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Policiales

Rechazaron nuevamente el cese de prisión preventiva para Justina Gordillo

La medida fue solicitada por la defensa técnica de la imputada. En tanto, el Ministerio Fiscal se opuso y sostuvo la vigencia de los riesgos procesales. La jueza resolvió mantener la detención.

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A solicitud de la defensa técnica, este miércoles 25 de marzo se llevó a cabo una audiencia en la que se solicitó el cese de la prisión preventiva o, de manera subsidiaria, el arresto domiciliario de Justina Gordillo (48), en el marco de la causa que investiga el crimen de Érika Antonella Álvarez (25), cuyo cuerpo fue hallado el pasado 8 de enero en un basural de la zona de Manantial Sur. La acusada se encuentra alojada en el penal de Delfín Gallo desde el 10 de febrero.

La investigación es llevada adelante por la Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo. A Gordillo se le atribuye provisoriamente el delito de encubrimiento por favorecimiento personal y real, triplemente agravado por ser el hecho precedente especialmente grave, por actuar con ánimo de lucro y por ser funcionaria pública. En la causa también se encuentran privados de su libertad Felipe Sosa (50), Nicolás Augusto Navarro Flores (37) y Jorge Orlando Díaz (40).

Durante la audiencia, la auxiliar de fiscal Carolina Brito se opuso al planteo de la defensa al sostener que los riesgos procesales “no solo se encuentran vigentes, sino que se van acrecentando”.

En ese sentido, explicó que el delito de encubrimiento implica el ocultamiento, alteración o desaparición de rastros o evidencias vinculadas al hecho principal, por lo que consideró razonable suponer que, de recuperar la libertad o acceder a una medida menos gravosa, la imputada podría incurrir en conductas tendientes a obstaculizar la investigación. Por ello, solicitó el rechazo del pedido. A su turno, la querella adhirió a los argumentos expuestos por el Ministerio Fiscal.

En ese contexto, se destacó que no es la primera vez que la defensa solicita la revisión de la medida de coerción, ya que hace tres semanas otro magistrado había rechazado un planteo similar, manteniéndose desde entonces la prisión preventiva de la imputada.

Finalmente, la jueza interviniente, Isolina Apás Pérez de Nucci, resolvió no hacer lugar al planteo de la defensa. Al fundamentar su decisión, destacó la gravedad del caso. “Este es un hecho sensible. Es un hecho de femicidio, la calificación penal más grave, sancionada con una pena perpetua. Por supuesto, esa pena no incide en quien encubre, pero sí en la valoración de la conducta. No es un encubrimiento con una actividad pasiva. Acá hay una participación activa de encubrimiento”, consideró la magistrada.

La teoría del caso

Tras el homicidio de Érika Álvarez ocurrido en la madrugada del 7 de enero de 2026, la Fiscalía sostiene que Justina Gordillo se presentó en distintas oportunidades en el domicilio de su pareja, el imputado Felipe Sosa, en Yerba Buena, permaneciendo allí por varias horas entre ese día y el 8 de enero.

Según la acusación, habría colaborado en el ocultamiento del cuerpo de la víctima, de la camioneta utilizada en el hecho y en la desaparición de otros elementos de prueba, además de asistir en la fuga de Sosa hacia la provincia de Buenos Aires.

Asimismo, se le atribuye haber actuado con un fin de beneficio patrimonial, concretando la compra de una motocicleta a su nombre y recibiendo, ese mismo día, poderes para realizar diversas operaciones bancarias y administrativas sobre empresas vinculadas al acusado.

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Rescataron a a nueve hermanos abusados, desnutridos y torturados por su propia familia

Los aberrantes hechos ocurrieron en Santiago del Estero. Los delitos incluyen acceso carnal, agresiones físicas y explotación. Entre las víctimas hay personas con discapacidad y menores con bajo peso. La Justicia detuvo a tres sospechosos tras un dramático megaoperativo.

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Cuando los policías ingresaron a la vivienda, el panorama fue devastador. Hallaron a una persona con discapacidad atada a una cama, revelando el calvario de una familia donde nueve de trece hermanos vivían en condiciones deplorables. Las autoridades confirmaron que las víctimas sufrieron abuso sexual, severa desnutrición, hacinamiento y extrema violencia física.

 

 

El tétrico escenario fue descubierto durante una serie de allanamientos ordenados por el juez de Control y Garantías, Sergio Guillet. El operativo policial se llevó a cabo en una precaria vivienda del paraje El Cruce, en el departamento Figueroa, y culminó con la detención de tres personas: una pareja y uno de sus yernos.

 

 

El rescate fue comandado por las fiscales Yésica Lucas y Vanina Aguilera, con la ejecución directa de la División Trata de Personas de la Policía provincial, en conjunto con la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) y la Secretaría de Trabajo.

Una denuncia que rompió el pacto de silencio

La investigación comenzó en abril gracias a la alerta de organizaciones civiles como Caring For Children y Madres Víctimas de Trata. Aunque las rarezas de la familia eran un secreto a voces entre los vecinos, el hermetismo y el miedo al clásico «no te metás» mantenían la impunidad. Durante el procedimiento, los funcionarios rescataron a menores que pesaban apenas 30 kilos, dejando en evidencia un estado de vulnerabilidad extrema.

La Fiscalía formuló cargos gravísimos, que incluyen corrupción de menores, abandono de persona y lesiones agravadas por el vínculo. Según los primeros testimonios recabados, las jóvenes de la familia eran entregadas a terceros a cambio de dinero o bebidas alcohólicas. Además, un sistema de terror intrafamiliar garantizaba el silencio absoluto de los menores, quienes vivían tan sometidos que debían pedir permiso con la mirada a los adultos antes de atreverse a responder una pregunta de los oficiales.

El calvario de las víctimas y las condiciones del encierro

Las edades y condiciones de los nueve hermanos rescatados reflejan la magnitud de este oscuro drama familiar. Entre ellos se encuentran tres adultos jóvenes de entre 25 y 28 años con discapacidades motrices y mentales. El ensañamiento era tal que uno de ellos, de 26 años, que padece ceguera y retraso madurativo, recibía feroces golpizas en todo el cuerpo. Los agresores, incluso, llegaron a grabar las humillaciones con sus teléfonos celulares por diversión.

El nivel de perversidad de los captores también se reflejaba en los detalles de la vivienda. Mientras los menores dormían en camas «peladas», soportando el frío con apenas una sábana y tras haber sido obligados a abandonar la escuela, los efectivos descubrieron una habitación cerrada con candado que guardaba en su interior colchones completamente nuevos sin estrenar.

Desde el momento del rescate, un equipo interdisciplinario compuesto por médicos, psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales asiste a todos los hermanos, de los cuales dos debieron ser internados. La Justicia ya puso en marcha los mecanismos de contención para intentar reparar años de tormento, mientras avanza con todo el peso de la ley contra los detenidos.

(Fuente: El Liberal)

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Un trabajador de la empresa 9 de Julio murió tras ser aplastado por el camión recolector

El operario de 36 años, falleció luego de caer de la parte trasera del vehículo de residuos mientras realizaba maniobras de retroceso.

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Este jueves, alrededor de las 7.30, un operario de la empresa de recolección de residuos 9 de Julio, identificado como Martín C. (36), perdió la vida tras un inusual accidente en la intersección de calles Matheu y Próspero Mena, en el Barrio Victoria.

Al parecer, el conductor del vehículo realizaba una maniobra de retroceso y no habría advertido la caída de su compañero, pasándole por encima las ruedas del pesado vehiculo. «El chofer no lo vio cuando cayó«, relataron testigos directos del hecho, quienes aún no salen del asombro por la violencia del siniestro.

 

 

A pesar de que versiones iniciales de los vecinos indicaban que el joven se encontraba consciente al momento de ser asistido por el personal del 107, el informe médico oficial del Hospital Padilla reveló un cuadro irreversible al momento de su arribo.

 

Ana María Costas, coordinadora de la Guardia del nosocomio, al brindar detalles técnicos del ingreso indicó que «el paciente ingresó a las 8.07, con paro cardiorrespiratorio. Se iniciaron todas las maniobras de resucitación, tanto en la ambulancia como en el hospital, sin resultado alguno».

 

 

La profesional detalló que el cuerpo presentaba lesiones devastadoras: politraumatismo grave, con un traumatismo encéfalocraneano (TEC) severo y un traumatismo de tórax cerrado. Las heridas habrían sido fatales de forma casi inmediata, determinándose su óbito minutos después del ingreso.

 

Los testimonios recogidos en el lugar coinciden en una secuencia desgarradora. El operario se encontraba trabajando en la parte trasera del camión cuando, por razones que se investigan, habría caído del estribo.

Al parecer, el conductor del vehículo realizaba una maniobra de retroceso y no habría advertido la caída de su compañero, terminando por pasarle por encima. «El chofer no lo vio cuando caía», relataron testigos directos del hecho, quienes aún no salen del asombro por la violencia del siniestro.

La zona del accidente permanecía resguardada para las pericias técnicas, mientras se aguarda que la empresa emita un comunicado tras la pérdida de uno de sus trabajadores más jóvenes en cumplimiento de su deber. /Con información de Los Primeros/

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Crimen de Paulina Lebbos: César Soto y Sergio Kaleñuk fueron absueltos

El Tribunal de la Sala III, compuesto por los jueces Fabián Fradejas, Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica, dictaron sentencia en el debate oral.

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Este miércoles, en el marco del juicio por el crimen de Paulina Lebbos, el Tribunal de la Sala III, integrado por los jueces Fabián Fradejas, Gustavo Romagnoli y Luis Morales Lezica, dictó sentencia en el debate oral en el edificio de calle España al 400

Los jueces decidieron absolver a Sergio Hernán Kaleñuk como autor del delito de encubrimiento agravado. Y también resolvieron absolver a Víctor César Soto como autor del delito de homicidio agravado por alevosía en perjuicio de Paulina Alejandra Lebbos.

La causa comenzó con la desaparición de Paulina tras salir de un boliche en el Abasto aquella madrugada del 26 de febrero de 2006 y el posterior hallazgo de su cadáver en Tapia el 11 de marzo.

El debate oral expuso a 41 testigos y pericias que intentaron reconstruir lo ocurrido en el domicilio de calle Estados Unidos al 1.200, donde la fiscalía sostiene que Soto ejecutó el crimen con alevosía, aprovechando su perfil violento y el terror que le inspiraba a la víctima.

Crimen de Paulina Lebbos_ César Soto y Sergio Kaleñuk fueron absueltos

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