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Salud

Llegaron 45.000 dosis de vacunas contra el dengue a Tucumán

Ya se aplicaron 15.000 dosis y la llegada de esta nueva partida permitirá expandir la campaña de vacunación contra el dengue a otros sectores de la población.

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El gobernador, Osvaldo Jaldo, visitó el Depósito Central del Sistema Provincial de Salud para encabezar la recepción de 45.000 dosis de vacunas del dengue que es una de las remesas pertenecientes a las 200 mil dosis que adquirió el Gobierno de Tucumán para prevenir la enfermedad provocada por el mosquito Aedes Aegypti.

Junto al mandatario tucumano, estuvieron presentes los ministros Luis Mediana Ruiz (Salud) y Daniel Abad (Economía y Producción); y Miguel Ferre Contreras, titular del Departamento de Inmunizaciones en Sistema Provincial de Salud; directores y subdirectores de hospitales.

La medida representa un gran esfuerzo económico en materia de salud pública y Tucumán se posiciona como la primera provincia en el país en adquirir una gran cantidad de dosis para proteger al personal esencial, tanto del sector público como del privado. Colocándose así a la vanguardia en la prevención de enfermedades.

Jaldo explicó: “la verdad que esto es algo muy importante. Como nosotros lo veníamos diciendo desde aquel primer momento que hemos tomado esa gran decisión, donde evidentemente a nivel nacional y en las provincias existía la duda si se compraba o no se compraba, el costo de la inversión que significa gastar en vacunas. Y la verdad que nosotros no hemos dudado ni un instante cuando las vacunas han sido aprobadas, han sido habilitadas, es decir, que se las podía aplicar a través de los diferentes organismos de control. Inmediatamente con el ministro de Economía y con el ministro de Salud Pública, hemos tomado la decisión de comprar 200.000 vacunas contra el Dengue”.

“Habíamos pensado en los servicios esenciales, fundamentalmente Salud y Educación, como así también la Policía. Por eso hoy están llegando 45.000 vacunas más, con las que enteramos las 155.000. Estamos en condiciones de seguir poniendo”, graficó.

“Lo que quiero recomendar a todos los que están en los servicios esenciales que aprovechen hoy de ponerse la vacuna porque si bien el Dengue hoy no está o está en menor medida, vamos a tener un verano caliente. Los bichitos van a volver a picar y seguramente mucha gente va a volver a tener dengue” y sostuvo: “estamos viendo los análisis que se están haciendo a nivel nacional en los países limítrofes como Bolivia. Estamos en el norte argentino, tenemos un clima muy subtropical. Salta, Jujuy son provincias que conviven prácticamente con el dengue y nosotros también hemos tenido una cantidad importante de gente que se ha enfermado y lamentablemente hay gente que hemos perdido”.

“Es decir que no solo que tenemos más Dengue sino que el virus es mucho más agresivo. Lo que tenemos que saber que no solo enferma sino también mata. Por eso yo creo que tenemos que vacunarnos. De esta manera vamos a poder sostener los servicios esenciales en la provincia de Tucumán”, declaró.

“El doctor Medina Ruiz va a anunciar seguramente un programa de vacunación donde van a entrar otros sectores de la sociedad que también vamos a empezar ya a vacunar. Si tenemos que volver a comprar vacunas para seguir vacunando a las diferentes franjas de la sociedad, este gobierno lo va a hacer. Nosotros queremos cuidar la salud y la vida de los tucumanos. Para nosotros todo lo que significa comprar vacunas es prevenir. Es una inversión para nosotros así que no hay duda que vamos a comprar las vacunas que sean necesarias”, dijo.

Medina Ruiz sostuvo: “muy agradecido con el gobernador. 45 mil dosis más que van a completar 155 mil ya en la provincia. Con 15 mil dosis colocadas y con una nueva estrategia. Ya teniendo la vacuna, podemos avanzar con otro tipo de población. El país no tiene esta estrategia que decidió el gobernador de la provincia, con una inversión muy costosa, pero que apunta a proteger a la población y fundamentalmente al personal esencial, al personal que tiene que asistir a los enfermos, la docencia que tiene que educar a los chicos y también a la seguridad, que tiene que preservar la seguridad y la vida de las personas”.

“El lunes, vamos a anunciar a qué población vamos a continuar inmunizando. Siempre alineado con lo que la Comisión Nacional de Inmunizaciones recomienda y el Ministerio de Salud de la Nación también recomienda. Muy contento porque es la provincia que más vacunas tiene y en este avance seguramente más todas las otras herramientas que tenemos que utilizar para combatir al dengue, que es fundamentalmente atacar el vector, que es evitando tener cacharros y criaderos de mosquitos. Creemos y estamos convencidos de que este año tiene que ser diferente”, dijo.

“Tenemos personas sin vacunar, muchos de ellos porque tuvieron dengue. El haber tenido dengue los inhabilita para vacunarse durante seis meses y muchos están cumpliendo y se están vacunando. También hay otras personas que están dudando, quizás por el frío, pero recordemos que esta vacuna requiere de dos dosis, una dosis ahora, que todavía estamos con frío, pero dentro de tres meses ya vamos a estar en pleno verano, con mucho calor y seguramente con peligro epidémico en la región. Así que es muy importante que aquella persona que no se vacunó, que lo haga”, sostuvo.

“Hemos decidido mañana sábado vacunar a todas aquellas personas que por razones laborales o de estudio no lo pueden hacer durante la semana. Vamos a vacunar en el 107 de 9 a 14 y también en Aguilares de 9 a 14”, sostuvo.

“Esta vacuna y esta enfermedad es diferente a cualquier otra. En general uno tiene que preservar la salud de aquellas personas que tienen mayor riesgo, que serían los adultos mayores o las personas que tienen enfermedades de base. Pero esta enfermedad es diferente, ataca más a las personas jóvenes, adolescentes y la Nación recomienda y estamos de acuerdo, entre 15 y 39 años en forma escalada. Es muy probable que la primera etapa que acude a la Nación, igual nosotros nos acoplaríamos, es de 15 a 19 años, en ciertos sectores de la población. La Nación dice esa edad y la Comisión Nacional de Inmunizaciones también y fundamentalmente en poblaciones de mayor vulnerabilidad, donde hay más posibilidad de tener criaderos de mosquitos y mayores índices de afectación en histórico. El lunes vamos a anunciar con quién empezamos con esta nueva etapa”, concluyó.

erre Contreras dijo: “Dentro de la entrega programada, cumpliendo con el cronograma establecido, el día de hoy se reciben 45.000 dosis de las 200.000 que decidió adquirir el gobierno de la provincia. Con estas dosis ya hemos llegado a las 155.000 dosis recibidas, lo que nos permite prepararnos adecuadamente para lo que se viene en la nueva temporada. La idea es completar a todo el personal esencial que ya ha iniciado la vacunación, ya estamos colocando las segundas dosis”.

Además dijo: “Tenemos que pensar que estamos entre este mes y el mes que viene con personas que van a cumplir los seis meses desde que han tenido dengue, dentro de este personal esencial, y ya van a poder vacunarse. Estamos en un mes en el que la vacunación se va a acelerar y eso es muy importante”.

Sandra Ibáñez, trabajadora del Vacunatorio de la Familia, dijo: “queremos inmunizar a todas las personas que podamos de acuerdo a cómo se vaya abriendo. Estamos con el personal esencial que son quienes nos cuidan: Seguridad y Educación. Se pueden vacunar en todos los vacunatorios, solamente con el DNI, podrán hacerlo”.

Laila Lazarte, inmunizadora del nodo Autovac, contó: “la gente debe vacunarse. Hemos notado no vienen a inocularse porque tuvieron dengue. No pasaron los seis meses y la gente espera que concluya ese tiempo para inmunizarse. Los vacunatorios están abiertos de lunes a viernes. Algunos estarán abiertos los días sábados para los docentes que trabajan durante la semana”.

Salud

Más de 5 millones de afiliados al PAMI no consiguen turnos ni tratamientos en sanatorios

El verdadero núcleo de la crisis está en los valores que el PAMI paga por cápita y por prestación médica, montos que hoy se encuentran hasta un 120% por debajo de la evolución del IPC y de la inflación médica real.

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El foco del problema no pasa solamente por los atrasos en los pagos. El verdadero núcleo de la crisis está en los valores que el PAMI paga por cápita y por prestación médica, montos que hoy se encuentran hasta un 120% por debajo de la evolución del IPC y de la inflación médica real. A eso se suma un dato alarmante: desde diciembre el organismo no otorgó ningún tipo de actualización significativa a los prestadores sanatoriales, pese al brutal incremento de costos que atraviesa todo el sistema de salud.

 

Los costos de medicamentos, insumos médicos, prótesis, tecnología sanitaria, alquileres, salarios del personal, servicios públicos y gastos operativos generales aumentan de manera sostenida mes tras mes. La inflación médica corre muy por encima de cualquier reconocimiento arancelario que otorga el organismo. La ecuación ya no cierra.

Los sanatorios trabajan bajo déficit operativo permanente y muchos están absorbiendo pérdidas económicas solamente para evitar interrumpir prestaciones o cerrar sus puertas. Pero ese esfuerzo tiene un límite. En distintas regiones del país —especialmente en el conurbano bonaerense y en ciudades del interior— empieza a crecer el temor a cierres masivos por asfixia financiera.

La situación se vuelve todavía más delicada por la deuda acumulada con los prestadores, que ronda los $500.000 millones, y por los múltiples reclamos vinculados a débitos inconsultos realizados sobre facturas desde el año 2020 hasta la actualidad, muchos de ellos sin respuesta ni revisión administrativa.

 

Las clínicas denuncian descuentos arbitrarios y expedientes paralizados mientras continúan sosteniendo prestaciones esenciales para millones de jubilados.

El impacto humano ya empezó. Cada vez cuesta más conseguir turnos, sostener especialidades críticas o garantizar continuidad en tratamientos complejos. Crecen las renuncias de profesionales, se reducen planteles médicos y muchas instituciones tienen enormes dificultades para cubrir guardias y áreas sensibles. Médicos, enfermeros y trabajadores de la salud sostienen el sistema bajo una presión económica y emocional extrema.

 

 

Pero quienes terminan pagando las consecuencias más duras son los jubilados.

Porque detrás de cada prestación desfinanciada hay un abuelo esperando una operación, un estudio, una internación o un medicamento. Hay familias enteras viviendo con angustia la incertidumbre de no saber si podrán continuar un tratamiento. Hay adultos mayores que dependen exclusivamente del PAMI para acceder a atención médica y que hoy empiezan a sentir cómo el sistema se deteriora lentamente frente a sus ojos.

 

El problema afecta de manera directa a más de 5,5 millones de jubilados y pensionados en toda la Argentina.

La salud de la tercera edad no puede transformarse en una variable de ajuste fiscal. Cuando el Estado desfinancia la estructura sanitaria, el daño no aparece primero en una planilla contable. Aparece en las guardias colapsadas, en las camas que faltan, en los médicos que se van, en las clínicas que cierran y en el miedo de miles de adultos mayores que sienten que el sistema comienza a abandonarlos.

Lo más preocupante es que esta crisis avanza en silencio. No hay una explosión inmediata ni una foto única del colapso. Hay un desgaste progresivo, permanente y cada vez más profundo. Y cuando el sistema que atiende a millones de jubilados empieza a romperse, las consecuencias humanas son devastadoras.

Todavía hay tiempo para evitar una crisis sanitaria mucho mayor. Pero para eso primero hace falta reconocer la magnitud del problema y dejar de esconder detrás del discurso del ajuste una realidad que golpea todos los días a los sectores más vulnerables.

Porque cuando el PAMI ahoga financieramente a clínicas y sanatorios, no solamente cierran instituciones médicas. Los que terminan quedando desprotegidos son los abuelos argentinos. / Perfil

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Salud

El PAMI dio de baja a 1500 prestadores por graves irregularidades y fraude

Las investigaciones internas en PAMI arrojaron evidencias de cobros indebidos, falta de documentación y condiciones inadecuadas en clínicas.

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El PAMI dio de baja a más de 1.500 prestadores en todo el país por graves irregularidades, y sumó dos nuevas denuncias penales por casos de corrupción en las provincias de Tucumán y Chaco.

El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP), a cargo de su director ejecutivo Esteban Leguízamo, informó la decisión a traves de un comunicado oficial difundido junto al Ministerio de Salud de la Nación. Las bajas son el resultado de auditorías permanentes que detectaron tres categorías de incumplimientos: cobros indebidos, facturación de prestaciones inexistentes y establecimientos con condiciones edilicias que no reunían los protocolos de higiene y seguridad exigidos por el organismo. “Los afiliados de PAMI tienen que recibir prestaciones seguras, atención de calidad y un sistema ordenado, donde los recursos estén puestos al servicio de su salud”, señaló el organismo.

Dentro de ese proceso de fiscalización se ubica el caso de Sanarte S.R.L., un policonsultorio con múltiples especialidades y prácticas ambulatorias con sede en San Miguel de Tucumán. La auditoría integral detectó un conjunto de faltas que van desde problemas administrativos hasta incumplimientos de la normativa vigente en materia de derechos del paciente.

Entre las observaciones más graves figuran la falta de habilitación municipal actualizada y legajos profesionales incompletos, con ausencia de matrículas e inscripciones de los médicos que atendían a los afiliados.

La auditoría también detectó demoras de hasta 21 días para obtener un turno en especialidades como cardiología, gastroenterología y traumatología, lo que afectó directamente la accesibilidad de los jubilados al sistema.

Uno de los hallazgos más llamativos fue la modalidad de atención: el establecimiento asignaba turnos cada un minuto bajo un sistema “por orden de llegada”, una práctica que los auditores consideraron incompatible con una atención médica adecuada.

A ese esquema se sumó una cantidad significativa de consultas y estudios transmitidos al PAMI sin respaldo documental, historias clínicas sin firma ni sello profesional, y estudios médicos sin los informes correspondientes. El organismo señaló que estas conductas configuran un incumplimiento de la Ley 26.529 de Derechos del Paciente.

El caso Chaco: rescisión de contrato y denuncia penal

El segundo caso se tramitó bajo el Expediente EX-2025-32083683-INSSJP-GPM#INSSJP e involucra al médico J.C, prestador perteneciente a la UGL XIII – Chaco del PAMI.

Las actuaciones se originaron a partir de auditorías y controles realizados por las áreas técnicas del Instituto, que detectaron deficiencias en la documentación clínica obligatoria, incumplimientos contractuales e inconsistencias administrativas y médicas en las prestaciones facturadas.

El profesional investigado no logró revertir las observaciones en la instancia de descargo. Según surge del expediente, los descargos presentados fueron considerados insuficientes por el organismo, que además señaló que las conductas detectadas afectaban los mecanismos de control y auditoría del PAMI. Ante ese cuadro, el Instituto resolvió aplicar sanciones administrativas y avanzar con la rescisión del contrato prestacional.

La gravedad de las irregularidades llevó al PAMI a dar un paso adicional: promovió una denuncia penal para que la Justicia determine si las conductas relevadas constituyen delitos. El caso contó con la intervención de equipos jurídicos, áreas técnicas y auditorías prestacionales de la UGL XIII – Chaco. El organismo puso los hechos en conocimiento del Ministerio Público Fiscal, al considerar que las irregularidades comprometían el funcionamiento normal del sistema prestacional.

Un patrón de fraude que se investiga desde 2014.

Ambos casos se inscriben en un proceso de fiscalización más amplio que el PAMI lleva adelante desde que Esteban Leguízamo asumió la conducción del organismo. En noviembre de 2025, el INSSJP denunció ante la Justicia federal una estafa de miles de millones de pesos articulada a través de órdenes médicas electrónicas (OME) falsas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de afiliados. Esas denuncias dieron lugar a al menos seis causas penales activas en distintas jurisdicciones federales, impulsadas por el organismo y la UFI-PAMI.

En febrero de 2026, nuevas auditorías en cardiología y gastroenterología revelaron volúmenes de prestaciones imposibles de justificar. Uno de los casos documentados por Infobae mostró a un prestador con dos quirófanos que declaró 283 prácticas en 95 pacientes en apenas cinco horas; otro registró 689 órdenes médicas electrónicas en un solo día, asociadas a 326 pacientes distintos, lo que hubiera requerido una jornada de entre 81,5 y 108,7 horas de trabajo continuo.
Frente a ese escenario, el organismo implementó un esquema de control que incluye el monitoreo permanente de los umbrales prestacionales, el uso obligatorio del turnero digital del PAMI, auditorías continuas sobre la conducta de los prestadores y penalizaciones automáticas ante excedentes injustificados.

“Auditar no significa perseguir”, aclararon desde el Instituto, al tiempo que garantizaron que las bajas aplicadas no interrumpirán los tratamientos de los afiliados, ya que el organismo trabaja para mantener la continuidad de las prestaciones a través de la red de atención disponible en todo el territorio nacional. En abril de 2026, el Gobierno reforzó la estructura de control interno con la designación de la doctora María Florencia Zicavo como nueva Síndico General del PAMI.

FUENTE: Infobae

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Salud

Nación adeuda tres meses a farmacias prestadoras del PAMI y peligra la reposición de medicamentos

Desde el Colegio de Farmacéuticos de Tucumán advirtieron sobre la crítica situación económica que atraviesan los locales por la falta de fondos. Además, expresaron su rechazo a la desregulación de la venta de remedios por internet y alertaron sobre los peligros del mercado ilegal.

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La provisión de medicamentos para los jubilados y pensionados atraviesa un momento de extrema tensión. La referente del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, Verónica Pastoriza, encendió las alarmas al confirmar que el Gobierno nacional, a través del PAMI, mantiene una severa deuda de tres períodos vencidos con las farmacias locales, lo que pone en jaque la cadena de pagos y la reposición de stock en los mostradores tucumanos.

Pastoriza calificó la situación financiera del sector como crítica. Según detalló, existía un compromiso formal de la obra social de los jubilados para realizar cinco pagos mensuales con el objetivo de ir acortando la brecha de la deuda, apoyándose en el auxilio de fondos provenientes del Ministerio de Economía de la Nación. Sin embargo, llegando a finales de mayo, esos desembolsos no se concretaron según lo pautado. «Este mes tuvimos tres y ya hoy es 27, no están cumpliendo con eso. Supuestamente iban a recibir dinero del Estado Nacional, pero hasta ahora no hay novedad», lamentó la dirigente.

 

Pese a la asfixia económica, desde la institución aclararon que el servicio para los afiliados del PAMI no se encuentra cortado, aunque advirtieron sobre las graves dificultades operativas que ya están sufriendo muchos locales. Al no recibir los pagos correspondientes del Estado, las farmacias no pueden saldar sus deudas con las droguerías, lo que deriva en el corte de las cuentas corrientes y la consecuente imposibilidad de reponer los remedios básicos en las estanterías.

Este complejo escenario impacta de lleno en el eslabón más vulnerable de la cadena: los adultos mayores. Pastoriza señaló que las magras jubilaciones obligan a los afiliados a buscar exclusivamente aquellos medicamentos que cuentan con una cobertura del 100% en el sistema. Esta brutal pérdida del poder adquisitivo se vio reflejada en una caída interanual de las ventas que ronda entre el 30% y el 40%, evidenciando que muchos ciudadanos tuvieron que limitar sus compras a lo estrictamente indispensable, resintiéndose incluso la continuidad de algunos tratamientos.

 

Fuerte rechazo a la venta libre por internet

Más allá del conflicto económico por la deuda nacional, Pastoriza aprovechó la oportunidad para sentar la postura de los profesionales frente a la intención de desregular la comercialización de medicamentos. La referente fue categórica al recordar que en Tucumán rige la Ley Provincial 5483, normativa que prohíbe la venta online y establece que la dispensa de estos productos solo puede realizarse en farmacias físicas, habilitadas y estrictamente controladas por el Sistema Provincial de Salud (Siprosa).

La profesional advirtió sobre el grave peligro que representa para la salud pública la proliferación de un mercado paralelo y sin controles estatales. «Se corre mucho el riesgo del origen y de la conservación. No sabemos si es trucho o si está bien usado», explicó. Como ejemplo de esta preocupante tendencia, reveló que recientemente recibieron denuncias sobre la comercialización ilegal de psicofármacos, como el clonazepam, a través de grupos de WhatsApp y sin ningún tipo de receta médica, una práctica delictiva que consideró una verdadera bomba de tiempo para la sociedad. /Los Primeros/

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