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Tucumán

Nuevas normativas de derechos para personas en situación de vulnerabilidad

La nueva normativa lanzada por el Gobierno Nacional viene a generar una ampliación de derechos para personas en situación de vulnerabilidad.

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El vicegobernador, a cargop de la gobernación, Sergio Mansilla, junto al ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, encabezó el acto que se llevó a cabo en el Salón Blanco de Casa de Gobierno para el cual fue seleccionada la provincia y que contó con la presencia de autoridades de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

En la ocasión estuvieron presentes la directora de Pensiones No Contributivas (ANDIS), doctora Paula Martínez y equipo técnico de dicha dirección, Rodrigo Persia y Lucas Burgos.

El decreto 07/23 modifica a la anterior normativa contemplada por el decreto 432/97, que reglamenta el Art. 9° de la Ley N° 13.478, para el otorgamiento de pensiones a la vejez y por invalidez. La actual modificación determina un cambio de paradigma respecto a las personas que podrían acceder a este derecho y a los requisitos que deberían cumplimentar -hasta el momento estos consideraban una determinada edad y/o un porcentaje de incapacidad total y permanente de no menos de un 76 por ciento, siendo obligatorio que este último requisito se acreditara mediante certificación expedida por servicio médico de establecimiento sanitario oficial-.

Hasta ahora la pensión no contributiva era un beneficio que recibían las personas que tenían una discapacidad calculada por encima de un 76 por ciento, independientemente de su condición social o de vulnerabilidad, pero muchas veces nos encontrábamos con personas con un 50 por ciento de discapacidad desde el punto de vista médico y en una situación de vulnerabilidad, por ejemplo, por vivir en una zona muy alejada, con poco acceso a la salud o a una rehabilitación o incluso a una alimentación adecuada”, detalló Medina Ruiz a la vez que destacó esta modificación establece que no se requiere llegar a cierto porcentaje para acceder a la pensión y se generan un certificado médico y uno social que permiten juntos el acceso al beneficio ampliado a las condiciones sociales de la persona.

Por su parte la titular de la Dirección de Juntas de Evaluación de Discapacidad y Categorización de Prestadores de la Provincia, doctora Hortensia Juárez, hizo hincapié en la importancia de las nuevas normativas que incorporan no solo el análisis de la situación de salud de la persona -que se certifica en un centro de salud público- sino también de su condición social de vulnerabilidad: “Este análisis es detentado por trabajadores sociales y luego en la Agencia Nacional de Discapacidad se cruzan los datos de ANSES y los antecedentes médicos. En ANSES se inician trámites y de allí surgen también las informaciones de registros laborales o de otros beneficios, ya que estas pensiones están destinadas a personas que no perciben ningún otro tipo de beneficio, que tienen una condición de salud hacia alguna enfermedad y vulnerabilidad social”.

Al tiempo la referente comentó que se amplían además los beneficios para residentes extranjeros con al menos 10 años dentro de la provincia, como para personas que tienen una condición de salud vulnerable y que comparten domicilio con su conyugue, pero que previamente no podían percibir el beneficio por contar este último con un ingreso de pensión, trabajo o jubilación.

118.000 pensiones no contributivas se asignaron en los 3 últimos años, es un enorme porcentaje de personas que hoy tienen Incluir Salud y a esta cobertura se sumaran todas las personas que a través de esta ampliación accedan a la pensión”, contó Juárez a la vez que destacó durante la jornada se lleva adelante una capacitación para médicos, trabajadores sociales y agentes socio sanitarios que contactan directamente con las personas que pueden requerir de este beneficio.

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Tucumán

Hubo nuevas amenazas de tiroteo en tres colegios tucumanos

Al menos tres instituciones educativas de Tucumán activaron este jueves sus protocolos de seguridad tras detectarse nuevas amenazas de tiroteo dentro de los establecimientos.

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Al menos tres instituciones educativas de Tucumán activaron este jueves sus protocolos de seguridad tras detectarse nuevas amenazas de tiroteo dentro de los establecimientos. A través de comunicados dirigidos a las familias y la comunidad educativa, las autoridades confirmaron las denuncias, detallaron las medidas adoptadas y pidieron evitar la difusión de rumores.

Uno de los casos se registró en el colegio Santa Rosa, donde al mediodía apareció una inscripción en un baño del nivel secundario con la leyenda “tiroteo mañana 17/4”. Ante esta situación, el Comité de Crisis del establecimiento se constituyó de inmediato y dispuso la activación de los protocolos de seguridad, con refuerzo de la vigilancia interna y en los accesos.

Además, se dio aviso a las autoridades correspondientes y se realizó la denuncia policial. En paralelo, docentes y directivos iniciaron una investigación interna para intentar identificar a los responsables, al tiempo que dialogan con los alumnos para generar conciencia sobre la gravedad de este tipo de mensajes.

Desde la institución aclararon que las actividades continuarán con normalidad, aunque bajo un esquema de mayor control y seguimiento.
En el mismo sentido, el colegio María del Rosario informó a los padres que, tras detectarse escrituras con amenazas en los baños, se aplicará el protocolo establecido en el decreto firmado recientemente por el Gobierno provincial junto al Ministerio de Seguridad. También indicaron que, por el momento, no habrá suspensión de actividades.

Por su parte, en el colegio Monserrat, el Centro de Estudiantes se expresó a través de redes sociales para repudiar los hechos. En el comunicado, remarcaron que este tipo de amenazas atentan contra la convivencia, el respeto y los valores de la comunidad educativa, y pidieron reforzar el compromiso colectivo para sostener un clima de cuidado mutuo.

En todos los casos, las instituciones coincidieron en la necesidad de que las familias acompañen el proceso, conversando con los estudiantes sobre la seriedad de estos hechos y evitando la circulación de información no oficial que pueda generar mayor preocupación.

FUENTE: La Gaceta

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Tucumán

Acuerdo para reabrir una fábrica y garantizar setenta puestos de trabajo en la ciudad de Concepción

La fábrica había sido cerrada tras denuncias de vecinos por ruidos y olores derivados del proceso industrial, lo que generó un escenario de tensión en la ciudad.

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En medio de un conflicto que combinó reclamos vecinales y medidas administrativas, el Gobierno de Tucumán intervino para encauzar una solución que permita la reapertura de una planta industrial en Concepción. 
El ministro de Gobierno y Justicia, Regino Amado, y el director de Comercio Interior, Manuel Canto, participaron de una reunión clave junto al intendente Alejandro Molinuevo y el empresario Juan Pablo Romero, titular del establecimiento que había sido clausurado.
El encuentro tuvo como eje central encontrar alternativas que compatibilicen la continuidad de la actividad productiva con el cumplimiento de las normativas vigentes y la convivencia con el entorno urbano.
La fábrica había sido cerrada tras denuncias de vecinos por ruidos y olores derivados del proceso industrial, lo que generó un escenario de tensión en la ciudad.
Desde el Gobierno provincial remarcaron la voluntad de intervenir para destrabar el conflicto. Canto señaló que la reunión permitió escuchar al empresario y poner a disposición herramientas estatales para avanzar en una solución. “La idea es que las empresas puedan desarrollarse, pero respetando las reglas y cuidando a la comunidad”, sostuvo.
Durante el diálogo se abordaron puntualmente los inconvenientes señalados por los vecinos, y se acordó avanzar con asistencia técnica especializada. Según se indicó, equipos de ingenieros y profesionales en medio ambiente acompañarán el proceso para garantizar que la producción se realice bajo condiciones adecuadas.
Por su parte, Romero destacó el respaldo institucional y confirmó que se alcanzó un entendimiento que permitirá retomar la actividad.
Entre las medidas adoptadas, mencionó la instalación de un sistema de filtrado con carbón activado para mitigar los olores y adecuarse a las exigencias planteadas.
El empresario también puso el foco en el impacto social de la reapertura, al señalar que la continuidad de la planta brinda estabilidad a unas 70 familias que dependen de esa fuente laboral. En ese sentido, remarcó la intención de sostener un vínculo equilibrado con la comunidad y evitar nuevos conflictos.
La intervención oficial busca, así, equilibrar dos demandas sensibles: la preservación del empleo y la producción en el interior provincial, y el respeto por las condiciones ambientales y la calidad de vida de los vecinos.
El caso deja planteado, una vez más, el desafío de articular controles efectivos sin desalentar la actividad económica.

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Tucumán

El Gobierno estableció nuevas medidas de seguridad en establecimiento educativos

Mediante un decreto del gobernador Osvaldo Jaldo, se ratifican acciones preventivas, se establecen sanciones a alumnos e instituciones educativas. Además se fijan responsabilidades para garantizar el normal desarrollo del ciclo lectivo.

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El gobernador, Osvaldo Jaldo, firmó hoy el Decreto N.º 772/7 M.S., mediante el cual se refuerzan las medidas de prevención, control y sanción frente a situaciones de violencia, amenazas y alteraciones del orden público en establecimientos educativos de la provincia.

La normativa ratifica las instrucciones impartidas al Ministerio de Seguridad y a la Policía de Tucumán para adoptar todas las medidas necesarias que permitan prevenir hechos de violencia, intervenir ante situaciones de riesgo y garantizar la seguridad dentro y fuera de los establecimientos educativos.

En ese marco, se dispone que las autoridades y directivos de instituciones educativas, tanto de gestión pública como privada, serán responsables de la preservación y el cuidado de los alumnos. En caso de incumplimiento de estas obligaciones, podrán perder los subsidios o aportes que reciban del Estado provincial.

Asimismo, el decreto instruye al Ministerio de Educación a aplicar medidas correctivas, que incluyen la posibilidad de expulsión del sistema educativo provincial durante el presente ciclo lectivo para aquellos alumnos que incurran en conductas que pongan en riesgo el normal desarrollo de las clases.

Por otra parte, se establece que los padres, tutores y responsables legales de los menores serán responsables en sede administrativa y/o judicial por las conductas de los mismos, sin perjuicio de la responsabilidad solidaria por los daños ocasionados.

Además, se prevé que los menores involucrados en hechos de gravedad podrán ser trasladados al instituto Brochero de Benjamín Paz, previa intervención del Poder Judicial.

El decreto entró en vigencia a partir de la fecha de su firma y será refrendado por el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa.

El Decreto

decreto gobernador

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