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Cayó una médica de Gendarmería y su pareja con un millonario cargamento de cocaína

Una médica de Gendarmería, su pareja y una conocida esteticista fueron interceptadas en una Renault Duster sobre la ruta 34. El vehículo fue baleado en lo que se presume fue un ajuste de cuentas entre bandas.

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Nada es lo que parece en el norte del país. Lo que comenzó como un presunto hecho de inseguridad vial en plena mañana terminó por destapar una trama criminal compleja que conmociona a la región. Una médica de Gendarmería Nacional, su pareja (miembro de la misma fuerza armada) y una conocida esteticista terminaron tras las rejas luego de ser interceptados con un cargamento oculto de 70 kilos de cocaína en el doble fondo de una camioneta.

 

Las detenidas fueron identificadas como Ivana Georgina Portal (40), profesional de la salud del hospital de Tartagal y con funciones dentro de Gendarmería, y Delia Yolanda Tame (35), una conocida cosmetóloga y empresaria de la zona. Las sospechosas, junto al hombre cuya identidad se mantiene bajo reserva, se desplazaban en una Renault Duster que fue el blanco de una violenta persecución civil armada sobre la ruta nacional 34.

Emboscada y balacera en la Ruta Nacional 34

El violento episodio tuvo lugar el pasado domingo, pasadas las 10 de la mañana. Tame conducía el rodado menor en sentido norte-sur, habiendo partido desde Tartagal con destino presunto a la provincia de Tucumán. Al llegar a la altura de El Potrero, una camioneta sin patentes visibles comenzó a perseguirlos de forma agresiva. Al intentar acelerar para escapar, los atacantes abrieron fuego con armas de fuego contra la carrocería.

 

Los impactos de bala destruyeron el cristal trasero y destrozaron uno de los neumáticos traseros del vehículo de las sospechosas. A pesar de los daños severos en el rodado, lograron evadir la emboscada y salir ilesas. Al intervenir la Policía de Salta, los ocupantes afirmaron que habían sufrido un «intento de asalto en la ruta». Sin embargo, un detalle encendió de inmediato las alarmas de los investigadores: ninguno de los implicados llamó al sistema de emergencias ni dio aviso a Gendarmería durante o después del feroz ataque.

El hallazgo del doble fondo y la hipótesis de la «mejicaneada»

El sospechoso silencio de los ocupantes motivó una requisa exhaustiva del vehículo por parte de las fuerzas de seguridad. Fue allí donde los uniformados detectaron un sofisticado doble fondo construido en el baúl, donde ocultaban decenas de «ladrillos» amarillos que contenían aproximadamente 70 kilos de clorhidrato de cocaína.

 

A raíz de este hallazgo, la Justicia Federal reconfiguró por completo las actuaciones bajo una sólida hipótesis de conflicto criminal: una «mejicaneada» narco, terminología utilizada en la jerga para describir el robo de cargamentos de estupefacientes entre bandas rivales. Se sospecha que los atacantes sabían con precisión qué transportaba la camioneta. De hecho, uno de los presuntos tiradores fue interceptado y arrestado horas más tarde en la localidad de El Tala.

Fuentes ligadas a la causa confirmaron que tanto la médica como la cosmetóloga ya se encontraban bajo el radar de la Justicia Federal desde hacía meses gracias a tareas de inteligencia previas.

Allanamientos simultáneos en Tartagal y Tucumán

Como derivación directa del procedimiento, la División de Drogas Peligrosas desplegó una serie de allanamientos simultáneos en Salta y Tucumán. En Tartagal, el despliegue policial abarcó los barrios de Villa Saavedra, las inmediaciones de la Plaza de Mayo y las oficinas del Distrito de Prevención 4, incluyendo el centro de estética propiedad de Tame.

El expediente avanza bajo un estricto hermetismo judicial, a la espera de la audiencia de formalización de la investigación, donde se le comunicarán las imputaciones específicas a los acusados. El caso genera un fuerte impacto institucional en la zona debido al perfil público de las implicadas y al hecho de que dos de los detenidos pertenecieran activamente a una fuerza encargada, precisamente, del control fronterizo y el combate contra el narcotráfico. /El Tribuno

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Denunciaron por presunto abuso sexual y extorsión laboral al sindicalista César González

De acuerdo con lo consignado en la presentación judicial, la denunciante habría ingresado a prestar servicios en el ámbito de la UTA bajo condiciones atípicas, percibiendo su remuneración directamente del peculio personal del denunciado en su oficina privada.

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La Unidad Fiscal Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual y Género de Tucumán, bajo la dirección del fiscal Gonzalo Rodríguez, tramita el legajo caratulado como presunto abuso sexual con acceso carnal reiterado en contra del dirigente gremial César González, titular de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en la provincia.

Según consta en el escrito iniciado por la denunciante, con el patrocinio letrado de los abogados Juan Macario Santamarina y Gonzalo Ascárate, los hechos habrían comenzado en julio de 2018 y se habrían extendido durante más de siete años en el marco de una supuesta situación de dependencia laboral y económica.
Por su parte, González, acompañado por su abogado Ernesto Baaclini, señaló: «Desmiento categóricamente los hechos relatados en la denuncia, de la cual tengo pleno conocimiento. Todo fue planeado estratégicamente en relación a las elecciones del Gremio UTA. Detrás de esto, está involucrado un empresario del transporte público de pasajeros que avala a la lista negra que es opositora a nuestra gestión. Lo que no esperaban, es que las elecciones de UTA programadas para el 7 y 8 de octubre de 2026, fueron pasadas para 17 y 18 de diciembre de 2026. Espero que antes de las elecciones en diciembre, no inventen otra denuncia».

Agregó que «la denunciante era abogada del gremio. Y pidió indemnización por medio de cartas documento».
De acuerdo con lo consignado en la presentación judicial, la denunciante habría ingresado a prestar servicios en el ámbito de la UTA bajo condiciones atípicas, percibiendo su remuneración directamente del peculio personal del denunciado en su oficina privada. En ese contexto, el imputado habría ejercido un control total sobre la única fuente de ingresos del hogar familiar de la denunciante, condicionando de manera explícita la regularización de su trabajo a requerimientos de carácter sexual.
Ante las constantes negativas de la presunta víctima, se habrían ejecutado represalias económicas sistemáticas que incluyeron la retención y el retraso de salarios, la postergación de aumentos salariales aplicados a otros profesionales y la imposición de condiciones arbitrarias para el goce de licencias. La denuncia señala además el uso presuntamente extorsivo de la cobertura médica del hermano de la mujer, quien posee una discapacidad severa, supeditando su permanencia laboral a la baja de dicho beneficio de salud, situación que habría desencadenado la renuncia forzada de la damnificada tras sufrir graves secuelas en su salud psicofísica.

 

Ante la gravedad de los hechos expuestos y «la influencia gremial que ejercería el imputado», la representación legal de la denunciante solicitó la adopción inmediata de medidas de protección preventiva e inminente tutela judicial efectiva. Entre las peticiones dirigidas al fiscal interviniente figura la prohibición de acercamiento para el imputado en un radio no menor a trescientos metros respecto de la presunta víctima, su núcleo familiar, su domicilio real y su puesto de trabajo en la Secretaría de Trabajo.
Asimismo, se requirió una orden de abstención absoluta de realizar actos de turbación, hostigamiento u intimidación de manera directa o por interpósita persona, ya sea de forma presencial, telefónica o digital. A fin de resguardar la salud mental de la denunciante, evitar instancias de revictimización y preservar el valor probatorio del testimonio, la querella solicitó con carácter urgente fijar fecha para la recepción de su declaración bajo la modalidad de Cámara Gesell, invocando las previsiones del Código Procesal Penal de Tucumán, la legislación provincial y la Ley Nacional de Protección Integral a las Mujeres.

 

El planteo para asumir el rol de Querellante Particular se fundamenta en el artículo 89 del Código Procesal Penal de Tucumán, destacando la legitimación activa de la denunciante, quien posee título de abogada y reviste la condición de víctima directa de los hechos investigados. En ese sentido, la presentación requiere fijar fecha para la suscripción del «poder apud acta» junto a sus letrados patrocinantes, Santamarina y Ascárate, a fin de formalizar su intervención en el Legajo S-028511/2026.
La solicitud sostiene que la participación activa de la víctima dentro del sistema acusatorio adversarial garantiza el derecho a ofrecer prueba, impulsar la acusación y controlar la actuación fiscal, apoyándose en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sentada en los precedentes Santillán y Quiroga. Asimismo, la postura de la querella invoca las garantías de la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Convención de Belém do Pará y el catálogo de derechos procesales de la Ley 26.485, los cuales imponen al Estado el deber de debida diligencia reforzada en investigaciones de violencia de género. /El Tucumano

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Brutal ataque: discutieron, lo apuñaló y le dejó la hoja del cuchillo incrustada en el cuello

La víctima pelea por su vida en el Hospital Padilla. El Ministerio Fiscal solicitó que el acusado permanezca detenido bajo la modalidad de prisión preventiva.

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El hecho es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, quien fue representado por la auxiliar de fiscal Luz Becerra en la audiencia que se llevó a cabo para proceder al control de la aprehensión, formalización de la investigación, y pedido de medidas de coerción de máxima intensidad por parte del Ministerio Fiscal (MPF).

Como primer punto, la representante del MPF relató las circunstancias de la aprehensión realizada el 29 de septiembre de 2026, a las 08:30 horas, solicitando que se declare legal y legítima. A continuación, al formular los cargos, narró el hecho ocurrido el 27 de septiembre a las 5:20 horas, por el que se acusa al imputado, detallando la calificación legal provisoria como homicidio en grado de tentativa, en calidad de autor.

Finalmente, la investigadora fiscal solicitó como medida de coerción de mayor intensidad la prisión preventiva del acusado por el plazo de 90 días, hasta el lunes 28 de diciembre de 2026, ante la presencia de los riesgos procesales de peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación, y para progresar en la realización de las medidas correspondientes de caso.

“La víctima está en un estado grave. Entendemos que es prudente y razonable pedir la prisión preventiva para avanzar en la investigación. Debemos realizar un segundo examen a la víctima para determinar si ha evolucionado, también resguardar los testimonios de los testigos y analizar el cuchillo secuestrado mediante pericia genética”, explicó la Auxiliar de Fiscal.

Por su parte, el juez interviniente resolvió hacer lugar a todos los requerimientos expuestos por parte de la acusación pública durante la audiencia multipropósito.

El hecho

El 27 de septiembre de 2026, a las 05.20 horas, en la vereda de calle William Blis al 800 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, José María Sánchez (a) “Pepón”, mantuvo una pelea con Jonathan Manuel Garay, a quien Sánchez, con claras intenciones de causarle la muerte, utilizando un cuchillo sierrita, le asestó una puñalada en la región cervical superior posterior, quedando la hoja de la cuchilla de 10 centímetros incrustada en el cuello de la víctima.

Luego del ataque, Sánchez se dio a la fuga del lugar, y Garay fue trasladado de urgencia al Hospital Padilla, donde fue intervenido quirúrgicamente para extraerle la cuchilla, encontrándose en grave estado y no habiéndose provocado su fallecimiento por la intervención médica, circunstancia ajena a la voluntad del imputado.

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El hombre que fue agredido en Concepción radicó la denuncia y la Policía identificó a los atacantes

Fabricio Agustín Álvarez de 29 años, fue golpeado y trasladado en la caja de un vehículo se presentó en la comisaría acompañado por su padre.

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Un vecino de Concepción que se encuentra en situación de calle y es conocido por realizar malabares en los semáforos de la zona, identificado, según Vientos Tucumanos, como Fabricio Agustín Álvarez, de 29 años, formalizó la denuncia penal tras haber sido víctima de una violenta agresión ocurrida el martes 29 de septiembre.

El hecho cobró notoriedad pública luego de la difusión de un video donde se observa a tres hombres sujetarlo, cargarlo a la fuerza en la caja de una camioneta Hilux blanca durante la noche y propinarle golpes con una soga entre risas. En las grabaciones también se aprecia que, cuando la víctima intentó escapar de la caja del vehículo, los agresores detuvieron la marcha y comenzaron a golpear la carpa que la recubría. Asimismo, en otro video difundido durante esa misma jornada, algunas de las personas involucradas aparecían junto al joven y aseguraban que lo ocurrido había sido una broma. Las imágenes fueron registradas y subidas originalmente por Leandro Hoyos en las historias para «mejores amigos» de su cuenta de Instagram, lo que provocó un repudio masivo e indignación entre los vecinos.

Era una broma»: secuestraron y latiguearon a un reconocido hombre que trabaja en las calles de Concepción y que a pesar de todo los perdonó

Ante la repercusión de lo sucedido, este miércoles al mediodía, Álvarez se presentó en la Comisaría de Concepción acompañado por su padre para radicar la denuncia correspondiente. Tras la presentación, el jefe de la Unidad Regional Sur, Comisario General Marcos Barros, confirmó en exclusiva a Vientos Tucumanos la recepción de la denuncia y brindó detalles sobre la intervención policial y judicial en el caso. El jefe policial explicó que la fuerza ya venía actuando de oficio antes de la radicación formal de la exposición: «bueno en primer lugar al tomar conocimiento del posible hecho delictuoso para intervenir de oficio como se hizo, y ahora con más razón que se efectuó una denuncia. Hay que seguir trabajando ya con directiva de la fiscalía».

Respecto a la incorporación de la denuncia a la causa existente y el trabajo con el Ministerio Público Fiscal, Barros sostuvo que «como a raíz la descripción Concepción, en donde finalmente radicó una denuncia inmediatamente se adjunta las actuaciones que ya se venía trabajando y se puso a disposición de la justicia para que le den primero la calificación legal delito que se va a investigar y se está tratando de llevar elementos que ayuden a la fiscalía a realizar algún trabajo investigativo más profundo o no, pero las actuaciones y la denuncia. Si se están realizando».

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