restos de la camioneta para reconstruir la dinámica del despiste y determinar si el hecho se originó a partir de una falla técnica en el rodado, un error humano o las complejidades climáticas y geográficas de la traza vial.

La Justicia provincial resolvió dejar sin efecto el arresto domiciliario y otorgar la libertad bajo pautas de conducta a Mónica Rodríguez y Sergio Amarello, el matrimonio investigado por tenencia de estupefacientes tras el hallazgo de derivados de marihuana en su vivienda. La resolución del juez Guillermo Taylor fijó medidas de coerción de menor intensidad por un plazo de tres meses, luego de que la defensa acreditara que la sustancia era producida con fines medicinales para su hijo de 20 años, quien padece un grado severo de Trastorno del Espectro Autista (TEA) y epilepsia, y que la madre contaba con registro en el Reprocann.

El origen del procedimiento y la imputación inicial

La causa penal se inició el pasado 12 de agosto a raíz de una medida de allanamiento ordenada por una investigación por robo en el domicilio de la pareja, ubicado en el pasaje Zenón Santillán. Durante la inspección, los uniformados secuestraron 259 gramos de marihuana, semillas, productos y subproductos cannábicos, un teléfono celular y una balanza, además de un arma de fuego calibre 9 milímetros y 587 municiones.

Ante el hallazgo intervino la Unidad Fiscal de Narcomenudeo, que formuló cargos contra ambos bajo la presunción de que la balanza secuestrada indicaba fraccionamiento para la comercialización. No obstante, en una primera audiencia, la jueza Judith Solórzano desestimó la prisión preventiva al considerar inexistentes los riesgos de fuga o entorpecimiento y fijó un arresto domiciliario provisional por siete días para constatar las autorizaciones sanitarias.

Acreditación del Reprocann y cambio de postura fiscal

La situación procesal del matrimonio dio un vuelco determinante durante la última audiencia. Los abogados defensores, Patricio Char y Candelaria Hernández, presentaron ante el tribunal la documentación oficial que certifica la aprobación del consentimiento informado de Rodríguez en el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann).

Frente a esta prueba, la auxiliar de fiscal María Sol Gramajo Parache desistió de prorrogar el encierro domiciliario y solicitó medidas cautelares alternativas:

• Fijación y mantenimiento de domicilio legal.
• Comparecencia obligatoria a las citaciones judiciales.
• Prohibición de realizar actos de intimidación o acercamiento a menos de 200 metros de los testigos del procedimiento.
• Prohibición expresa de portación de armas de fuego.

La defensa técnica remarcó que Rodríguez ya contaba con una autorización previa en el Reprocann para el cultivo de hasta 50 plantas y que el trámite vigente correspondía a una renovación administrativa. Asimismo, aclararon que los testimonios sobre intercambios dinerarios hacían referencia exclusiva a los costos de la materia prima para la elaboración del aceite terapéutico.

El debate legal entre el derecho a la salud y el delito penal

Tras la resolución que otorgó la libertad al matrimonio, el abogado Patricio Char remarcó la importancia de diferenciar los fines terapéuticos del tráfico ilícito:

“Muchas veces no se cuenta con el Reprocann, pero no se puede desconocer en los casos concretos que, si es probado que se utiliza para salud, como ser un hijo con autismo, no estaríamos frente a un delito. En este caso se suma que su mamá es presidente de una fundación, una persona pública que lucha justamente para que se deje de criminalizar. La ley penal debe probar que hay una finalidad de lucro y no de cuidar la salud de un ser querido”, remarcó el letrado ante la prensa.