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Economía

El Gobierno inició formalmente el proceso de privatización del Belgrano Cargas

La letra chica revela una concesión por 50 años, una inversión comprometida de US$1.000 millones y una cláusula explícita que busca limitar la participación china.

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Con más de un año de demora, el Gobierno pondrá formalmente en marcha la privatización del Belgrano Cargas. El ministro de  Economía, Luis Caputo, firmó la resolución que habilita el llamado a licitación de las vías de las tres líneas que opera la compañía estatal; la norma será publicada en el Boletín Oficial. El proceso contempla concesiones por 50 años, una inversión objetivo cercana a US$1000 millones, la posibilidad de acogerse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y una cláusula que impide la participación de empresas controladas por Estados extranjeros.

Alcance de la primera etapa

La etapa inicial abarcará la concesión de las vías y los inmuebles aledaños de las líneas Belgrano, San Martín y Urquiza. Las consultas podrán realizarse hasta el 28 de octubre y las ofertas se recibirán hasta el 11 de noviembre a las 9.59, con apertura de sobres un minuto después. Las licitaciones de otras unidades de negocio, como los talleres, quedaron postergadas para comienzos del año próximo.

 

Belgrano Cargas y Logística opera actualmente una red de 15.822 kilómetros de vías, aunque solo una parte está en operación: el Belgrano (7.712 km), el San Martín (5.368 km) y el Urquiza (2.742 km). En conjunto, cerca de 7.600 kilómetros se encuentran hoy operativos, menos de la mitad de la red total.
Mecanismo de evaluación y parámetros de competencia

El procedimiento de selección no se centrará en quien pague más al Estado, sino en una fórmula que combina el peaje máximo propuesto y las inversiones comprometidas. En términos prácticos, obtendrá ventaja el oferente que proponga cobrar menos y comprometer mayores obras. La Comisión Evaluadora elaborará un orden de mérito que ponderará la relación entre el piso establecido para el peaje y la tarifa máxima ofrecida, junto con los puntos derivados de las obras obligatorias y optativas.

Los contratos durarán 50 años desde la toma de posesión, sin prórrogas en términos generales. El Gobierno estima inversiones por alrededor de US$1000 millones para las tres líneas, cifra que considera modesta frente a la magnitud de la red.

 

Obras, plazos y acceso al RIGI

Parte de las obras serán obligatorias y deberán ejecutarse durante los primeros cinco años; las obras optativas podrán extenderse hasta un máximo de 15 años. Para facilitar la financiación, los concesionarios podrán inscribir proyectos en el RIGI, siempre que alcancen una inversión mínima de US$200 millones. No obstante, los incentivos del RIGI se aplicarán únicamente a la actividad incremental resultante de las nuevas inversiones, medida por la carga adicional transportada por encima de una línea base fijada para cada ferrocarril. En ese cálculo se descontarán aportes del fideicomiso y las inversiones en activos no computables.

Tarifas, actualización y open access

Los pliegos fijan bandas para los peajes. En el Belgrano el peaje máximo deberá ubicarse entre US$0,00755 y US$0,02163 por tonelada-kilómetro; en el San Martín entre US$0,00708 y US$0,02034. La tarifa adjudicada operará como un techo, no como un precio obligatorio: los concesionarios podrán pactar valores inferiores con usuarios, pero no superar el máximo. Ese valor se actualizará anualmente y, una vez habilitadas las obras obligatorias, aumentará 15% por única vez.

El modelo preserva el “open access”, por lo que distintos operadores podrán ingresar a la red con sus propios trenes mediante el pago del peaje. El concesionario administrará y mantendrá las vías y gestionará el tráfico, pero deberá garantizar el acceso a terceros de forma “transparente, objetiva y no discriminatoria”.

Limitaciones para participar: exclusión de empresas estatales y controladas por gobiernos extranjeros

Los pliegos prohíben la participación de empresas estatales nacionales o provinciales y de sociedades controladas directa o indirectamente por “Estados soberanos”, sus subdivisiones, organismos públicos o empresas de titularidad estatal. Esa disposición deja fuera a compañías estatales chinas que participaron en financiamientos y provisión de material ferroviario, aunque la prohibición no está dirigida exclusivamente a China y alcanza a cualquier compañía bajo control de un gobierno extranjero.

En los activos incluidos en la privatización figura material rodante con garantía a favor de grupos chinos: 40 locomotoras y 1.180 vagones están prendados a China Machinery Engineering Corporation (CMEC) por un financiamiento recibido. Ese vínculo fue un aspecto a resolver durante la estructuración del proceso.

Compra del material rodante y destino de los fondos

Los interesados podrán presentarse solo por la concesión de las vías o acompañarla con la compra del material rodante asignado a cada línea; sin embargo, la inclusión de locomotoras y vagones no otorgará preferencia en el orden de mérito. Los valores del material fueron tasados por el Tribunal de Tasaciones de la Nación: para el Belgrano se valuó un lote en US$94,4 millones y para el San Martín en US$131,7 millones —un total de US$226,1 millones.

Los ingresos por la venta del material rodante no ingresarán al Tesoro para uso general. El producido se volcará a un fideicomiso creado especialmente para financiar y pagar las obras que deberán realizar los concesionarios, y para administrar los recursos provenientes de ventas y remates posteriores.

Actores con interés público

Hasta ahora, al menos dos grupos públicos manifestaron su interés: por un lado Grupo México, uno de los mayores operadores ferroviarios del continente; por otro, el Consorcio Pro Ferrocarril Belgrano, integrado por empresas del complejo agroexportador como ACA, Aceitera General Deheza (AGD), Bunge, Cargill y Louis Dreyfus Company (LDC), con posible adhesión del Grupo Roggio. Estas compañías concentran buena parte de la carga que circula por la red y mantienen intención de participar en el llamado.

Plazos y próximos pasos

Las consultas finalizan el 28 de octubre. El cierre de recepción de ofertas será el 11 de noviembre a las 9.59, con apertura al instante siguiente. Ese acto determinará la lista de competidores para administrar durante medio siglo las vías de una de las principales redes ferroviarias de cargas del país.

En resumen, la licitación combina requisitos técnicos, restricciones sobre el origen del control societario, incentivos fiscales condicionados y un modelo de evaluación que privilegia tarifas más bajas y mayores inversiones. El desenlace dependerá de la concurrencia efectuada y de las ofertas que presenten los grupos interesados en un activo clave para la logística agroexportadora y el transporte de cargas en Argentina.

Economía

En la Legislatura, Abad presentó los lineamientos del Presupuesto 2027 ante una reunión ampliada de legisladores

El ministro de Economía y Producción explicó los principales ejes del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y respondió las consultas de los distintos bloques políticos. Educación, salud, seguridad y desarrollo social concentran las mayores partidas, mientras que el presupuesto prevé recursos por $7,3 billones.

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En la Legislatura de Tucumán, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, participó de una reunión ampliada para analizar el proyecto de Presupuesto provincial 2027, presentado por el Poder Ejecutivo. El encuentro permitió que legisladores de distintos espacios políticos conocieran los lineamientos generales y plantearan sus inquietudes directamente al equipo técnico de la cartera económica.

La reunión fue encabezada por el vicepresidente primero de la Legislatura, Aldo Salomón, a cargo de la Presidencia, y el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Carlos Gallia. También participaron el prosecretario legislativo, Alejandro Martínez, y el prosecretario administrativo, Oscar Humberto Fiorito.

Estuvieron presentes los legisladores Francisco Serra, Sara Lazarte, Mario Leito, Tulio Caponio, Agustín Romano Norri, Carlos Gómez, Adriana Najar, Jorge Leal, Manuel Courel, Ernesto Gómez Gómez Rossi, Sandra Figueroa, Gerónimo Vargas Aignasse, Edith Comolli, Nancy Bulacio, Carlos Najar, Carolina Vargas Aignasse, Silvia Elías de Pérez y Walter Berarducci.

Por parte de Economía y Producción acompañaron al ministro el secretario de Hacienda, Adrián Dicker; el secretario de Energía y Servicios Públicos, Martín Viola; la directora de Presupuesto, Claudia Pérez; el subdirector de Presupuesto, Germán Gallo; la directora de Rentas de Tucumán, Graciela Acosta; y el subdirector de Rentas, Juan Fernández.

Al finalizar el encuentro, Abad destacó la posibilidad de explicar los principales lineamientos del proyecto y responder las consultas de los parlamentarios. “Hemos venido primero a explicar el presupuesto en sus lineamientos generales y, en segundo lugar, a contestar todas las inquietudes que nos han planteado los legisladores”, señaló.

“Hay un incremento en educación, salud, seguridad y desarrollo social. Son los ejes principales y se les da prioridad, como venimos haciendo en los últimos tres presupuestos”, explicó el ministro. En cuanto a los números generales, informó que el presupuesto asciende a $7,3 billones y contempla una variación ajustada por inflación del 18%, frente a una inflación promedio proyectada del 21%. También indicó que las estimaciones de ingresos siguen las pautas nacionales, debido a que aproximadamente el 80% de la recaudación tributaria provincial depende de los impuestos coparticipables.

Abad aseguró que las cuentas provinciales se encuentran equilibradas y llevó tranquilidad respecto del cumplimiento de las obligaciones salariales de fin de año. “Vamos a pagar los sueldos de diciembre y el aguinaldo sin ningún problema. Estamos bien encaminados en ese tema”, afirmó.

Respecto de la inversión en infraestructura, señaló que la Provincia mantiene en ejecución distintas obras financiadas con recursos propios y otras con participación nacional. Mencionó los trabajos en las rutas provinciales, las intervenciones en la ruta nacional 157 y las alcantarillas que se ejecutan para prevenir inundaciones en La Madrid. También destacó las obras de remodelación del aeropuerto y la terminal de ómnibus, además de los trabajos vinculados a acueductos, obras hídricas y eléctricas. “Si ustedes recorren la provincia, van a encontrar movimiento en todos lados. Siempre van a encontrar una máquina trabajando. Hay un montón de obras que se están haciendo y nos sentimos orgullosos”, expresó.

Sobre la asistencia social, Abad anticipó que el presupuesto contempla un incremento de los recursos destinados a esa área. En particular, destacó que cerca de 450.000 estudiantes reciben alimentación en las escuelas y que el Gobierno provincial continuará sosteniendo esa política. “Es una de las preocupaciones, lo estamos atendiendo y lo vamos a seguir haciendo. Tiene que ver con la paz social que tenemos en la provincia, pero también con una cuestión humana: nuestra doctrina siempre se basa en la justicia social”, afirmó.

Abad también se refirió a los planteos de legisladores de la oposición sobre las comunas no incluidas en el presupuesto: “Tiene que ver con el control posterior. Hay provincias que tienen auditor general y no hacen control preventivo; la propia Nación no tiene tribunal de cuentas y hace control posterior, el mismo que hace el Tribunal de Cuentas en Tucumán. Estamos trabajando para incorporarlas, pero hoy no están dadas las condiciones tecnológicas. Hay comisionados rurales en el pasado que han sido sancionados, es decir, el control se hace y se hace efectivo”. Acerca del artículo 29, que establece que las adecuaciones presupuestarias de los otros poderes deben ajustarse a los parámetros del presupuesto, indicó: “Ya está resuelto, la Legislatura va a introducir las modificaciones que crea conveniente. Nosotros proponemos y damos las razones técnicas, y la Legislatura lo aprueba, lo modifica o lo rechaza. Eso no es un motivo de conflicto”. Sobre el proyecto que incorpora a la Defensoría del Pueblo, explicó que “es autónoma y autárquica, como el Tribunal de Cuentas, y corresponde que pueda funcionar como debe funcionar”.

El vicepresidente primero, Aldo Salomón, valoró la jornada y su rol de representación. “Un orgullo y un honor poder representar al vicegobernador Miguel Acevedo en una reunión tan importante con el ministro de Economía, junto a la Comisión de Hacienda ampliada, para intercambiar opiniones en base al presupuesto 2027. Ha sido una mañana que enriquece, con preguntas de distintas índoles y con todo el respeto, que es lo más importante en democracia”, expresó.

En tanto, Carlos Gallia explicó que la reunión ampliada constituye una instancia previa al tratamiento formal del proyecto en la Comisión de Hacienda y Presupuesto. El presidente de la comisión adelantó que prevé convocar a sus integrantes para avanzar en el análisis y que la fecha tentativa para el tratamiento del Presupuesto 2027 en el recinto es el 10 de diciembre. “Estas reuniones sirven justamente para que, cuando lleguemos a la sesión, todos sepamos qué se va a debatir y no haya sorpresas”, manifestó.

Sobre el contenido del proyecto, destacó que “es un presupuesto equilibrado: el excedente es de 305 millones frente a 700 del año pasado, es poco, pero las principales variables, como educación, salud, seguridad, obras públicas y asistencia social, se llevan más del 60%, y eso es lo que nos da la paz social”. Añadió que hay un plan de obras de unos 620 mil millones de pesos. Respecto del artículo 29, adelantó: “Lo vamos a modificar, porque si bien tiene una intención que no es la que todos piensan, viola la autonomía de los poderes judicial y legislativo”. Y aclaró sobre la Defensoría del Pueblo: “Tiene que manejarse de forma autárquica”. Finalmente, advirtió que “el presupuesto es una foto de lo que va a pasar el año que viene, y esa foto puede variar, porque los ingresos pueden ir para arriba o para abajo”.

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Economía

«Vamos a pagar sueldos y aguinaldo en diciembre sin ningún problema»

El ministro de Economía, Daniel Abad, aseguró que en Tucumán hay equilibrio fiscal. «Estamos bien encaminados en ese tema», resaltó.

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El ministro de Economía, Daniel Abad, se refirió este jueves al cronograma de pago de sueldos y aguinaldo correspondiente a diciembre para los empleados de la administración pública provincial.

En este marco, aseguró que «hay equilibrio fiscal y está bien encaminado ese tema».

«Vamos a pagar sueldos y aguinaldo en diciembre sin ningún problema», adelantó.

El contador dio estas declaraciones tras visitar la Legislatura para hablar del Presupuesto 2027.

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Economía

El Gobierno amplió los gastos previstos en el Presupuesto 2026 por $15,6 billones

La medida reasigna recursos hacia prestaciones sociales, deuda, salud y seguridad, y recorta créditos en Servicios Económicos.

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El Gobierno nacional dispuso una amplia modificación del Presupuesto 2026 mediante el Decreto 1391/2026, una medida refrendada por la totalidad del Gabinete de Ministros que autoriza incrementos de gastos por aproximadamente $15,6 billones para lo que resta del ejercicio y reduce en unos $7,5 billones el superávit proyectado para el cierre del año.

El análisis de la Planilla Anexa I, integrada por 564 folios, realizado por Infobae a partir del procesamiento de cada una de las jurisdicciones y organismos alcanzados por la norma, muestra que la ampliación equivale al 10,2% del crédito presupuestario previamente vigente, estimado en $152,47 billones.

La decisión se produce en un contexto de fuerte desviación respecto de las variables macroeconómicas utilizadas para elaborar el presupuesto. Mientras la pauta oficial contemplaba una inflación anual cercana al 18%, la variación de precios acumulada y proyectada para 2026 se ubica actualmente alrededor del 33%, situación que obligó a reforzar partidas que habían quedado insuficientes para afrontar compromisos salariales, previsionales, operativos y financieros.

Qué argumenta el Gobierno

En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo sostiene que resulta necesario adecuar los créditos presupuestarios para asegurar la continuidad de las prestaciones esenciales del Estado y garantizar el cumplimiento de compromisos asumidos por la administración pública nacional.

La norma señala que diversas jurisdicciones informaron insuficiencias en sus créditos vigentes y requirieron refuerzos para atender gastos cuyo nivel de ejecución superó las previsiones originales. Asimismo, fundamenta la reasignación de partidas en la necesidad de atender obligaciones vinculadas con prestaciones sociales, servicios de salud, seguridad pública y compromisos financieros del Tesoro.

La medida lleva las firmas del Presidente y del conjunto de los ministros que integran el Gabinete nacional, conforme al mecanismo previsto para las modificaciones presupuestarias durante la ejecución del ejercicio.

Los recursos aumentan menos que los gastos

Según el relevamiento efectuado por Infobae sobre las planillas anexas, los recursos corrientes y de capital aumentan aproximadamente $8,1 billones, una cifra sensiblemente inferior a la expansión de las autorizaciones de gasto.

La diferencia, cercana a $7,5 billones, implica una reducción equivalente del resultado fiscal previsto para el cierre del ejercicio.

De acuerdo con los cálculos realizados sobre la ejecución presupuestaria, el superávit originalmente proyectado para 2026 rondaba los $26,4 billones. Tras la ampliación dispuesta por el decreto, ese excedente se reduciría a alrededor de $18,9 billones.

La corrección resulta relevante porque al 16 de noviembre el sector público acumulaba un resultado positivo estimado en unos $33,2 billones, lo que indica que una parte significativa de los gastos adicionales se concentrará en las últimas semanas del año.

PAMI concentra el mayor refuerzo presupuestario

La principal ampliación identificada en el anexo corresponde a las transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), dentro de la órbita del Ministerio de Capital Humano.

La partida recibe un incremento cercano a $10 billones, convirtiéndose en el principal destino de los créditos adicionales autorizados por el Gobierno.

El refuerzo explica por sí solo una parte sustancial de toda la expansión presupuestaria aprobada y refleja la presión que la aceleración inflacionaria ejerció sobre las prestaciones destinadas al sistema de atención de jubilados y pensionados.

Casi $4 billones más para intereses de deuda

El segundo aumento de mayor magnitud corresponde al Servicio de la Deuda Pública, particularmente a la partida destinada al pago de intereses y comisiones, que recibe aproximadamente $3,9 billones adicionales.

La magnitud de la ampliación confirma que una porción relevante de la modificación presupuestaria está vinculada al costo financiero del Estado y a obligaciones cuyo comportamiento quedó por encima de las previsiones originales.

Refuerzos para salud y seguridad

Entre las partidas con mayores incrementos también se encuentran programas específicos de salud y seguridad.

El Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría, dependiente del Ministerio de Salud, obtiene un refuerzo cercano a $0,8 billones para financiar su funcionamiento.

Por su parte, la Gendarmería Nacional recibe alrededor de $0,2 billones adicionales para el programa de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas, uno de los ejes de la estrategia oficial en materia de seguridad federal.

El principal recorte

La contracara de las ampliaciones aparece en la finalidad Servicios Económicos, donde el decreto reduce créditos por aproximadamente $2,3 billones.

La disminución constituye uno de los ajustes más importantes observados en la planilla y evidencia una reasignación de recursos desde programas económicos hacia áreas consideradas prioritarias para el cierre del ejercicio, como prestaciones sociales, salud, seguridad y atención de obligaciones financieras.

Una actualización de la nominalidad de la economía

Más allá de la magnitud de las cifras, el análisis de la modificación presupuestaria sugiere que el objetivo principal del Decreto 1391/2026 es adecuar el presupuesto a una economía que terminó registrando una inflación significativamente superior a la prevista cuando se aprobó la ley de gastos y recursos.

La expansión de los créditos por $15,6 billones no necesariamente implica un aumento equivalente del gasto en términos reales, sino que en gran medida refleja la necesidad de actualizar partidas frente a una nominalidad que evolucionó muy por encima de las estimaciones oficiales.

Sin embargo, el dato fiscal más relevante es que los mayores recursos obtenidos durante el año no alcanzaron para compensar completamente esa expansión. Como consecuencia, el Gobierno decidió utilizar parte del superávit esperado para financiar gastos adicionales y cerrar el ejercicio con un resultado positivo estimado en torno a $18,9 billones, inferior al previsto originalmente, pero todavía ampliamente superavitario.

FUENTE: Infobae

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