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Economía

Más de 3,5 millones de personas llevan más de un año de atraso en el pago de sus deudas

Así lo estimó la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia en base a los datos de la Central de Deudores del Sistema Financiero (CENDEU) del Banco Central (BCRA).

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El problema de la morosidad se viene profundizando y cada vez más personas acumulan atrasos en el pago de sus deudas. En el sistema financiero, los deudores son clasificados en distintas categorías de acuerdo con la gravedad de los incumplimientos y la situación 5 o “irrecuperable” es la de mayor riesgo: son quienes llevan más de un año sin pagar. Ese universo ya alcanza a más de 3,5 millones de personas y creció por encima de 60% en los últimos 12 meses.

La información incluye a bancos, Fintech, tarjetas de consumo y fideicomisos financieros y surge de distintos relevamientos privados que fueron consultados por TN.

En concreto, de las 20,6 millones de personas que tienen algún tipo de deuda, 5,6 millones se encuentran en situación irregular —en la jerga financiera, catalogados desde la situación 3 en adelante o con un atraso de más de 90 días—.

Dentro de ese grupo, en junio, más de 3,5 millones de personas quedaron clasificadas en situación 5, mientras que hace un año esa cifra era de 2,1 millones. El número representa un salto de 63,5% o de 1,3 millones de personas más que un año atrás. Así lo estimó la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia en base a los datos de la Central de Deudores del Sistema Financiero (CENDEU) del Banco Central (BCRA).

El dato adquiere mayor relevancia porque el universo total de personas con saldo de deuda no mostró un crecimiento tan exponencial, sino que pasó de 19,7 millones en junio de 2025 a 20,7 millones en junio de este año, un incremento de apenas 5%. Así, los deudores clasificados como irrecuperables pasaron de representar el 11% del total de personas con alguna deuda al 17% en doce meses.

En la misma línea, en la consultora Analytica calcularon que las personas en situación irrecuperable pasaron de casi 2 millones a 3,8 millones en un año.

“Observamos que, respecto a un año atrás, en junio de este año la situación que más creció, medida en cantidad de personas, es la de deudores irrecuperables. Hay varios factores que ayudan a entender esta dinámica, pero el más relevante es sin dudas la pérdida de poder adquisitivo de las familias, sobre todo porque son deudas en promedio de $400.000″, puntualizó el director de Analytica, Claudio Caprarulo.

La clasificación del BCRA divide a los deudores en categorías de acuerdo con el nivel de atraso. La situación 1 corresponde a quienes mantienen un cumplimiento normal, que no supera los 31 días, y la 2, a quienes presentan un riesgo bajo, de hasta 90 días. A partir de la situación 3 —atrasos entre 90 y hasta 180 días— ya empieza a considerarse irregular para el sistema financiero. La situación 4 contabiliza incumplimientos de más de 180 días y la 5, atrasos superiores a un año.

Ahora, ¿qué implica estar catalogado como “deudor irrecuperable”? Formar parte de esa clasificación principalmente complica la posibilidad de acceder a nuevos mecanismos de crédito, ya que las entidades del sistema financiero tienen en cuenta el historial crediticio antes de otorgar préstamos.

“Estar en una situación de irregularidad hace más difícil acceder a préstamos, por ejemplo, para acceder a una tarjeta de crédito o una garantía de alquiler. El reflejo de esto es que la tasa de interés de los adelantos está en niveles muy altos en comparación con la inflación mensual. Es más bien una tasa que lo que busca es disuadir la toma de préstamos. Y es preocupante básicamente porque es algo inédito. Nunca hubo tanto porcentaje de la población adulta en situación de irregularidad crediticia y es un reflejo de la caída de los ingresos y puede tener impacto hacia adelante”, resumió Matías Rajnerman, jefe del Departamento de Macroeconomía del Banco Provincia.

El trasfondo troncal que explica el incremento hacia niveles más agravados de morosidad responde al deterioro del poder de compra de los ingresos. Más allá de eso, en la consultora EPyCA también enumeraron diversos efectos que motorizaron el crecimiento de las irregularidades en el pago de las deudas.

En primer lugar, mencionaron el endurecimiento de los encajes bancarios dispuesto por el Banco Central desde mediados de 2025, que frenó el crédito en pesos al sector privado. Por el costado productivo, indicaron, la falta de un crecimiento sectorial sostenido “impide recomponer las ganancias empresarias y los ingresos de los hogares al ritmo necesario para afrontar las deudas contraídas durante el impulso crediticio de 2024 y 2025″.

Por último, consideraron que la menor capacidad de compra de las familias y el mayor peso de las tarifas y el transporte sobre sus ingresos llevaron incluso a muchos hogares a financiar con tarjeta de crédito consumos de primera necesidad.

“La intervención sobre las paritarias privadas y la definición a la baja de las paritarias del sector público operan en el mismo sentido. En general, las familias tienen menores ingresos en términos reales y una mayor proporción de esos ingresos se destina al pago de servicios públicos y transporte público. Por eso también muchas familias debieron comenzar a pagar consumos de primera necesidad (alimentos, artículos de limpieza e higiene personal, etc.) con la tarjeta de crédito, incluso si ese endeudamiento no podría ser repagado”, puntualizaron. / TN

Economía

En la Legislatura, Abad presentó los lineamientos del Presupuesto 2027 ante una reunión ampliada de legisladores

El ministro de Economía y Producción explicó los principales ejes del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo y respondió las consultas de los distintos bloques políticos. Educación, salud, seguridad y desarrollo social concentran las mayores partidas, mientras que el presupuesto prevé recursos por $7,3 billones.

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En la Legislatura de Tucumán, el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad, participó de una reunión ampliada para analizar el proyecto de Presupuesto provincial 2027, presentado por el Poder Ejecutivo. El encuentro permitió que legisladores de distintos espacios políticos conocieran los lineamientos generales y plantearan sus inquietudes directamente al equipo técnico de la cartera económica.

La reunión fue encabezada por el vicepresidente primero de la Legislatura, Aldo Salomón, a cargo de la Presidencia, y el presidente de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, Carlos Gallia. También participaron el prosecretario legislativo, Alejandro Martínez, y el prosecretario administrativo, Oscar Humberto Fiorito.

Estuvieron presentes los legisladores Francisco Serra, Sara Lazarte, Mario Leito, Tulio Caponio, Agustín Romano Norri, Carlos Gómez, Adriana Najar, Jorge Leal, Manuel Courel, Ernesto Gómez Gómez Rossi, Sandra Figueroa, Gerónimo Vargas Aignasse, Edith Comolli, Nancy Bulacio, Carlos Najar, Carolina Vargas Aignasse, Silvia Elías de Pérez y Walter Berarducci.

Por parte de Economía y Producción acompañaron al ministro el secretario de Hacienda, Adrián Dicker; el secretario de Energía y Servicios Públicos, Martín Viola; la directora de Presupuesto, Claudia Pérez; el subdirector de Presupuesto, Germán Gallo; la directora de Rentas de Tucumán, Graciela Acosta; y el subdirector de Rentas, Juan Fernández.

Al finalizar el encuentro, Abad destacó la posibilidad de explicar los principales lineamientos del proyecto y responder las consultas de los parlamentarios. “Hemos venido primero a explicar el presupuesto en sus lineamientos generales y, en segundo lugar, a contestar todas las inquietudes que nos han planteado los legisladores”, señaló.

“Hay un incremento en educación, salud, seguridad y desarrollo social. Son los ejes principales y se les da prioridad, como venimos haciendo en los últimos tres presupuestos”, explicó el ministro. En cuanto a los números generales, informó que el presupuesto asciende a $7,3 billones y contempla una variación ajustada por inflación del 18%, frente a una inflación promedio proyectada del 21%. También indicó que las estimaciones de ingresos siguen las pautas nacionales, debido a que aproximadamente el 80% de la recaudación tributaria provincial depende de los impuestos coparticipables.

Abad aseguró que las cuentas provinciales se encuentran equilibradas y llevó tranquilidad respecto del cumplimiento de las obligaciones salariales de fin de año. “Vamos a pagar los sueldos de diciembre y el aguinaldo sin ningún problema. Estamos bien encaminados en ese tema”, afirmó.

Respecto de la inversión en infraestructura, señaló que la Provincia mantiene en ejecución distintas obras financiadas con recursos propios y otras con participación nacional. Mencionó los trabajos en las rutas provinciales, las intervenciones en la ruta nacional 157 y las alcantarillas que se ejecutan para prevenir inundaciones en La Madrid. También destacó las obras de remodelación del aeropuerto y la terminal de ómnibus, además de los trabajos vinculados a acueductos, obras hídricas y eléctricas. “Si ustedes recorren la provincia, van a encontrar movimiento en todos lados. Siempre van a encontrar una máquina trabajando. Hay un montón de obras que se están haciendo y nos sentimos orgullosos”, expresó.

Sobre la asistencia social, Abad anticipó que el presupuesto contempla un incremento de los recursos destinados a esa área. En particular, destacó que cerca de 450.000 estudiantes reciben alimentación en las escuelas y que el Gobierno provincial continuará sosteniendo esa política. “Es una de las preocupaciones, lo estamos atendiendo y lo vamos a seguir haciendo. Tiene que ver con la paz social que tenemos en la provincia, pero también con una cuestión humana: nuestra doctrina siempre se basa en la justicia social”, afirmó.

Abad también se refirió a los planteos de legisladores de la oposición sobre las comunas no incluidas en el presupuesto: “Tiene que ver con el control posterior. Hay provincias que tienen auditor general y no hacen control preventivo; la propia Nación no tiene tribunal de cuentas y hace control posterior, el mismo que hace el Tribunal de Cuentas en Tucumán. Estamos trabajando para incorporarlas, pero hoy no están dadas las condiciones tecnológicas. Hay comisionados rurales en el pasado que han sido sancionados, es decir, el control se hace y se hace efectivo”. Acerca del artículo 29, que establece que las adecuaciones presupuestarias de los otros poderes deben ajustarse a los parámetros del presupuesto, indicó: “Ya está resuelto, la Legislatura va a introducir las modificaciones que crea conveniente. Nosotros proponemos y damos las razones técnicas, y la Legislatura lo aprueba, lo modifica o lo rechaza. Eso no es un motivo de conflicto”. Sobre el proyecto que incorpora a la Defensoría del Pueblo, explicó que “es autónoma y autárquica, como el Tribunal de Cuentas, y corresponde que pueda funcionar como debe funcionar”.

El vicepresidente primero, Aldo Salomón, valoró la jornada y su rol de representación. “Un orgullo y un honor poder representar al vicegobernador Miguel Acevedo en una reunión tan importante con el ministro de Economía, junto a la Comisión de Hacienda ampliada, para intercambiar opiniones en base al presupuesto 2027. Ha sido una mañana que enriquece, con preguntas de distintas índoles y con todo el respeto, que es lo más importante en democracia”, expresó.

En tanto, Carlos Gallia explicó que la reunión ampliada constituye una instancia previa al tratamiento formal del proyecto en la Comisión de Hacienda y Presupuesto. El presidente de la comisión adelantó que prevé convocar a sus integrantes para avanzar en el análisis y que la fecha tentativa para el tratamiento del Presupuesto 2027 en el recinto es el 10 de diciembre. “Estas reuniones sirven justamente para que, cuando lleguemos a la sesión, todos sepamos qué se va a debatir y no haya sorpresas”, manifestó.

Sobre el contenido del proyecto, destacó que “es un presupuesto equilibrado: el excedente es de 305 millones frente a 700 del año pasado, es poco, pero las principales variables, como educación, salud, seguridad, obras públicas y asistencia social, se llevan más del 60%, y eso es lo que nos da la paz social”. Añadió que hay un plan de obras de unos 620 mil millones de pesos. Respecto del artículo 29, adelantó: “Lo vamos a modificar, porque si bien tiene una intención que no es la que todos piensan, viola la autonomía de los poderes judicial y legislativo”. Y aclaró sobre la Defensoría del Pueblo: “Tiene que manejarse de forma autárquica”. Finalmente, advirtió que “el presupuesto es una foto de lo que va a pasar el año que viene, y esa foto puede variar, porque los ingresos pueden ir para arriba o para abajo”.

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«Vamos a pagar sueldos y aguinaldo en diciembre sin ningún problema»

El ministro de Economía, Daniel Abad, aseguró que en Tucumán hay equilibrio fiscal. «Estamos bien encaminados en ese tema», resaltó.

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El ministro de Economía, Daniel Abad, se refirió este jueves al cronograma de pago de sueldos y aguinaldo correspondiente a diciembre para los empleados de la administración pública provincial.

En este marco, aseguró que «hay equilibrio fiscal y está bien encaminado ese tema».

«Vamos a pagar sueldos y aguinaldo en diciembre sin ningún problema», adelantó.

El contador dio estas declaraciones tras visitar la Legislatura para hablar del Presupuesto 2027.

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Economía

El Gobierno amplió los gastos previstos en el Presupuesto 2026 por $15,6 billones

La medida reasigna recursos hacia prestaciones sociales, deuda, salud y seguridad, y recorta créditos en Servicios Económicos.

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El Gobierno nacional dispuso una amplia modificación del Presupuesto 2026 mediante el Decreto 1391/2026, una medida refrendada por la totalidad del Gabinete de Ministros que autoriza incrementos de gastos por aproximadamente $15,6 billones para lo que resta del ejercicio y reduce en unos $7,5 billones el superávit proyectado para el cierre del año.

El análisis de la Planilla Anexa I, integrada por 564 folios, realizado por Infobae a partir del procesamiento de cada una de las jurisdicciones y organismos alcanzados por la norma, muestra que la ampliación equivale al 10,2% del crédito presupuestario previamente vigente, estimado en $152,47 billones.

La decisión se produce en un contexto de fuerte desviación respecto de las variables macroeconómicas utilizadas para elaborar el presupuesto. Mientras la pauta oficial contemplaba una inflación anual cercana al 18%, la variación de precios acumulada y proyectada para 2026 se ubica actualmente alrededor del 33%, situación que obligó a reforzar partidas que habían quedado insuficientes para afrontar compromisos salariales, previsionales, operativos y financieros.

Qué argumenta el Gobierno

En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo sostiene que resulta necesario adecuar los créditos presupuestarios para asegurar la continuidad de las prestaciones esenciales del Estado y garantizar el cumplimiento de compromisos asumidos por la administración pública nacional.

La norma señala que diversas jurisdicciones informaron insuficiencias en sus créditos vigentes y requirieron refuerzos para atender gastos cuyo nivel de ejecución superó las previsiones originales. Asimismo, fundamenta la reasignación de partidas en la necesidad de atender obligaciones vinculadas con prestaciones sociales, servicios de salud, seguridad pública y compromisos financieros del Tesoro.

La medida lleva las firmas del Presidente y del conjunto de los ministros que integran el Gabinete nacional, conforme al mecanismo previsto para las modificaciones presupuestarias durante la ejecución del ejercicio.

Los recursos aumentan menos que los gastos

Según el relevamiento efectuado por Infobae sobre las planillas anexas, los recursos corrientes y de capital aumentan aproximadamente $8,1 billones, una cifra sensiblemente inferior a la expansión de las autorizaciones de gasto.

La diferencia, cercana a $7,5 billones, implica una reducción equivalente del resultado fiscal previsto para el cierre del ejercicio.

De acuerdo con los cálculos realizados sobre la ejecución presupuestaria, el superávit originalmente proyectado para 2026 rondaba los $26,4 billones. Tras la ampliación dispuesta por el decreto, ese excedente se reduciría a alrededor de $18,9 billones.

La corrección resulta relevante porque al 16 de noviembre el sector público acumulaba un resultado positivo estimado en unos $33,2 billones, lo que indica que una parte significativa de los gastos adicionales se concentrará en las últimas semanas del año.

PAMI concentra el mayor refuerzo presupuestario

La principal ampliación identificada en el anexo corresponde a las transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (PAMI), dentro de la órbita del Ministerio de Capital Humano.

La partida recibe un incremento cercano a $10 billones, convirtiéndose en el principal destino de los créditos adicionales autorizados por el Gobierno.

El refuerzo explica por sí solo una parte sustancial de toda la expansión presupuestaria aprobada y refleja la presión que la aceleración inflacionaria ejerció sobre las prestaciones destinadas al sistema de atención de jubilados y pensionados.

Casi $4 billones más para intereses de deuda

El segundo aumento de mayor magnitud corresponde al Servicio de la Deuda Pública, particularmente a la partida destinada al pago de intereses y comisiones, que recibe aproximadamente $3,9 billones adicionales.

La magnitud de la ampliación confirma que una porción relevante de la modificación presupuestaria está vinculada al costo financiero del Estado y a obligaciones cuyo comportamiento quedó por encima de las previsiones originales.

Refuerzos para salud y seguridad

Entre las partidas con mayores incrementos también se encuentran programas específicos de salud y seguridad.

El Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario Esteban Echeverría, dependiente del Ministerio de Salud, obtiene un refuerzo cercano a $0,8 billones para financiar su funcionamiento.

Por su parte, la Gendarmería Nacional recibe alrededor de $0,2 billones adicionales para el programa de Investigación de Delitos Complejos y Operaciones Antidrogas, uno de los ejes de la estrategia oficial en materia de seguridad federal.

El principal recorte

La contracara de las ampliaciones aparece en la finalidad Servicios Económicos, donde el decreto reduce créditos por aproximadamente $2,3 billones.

La disminución constituye uno de los ajustes más importantes observados en la planilla y evidencia una reasignación de recursos desde programas económicos hacia áreas consideradas prioritarias para el cierre del ejercicio, como prestaciones sociales, salud, seguridad y atención de obligaciones financieras.

Una actualización de la nominalidad de la economía

Más allá de la magnitud de las cifras, el análisis de la modificación presupuestaria sugiere que el objetivo principal del Decreto 1391/2026 es adecuar el presupuesto a una economía que terminó registrando una inflación significativamente superior a la prevista cuando se aprobó la ley de gastos y recursos.

La expansión de los créditos por $15,6 billones no necesariamente implica un aumento equivalente del gasto en términos reales, sino que en gran medida refleja la necesidad de actualizar partidas frente a una nominalidad que evolucionó muy por encima de las estimaciones oficiales.

Sin embargo, el dato fiscal más relevante es que los mayores recursos obtenidos durante el año no alcanzaron para compensar completamente esa expansión. Como consecuencia, el Gobierno decidió utilizar parte del superávit esperado para financiar gastos adicionales y cerrar el ejercicio con un resultado positivo estimado en torno a $18,9 billones, inferior al previsto originalmente, pero todavía ampliamente superavitario.

FUENTE: Infobae

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