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Política

Organismos de DDHH se movilizaron en contra el Gobierno de Milei

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Organismos de derechos humanos y referentes políticos se movilizaron este jueves a la Plaza de Mayo contra el gobierno de Javier Mileique despidió trabajadores de los Espacios de Memoria y está realizando un ajuste en las políticas de búsqueda de personas apropiadas durante la última dictadura cívico militar. A las 15 convocaron Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S y otras organizaciones de DDHH y, tras este acto, Madres de Plaza de Mayo realizó su habitual ronda de los jueves y dio otro discurso.

Desde el escenario, la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, declaró: «Esto que estamos viendo hoy acá es un pueblo que no olvida. Un pueblo que tiene alma y corazón con el recuerdo, que dice ‘son 30.000 y falta encontrar a los que viven’, que son los nietos». Y añadió: «No solo a la juventud, al pueblo hay que animarlo. Todos podemos hacer algo, y estamos en momentos muy difíciles. Porque la violencia no tiene que existir, la resistencia sí. Y el amor por el otro, con más razón todavía. Y hoy estamos acá por que nuestro querido país, que está siendo desestimado, ofendido, por quien tendría que cuidarnos, va a salir de esta sombra más temprano que tarde».

A la Plaza asistieron, por ejemplo, el diputado nacional de Unión por la Patria (UP) Eduardo Valdés y la ex diputada del Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad (FIT-U) Myriam Bregman. «Siempre me van a encontrar junto a Abuelas de Plaza de Mayo. Por la continuidad de las políticas de memoria y en contra de los despidos. ¡Viva Estela! ¡Vivan las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo!», escribió Valdés en su cuenta de Twitter.

Bregman, por su parte, dio un discurso en la Plaza y en sus redes expresó: «Enorme ronda de las Madres en Plaza de Mayo, con Estela Carlotto, Adolfo Pérez Esquivel y enormes luchadores y luchadoras por los derechos humanos, reclamamos por la reincorporación de lxs despedidxs de los Sitios de Memoria y por la libertad de lxs detenidxs el 12 de junio. La memoria trae verdad, y la verdad trae justicia. Y este gobierno quiere desmantelar la memoria, por eso ataca a las y los trabajadores que ayudan día a día a reconstruirla. Es importante que las y los acompañemos».

Abuelas leyó un documento propio, que luego difundió por distintos canales. «Casi medio siglo atrás, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, con miedo y en soledad, empezamos a caminar en círculo alrededor de esa Pirámide. Lentamente, junto con la sociedad, entre todos aportamos a la construcción democrática, en paz, sin odio. Impulsando y exigiendo a cada gobierno políticas públicas que garantizaran Memoria, Verdad, Justicia y derechos para nuestro pueblo», comenzó.

Y siguió: «Por eso volvemos aquí, a nuestro lugar de protesta, donde nos ayudamos entre nosotras, con la lucha de casi 50 años a cuestas por nuestros desaparecidos, por nuestros bebés robados, con el corazón abierto, sin violencia, porque el Gobierno nacional está destruyendo todo lo que hemos construido para esta búsqueda. Las políticas de derechos humanos de la Argentina son admiradas por todo el mundo, que nos ve como un país que pudo acceder a la verdad con juicios ejemplares, con campos de concentración convertidos en Espacios para la Memoria, para educar a las nuevas generaciones en los valores democráticos y para que los crímenes atroces cometidos por el Estado terrorista no se repitan. Políticas para que no se roben bebés, para que se proteja a las infancias«.

Además, las Abuelas de Plaza de Mayo marcaron las distintas políticas referidas a la búsqueda de los hijos y nietos apropiados durante la dictadura que hubo en todos los gobiernos desde la vuelta de la democracia. «Ningún gobierno democrático, hasta hoy, puso en cuestión la búsqueda de niños y niñas desaparecidas», subrayaron y agregaron: «Somos Abuelas que salimos a reclamar por nuestros seres queridos y somos parte de una construcción colectiva. Sostenemos el reclamo de los que ya no están, y venimos a esta plaza a defender esta lucha de tantos años. Y cuando no esté ninguna de nosotras, el pueblo va a seguir viniendo».

Por último, pidieron: «Necesitamos que nos acompañen. Por nuestros nietos y nietas, cuyas familias los buscan hace 46 años. Por nuestras infancias. Por la Memoria, la Verdad y la Justicia. Por la democracia, por el presente y por el futuro. Por nuestro derecho a protestar. ¡Libertad a los presos por luchar y por manifestarse! Y por el derecho de vivir en paz. El Nunca Más es hoy. El Nunca Más nos une. La búsqueda nos une«.

Política

Emergencia Hídrica y del transporte público serán tratados en la próxima sesión

La Comisión de Obras Públicas dio dictamen a proyectos que consolidan leyes de emergencia y de declaración de interés legislativo al Encuentro Nacional de Cooperativas

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La Comisión de Obras Públicas de la Legislatura de Tucumán emitió dictamen favorable a diversos proyectos de ley que formarán parte de la actualización del Digesto Jurídico Provincial correspondiente al presente año, además de un proyecto de resolución.

La reunión fue encabezada por el presidente de la comisión, legislador Tulio Caponio, y contó con la participación de los parlamentarios Carlos Gómez, Eduardo Verón Guerra y Alberto Olea.

Al finalizar el encuentro, Caponio destacó la importancia del trabajo realizado: “Lo más relevante de la jornada fue el tratamiento de la consolidación de cuatro leyes de emergencia de la provincia, en el marco de la actualización del Digesto Jurídico de este año. Se trata de las emergencias hídrica, del transporte público, energética —vinculada a la red troncal de energía— y de obras públicas”.

Asimismo, la comisión aprobó un proyecto de resolución que declara de interés legislativo el Encuentro Nacional de Cooperativas de Agua Potable de la República Argentina, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de julio del corriente año en la localidad de San Pedro de Colalao.

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Política

El Gobierno ofreció un aumento de 24% a las universidades a cambio de retirar la demanda

Los rectores consideraron la propuesta del Gobierno razonable, pero no hubo acuerdo. La denuncia la debe resolver la Corte Suprema.

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En una reunión de bajo perfil celebrada este lunes, el Gobierno y las universidades llegaron a un principio de acuerdo para avanzar con un aumento salarial del 24%, entre otros puntos. Sin embargo, las negociaciones fracasaron por una condición inapelable del Ejecutivo: que las casas de estudio retiren la demanda judicial que aguarda el fallo de la Corte Suprema.

En un territorio neutral para no captar la atención mediática, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvo un encuentro con rectores en representación del Consejo Interuniversitario Nacional para intentar destrabar el conflicto presupuestario que motorizó la última Marcha Federal el mes pasado.

Según confirmaron a TN fuentes de ambos sectores, la propuesta del Ejecutivo consistió en una recomposición salarial del 24,3% que abarca la pérdida durante parte de 2024, todo 2025 y el desfasaje de 2026 hasta mayo. El incremento se pagaría en dos partes: un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre.

El acuerdo también incluía la conformación de una comisión técnica para trabajar en el periodo adeudado de 2024 y garantizar hacia adelante negociaciones paritarias cada tres meses.

La propuesta del Gobierno a las universidades y el punto que trabó las negociaciones

Además, el Gobierno ofreció un 50% de aumento para las becas Manuel Belgrano, un 20% de incremento para gastos de funcionamiento de las universidades y un fondo adicional de $50 mil millones para gastos de hospitales universitarios.

En paralelo, las universidades aguardan la convocatoria del Gobierno para acordar el nuevo criterio de distribución de la partida de más de $79 mil millones destinada a dichos hospitales, cuyo congelamiento había generado protestas y una advertencia de que podía peligrar la atención en los establecimientos por falta de presupuesto.

En diálogo con este medio, fuentes de la comunidad universitaria al tanto de las conversaciones consideraron que la propuesta del Ejecutivo es “razonable”. Sin embargo, la negociación se frustró con el pedido del Gobierno para que las casas de estudio retiren la demanda judicial que exige la ejecución de la Ley de Financiamiento sancionada por el Congreso.

La ley exige el cumplimiento de los aumentos en materia de salarios y becas dispuestos en la Ley de Financiamiento de acuerdo al IPC: una cifra que ronda los 2,5 billones de pesos y que, según el Ejecutivo, atenta contra el superávit fiscal.

La negativa de los rectores a retirar la demanda judicial

“Eso no va a suceder de ninguna manera. No estamos dispuestos a hacerlo y no es modificable esa situación. Condiciones para avanzar hay, pero la pelota está del lado del Gobierno”, insistieron en diálogo con TN los rectores universitarios.

Para las casas de estudio, la demanda opera como un resguardo que no están dispuestas a perder. A su vez, sostienen que no existe consenso en la comunidad universitaria para eso. En su lugar, ponen el énfasis en que la propuesta demuestra que el Gobierno cuenta con los recursos para solucionar el conflicto.

“Si hay voluntad de acordar, es bastante insólito que no lo hagamos. Hay condiciones para que eso ocurra”, subrayaron, con la expectativa de que el conflicto se resuelva esta semana.

Desde el Gobierno replicaron a TN que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) conducido por Franco Bartolacci no está dispuesto a ceder en el terreno judicial para no comprometer el apoyo de la comunidad y cuestionaron que eso “lleve a todos a un conflicto sin solución”. De ambos sectores insisten en que, para llegar a un acuerdo, el otro tendrá que dar el brazo a torcer.

FUENTE: TN

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El Senado debatirá un proyecto para reorganizar la Cámara Federal de Tucumán

La iniciativa propone reorganizar la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán mediante la creación de dos salas.

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El Senado de la Nación tiene previsto tratar este jueves un proyecto que propone reorganizar la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán mediante la creación de dos salas, una iniciativa que busca optimizar el funcionamiento de la Justicia Federal en la provincia y en el norte argentino.

La senadora nacional Beatriz Ávila informó que la propuesta fue incorporada al temario de la sesión y cuenta con dictamen favorable de comisión, además del acompañamiento de distintos sectores políticos.

El texto que llegará al recinto surge de la unificación de proyectos presentados por Ávila y por la senadora Sandra Mendoza. La iniciativa contempla dividir la actual Cámara Federal en dos salas y habilitar la posibilidad de ampliar la integración del tribunal, incorporando un sexto magistrado a los cinco jueces que actualmente lo conforman.

Según se explicó, la eventual designación de un nuevo juez estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria y tendría como objetivo reforzar la estructura judicial encargada de revisar en segunda instancia las causas de competencia federal que se tramitan en la jurisdicción.

Durante la reunión de Labor Parlamentaria realizada este miércoles, la legisladora tucumana solicitó la inclusión del proyecto en el orden del día junto con el tratamiento de distintos pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en el ámbito de la Justicia Federal.

El debate se desarrolla en un contexto marcado por las discusiones en torno a la cobertura de cargos judiciales y la necesidad de fortalecer el funcionamiento de los tribunales federales. Desde los impulsores de la iniciativa sostienen que la creación de salas permitirá agilizar el tratamiento de expedientes y mejorar la respuesta del sistema judicial ante el incremento de causas que llegan a la segunda instancia.

De obtener la aprobación de la Cámara alta, el proyecto representará un paso importante en la reestructuración de la Justicia Federal con asiento en Tucumán y podría generar cambios en la organización interna del tribunal en los próximos años.

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