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Profanaron la tumba del líder de una pandilla de Aguilares y acusan a sus rivales

El martes hubo enfrentamientos entre pandillas y el miércoles a la madrugada fue el saqueo en el cementerio. El ataque se enmarca en las rencillas entre grupos de los barrios Independencia y Villanueva de Aguilares

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Un tenso clima de violencia se volvió a instalar en Aguilares, a partir de los últimos choques y provocaciones que protagonizaron pandillas de distintos barrios de Aguilares. Los episodios estarían vinculados con viejas rencillas vecinales generadas por distintas razones. La policía no descarta que entre estas prevalezcan pujas relacionadas con el negocio del narcomenudeo.

Lo cierto es que los choques de barras cargan en los últimos ocho años el saldo de 10 muertos. Uno de los hechos más indignantes, que enfrentan a barras de los barrios Independencia y Villanueva, se desencadenó en la madrugada del miércoles. Desconocidos del primero de los complejos habitacionales profanaron en el cementerio municipal el féretro en donde descansan los restos de Alexis“Bolero” Emanuel Gómez (20 años), de la Villanueva. El joven resultó asesinado a balazos en marzo del año pasado en esa ciudad.

El martes, en el marco de este clima de violencia, en el barrio Roca se enfrentaron a tiros pandillas de ese lugar con las del Independencia. No hubo víctimas. Ambos hechos no tuvieron ninguna relación, según la policía.

La profanación última fue la más audaz de las anteriores tres que ya se habían perpetrado en el monumento de los Gómez. “Lo que hicieron no tiene nombre y es propio de gente cargada de odio. Violentaron el monumento de la familia, abrieron el cajón de mi hijo, le arrancaron una medalla de oro y se llevaron hasta la gorra del Deportivo que le habíamos puesto. Sabemos quiénes son porque dejaron mensajes”, dijo Mabel Uñate, madre del difunto. Una de las inscripciones dejadas en la pared del mausoleo reza: “el barrio Independencia manda”.

Por el crimen de Alexis se encuentra detenido Eduardo Ariel “Kelo” Delgado, señalado por testigos como el autor del disparo que terminó con la vida de Alexis Gómez.

El acusado era hermano de Ronaldo Ramón Delgado (24 años), muerto en 2013 al caer de su motocicleta tras ser apedreado cuando circulaba por una calle próxima al club Deportivo Aguilares. “Bolero” habría sido individualizado por los parientes de Delgado como uno de los hombres que habría lanzado piedras a Delgado cuando circulaba en su rodado. De ahí que el crimen de Gómez fue asumido como el producto de una venganza.

Posición familiar

“Mi hijo no lo mató. Fue él quien lo atacó a balazos cuando iba a alta velocidad con su moto. En esa circunstancia se cayó muy mal al pavimento “, explicó Mabel.

El rencor que desencadenó el hecho entre sus parientes y vecinos no quedó saldado con la muerte de Alexis. Su padre, Manuel Gómez, aseguró que los Delgado pretenderían ahora quemar el cuerpo de su hijo, hacerlo desaparecer. Es lo que se encargaron de hacer trascender en la ciudad.

“Esto es algo de locos, de un enfermo. Es una provocación, pero no vamos a seguirle el juego. Dejaremos que sea la Justicia la que se encargue de ellos”, advirtió el hombre. “Nos reabren una herida muy profunda. Fui al cementerio para darme con el cajón abierto de mi hijo y verlo en estado de descomposición. Me shockeó”, añadió.

Mabel, empleada municipal, insistió en aclarar que lo sucedido no tiene nada que ver con pujas de bandas vinculadas con el narcomenudeo. “Esto, más bien, tiene que ver con una cuestión de viejas rencillas de barrios en la que nosotros caímos sin tener nada que ver. Y esas diferencias aparecen hasta en los partidos de fútbol, donde se lanzan cánticos contra mi hijo muerto y el barrio”, explicó. “No vamos a ponernos a la altura de esa gente. Es que no queremos más violencia. No quiero perder otro hijo. Que actúe la Justicia”, insistió la mujer.

Los procedimientos

El segundo jefe de la Regional Sur, comisario principal Pedro Gómez, aseguró que la profanación no está vinculada con la balacera que protagonizaron el martes pandillas de los barrios Roca e Independencia. “Aunque no hubo víctimas ni se realizaron denuncias, los operativos de seguridad que se practican aquí tienen que ver con todo lo sucedido”, aclaró.

El fiscal Edgardo Sánchez, de los tribunales de Concepción, solicitó ayer distintas medidas con el fin de dar con los autores de la profanación y los elementos sustraídos. Un día antes había ordenado la instrumentación de un amplio operativo de prevención general en toda la ciudad de Aguilares.

Según Sánchez, esta medida también tuvo que ver con el cruce de amenazas y provocaciones que se agitaron a través de las redes sociales el martes.

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Avanza la investigación por el secuestro de 470 kilos de droga: detuvieron a un excandidato a concejal

El sospechoso, según confiaron fuentes judiciales y policiales, tenía una verdulería y había sido candidato a concejal de esa localidad.

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Con la detención de un habitante de Famaillá, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz avanza con la investigación del secuestro de 470 kilos de cocaína registrado el viernes pasado en el sureste tucumano. El sospechoso, según confiaron fuentes judiciales y policiales, tenía una verdulería y había sido candidato a concejal de esa localidad por el peronismo.

El viernes a la madrugada, personal de Gendarmería Nacional que realizaba tareas de control en la ruta 157, a la altura de Río Seco, detuvo una camioneta Toyota Hilux. Los gendarmes notaron que el conductor, al exigirle que se identificara y que mostrara la documentación del vehículo, se puso nervioso, por lo que decidieron revisar lo que llevaba en la caja.

Los uniformados corrieron la lona protectora y descubrieron que transportaba 15 bultos y dos bidones con combustible. Al abrir las bolsas de color verde, encontraron 449 ladrillos forrados con papel amarillo ocre que arrojaron un peso de 470 kilos de cocaína. La droga tenía el sello del delfín. El conductor, identificado como Marcos Martín Nacif (62), quedó detenido.

Primeros pasos

Desde ese día, Vehils Ruiz comenzó a indagar sobre el origen de esta carga -la segunda más importante en la historia del narcotráfico de Tucumán-, cuál era su destino y quiénes podrían haber estado detrás de esta operación.

Uno de los primeros detalles que surgió en la pesquisa es que el detenido, a pesar de que su apellido aparece escrito de manera distinta, sería pariente de Jorge “Pelaín” Nassif, un hombre que se encuentra detenido acusado de ser proveedor de droga de redes de narcomenudeo en el sur de la provincia y en Santiago del Estero.

Nacif es conocido en Famaillá por ser un empresario vinculado al transporte de pasajeros. No tiene antecedentes y tampoco actividad política conocida. Es la cabeza de una familia reconocida en esa ciudad y sus hijos son profesionales, por lo que causó sorpresa que haya quedado involucrado en el transporte de semejante cantidad de droga.

Sus allegados le dijeron que la camioneta en la que se movilizaba no era de su propiedad y que posiblemente haya sido contratado para realizar un traslado de mercadería. “Él conoce como nadie los caminos y las rutas de la zona”, sostuvo un vecino que, por cuestiones de seguridad, pidió que su nombre se mantuviera en reserva.

Los investigadores lograron averiguar quién podría haber sido la persona que lo contrató. Con esa información, personal de la comisaría de Famaillá, por orden de la Justicia Federal, detuvo a Rodrigo Cristian Chávez (47). En la llamada “capital de la empanada”, su arresto generó revuelo, pero no sorpresa. Todos los consultados dijeron que, de la noche a la mañana, inauguró una de las mayores verdulerías del municipio, que tiene la particularidad de estar abierta las 24 horas.

Además, en las últimas elecciones, ocupó el primer lugar en una lista del peronismo, pero opositora al “orellanismo”. “En Famaillá todos saltan de un lado a otro, según la conveniencia del momento”, sostuvo Mariano Ramírez.

Chávez fue dirigente de los hermanos Orellana y, entre 2015 y 2024, fue empleado municipal, o por lo menos eso surge al analizar sus antecedentes laborales. Las razones por las cuales dejó de ocupar ese cargo, por ahora, son todo un misterio. “Aquí todos pensaron que su negocio lo había hecho con la política, pero ahora parece que hay otras cosas”, añadió el hombre entrevistado.

Las autoridades están ahora tras los pasos de los posibles socios de Chávez. Según trascendió, están investigando a otro comerciante oriundo de esa ciudad que, según las primeras versiones, estaría vinculado a Nassif, el hombre que está detenido acusado de ser proveedor de sustancias.

También estaría en el radar de los pesquisas el supuesto titular de la camioneta. El hombre en cuestión viviría en Lomas de Tafí y también habría tenido aspiraciones políticas en el municipio donde reside.

El caso se registró en un contexto particular. No sólo porque Famaillá volvió a quedar en la mira de una investigación narco, sino porque, al día siguiente del secuestro récord, una joven fue hallada sin vida en un domicilio del barrio Nueva Baviera. Se investiga si la chica murió por una sobredosis de drogas durante una fiesta.

“Mientras nuestros jóvenes se mueren por consumir esa porquería, nuestra querida ciudad quedó otra vez expuesta por quienes se llenan de oro vendiéndola. Les imploro a las autoridades que hagan algo”, señaló una vecina de Famaillá.

Su reclamo resume el sentimiento que se instaló en la ciudad después del secuestro de los 470 kilos de cocaína y de la muerte de una joven en circunstancias que aún son investigadas. / La Gaceta

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Pedirán una pena de seis años y medio de prisión para el hijo del Mono Ale por el tiroteo en una fiesta electrónica

El fiscal Mariano Fernández acusó a Facundo Ale por portación ilegal de arma de guerra y abuso de arma de fuego

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La causa contra Juan Facundo Ale, Jorge González Anaya y Juan Nicolás Vargas continúa avanzando y, si no surge ningún inconveniente legal, los tres serán enjuiciados después de la feria judicial de julio por el tiroteo registrado el 21 de septiembre del año pasado en el salón La Foresta.

El fiscal Mariano Fernández acusó a González Anaya y a Vargas por portación ilegal de armas de guerra y anticipó que solicitará para ambos una pena de cuatro años y medio de prisión. A Ale le atribuyó los delitos de portación ilegal de arma de guerra y abuso de arma de fuego, por lo que pedirá una condena de seis años y medio de prisión.

Según la acusación, durante la madrugada del 21 de septiembre se realizó una fiesta en La Foresta que se extendió hasta el mediodía. En el lugar se encontraban González Anaya y Vargas, quienes portaban armas de guerra sin autorización legal. Cerca de las 12, Ale llegó a bordo de un VW Passat, descendió del vehículo y comenzó a disparar contra ambos. González Anaya terminó herido en una pierna y Vargas respondió al ataque junto con González Anaya desde el interior del predio. Ale tampoco contaba con autorización para portar armas.

“Se trata de un hecho de extrema gravedad que provoca conmoción no sólo entre las personas que se encontraban presentes, sino también en la sociedad”, sostuvo Fernández al fundamentar la elevación de la causa a juicio.

El fiscal agregó que se trató de “un caso de abuso y portación de armas” y señaló que la acción de Vargas, González Anaya y Ale se produjo “en el contexto de una fiesta electrónica en la que había numerosas personas”, lo que generó “una situación de riesgo evidente”.

Una de las pruebas consideradas más relevantes por la acusación es un informe elaborado por un especialista que, mediante un análisis comparativo de sonidos, concluyó que Facundo Ale habría utilizado un arma de alto calibre durante el enfrentamiento. El arma que habría usado nunca fue encontrada.

La investigación comenzó como una supuesta disputa por el control de la barra brava de San Martín, pero con el avance de la pesquisa surgieron indicios que apuntaban a un conflicto relacionado con el dominio territorial de actividades vinculadas al narcotráfico.

En el marco de la causa fueron detenidos Javier “Chuky” Casanova y Walter “Petiso David” Lobos. Casanova fue acusado inicialmente de haber participado en el tiroteo, pero luego fue sobreseído al comprobarse que no tuvo intervención en el hecho. Sin embargo, durante los allanamientos realizados en sus domicilios, las autoridades encontraron estupefacientes, por lo que ambos fueron procesados por la Justicia Federal y actualmente permanecen detenidos.

Tras el enfrentamiento, Ale huyó del lugar y no volvió a saberse de su automóvil. El vehículo reapareció cuando Mario Pasarín, condenado por tráfico de drogas, murió en un accidente de tránsito en la zona norte de la capital. Los investigadores sospechan que Ale se lo habría entregado para que lo ocultara.

A González Anaya le revocaron el arresto domiciliario cuando la Policía encontró tres kilos de marihuana en la vivienda donde cumplía la medida cautelar.

Los defensores de los acusados cuestionaron sin éxito los procedimientos policiales que derivaron en las detenciones. Lobos fue quien más objetó el accionar de los uniformados. Sus familiares incluso realizaron una manifestación para exigir su liberación, al sostener que la droga hallada en su domicilio había sido plantada por efectivos policiales. Semanas después de ser arrestado, fue procesado por lavado de activos.

Ale es quien enfrenta el escenario judicial más complejo. En abril del año pasado fue condenado a un año y medio de prisión de ejecución condicional por amenazas agravadas por el uso de arma de fuego, por lo que, en caso de una eventual condena, ambas penas podrían ser unificadas.

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Procesaron a los imputados por una mortal persecución en Colalao del Valle

La Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y la Integridad Física del Centro Judicial Monteros, formalizó la investigación en contra de los acusados.

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Una camioneta que era perseguida por personal de Gendarmería colisionó con otro vehículo con ocupantes. Dos hombres fallecieron en el acto y un tercero sufrió lesiones. En la camioneta que intentó evadir los controles se hallaron 457 kilos de hojas de coca. La Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y la Integridad Física del Centro Judicial Monteros, formalizó la investigación en contra de los imputados.

El caso es investigado por la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad y la Integridad Física del Centro Judicial Monteros, conducida por Gerardo Salas, quien fue representado por el auxiliar de fiscal César Larry, en la audiencia de control de las aprehensiones, formalización de la investigación y pedido de medidas de coerción por parte del Ministerio Fiscal.

En primer término, el representante del MPF solicitó que se declaren legales y legitimas las aprehensiones, detallado las circunstancias en las que se registraron las mismas. A continuación, la Fiscalía formuló cargos en contra de Julio Agustín Sosa, de 26 años, por los delitos calificados como desobediencia a la autoridad, en concurso real con homicidio culposo agravado por la conducción antirreglamentaria de un vehículo motor y agravado por haber ocasionado la muerte de más de una persona y lesiones culposas, en calidad de autor; en tanto, Jennifer Fernanda Mamaní, de 21 años, fue acusada como coautora del delito de desobediencia a la autoridad. Finalmente, la acusación pública solicitó respecto a Sosa la prisión preventiva por el plazo de un mes y para Mamani, medidas de menor intensidad. El juez interviniente resolvió hacer lugar a lo solicitado por parte del representante del Ministerio Fiscal.

El hecho

De acuerdo a la acusación, el 6 de junio pasado, a las 14:30 horas, en circunstancia que los acusados Sosa y Mamaní se desplazaban en una camioneta Ford Ranger por la ruta nacional 40, en jurisdicción de la localidad de Colalao del Valle, al advertir la presencia de un control vehicular afectada al Operativo Lapacho por parte de efectivos de Gendarmería Nacional, hicieron caso omiso a las claras señas de detención, decidiendo sustraerse deliberadamente al control de verificación por parte de las fuerzas de seguridad, continuando la marcha de vehículo y alejándose.

Asimismo, Sosa, para evadirse de Gendarmería, emprendió una conducción imprudente y temeraria circulando a elevada velocidad, manteniendo dicha conducta riesgosa para no ser identificado. En el marco de esa maniobra de fuga, al arribar a intersección de la ruta 40 con calle Ingeniero Orellana, realizó una maniobra abrupta invadiendo la línea de desplazamiento de una camioneta Chevrolet S10, provocando una colisión entre ambos rodados. Como consecuencia de su accionar se produjo el fallecimiento de Vidal Chauqui y de Jesús Horacio Cancino, y resultando lesionado Anacleto Suárez.

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