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Política

La Policía reprimió a jubilados que protestaban contra el veto de Javier Milei

La concentración empezó cerca de las 15 horas de manera totalmente pacifica pero cuando los jubilados intentaron bajar a Avenida Rivadavia comenzaron a ser reprimidos con gas lacrimógenos, balas de goma, palos y empujones con escudos de las fuerza de seguridad.

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La Policía Federal reprimió a los jubilados que este miércoles volvieron a concentrarse en el Congreso para marchar a Plaza de Mayo en rechazo al veto de Javier Milei a la ley que mejoraba sus haberes.

La concentración empezó cerca de las 15 horas de manera totalmente pacifica pero cuando los jubilados intentaron bajar a Avenida Rivadavia comenzaron a ser reprimidos con gas lacrimógenos, balas de goma, palos y empujones con escudos de las fuerza de seguridad.

La semana pasada, cuando se realizó una marcha similar, los jubilados fueron fuertemente reprimidos. Este miércoles nuevamente se desplegó un fuerte operativo policial que busca aplicar el operativo antipiquete.

«Este es un atropello a la gente. Es una vergüenza que estamos viviendo en esta Argentina grande y potente. Vengo a reclamar porque no me alcanza el sueldo de jubilada. ¿A usted le parece que nos pueden tratar de la forma que nos están tratando? Le pido al pueblo argentino que salga a la calle. Que no tenga miedo. Estoy acá sin miedo. No me interesa que me hayan echado gas lacrimógeno ni nada», expresó Carmen, jubilada de Boulogne.

«Voy a dar la vida si es preciso por todo lo que viene porque esto es una manipulación que están haciendo desde afuera y esta basura, que no tiene dignidad de nada. Milei ándate de la Argentina. El pueblo se va a cansar y va a salir. Le pido a todas las provincias que salgan a reclamar y hacerse oír. Estoy nerviosa porque he visto lo que han hecho. Me golpearon el brazo con los escudos», agregó la mujer.

«Estaba participando de la movilización pacíficamente y empezaron a reprimir. Son cobardes, golpean a los más viejitios. Buscan a quién golpear. Me buscó y me tiraron gas en la cara. Soy jubilado y no nos quieren dar un aumento de 17 lucas», agregó por su parte Francisco Bellomo.

«Estoy muy asustada. Me duele mucho la garganta y la nariz. No estaba haciendo nada. Estaba apoyada porque me dolían las piernas y estos hijos de puta sin más vinieron y me tiraron. No hacía nada», sumó Ester.

«Es injusto esto. ¿Por qué pasa esto? Yo vine a defender mi derecho y el de todos. Estábamos retrocediendo y nos empezaron a reprimir. A una señora la golpearon, es todo lo que llegué a ver porque me quemó la garganta, la nariz. Me salvó que tenía los anteojos puestos, si no me daba en los ojos», agregó.

El veto de Milei contra los jubilados

El veto presidencial dejó sin efecto la ley votada por amplia mayoría en ambas Cámaras legislativos que incluía un aumento del 8,1% a las jubilaciones desde abril, actualizaciones mensuales en base a la inflación, un aumento anual del 50% de la variación de la RIPTE por sobre la variación del IPC del año anterior, entre otros puntos que mejoran la situación de los jubilados.

Manuel Adorni: «No hay que tenerle miedo a la represión»

En la previa de la nueva marcha de los jubilados, el vocero presidencial, Manuel Adorni, destacó la tarea de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y celebró la aplicación del Protocolo Antipiquetes.

«No hay que tenerle miedo a la represión», sostuvo en su habitual conferencia de prensa. Tras una consulta, el vocero leyó la definición de reprimir, y desmintió que haya habido protestas con violencia policial.

«No hay que tenerle miedo a la represión, hay que tenerle miedo a los que incumplen la ley. Se cumple con la ley y con todo lo que hay que hacer dentro del protocolo para mantener el orden. Podemos intentar que los que tirar piedras, empujan, golpean y roban se comporten un poco mejor», ironizó Adorni.

A la vez, en un claro respaldo a la ministra de Seguridad, el funcionario planteó: «Creo que lo que se está haciendo es mantener el orden dentro de la ley, cumpliendo con los protocolos y un trabajo hiper profesional no solo de la doctora Bullrich sino de su equipo de trabajo».

«Quien incumple la ley, las Fuerzas de Seguridad van a hacer todos para que eso deje de ocurrir y para, en todo caso, aprenderlos y que paguen por lo que hacen», afirmó, y continuó: «Estamos muy felices de poder transitar libremente por CABA y por otro montón de lugares sin piquetes».

Guillermo Francos: «La sanción de ley previsional no constituye un acto maduro y responsable»

En su presentación de informe de gestión en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuestionó a la oposición por sancionar el proyecto de ley que modificó el régimen de movilidad previsional, y al respecto consideró que esa conducta «no constituye un acto maduro y responsable».

Así se expresó el ministro coordinador al brindar un informe de gestión en la Cámara de Diputados, luego de que la oposición manifestara su intención de revertir el veto presidencial de la iniciativa sobre los haberes jubilatorias.

«La sanción del proyecto de ley que establece modificaciones al régimen de movilidad previsional no constituye un acto maduro y responsable: se establecen gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria. Se trata de un gasto que, por su efecto acumulativo, se incrementaría año tras año, condenando al país a más emisión, deuda, inflación y pobreza», opinó.

Para el funcionario, «la administración de los recursos públicos debe llevarse a cabo de manera madura y responsable, alineada con los objetivos públicos y los principios de buena administración, evitando las ilusiones de mejoras sin fundamento».

«Esto se debe hacer con responsabilidad institucional, sin quebrar el equilibrio fiscal ni agravar la deteriorada situación del Sistema Integrado Previsional Argentino», enfatizó Francos.

Política

Acevedo recibió al Colegio de Graduados de Ciencias Económicas y respaldó una agenda para fortalecer el ejercicio profesional

Durante el encuentro se abordó el impulso de un proyecto de ley para mejorar las condiciones de trabajo de los peritos contables, un convenio de asistencia a asociaciones civiles y la declaración de Interés Legislativo de las XVI Jornadas Nacionales del Sector Público, que se realizarán en Tucumán en agosto.

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Esta mañana, el vicegobernador de Tucumán, Miguel Acevedo, a cargo del Poder Ejecutivo, recibió en su despacho a la mesa directiva del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, encabezada por su presidente, Raúl Véliz, para dialogar sobre una agenda de trabajo vinculada al fortalecimiento de la actividad profesional y el acompañamiento institucional a distintas iniciativas del sector.

Durante la reunión se analizó el avance de un proyecto de ley destinado a mejorar las condiciones de trabajo de los peritos contables; la declaración de Interés Legislativo de las XVI Jornadas Nacionales del Sector Público y un acompañamiento institucional a la misma.

El encuentro, organizado por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán junto con la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), se desarrollará los días 13 y 14 de agosto de 2026 en el Espacio Sociocultural del Colegio, bajo el lema “Construyendo un presente con profesionales capacitados aseguramos el futuro de la Administración Pública”. La actividad reunirá a más de 400 profesionales, funcionarios y equipos técnicos de distintas jurisdicciones del país, consolidando un espacio de intercambio de alcance nacional.

El vicegobernador Miguel Acevedo destacó el trabajo conjunto que la Legislatura viene llevando adelante con las entidades profesionales de la provincia. “Recibimos a las autoridades del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas en una visita protocolar que también nos permitió dialogar sobre temas vinculados a la economía de Tucumán. Nos presentaron un trabajo que vienen desarrollando sobre las retenciones y distintas propuestas que también analizan junto con la Dirección General de Rentas. Si hay iniciativas para avanzar, las trabajaremos de manera coordinada”, expresó.

Asimismo, Acevedo remarcó la importancia de continuar fortaleciendo el vínculo institucional. “Tanto el Colegio de Graduados como la Legislatura compartimos el objetivo de seguir trabajando de manera coordinada en iniciativas que contribuyan a mejorar la legislación en materia impositiva, promover la generación de empleo e incentivar la radicación de empresas en Tucumán”, concluyó.

Por su parte, Véliz destacó la predisposición del vicegobernador Acevedo para avanzar en la iniciativa legislativa destinada a mejorar las condiciones de trabajo de los peritos contables: “El proyecto contempla no solamente la cuestión de los honorarios profesionales, que desde hace tiempo representa un problema para todos los peritos, sino también aspectos vinculados con la forma en que deben desarrollarse las pericias, tanto desde el punto de vista técnico como administrativo”.

Al ser consultado sobre lo dificultoso que resulta conseguir un perito contable para un juicio, advirtió que la demora en el cobro de los honorarios y los bajos montos regulados provocaron una importante reducción en el número de profesionales inscriptos para actuar como peritos judiciales: “Los honorarios tardan mucho tiempo en cobrarse y los valores que se fijan son muy bajos. Eso hizo que el padrón pasara de más de 400 profesionales inscriptos a apenas unos 80. Muchos colegas ya no aceptan desempeñarse como peritos porque el trabajo demanda tiempo y responsabilidad, pero la retribución no acompaña ese esfuerzo”.

Asimismo, señaló que el proyecto es analizado por la comisión legislativa presidida por Carolina Vargas Aignasse y que en su elaboración participan el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, el Consejo Profesional y la Federación Económica de Tucumán.

Otro de los temas tratados durante la reunión con el vicegobernador fue la elaboración de un convenio para facilitar la regularización administrativa de asociaciones civiles, fundaciones, clubes deportivos y centros de jubilados. “La Defensoría del Pueblo nos planteó la situación de numerosas instituciones que hoy tienen dificultades para funcionar normalmente porque no poseen sus balances al día y, por esa razón, no pueden regularizar su situación ante la Dirección de Personas Jurídicas”.

Según explicó Véliz, uno de los principales obstáculos son los costos que deben afrontar estas entidades para realizar las presentaciones contables. “Estamos trabajando en un acuerdo que ya fue presentado a la Defensoría del Pueblo para establecer un marco legal en el que participen el Gobierno provincial, la Dirección de Personas Jurídicas y el Colegio de Graduados. La idea es fijar honorarios mínimos que permitan facilitar la confección de los balances pendientes y contribuir a que estas instituciones puedan normalizar su situación”.

Finalmente, el presidente del Colegio se refirió a las XVI Jornadas Nacionales del Sector Público y destacó su importancia para la capacitación de los profesionales. “Las jornadas están destinadas a todos los contadores del sector público. Se abordarán temas relacionados con auditoría, contabilidad pública y las distintas áreas en las que se desempeñan nuestros profesionales. Contaremos con la participación de disertantes de Buenos Aires y de distintas provincias del país. También fueron invitados el contador general de la Nación y el síndico general de la Nación”, concluyó.

Véliz estuvo acompañado por sus pares Luis Pérez Vides y Jorge Miranda.

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Política

Las claves de la reforma del BCRA que presentó Javier Milei

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El presidente Javier Milei presentó ante diputados y senadores de La Libertad Avanza los principales lineamientos del proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), una de las iniciativas económicas que el Gobierno considera centrales para consolidar su programa de estabilización e impedir que futuras administraciones vuelvan a financiar el gasto público con emisión monetaria.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la propuesta busca reforzar la independencia del organismo monetario y modificar el funcionamiento vigente desde la reforma impulsada en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Estos son los ejes principales del proyecto:

1. Un único objetivo para el Banco Central

La iniciativa establece que el objetivo prioritario del BCRA será preservar el valor de la moneda. El Gobierno pretende eliminar el esquema actual, que le asigna múltiples finalidades, al considerar que eso debilitó la política monetaria y favoreció la inflación.

2. Prohibición de financiar al Tesoro

Uno de los cambios centrales será impedir que el Banco Central vuelva a asistir al Tesoro Nacional mediante emisión monetaria, ya sea con adelantos transitorios u otros mecanismos. Para la administración de Milei, esa práctica fue una de las principales causas del proceso inflacionario de las últimas décadas.

3. Mayor independencia del organismo

El proyecto busca blindar la autonomía del BCRA para reducir la influencia del Poder Ejecutivo sobre las decisiones de política monetaria. La intención oficial es que el organismo pueda actuar con mayor independencia respecto del Gobierno de turno.

4. Nuevos límites para la política monetaria

La reforma también apunta a restringir las herramientas que permitan expandir la base monetaria con fines fiscales. Según explicó Milei a los legisladores, el objetivo es evitar que la emisión vuelva a utilizarse como mecanismo de financiamiento del Estado.

5. Cambiar el marco legal del Banco Central

El Gobierno considera que la modificación de la Carta Orgánica constituye una condición necesaria para dar previsibilidad a largo plazo y evitar que futuras administraciones reviertan el rumbo económico mediante cambios discrecionales en la política monetaria. Por ese motivo, el oficialismo buscará convertir la reforma en una de las prioridades legislativas de los próximos meses.

FUENTE: Noticias Argentinas

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Política

Causa Skanska: condenaron a Julio De Vido y José López a cinco años de prisión por el pago de sobornos

La causa investigó un esquema de coimas para direccionar las licitaciones de ampliación de los gasoductos Norte y Sur, una de las primeras grandes investigaciones por corrupción durante el kirchnerismo.

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El Tribunal Oral Federal N°4, condenó este lunes al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al exsecretario de Obras Públicas, José López, a cinco años de prisión en la causa Skanska, el expediente que investigó el pago de sobornos para beneficiar a la empresa sueca en las obras de ampliación de los gasoductos de Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS).

Sus jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez consideraron acreditada la existencia de maniobras de corrupción vinculadas a la contratación de las obras públicas y condenaron a De Vido por los delitos de cohecho pasivo y administración fraudulenta contra el Estado. López recibió la misma pena por su participación.

Julio De Vido y José López fueron condenados a cinco años de prisión por el Tribunal Oral Federal N°4
A día de hoy, el fallo se conoció casi 20 años después del inicio de la investigación, que comenzó en 2006 a partir de denuncias sobre una red de empresas que habría utilizado facturas falsas para justificar pagos irregulares y canalizar dinero destinado al pago de sobornos a funcionarios públicos durante la gestión kirchnerista nacional.

El caso Skanska analizó si funcionarios públicos y empresarios participaron de un mecanismo para direccionar las licitaciones de las obras de ampliación de los gasoductos Norte y Sur, proyectos impulsados para aumentar la capacidad de transporte de gas tras la crisis energética posterior a 2001.

Según la acusación, las contrataciones habrían sido manipuladas mediante licitaciones privadas y la empresa Skanska habría pagado retornos para asegurarse la adjudicación de los contratos. La maniobra incluía, de acuerdo con la fiscalía, la utilización de compañías fantasma y facturación apócrifa para ocultar la salida del dinero.

La empresa recurrió al uso de «facturas truchas» para justificar la salida de dinero destinada a coimas
Además, el fiscal Abel Córdoba había señalado que el esquema involucraba sobreprecios y pagos ilegales a través de intermediarios. Por esa razón, junto con el fiscal Joaquín Gaset, había solicitado cinco años de prisión para De Vido, López y Néstor Ulloa, exgerente general de Nación Fideicomisos, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de importantes sumas de dinero.

El audio que reveló el pago de retornos
El elemento central del expediente fue una serie de grabaciones secuestradas durante un allanamiento realizado en 2007 en las oficinas de la empresa Skanska, ubicadas en Diagonal Norte 555. En esos audios, el entonces gerente de la compañía sueca, Javier Azcárate, reconocía la existencia de pagos irregulares vinculados a obras públicas y describía el mecanismo utilizado para canalizar los sobornos.

Sin embargo, durante una conversación con el exsíndico de Skanska Claudio Corizzo, quien llevaba un micrófono oculto, Azcárate hizo referencia a los negocios relacionados con la ampliación de los gasoductos Norte y Sur y habló de contratos millonarios por obras públicas adjudicadas durante ese período. «Es un negocio de cien millones de dólares de parte nuestra, más lo de ellos. Yo no sé, doscientos palos verdes», afirmó en una de las grabaciones.

La Corte Suprema de Justicia validó elementos clave de la investigación por el presunto pago de sobornos en obras de ampliación de gasoductos
Además, el exdirectivo mencionó la existencia de retornos equivalentes al 5% de los contratos: un 3% destinado a Enargas y un 2% a Nación Fideicomisos. También sostuvo que la empresa tenía conocimiento anticipado de que resultaría adjudicataria de las obras, cuyos contratos rondaban los 100 millones de dólares.

En otro tramo de la conversación, Azcárate hizo referencia a un «pingüino», aunque nunca se pudo determinar a quién hacía alusión con ese término. También mencionó a Carlos Bache, directivo de Techint, y al contador Alfredo Greco, señalado como presunto intermediario de las operaciones investigadas.

Sus grabaciones fueron incorporadas al expediente y validadas como prueba durante el proceso judicial. Esta aparición derivó además en medidas políticas en 2007, como la salida del entonces titular de Enargas, Fulvio Madaro, y del gerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, quienes quedaron bajo investigación judicial.

La situación judicial de De Vido y López
El exministro de Planificación Federal Julio De Vido fue uno de los funcionarios con mayor poder durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, ya que estuvo al frente de esa cartera durante más de 12 años, entre 2003 y 2015. Con la condena en la causa Skanska, el exfuncionario acumula la quinta sentencia en su contra dentro de distintos expedientes judiciales.

Sin embargo, hasta el momento, la única condena firme que pesa sobre él es la vinculada a la Tragedia de Once, por la que fue condenado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

a Tragedia de Once fue una de las causas por las que Julio De Vido recibió una condena judicial
Actualmente, el exfuncionario cumple prisión domiciliaria en su vivienda de Zárate.

De Vido también fue condenado en la causa Río Turbio, relacionada con el desvío de fondos destinados a la mina de carbón santacruceña, aunque esa sentencia todavía no quedó firme. Además, enfrenta otros procesos judiciales, entre ellos el expediente por el caso Sueños Compartidos, que investigó irregularidades en la construcción de viviendas sociales a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

El exsecretario de Obras Públicas, José López, permanece detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. Su nombre volvió al centro de la escena en 2016, cuando fue detenido mientras intentaba ocultar casi nueve millones de dólares en un convento de General Rodríguez. Los famosos «bolsos de López».

A raíz de ese episodio, fue condenado por enriquecimiento ilícito y la Justicia decomisó el dinero hallado durante el operativo. /Perfil

José López fue condenado en la causa conocida como “los bolsos de López”

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