Economía
El Gobierno inició formalmente el proceso de privatización del Belgrano Cargas
La letra chica revela una concesión por 50 años, una inversión comprometida de US$1.000 millones y una cláusula explícita que busca limitar la participación china.
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Con más de un año de demora, el Gobierno pondrá formalmente en marcha la privatización del Belgrano Cargas. El ministro de Economía, Luis Caputo, firmó la resolución que habilita el llamado a licitación de las vías de las tres líneas que opera la compañía estatal; la norma será publicada en el Boletín Oficial. El proceso contempla concesiones por 50 años, una inversión objetivo cercana a US$1000 millones, la posibilidad de acogerse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y una cláusula que impide la participación de empresas controladas por Estados extranjeros.
Alcance de la primera etapa
La etapa inicial abarcará la concesión de las vías y los inmuebles aledaños de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. Las consultas podrán realizarse hasta el 28 de octubre y las ofertas se recibirán hasta el 11 de noviembre a las 9.59, con apertura de sobres un minuto después. Las licitaciones de otras unidades de negocio, como los talleres, quedaron postergadas para comienzos del año próximo.
El procedimiento de selección no se centrará en quien pague más al Estado, sino en una fórmula que combina el peaje máximo propuesto y las inversiones comprometidas. En términos prácticos, obtendrá ventaja el oferente que proponga cobrar menos y comprometer mayores obras. La Comisión Evaluadora elaborará un orden de mérito que ponderará la relación entre el piso establecido para el peaje y la tarifa máxima ofrecida, junto con los puntos derivados de las obras obligatorias y optativas.
Los contratos durarán 50 años desde la toma de posesión, sin prórrogas en términos generales. El Gobierno estima inversiones por alrededor de US$1000 millones para las tres líneas, cifra que considera modesta frente a la magnitud de la red.
Obras, plazos y acceso al RIGI
Parte de las obras serán obligatorias y deberán ejecutarse durante los primeros cinco años; las obras optativas podrán extenderse hasta un máximo de 15 años. Para facilitar la financiación, los concesionarios podrán inscribir proyectos en el RIGI, siempre que alcancen una inversión mínima de US$200 millones. No obstante, los incentivos del RIGI se aplicarán únicamente a la actividad incremental resultante de las nuevas inversiones, medida por la carga adicional transportada por encima de una línea base fijada para cada ferrocarril. En ese cálculo se descontarán aportes del fideicomiso y las inversiones en activos no computables.
Tarifas, actualización y open access
Los pliegos fijan bandas para los peajes. En el Belgrano el peaje máximo deberá ubicarse entre US$0,00755 y US$0,02163 por tonelada-kilómetro; en el San Martín entre US$0,00708 y US$0,02034. La tarifa adjudicada operará como un techo, no como un precio obligatorio: los concesionarios podrán pactar valores inferiores con usuarios, pero no superar el máximo. Ese valor se actualizará anualmente y, una vez habilitadas las obras obligatorias, aumentará 15% por única vez.
El modelo preserva el “open access”, por lo que distintos operadores podrán ingresar a la red con sus propios trenes mediante el pago del peaje. El concesionario administrará y mantendrá las vías y gestionará el tráfico, pero deberá garantizar el acceso a terceros de forma “transparente, objetiva y no discriminatoria”.
Limitaciones para participar: exclusión de empresas estatales y controladas por gobiernos extranjeros
Los pliegos prohíben la participación de empresas estatales nacionales o provinciales y de sociedades controladas directa o indirectamente por “Estados soberanos”, sus subdivisiones, organismos públicos o empresas de titularidad estatal. Esa disposición deja fuera a compañías estatales chinas que participaron en financiamientos y provisión de material ferroviario, aunque la prohibición no está dirigida exclusivamente a China y alcanza a cualquier compañía bajo control de un gobierno extranjero.
En los activos incluidos en la privatización figura material rodante con garantía a favor de grupos chinos: 40 locomotoras y 1.180 vagones están prendados a China Machinery Engineering Corporation (CMEC) por un financiamiento recibido. Ese vínculo fue un aspecto a resolver durante la estructuración del proceso.
Compra del material rodante y destino de los fondos
Los interesados podrán presentarse solo por la concesión de las vías o acompañarla con la compra del material rodante asignado a cada línea; sin embargo, la inclusión de locomotoras y vagones no otorgará preferencia en el orden de mérito. Los valores del material fueron tasados por el Tribunal de Tasaciones de la Nación: para el Belgrano se valuó un lote en US$94,4 millones y para el San Martín en US$131,7 millones —un total de US$226,1 millones.
Los ingresos por la venta del material rodante no ingresarán al Tesoro para uso general. El producido se volcará a un fideicomiso creado especialmente para financiar y pagar las obras que deberán realizar los concesionarios, y para administrar los recursos provenientes de ventas y remates posteriores.
Actores con interés público
Hasta ahora, al menos dos grupos públicos manifestaron su interés: por un lado Grupo México, uno de los mayores operadores ferroviarios del continente; por otro, el Consorcio Pro Ferrocarril Belgrano, integrado por empresas del complejo agroexportador como ACA, Aceitera General Deheza (AGD), Bunge, Cargill y Louis Dreyfus Company (LDC), con posible adhesión del Grupo Roggio. Estas compañías concentran buena parte de la carga que circula por la red y mantienen intención de participar en el llamado.
Plazos y próximos pasos
Las consultas finalizan el 28 de octubre. El cierre de recepción de ofertas será el 11 de noviembre a las 9.59, con apertura al instante siguiente. Ese acto determinará la lista de competidores para administrar durante medio siglo las vías de una de las principales redes ferroviarias de cargas del país.
En resumen, la licitación combina requisitos técnicos, restricciones sobre el origen del control societario, incentivos fiscales condicionados y un modelo de evaluación que privilegia tarifas más bajas y mayores inversiones. El desenlace dependerá de la concurrencia efectuada y de las ofertas que presenten los grupos interesados en un activo clave para la logística agroexportadora y el transporte de cargas en Argentina.
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Economía
Cadenas de electrodomésticos liquidarán televisores, computadoras y celulares con 50% de descuento
Llega una nueva edición del Electro Fans, donde las cadenas de electrodomésticos también ofrecerán hasta 12 cuotas sin interés y envíos a todo el país, a partir del lunes 7.
Publicado
1 día atrásel
4 septiembre, 2026
Durante esos días, las principales cadenas del sector ofrecerán descuentos de hasta 50% y financiación de hasta 12 cuotas sin interés en distintas categorías: se trata de una oportunidad para quienes necesiten equipar su hogar o renovar determinados productos de tecnología.
Cadenas de electro liquidan televisores, celulares y notebooks
Según se informó oficialmente, la iniciativa incluirá ofertas especiales en televisores, celulares, notebooks, gaming, pequeños y grandes electrodomésticos, productos de cuidado personal, colchones, herramientas, artículos para bebés y bazar, entre otras categorías.
También detallaron que los beneficios estarán vigentes en todo el país, con envíos a todas las provincias y opciones de retiro en tienda, para que cada consumidor pueda elegir la modalidad de compra que mejor se adapte a sus necesidades.
Un sector golpeado por la caída del consumo y la morosidad
El Electro Fans llega en un contexto complejo para el consumo en general, y para las tiendas de electrodomésticos en particular.
Distintos relevamientos dan cuenta de un consumo que no despega. Según un informe elaborado por la consultora NielsenIQ, en los primeros cinco meses del año las ventas del sector cayeron un 3% frente al mismo período del 2025.
La morosidad es otro factor que impacta en el sector. Informes de las consultoras Analytica y 1816 en base a datos del BCRA revelaron que la morosidad en las cadenas de electrodomésticos alcanzó el 50%, muy por encima de las cifras de los bancos tradicionales o las Fintech.
La mayoría de los casos corresponde a clientes que sacaron sus créditos en las mismas cadenas, con tasas que se ubican muy por encima de otros tipos de financiación.
Este escenario propició, en el último tiempo, la caída de gigantes del sector. Por caso, se dio la quiebra de Garbarino y en los últimos días se conoció que Musimundo cerró 20 locales en distintas provincias del país.
Los números lo confirman. Según la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), durante el primer semestre de 2026, las ventas online crecieron un 28% interanual. Alcanzaron una facturación de $19.533.815 millones.
Se realizaron 181,5 millones de órdenes de compra, un aumento del 21% respecto al año anterior. Se vendieron 248 millones de productos, un 22% más que en el mismo período.
Musimundo cerró 20 sucursales en el nordeste argentino
La decisión tomó por sorpresa a los empleados. Muchos se enteraron de manera informal y ahora reclaman el pago de salarios adeudados. También exigen las indemnizaciones que les corresponden por ley.
La deuda millonaria que arrastra Musimundo y su segundo concurso preventivo
No es la primera vez que la compañía apela a esta herramienta judicial: en junio de 2018 ya había pedido un concurso de acreedores con una deuda declarada de $900 millones.
Los números actuales son mucho más preocupantes. Según el central de deudores del Banco Central, a fines de mayo de 2026 la firma registraba pasivos con entidades bancarias por aproximadamente $3.060 millones.
El principal acreedor es el Banco Nación. La deuda con esa entidad asciende a $1.549 millones. Le sigue el Nuevo Banco del Chaco con otros $300 millones en préstamos impagos.
Pero hay más. La deuda concursal total alcanza los $63.500 millones. Una cifra que incluye obligaciones con proveedores, acreedores comerciales y otros pasivos acumulados.
Fuentes cercanas a la empresa aseguraron que el concurso preventivo no responde a un incumplimiento bancario urgente. El objetivo, según explicaron, es ordenar y reestructurar el conjunto de pasivos de la compañía para poder seguir operando. /iProfesional
Economía
Granja Tres Arroyos desvinculó a 1.000 trabajadores en dos días
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2 días atrásel
4 septiembre, 2026
Granja Tres Arroyos, avícola en crisis que supo liderar el mercado pero que ahora atraviesa una fuerte crisis financiera y productiva, despidió entre este miércoles y el jueves a 1.000 empleados de tres plantas ubicadas en la provincia de Buenos Aires. La noticia fue confirmada a Clarín por directivos de la empresa.
Por su parte, fuentes del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Buenos Aires (STIA) realizaron el relevamiento de telegramas – que todavía continúa – y los presentaron ante el Ministerio de Trabajo de Buenos Aires.
Según puntualizaron desde el gremio, 500 corresponden a la planta de Capitán Sarmiento, poco menos de 450 a la planta WADE 2 (ex Cresta Roja) en El Jagüel, Esteban Echeverría; y 50 en la planta de Pinazo, en Pilar.
Fuentes de la cartera laboral ratificaron que estas fueron las presentaciones que realizó el STIA en el Ministerio.
Este viernes se llevará a cabo una audiencia en La Plata entre el sindicato, la empresa y autoridades de la cartera laboral para buscar una solución al conflicto.
Los argumentos esgrimidos por la empresa en esta nueva ola de desvinculaciones son los mismos que los que se utilizaron cuando se llevaron a cabo los despidos en la planta de Concepción del Uruguay a principios de agosto.
Entre las “circunstancias extraordinarias”, la empresa nombra la gripe aviar y el consecuente cierre de exportaciones, una sobreoferta en el mercado interno, caída del precio de comercialización y suba de costos, que derivaron “en un profundo deterioro de la situación económica, financiera y productiva de la empresa”.
A esto se sumaron “sucesivas contingencias operativas y conflictos colectivos que afectaron el normal desarrollo de la actividad, profundizando la disminución de la producción y de los niveles de faena, con el consecuente agravamiento del desequilibrio económico existente”.
La empresa sostuvo que intentó tomar medidas para “preservar la continuidad de la explotación y la mayor cantidad de fuentes de trabajo”, pero que las mismas “resultaron insuficientes, tornando indispensable la reestructuración parcial de su organización y la adecuación de su dotación de personal”.
Granja Tres Arroyos fue fundada formalmente en 1965, aunque su historia se remonta a 1930, cuando el inmigrante italiano, Gaspar de Grazia y su hermano, vendían pollos vivos en el barrio porteño de Caballito.
La firma llegó a procesar 760.000 pollos por día en Argentina, 40.000 en Uruguay, emplear 6.500 personas distribuidas en 8 plantas y ser líder indiscutido del mercado.
Pero a pesar de que hoy el sector avícola vive un buen momento, con récord de consumo de carne de pollo y huevos y un crecimiento sostenido en la producción, la irrupción de la gripe aviar y el cierre de las exportaciones, especialmente a China, golpearon de lleno a la firma, que ya atravesó un proceso preventivo de crisis, pedidos de quiebra, embargos y una deuda que alcanza los US$ 360 millones.
Según comentaron desde el sector, fueron los sucesivos brotes de influenza aviar que se dieron en el país desde 2023, los que impactaron en el equilibrio de la empresa. «El cierre de exportaciones a China los golpeó mucho. Ellos habían apostado a eso», comentó una fuente del mercado.
«Cuando sucede eso, hay que acordarse que Granja Tres Arroyos tenía un par de empresas recuperadas, como AVEX en Río Cuarto y la ex Cresta Roja, que tenían muchísimas deudas y no pudieron afrontarlas. Acumularon atrasos con los proveedores, perdieron la red de abastecimiento, cayó mucho la capacidad instalada, le subieron los costos… Se hicieron pomada», resumió un experto en el tema.
Hoy casi todas sus plantas tienen problemas: están cerradas (La China, de Concepción del Uruguay); paralizadas (Capitán Sarmiento); o funcionando a media máquina (Ezeiza), con su personal despedidos, suspendido o con vacaciones forzadas.
Reclamo a Granja Tres Arroyos
Por otro lado, la intendenta de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino, envió una carta pública al CEO de Granja Tres Arroyos, Joaquín de Grazia, pidiendo explicaciones por “los telegramas que comenzaron a recibir trabajadores y la situación de profunda incertidumbre que esto genera en numerosas familias de nuestra ciudad”.
“Como Intendente, no puedo permanecer indiferente frente a una decisión que afecta de manera directa a tantos vecinos de Capitán Sarmiento. Ante la gravedad de esta situación, exijo la participación activa de Granja Tres Arroyos, junto con el Ministerio de Trabajo, en una mesa de diálogo y concertación, con el propósito de conocer de primera mano el estado real de la situación y coordinar acciones inmediatas que protejan las fuentes de empleo de nuestros vecinos”, indicó Astorino en la misiva.
La jefa comunal sostuvo que la firma “conoce perfectamente la importancia que tiene su actividad para Capitán Sarmiento y la cantidad de familias que dependen de estos puestos de trabajo. Por eso resulta difícil comprender que se haya avanzado de esta manera, sin contemplar adecuadamente las consecuencias para quienes durante años formaron parte de la empresa”
“Por todo ello, solicito que brinde explicaciones claras respecto de la decisión adoptada, las circunstancias que llevaron al envío de estos telegramas y, fundamentalmente, cuáles serán las respuestas concretas de la empresa frente a las obligaciones que aún mantiene con sus trabajadores. Espero una respuesta clara y urgente”, concluyó. / Clarín
Economía
Dictamen favorable en el Senado al proyecto para subir los cortes de biocombustibles y el bioetanol a las naftas
La iniciativa incorporó modificaciones planteadas por representantes de provincias productoras como Jujuy, Salta y Tucumán. Uno de los principales cambios establece que el corte obligatorio de bioetanol pasará del 12% al 15%.
Publicado
2 días atrásel
3 septiembre, 2026
El Senado dio un paso clave para modificar el régimen de biocombustibles. Con respaldo de distintos bloques y de las provincias, el proyecto que reforma la Ley 27.640 obtuvo dictamen y quedó en condiciones de ser tratado en el recinto durante este mes.
La iniciativa, impulsada por La Libertad Avanza, incorporó modificaciones planteadas por representantes de provincias productoras como Jujuy, Salta y Tucumán. Uno de los principales cambios establece que el corte obligatorio de bioetanol pasará del 12% al 15%.
Dentro de ese porcentaje, el proyecto contempla un esquema de distribución: 6% para el bioetanol de caña, 6% para el de maíz y el 3% restante quedará sujeto a competencia.
Además, se establece que ninguna empresa podrá concentrar más del 20% del mercado, con el objetivo de garantizar condiciones de participación.
El biodiésel, el punto de mayor conflicto
La discusión más compleja estuvo vinculada al biodiésel, debido a las diferencias entre las grandes empresas integradas y las pymes industriales del sector.
Finalmente, el proyecto propone elevar el corte del 5% al 10% y dividir el mercado entre compañías integradas y no integradas.
Las empresas no integradas tendrán un cupo del 5% del mercado total, mientras que hasta 2036 se establece un cupo del 3% para ese segmento. Además, ninguna compañía podrá superar el 10% de participación.
Ese punto todavía genera resistencia entre algunos sectores provinciales, que consideran insuficiente el espacio otorgado a las pymes.
“Ya nos estiramos lo suficiente para alcanzar consenso”, planteó un senador de La Libertad Avanza, mientras que Flavia Royón reconoció que el texto todavía podría sufrir modificaciones cuando llegue al recinto.
Cambios en precios y posibilidad de ampliar los cortes
El proyecto también elimina para ambos sectores el precio máximo y establece como referencia el valor exportable.
A su vez, delimita las situaciones en las que podrán ampliarse los porcentajes de corte y habilita a las provincias a incrementar esos niveles.
“Nadie terminó contento del todo con la redacción que quedó, así que debe ser una buena ley”, sostuvo una de las representantes provinciales que participó de las negociaciones.
La misma dirigente consideró que el debate en comisiones ya está agotado y reclamó que la iniciativa sea aprobada en la próxima sesión.
Las pymes reclaman mayor participación
El sector que todavía mantiene reparos es el de las pymes productoras de biodiésel, concentradas principalmente en San Luis, La Pampa, Buenos Aires y Entre Ríos.
El senador puntano Fernando Salino presentó un dictamen de minoría para incorporar ese reclamo y cuestionó que el esquema se divida entre empresas integradas y no integradas.
“Necesitamos una mirada que contemple las regiones y no que contemple empresas integradas o no integradas”, sostuvo.
Sin embargo, aclaró que el bloque acompañaría el aumento de los cortes.
“Cualquier voluntad que haya en elevar el corte nos parece adecuada y la vamos a acompañar”, afirmó.
Con el dictamen aprobado, el próximo paso será llevar la iniciativa al recinto. El oficialismo buscará convertir en ley una reforma que eleva el uso obligatorio de biocombustibles y redefine la participación de los distintos actores de la cadena, en medio de una negociación que todavía no está completamente cerrada.
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