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Policiales

Robo del celular al gobernador: hay otro sospechoso

La detenida dijo que el fotógrafo que la incriminó fue quien le entregó el móvil del Gobernador. Rechazan el arresto domiciliario.

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En una nueva audiencia que se realizó ayer jueves la detenida, Liliana “Pampita” Carrizo, por el robo del celular al gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, dijo que ella no lo realizó y denunció al fotógrafo que estaba en el lugar.

El miércoles 18 de junio, en un acto político desarrollado en el salón de fiestas Rocío de La Cocha, desconocidos le hurtaron el móvil al titular del Poder Judicial. Los policías que estuvieron analizaron una imagen tomada por el fotógrafo Héctor Juárez en el que se observaría a una mujer ingresando una mano al bolsillo interno del saco de Jaldo en el que podría haber hurtado el móvil. La sospechosa fue identificada como Liliana “Pampita” Carrizo, empleada de la comuna de Los Pizarro y detenida horas después.

“Pampita” decidió no declarar en la audiencia, sí lo hizo al día siguiente. En el despacho del fiscal, habría relatado que ella no había sido la autora del hurto y que en realidad se lo había entregado una persona. También aseguró que al llegar a su domicilio se habría comunicado con su pareja que estaba en Córdoba para explicarle que había encontrado el celular. Él le habría sugerido que publicara en las redes sociales el hallazgo para que su propietario lo recuperara. También intentó desbloquearlo para conectarlo al wifi de su caso con el único propósito de que el dueño llamara por WhatsApp, ya que en su casa no hay señal. Pero todas sus intenciones quedaron en la nada porque fue aprehendida.

Paralelamente, el fiscal Assad ordenó el secuestro de los dispositivos de almacenamiento de las cámaras de seguridad del salón de fiesta, medida que tuvo una tardanza porque el propietario no recordaba la contraseña, por lo que los peritos tuvieron que hacer una extracción. Esas imágenes están siendo analizadas por el Equipo Científico de Investigación Fiscal, al igual que los celulares que se le secuestraron a la acusada.

También convocaron a los fotógrafos que tomaron imágenes en la reunión política. Cuatro presentaron las tarjetas de memorias para analizar. Se encontraron imágenes que aportaron más confusión aún. En una de ellas aparece la acusada con un celular en una de sus manos después de que no tenía nada en su poder.

El viernes 4, antes de que comenzara la feria judicial, Carrizo volvió a declarar ante el fiscal Assad. En esa oportunidad habría afirmado que Juárez, el fotógrafo que aportó la imagen para que la identificara, le había entregado el celular. Ahora los peritos están analizando los tiempos en el que se tomaron los retratos para determinar cómo fue la secuencia.

Ayer se realizó una audiencia “Pampita” se le otorgara el arresto domiciliario. Argumentó que su defendida estaba embarazada y que no tenía quien cuidara de sus dos hijas menores, ya que su hermano mayor tuvo que salir a trabajar para poder atender sus necesidades.

La auxiliar fiscal Constanza Díaz se opuso al considerar que no estaba acreditado los problemas de salud que padecía Carrizo y confirmó además que un informe indicaba que no se le podía otorgar una pulsera porque en su casa de Los Pizarro no hay la conectividad que se necesita para hacer un correcto seguimiento de la medida. También recordó que la semana que viene se debe hacer una nueva audiencia para definir si se solicitará o no la prórroga de la prisión preventiva.

La querellante Paula Morales Soria, no sólo adhirió a los planteos de la representante del Ministerio Público, sino que además fijó postura sobre el caso. “Acá no sólo estamos hablando ya de la participación de más de una persona, sino que además está claro que hubo una planificación para apoderarse del celular del gobernador Jaldo. Eso representa una gravedad institucional sin precedente porque todavía no se determinó cuál era el objetivo del hurto del móvil”, explicó.

“No puede otorgarle el arresto domiciliario porque entorpecería la investigación. La declaración que brindó fue contradictoria y hasta podría haber sido direccionada para que no se supiera la verdad. Si se le otorga la morigeración de la medida cautelar podría realizar otras maniobras”, añadió Morales Soria.

El juez Martearena rechazó el planteo al considerar que el pedido debería haberse realizado en una audiencia de impugnación. Entre el jueves y viernes de la semana que viene el fiscal Assad deberá definir si pide la prórroga de la prisión preventiva en contra de Carrizo.

Policiales

Investigan la muerte de un joven detenido en la comisaría de Simoca

Jonathan Rodríguez fue aprehendido el 4 de abril y, pocas horas después, debió ser trasladado a un centro de salud, donde falleció.

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La muerte de Jonathan Rodríguez, ocurrida días después de haber sido aprehendido por efectivos policiales en la ciudad de Simoca, abrió una investigación judicial que avanza bajo una calificación más grave y genera creciente inquietud tanto en el ámbito judicial como en la comunidad.
De acuerdo con los primeros datos del caso, el joven fue detenido el 4 de abril durante un operativo policial. Horas después de su aprehensión, debió ser trasladado a un centro de salud en estado crítico.
Con el correr de los días, se confirmó su fallecimiento, lo que motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal.
A partir de la evolución del caso, la causa fue recaratulada con una figura de mayor gravedad, lo que refleja la relevancia que adquirió el expediente en las últimas horas.
En ese contexto, la querella impulsó una serie de medidas probatorias orientadas a reconstruir con precisión lo ocurrido durante el lapso en que Rodríguez permaneció bajo custodia policial.
Entre los requerimientos planteados se incluyen la identificación de todo el personal que intervino en el procedimiento, así como el análisis de registros fílmicos que puedan aportar elementos objetivos para esclarecer las circunstancias del hecho.
El caso también tuvo impacto en el plano social. El sábado pasado, familiares y allegados de la víctima se concentraron frente a la comisaría de Simoca para reclamar el avance de la investigación y exigir que se determinen eventuales responsabilidades.
Mientras tanto, la pesquisa continúa en desarrollo y se aguardan nuevas diligencias en los próximos días que permitan arrojar luz sobre lo sucedido y avanzar en la determinación de responsabilidades.

 

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Liberaron al futbolista que desató el pánico en un avión, aunque quedó imputado

Emiliano Endrizzi, jugador de Gimnasia de Jujuy, recibió la libertad condicional tras el insólito episodio. La Justicia le impuso severas restricciones y el club evalúa rescindirle el contrato.

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El futbolista de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Emiliano Endrizzi, fue liberado este lunes tras haber sido detenido el fin de semana por gritar la palabra «bomba» a bordo de un avión comercial. Si bien recuperó su libertad, la Justicia lo imputó formalmente por el delito de «intimidación pública y atentado contra la seguridad de medios de transporte y comunicación».

 

El juez federal de Garantías N°1, Eduardo Hansen, rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscalía y dispuso la libertad provisoria del jugador, aunque le impuso estrictas restricciones: deberá presentarse cada siete días ante la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y tendrá terminantemente prohibido salir del país sin autorización judicial.

 

 

El riesgo de fuga y su futuro en el club

Durante la audiencia, el fiscal federal Sebastián Jure había solicitado que el deportista continuara tras las rejas, argumentando la gravedad del hecho y un posible riesgo de fuga, dado que Endrizzi no es oriundo de la provincia y reside en una vivienda alquilada. A este complejo panorama judicial se le suma una fuerte incertidumbre laboral: la dirigencia del «Lobo» jujeño anunció que evalúa rescindirle el contrato tras el escándalo.

 

 

Por su parte, la defensa técnica del jugador, encabezada por el abogado Sebastián Alsina, minimizó el hecho asegurando que todo se trató de un “comentario desafortunado” emitido en medio de una charla informal. Para acreditar el arraigo de su defendido y evitar la prisión preventiva, el letrado presentó constancias escolares de los hijos del deportista y demostró que la familia reside en Jujuy desde hace tres años.

 

 

Al fundamentar su fallo, el juez Hansen reconoció la gravedad del episodio, pero optó por una solución intermedia. No obstante, dejó una dura advertencia sobre el enorme costo y desgaste de recursos que estas «bromas» le generan al Estado: “Estas bromas graciosas o comentarios desafortunados provocan temor generalizado y deben ser tratadas con severidad”, sentenció el magistrado.

 

 

Crónica de un vuelo de terror

El insólito incidente que derivó en la detención del lateral izquierdo ocurrió el último sábado, cuando el plantel completo de Gimnasia de Jujuy se encontraba a bordo del vuelo FO 5181, listo para despegar hacia la Ciudad de Buenos Aires.

En ese momento, desde su butaca 16C, Endrizzi señaló a otro pasajero y lanzó en voz alta: “Él lleva una bomba”.

La frase, que luego se comprobó que era una falsa alarma, generó un clima de terror inmediato y obligó a la tripulación a activar el protocolo de emergencia. El avión fue trasladado hacia una zona aislada a 500 metros de la terminal y se procedió a la evacuación total de los pasajeros.

Durante más de tres horas, el aeropuerto quedó virtualmente paralizado mientras se desplegaba un megaoperativo que incluyó la conformación de un comité de crisis. Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la División de Explosivos revisaron minuciosamente la aeronave y los equipajes con trajes especiales. Finalmente, se descartó la presencia de cualquier artefacto peligroso y se desactivó la alarma.

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Agente penitenciario de 28 años murió luego de chocar un montículo de ripio en una ruta sin iluminación

La víctima fue identificada como Julio Matías Salazar, de 28 años, quien se desempeñaba como agente del servicio penitenciario

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Un trágico siniestro vial se registró durante la madrugada de este domingo en la Ruta Provincial 323, a la altura del puente sobre el río Salí, en jurisdicción de la Comisaría de Río Colorado, donde un motociclista perdió la vida en el acto.

La víctima fue identificada como Julio Matías Salazar, de 28 años, quien se desempeñaba como agente del servicio penitenciario y tenía domicilio en el paraje Ampata – Atahona.
De acuerdo a la información oficial, el joven circulaba en una motocicleta de 200cc en sentido oeste-este cuando, por causas que aún se investigan, impactó contra un montículo de ripio colocado para impedir el paso hacia el antiguo puente carretero, actualmente clausurado.

En el lugar se encuentran carteles con la advertencia “No avanzar, puente clausurado”, mientras que en paralelo existe un paso habilitado para la circulación vehicular. Sin embargo, según consta en el informe policial, el sector carece de iluminación, lo que podría haber influido en la mecánica del hecho.

Personal del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) arribó al sitio en la unidad correspondiente y constató que el motociclista ya no presentaba signos vitales.

La intervención quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios N° 2 del Centro Judicial Concepción, bajo la órbita de la fiscal Lucrecia Lugones, quien dispuso la actuación de Criminalística para realizar las pericias correspondientes y avanzar en la investigación del caso

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