Granja Tres Arroyos, avícola en crisis que supo liderar el mercado pero que ahora atraviesa una fuerte crisis financiera y productiva, despidió entre este miércoles y el jueves a 1.000 empleados de tres plantas ubicadas en la provincia de Buenos Aires. La noticia fue confirmada a Clarín por directivos de la empresa.

Por su parte, fuentes del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación de Buenos Aires (STIA) realizaron el relevamiento de telegramas – que todavía continúa – y los presentaron ante el Ministerio de Trabajo de Buenos Aires.

Según puntualizaron desde el gremio, 500 corresponden a la planta de Capitán Sarmiento, poco menos de 450 a la planta WADE 2 (ex Cresta Roja) en El Jagüel, Esteban Echeverría; y 50 en la planta de Pinazo, en Pilar.

Fuentes de la cartera laboral ratificaron que estas fueron las presentaciones que realizó el STIA en el Ministerio.

Este viernes se llevará a cabo una audiencia en La Plata entre el sindicato, la empresa y autoridades de la cartera laboral para buscar una solución al conflicto.

Los argumentos esgrimidos por la empresa en esta nueva ola de desvinculaciones son los mismos que los que se utilizaron cuando se llevaron a cabo los despidos en la planta de Concepción del Uruguay a principios de agosto.

Entre las “circunstancias extraordinarias”, la empresa nombra la gripe aviar y el consecuente cierre de exportaciones, una sobreoferta en el mercado interno, caída del precio de comercialización y suba de costos, que derivaron “en un profundo deterioro de la situación económica, financiera y productiva de la empresa”.

A esto se sumaron “sucesivas contingencias operativas y conflictos colectivos que afectaron el normal desarrollo de la actividad, profundizando la disminución de la producción y de los niveles de faena, con el consecuente agravamiento del desequilibrio  económico existente”.

La empresa sostuvo que intentó tomar medidas para “preservar la continuidad de la explotación y la mayor cantidad de fuentes de trabajo”, pero que las mismas “resultaron insuficientes, tornando indispensable la reestructuración parcial de su organización y la adecuación de su dotación de personal”.

Granja Tres Arroyos fue fundada formalmente en 1965, aunque su historia se remonta a 1930, cuando el inmigrante italiano, Gaspar de Grazia y su hermano, vendían pollos vivos en el barrio porteño de Caballito.

La firma llegó a procesar 760.000 pollos por día en Argentina, 40.000 en Uruguay, emplear 6.500 personas distribuidas en 8 plantas y ser líder indiscutido del mercado.

Pero a pesar de que hoy el sector avícola vive un buen momento, con récord de consumo de carne de pollo y huevos y un crecimiento sostenido en la producción, la irrupción de la gripe aviar y el cierre de las exportaciones, especialmente a China, golpearon de lleno a la firma, que ya atravesó un proceso preventivo de crisis, pedidos de quiebra, embargos y una deuda que alcanza los US$ 360 millones.

Según comentaron desde el sector, fueron los sucesivos brotes de influenza aviar que se dieron en el país desde 2023, los que impactaron en el equilibrio de la empresa. «El cierre de exportaciones a China los golpeó mucho. Ellos habían apostado a eso», comentó una fuente del mercado.

«Cuando sucede eso, hay que acordarse que Granja Tres Arroyos tenía un par de empresas recuperadas, como AVEX en Río Cuarto y la ex Cresta Roja, que tenían muchísimas deudas y no pudieron afrontarlas. Acumularon atrasos con los proveedores, perdieron la red de abastecimiento, cayó mucho la capacidad instalada, le subieron los costos… Se hicieron pomada», resumió un experto en el tema.

Hoy casi todas sus plantas tienen problemas: están cerradas (La China, de Concepción del Uruguay); paralizadas (Capitán Sarmiento); o funcionando a media máquina (Ezeiza), con su personal despedidos, suspendido o con vacaciones forzadas.

Reclamo a Granja Tres Arroyos

Por otro lado, la intendenta de Capitán Sarmiento, Fernanda Astorino, envió una carta pública al CEO de Granja Tres Arroyos, Joaquín de Grazia, pidiendo explicaciones por “los telegramas que comenzaron a recibir trabajadores y la situación de profunda incertidumbre que esto genera en numerosas familias de nuestra ciudad”.

“Como Intendente, no puedo permanecer indiferente frente a una decisión que afecta de manera directa a tantos vecinos de Capitán Sarmiento. Ante la gravedad de esta situación, exijo la participación activa de Granja Tres Arroyos, junto con el Ministerio de Trabajo, en una mesa de diálogo y concertación, con el propósito de conocer de primera mano el estado real de la situación y coordinar acciones inmediatas que protejan las fuentes de empleo de nuestros vecinos”, indicó Astorino en la misiva.

La jefa comunal sostuvo que la firma “conoce perfectamente la importancia que tiene su actividad para Capitán Sarmiento y la cantidad de familias que dependen de estos puestos de trabajo. Por eso resulta difícil comprender que se haya avanzado de esta manera, sin contemplar adecuadamente las consecuencias para quienes durante años formaron parte de la empresa”

“Por todo ello, solicito que brinde explicaciones claras respecto de la decisión adoptada, las circunstancias que llevaron al envío de estos telegramas y, fundamentalmente, cuáles serán las respuestas concretas de la empresa frente a las obligaciones que aún mantiene con sus trabajadores. Espero una respuesta clara y urgente”, concluyó. / Clarín

El Senado dio un paso clave para modificar el régimen de biocombustibles. Con respaldo de distintos bloques y de las provincias, el proyecto que reforma la Ley 27.640 obtuvo dictamen y quedó en condiciones de ser tratado en el recinto durante este mes.

La iniciativa, impulsada por La Libertad Avanza, incorporó modificaciones planteadas por representantes de provincias productoras como Jujuy, Salta y Tucumán. Uno de los principales cambios establece que el corte obligatorio de bioetanol pasará del 12% al 15%.

Dentro de ese porcentaje, el proyecto contempla un esquema de distribución: 6% para el bioetanol de caña, 6% para el de maíz y el 3% restante quedará sujeto a competencia.

Además, se establece que ninguna empresa podrá concentrar más del 20% del mercado, con el objetivo de garantizar condiciones de participación.

El biodiésel, el punto de mayor conflicto

La discusión más compleja estuvo vinculada al biodiésel, debido a las diferencias entre las grandes empresas integradas y las pymes industriales del sector.

Finalmente, el proyecto propone elevar el corte del 5% al 10% y dividir el mercado entre compañías integradas y no integradas.

Las empresas no integradas tendrán un cupo del 5% del mercado total, mientras que hasta 2036 se establece un cupo del 3% para ese segmento. Además, ninguna compañía podrá superar el 10% de participación.

Ese punto todavía genera resistencia entre algunos sectores provinciales, que consideran insuficiente el espacio otorgado a las pymes.

“Ya nos estiramos lo suficiente para alcanzar consenso”, planteó un senador de La Libertad Avanza, mientras que Flavia Royón reconoció que el texto todavía podría sufrir modificaciones cuando llegue al recinto.

Cambios en precios y posibilidad de ampliar los cortes

El proyecto también elimina para ambos sectores el precio máximo y establece como referencia el valor exportable.

A su vez, delimita las situaciones en las que podrán ampliarse los porcentajes de corte y habilita a las provincias a incrementar esos niveles.

“Nadie terminó contento del todo con la redacción que quedó, así que debe ser una buena ley”, sostuvo una de las representantes provinciales que participó de las negociaciones.

La misma dirigente consideró que el debate en comisiones ya está agotado y reclamó que la iniciativa sea aprobada en la próxima sesión.

Las pymes reclaman mayor participación

El sector que todavía mantiene reparos es el de las pymes productoras de biodiésel, concentradas principalmente en San Luis, La Pampa, Buenos Aires y Entre Ríos.

El senador puntano Fernando Salino presentó un dictamen de minoría para incorporar ese reclamo y cuestionó que el esquema se divida entre empresas integradas y no integradas.

“Necesitamos una mirada que contemple las regiones y no que contemple empresas integradas o no integradas”, sostuvo.

Sin embargo, aclaró que el bloque acompañaría el aumento de los cortes.

“Cualquier voluntad que haya en elevar el corte nos parece adecuada y la vamos a acompañar”, afirmó.

Con el dictamen aprobado, el próximo paso será llevar la iniciativa al recinto. El oficialismo buscará convertir en ley una reforma que eleva el uso obligatorio de biocombustibles y redefine la participación de los distintos actores de la cadena, en medio de una negociación que todavía no está completamente cerrada.

La Legislatura de Tucumán, representada por su presidente,  Miguel Ángel Acevedo, y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), a través del director del Centro Regional Tucumán-Santiago del Estero, Ing. Luis Erazzú, firmaron este jueves una Carta de Intención destinada a fortalecer la cooperación institucional entre ambos organismos.

El acuerdo establece un marco para profundizar acciones conjuntas vinculadas a la ciencia, la tecnología, la producción y el sistema agroindustrial, promoviendo el intercambio de conocimientos, capacidades técnicas y recursos humanos, con el objetivo de contribuir al desarrollo de las distintas actividades productivas de la provincia.

Participaron también de la firma los legisladores Leopoldo Rodríguez, presidente de la Comisión de Economía y Producción, y Nancy Bulacio, integrante de ese espacio legislativo.

Tras la firma, el vicegobernador Miguel Acevedo destacó la decisión de la Cámara de acompañar a organismos nacionales que cumplen un rol estratégico para la provincia. “Desde el inicio de nuestra gestión en la Legislatura hemos apoyado y estado a la par de organismos nacionales, como el INTI la semana pasada y el INTA en esta oportunidad, con el que celebramos un convenio de colaboración mutua. Son organismos que aportan de manera muy importante al desarrollo y a la productividad de Tucumán”, sostuvo.

En ese sentido, Acevedo remarcó la importancia de respaldar el trabajo que estas instituciones realizan en un contexto de restricciones presupuestarias a nivel nacional. “Queremos estar a la par, colaborando y coordinando el accionar, de manera desinteresada para la Legislatura, pero con un interés muy particular para Tucumán”, expresó.

Asimismo, puso en valor la presencia territorial del INTA y su vinculación con diferentes sectores productivos de la provincia. “Tenemos con el INTA desarrollo y vínculos de producción en nuestros valles, en La Cocha, en Trancas y en distintos puntos. Lo que queremos es fortalecer ese vínculo y aportar desde la Legislatura los elementos necesarios, en beneficio de Tucumán, de los tucumanos y tucumanas. El trabajo que realiza el INTA en territorio fortalece la producción y genera desarrollo para Tucumán, y ahí vamos a estar presentes desde la Legislatura”, afirmó.

Por su parte, el legislador Leopoldo Rodríguez señaló que la firma permite institucionalizar una articulación que ya se venía desarrollando con el organismo. “El INTA es un gran soporte para la Comisión y una institución de consulta que nos brinda información sobre las actividades productivas de la provincia, desde las más importantes hasta las más pequeñas. Eso nos sirve para discutir, debatir y analizar proyectos”, explicó.

Rodríguez agregó que “esta firma le da un marco institucional al trabajo que ya venimos realizando” y destacó el reconocimiento de la Cámara a las capacidades científicas y tecnológicas del organismo. “Es importante el mensaje que da la Legislatura, a través de nuestro vicegobernador y presidente, Miguel Acevedo, al reconocer el trabajo de una institución tan importante para la actividad productiva. Tienen capacidades de investigación y desarrollan tecnología para las distintas actividades que hoy existen en la provincia y también para otras nuevas que pueden desarrollarse. Tienen una mirada hacia el futuro”, manifestó.

Finalmente, el director del Centro Regional Tucumán-Santiago del Estero del INTA, Luis Erazzú, calificó el acuerdo como un paso de gran trascendencia institucional. “A este convenio que estamos firmando con la Legislatura le damos una enorme trascendencia y una gran importancia para nuestra institución. Representa un momento de inflexión para el INTA porque visibiliza el trabajo que ya venimos realizando en la provincia y nos impulsa hacia una mayor cooperación y una mayor alianza”, expresó.

Erazzú explicó que la formalización del vínculo permitirá poner a disposición del sector productivo las capacidades científicas y tecnológicas desarrolladas por el organismo. “Esta formalización pone en juego toda la capacidad que tiene el INTA para brindar conocimiento y llevar al campo y a nuestro sector productivo las innovaciones que estamos realizando en nuestros laboratorios y campos experimentales, para que se traduzcan en una innovación real y en un impacto positivo para el sector productivo, generando mayores ingresos”, indicó.

Además, destacó la posibilidad de extender esas capacidades a las distintas regiones y producciones de Tucumán. “Es fundamental este reconocimiento a las capacidades científico-tecnológicas volcadas al sector productivo agropecuario de Tucumán. Es necesario realizar experimentaciones, adaptar las diferentes variedades y trabajar sobre los manejos sanitarios adecuados, generando conocimiento in situ para trasladarlo a nuestro territorio”, concluyó.