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Política

Lisandro Catalán fue denunciado por presuntas amenazas a otro integrante de LLA

El incidente se produjo durante la cena del Banco de Alimentos

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El presidente de La Libertad Avanza en Tucumán, Lisandro Catalán, fue denunciado por presuntas amenazas contra Gastón García Zavalía, funcionario del Poder Judicial e integrante de la mesa política del espacio libertario. El episodio habría ocurrido durante la madrugada de este viernes en Las Cañas, Yerba Buena, donde se había realizado la tradicional cena anual del Banco de Alimentos de Tucumán.

La presentación fue realizada ante la Comisaría de Yerba Buena y quedó bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana. La denuncia fue encuadrada inicialmente como una causa por amenazas, aunque ahora deberá ser analizada por el Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo con el relato incorporado a la denuncia policial, el hecho se produjo alrededor de las 00.45 del 21 de agosto, en las instalaciones ubicadas en la zona de avenida Perón y calle Las Rosas.

García Zavalía, de 57 años, manifestó que trabaja en la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial de Tucumán y que también forma parte de la mesa política provincial de La Libertad Avanza.

Según su versión, en un momento de la noche Catalán se habría acercado y le habría dicho que “ya iba a ver lo que le iba a pasar”. El denunciante sostuvo que interpretó esas palabras como una amenaza relacionada con su participación dentro del armado político libertario.

Siempre según la presentación policial, García Zavalía se acercó posteriormente a Catalán para preguntarle por qué había realizado esa manifestación y cuáles eran los motivos. En ese momento también habría intervenido Gerardo Huesen, otro referente de La Libertad Avanza, quien presuntamente le expresó: “Vos trabajás en el Poder Judicial, pero no sos nadie”, además de reiterar frases que el denunciante consideró intimidatorias.

El funcionario judicial aseguró que las expresiones le provocaron “preocupación y temor”, debido a que podrían estar vinculadas tanto con su trabajo en Tribunales como con las diferencias existentes dentro de la fuerza política.

En su exposición, García Zavalía aclaró que no sufrió ninguna agresión física y que tampoco se produjo un enfrentamiento corporal. Indicó que el episodio se limitó a expresiones verbales que, por el tono y el contexto en el que fueron pronunciadas, consideró amenazantes.

El denunciante también señaló que entre las personas presentes se encontraba el legislador José Seleme, quien eventualmente podría aportar información sobre lo ocurrido si fuera convocado por la investigación.

El episodio se habría registrado durante la cena anual del Banco de Alimentos de Tucumán, una convocatoria solidaria que reunió a unas 600 personas en Las Cañas. Participaron empresarios, particulares, representantes de municipios, funcionarios y dirigentes políticos con el objetivo de recaudar fondos para sostener la compra y distribución de alimentos.

Durante la velada se realizaron un bingo musical, subastas y el sorteo de un automóvil cero kilómetro. Entre los objetos subastados hubo camisetas de la Selección Argentina firmadas por Lionel Messi y los palos de golf utilizados por Andrés “Pigu” Romero cuando ganó el Abierto de Alemania en 2017.

La campaña permitió contabilizar recursos equivalentes a aproximadamente 230.000 platos de comida.

Política

Sadop expresó su solidaridad con los trabajadores de los Talleres de Tafí Viejo

Mediante un comunicado el gremio docente expresó la relevancia histórica del predio tras el anuncio de su privatización del Belgrano Cargas.

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Desde el SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados) se solidarizaron con los trabajadores de los Talleres de Tafí Viejo tras la decisión del gobierno nacional de privatizar la concesión del Belgrano Cargas. «Levantamos bien alto nuestra voz, codo a codo junto al pueblo de Tafí Viejo y a nuestros hermanos ferroviarios, en defensa irrestricta de los históricos Talleres Ferroviarios», expresaron.

«Defender los Talleres de Tafí Viejo es defender el corazón mismo de nuestra identidad, nuestra historia y la soberanía de una Nación verdaderamente federal. Fueron los trenes argentinos el motor productivo que llevó progreso a cada rincón de la Patria, uniendo a los pueblos entre sí y conectando hasta el paraje más lejano con el resto del país. Pero, por sobre todas las cosas, los Talleres significaron y siguen significando dignidad, futuro y el pan en la mesa de miles de familias trabajadoras«, añade el comunicado.

«Hoy, frente a la incertidumbre, no están solos. Los docentes privados de Tucumán abrazamos con el alma a cada trabajador ferroviario y a toda la comunidad taficeña. Su lucha es nuestra lucha, porque cuando se toca una fuente de trabajo, se hiere a todo el pueblo. ¡Los Talleres de Tafí Viejo se defienden!», indica el comunicado emitido por el Consejo Directivo del gremio presidido por Mario Dionisi.

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Política

El Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad y puso fin al régimen de emergencia

La Cámara alta convirtió en ley la iniciativa que establece un marco permanente para la cobertura y las prestaciones del sector, tras un debate en el que confluyeron distintas posturas políticas

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El Senado de la Nación aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad en una sesión celebrada este jueves, luego de que la iniciativa obtuviera previamente media sanción en la Cámara de Diputados. La norma, de orden público y alcance nacional, reemplaza el régimen de emergencia vigente y busca otorgar estabilidad y previsibilidad a las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad, sin fecha de vencimiento.

Durante la apertura del debate en el recinto, el senador libertario Agustín Monteverde, miembro informante y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, defendió la necesidad de dejar atrás las respuestas coyunturales. Según indicó, la creación de un régimen permanente asegura la continuidad de las prestaciones, las pensiones y las coberturas, además de garantizar su compatibilidad con el trabajo formal.

Por su parte, legisladores de la oposición y de distintos bloques expresaron sus puntos de vista sobre el alcance de la medida. La senadora peronista Alicia Kirchner señaló que la sanción representa un punto de partida pero no una solución definitiva para los derechos vulnerados. En la misma línea, su par Lucía Corpacci sostuvo que la existencia de la ley responde al reclamo sostenido de los colectivos en la calle y advirtió sobre la necesidad de asegurar los recursos presupuestarios correspondientes. Desde Provincias Unidas, la senadora Alejandra Vigo remarcó la importancia de optimizar los recursos y acompañar a las provincias para garantizar los servicios a las familias.

En representación de los bloques dialoguistas y oficialistas, el senador radical Maximiliano Abad recordó las dificultades previas de profesionales e instituciones con aranceles congelados y pagos demorados. A su turno, el titular del bloque del PRO, Martín Goerling Lara, afirmó que la tranquilidad de las familias y la dignidad de las personas no pueden estar sujetas a una prórroga anual. En tanto, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, calificó la norma como un acuerdo social y político destinado a aportar transparencia y estabilidad, aclarando que el texto define con precisión el origen de los fondos para solventar las prestaciones.

Alcances y requisitos de la nueva normativa

La ley deroga tres artículos de la anterior normativa de emergencia y ratifica el esquema de prestaciones básicas y empleo protegido. La pensión se mantiene fijada en el setenta por ciento del haber mínimo jubilatorio y se actualiza mediante las reglas previsionales vigentes, sin contemplar un incremento específico.

Para acceder al beneficio, los solicitantes deben contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y acreditar identidad, edad y nacionalidad con el documento de identidad. En el caso de los extranjeros, se exige una residencia legal continuada de cinco años en el país. Los ingresos netos del peticionario no deben superar los dos salarios mínimos, evaluándose la situación individual y no la del grupo familiar, y se establece la incompatibilidad con otras jubilaciones, retiros, pensiones o asignaciones familiares por hijo con discapacidad, además de requerir la aprobación de una evaluación socioeconómica.

La normativa permite a los titulares de pensiones mantener un empleo formal, estar inscriptos en el monotributo o en el régimen general siempre que sus ingresos no rebasen el límite de dos salarios, caso en el cual la pensión se suspenderá de forma temporal hasta que finalice dicha situación laboral o disminuyan los ingresos. Asimismo, se garantiza un programa de atención médica que cubre las prestaciones básicas y se exige la capacitación obligatoria del personal en materia de derechos y trato no discriminatorio.

El texto incorpora un sistema de auditorías periódicas a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, la cual estará facultada para cruzar bases de datos de diferentes organismos estatales y quedará exceptuada del secreto fiscal. Ante un presunto incumplimiento, se prevé un procedimiento administrativo de descargo antes de cualquier suspensión preventiva.

En cuanto al financiamiento, los gastos se afrontarán con partidas presupuestarias ministeriales y, de ser necesario, con fondos del Tesoro nacional, garantizando que el crédito por beneficiario no disminuya en términos reales. Finalmente, la norma establece un cronograma para cancelar las compensaciones pendientes a los prestadores en un plazo máximo de noventa días y otorga al Poder Ejecutivo un plazo de treinta días hábiles para su reglamentación.

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Política

El Senado convirtió en ley la inviolabilidad de la propiedad privada y restituyó la Ley de Tierras

La Cámara alta aprobó la iniciativa con 42 votos a favor y 26 en contra. La norma reincorpora los límites a la compra de campos por parte de extranjeros y establece nuevas reglas para desalojos y expropiaciones.

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El Senado convirtió este jueves en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que atravesó un complejo recorrido legislativo y que finalmente fue aprobada por 42 votos afirmativos y 26 negativos. La votación contó con el respaldo de La Libertad Avanza junto a la Unión Cívica Radical, el PRO, Provincias Unidas, Convicción Federal y otros bloques provinciales, mientras que el rechazo provino del bloque Justicialista y de diversas fuerzas provinciales.

El aspecto central de la norma aprobada es la restitución de la plena vigencia de la Ley de Tierras Rurales sancionada en 2011, lo que implica la derogación del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23. De esta manera, se reafirman los límites a la extranjerización de campos, fijando un tope del 15 por ciento de titularidad a nivel nacional, provincial y municipal, además de un máximo del 30 por ciento por nacionalidad y un límite de 1.000 hectáreas en zonas núcleo, espejos de agua y áreas de frontera.

El proyecto original impulsado por el Poder Ejecutivo contemplaba la eliminación de estas restricciones, pero el debate parlamentario sufrió modificaciones sustanciales ante el trámite legislativo y las decisiones judiciales en torno al decreto fundacional. En su formato final, la ley también introduce modificaciones en materia de expropiaciones, desalojos y regularización dominial.

Nuevas reglas para expropiaciones y desalojos

En cuanto a las expropiaciones, el texto establece que la declaración de utilidad pública deberá aplicarse de manera restrictiva, identificando de forma específica y concreta el fin perseguido de manera idónea, necesaria y proporcional. La indemnización abarcará el valor objetivo del mercado y los daños que sean consecuencia directa e inmediata, limitando el lucro cesante al 30 por ciento del daño emergente, salvo que se demuestre fehacientemente una afectación superior.

La normativa incorpora además un procedimiento abreviado para los desalojos de inmuebles usurpados o con tenencias precarias. Los jueces podrán disponer la entrega inmediata del predio si el derecho invocado es verosímil, previa caución juratoria, o intimar a la devolución en un plazo de 72 horas si el propietario presenta prueba documental. Para los inquilinos morosos, en cambio, se fijó la obligación de recibir una notificación fehaciente mediante carta documento con un plazo mínimo de diez días corridos para regularizar el pago antes de iniciar una demanda.

Asimismo, se modificó la ley de regularización dominial para permitir que las familias que acrediten una posesión pacífica, ostensible y continua durante los diez años anteriores puedan acceder a la escritura de su vivienda única y permanente.

Debates en el recinto

Durante la sesión, el oficialismo defendió la incorporación de la restitución de la Ley de Tierras como una forma de dar certidumbre a la protección del dominio nacional sobre los recursos. Por su parte, sectores de la oposición criticaron el trayecto legislativo del proyecto, señalando cambios de postura en el oficialismo respecto al texto original enviado meses atrás.

En la misma jornada, el Senado aprobó la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, un paso vinculado a compromisos comerciales internacionales para facilitar la protección de la propiedad intelectual de pequeñas y medianas empresas. También se sancionó por unanimidad la denominada ley Joaquín, que establece medidas de seguridad obligatorias para elementos deportivos en espacios públicos y privados en memoria de un niño fallecido por la caída de un arco de fútbol.

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