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Política

La Justicia ordenó la inmediata libertad de José López, condenado por los bolsos

El tribunal aceptó que tres amigos del ex secretario de Obras Públicas sean sus “fiadores” para dejar su condición de detenido. Seguirá viviendo como testigo protegido.

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José López, el ex secretario de Obras Públicas que fue condenado por enriquecimiento ilícito tras haber llevado bolsos con casi nueve millones de dólares a un convento y que se convirtió en “arrepentido” en la causa de los cuadernos, obtuvo la libertad condicional. Es que tres amigos se presentaron y fueron aceptados como fiadores del ex funcionario que aseguraba que no tenía plata para pagar la fianza. La cifra inicialmente se fijó en 85 millones de pesos y tras una puja que duró medio año se redujo a 14 millones y medio de pesos.

López se hizo famoso por haber sido descubierto llevando bolsos con casi nueve millones dólares a un convento en junio de 2016. Su figura se convirtió en un símbolo de la corrupción. “Lo odié, como pocas cosas odié en mi vida”, dijo de él la hoy vicepresidenta Cristina Kirchner cuando habló por primera vez del tema, al año del escándalo en una entrevista con Infobae. López fue sentenciado a siete años y medio de cárcel y ya estaba en condiciones de acceder a la condicional por haber cumplido las dos terceras partes de su condena, que vencerá 14 de diciembre del 2023. Sin embargo, hasta ahora no podía lograr la libertad porque la fianza que le habían fijado era muy alta.

Aquí, aparecieron tres amigos de López para poner una casa y unos vehículos a disposición de la justicia. No obstante, esos bienes no quedan embargados y sólo se ejecutan si el condenado se evade, explicaron  fuentes del caso. La presentación se hizo en las últimas horas y los jueces verificaron este viernes la solvencia de los fiadores y que sus bienes -con su respectiva tasación- puestos a disposición no estuvieran embargados.

El juez Adrián Grümberg, que también integra el TOF 1, ya se había pronunciado por otorgarle la caución bajo palabra, teniendo en cuenta que sigue bajo el programa de protección de Testigos y por lo tanto vigilado. De la confirmación de los avales sobre las propiedades que se pusieron como caución los amigos de López, dependía de cuándo se concretaría la salida de López del encierro. Con la decisión tomada esta noche por el tribunal, se dispuso la “inmediata libertad” del ex secretario de Obras Públicas.

“En lo que respecta a las reglas impuestas a José Francisco López en el marco de la excarcelación en términos de libertad condicional otorgada, hágasele saber al Programa que, una vez definido su lugar de residencia definitiva, deberán informarlo fehacientemente a esta sede por los medios que considere adecuados, como así también sobre cualquier cambio que deban realizar de ese domicilio”, sostuvieron los tres jueces, en la resolución a la que accedió Infobae. “En ese mismo sentido, póngase de resalto que oportunamente deberán coordinar con este Tribunal sobre las restantes reglas impuestas a López, con el fin de que las mismas sean compatibilizadas con los objetivos del Programa y de conformidad con su situación de protección”.

El ex funcionario sólo estaba detenido en esta causa de enriquecimiento ilícito. Enfrenta no obstante varias causas penales. Está siendo juzgado en el juicio de la obra pública entregada a Lázaro Báez en Santa Cruz, donde la vicepresidenta está en el banquillo; está procesado en la causa “Sueños Compartidos” e investigado en la causa del soterramiento del ferrocarril Sarmiento, por las coimas de Odebrecht. Además se convirtió en arrepentido en la causa de los cuadernos. El Tribunal Oral Federal 7, a cargo de la causa cuadernos, fue informado esta noche de su libertad condicional.

López no estaba alojado en una celda de la cárcel de Ezeiza, a donde fue llevado apenas fue arrestado en junio de 2016. Es que declaró como imputado-colaborador en la causa cuadernos contra la entonces ex presidenta Cristina Kirchner, en agosto de 2018, pidió pasar al Programa de Protección de Testigos e Imputados que depende del Ministerio de Justicia. Aún privado de su libertad, bajo la vigilancia del Servicio Penitenciario Federal, López fue alojado en un lugar bajo reserva donde permanecía actualmente.

Sin embargo, desde hace varios meses, su defensa oficial viene peleando para que se le otorgue la libertad condicional. A mediados de abril, el tribunal oral federal 1, que condenó a López, le otorgó la libertad condicional por haber cumplido los dos tercios de la condena de siete años y medio de prisión por el caso de los bolsos y por la tenencia de arma con la que fue detenido en el convenio. Y por mayoría le fijó el pago de una fianza de 85 millones de pesos.

Pero la defensa apeló y dijo que no podía pagar esa cifra. Sobre todo teniendo en cuenta que sus bienes están embargados. Durante la feria judicial de invierno, los jueces Carlos Mahiques, Eduardo Riggi y Angela Ledesma habían ordenado al Tribunal Oral que reexamine la caución dispuesta. En ese contexto, el TOF 1 dispuso en agosto pasado reducir la fianza: de 85 a 48 millones de pesos.

Pero la defensa oficial volvió a apelar y pidió la libertad bajo palabra de su pupilo. A fines de septiembre, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó que no corresponde la libertad bajo palabra de López, pero dispuso que se anule lo decidido en relación al monto de la caución por resultar arbitrario. Para decidir así, los jueces advirtieron que transcurrieron más de cinco meses desde que se dispuso la libertad, pese a lo cual José López no logró satisfacer ninguno de los montos ni modalidades dispuestos por el tribunal de juicio. Instaron entonces a fijar una caución “justificada”.

Finalmente, la “caución personal” quedó valuada en 14,5 millones de pesos. En las últimas horas, la defensa aportó las propiedades de tres amigos del ex funcionario como garantía, para poder concretar la liberación.

El video de José López con bolsos llenos de dólaresEl video de José López con bolsos llenos de dólares

José López está preso desde junio de 2016 cuando fue arrestado en el convento de General Rodríguez al que había llegado con bolsos en los que guardaba 8.982.047 dólares, 153.010 euros y 159.114 pesos. También una escopeta. Por orden del Tribunal Oral, el dinero que se le había incautado en el convento fue destinado a los hospitales Juan Garrahan y Ricardo Gutiérrez.

Al principio dijo que el dinero provenía de la política. Cuando explotó el escándalo de los cuadernos, se convirtió en “arrepentido” y aseguró que la plata se la había entregado un ex secretario de Cristina Kirchner: Fabián Gutiérrez, asesinado en Santa Cruz en julio del 2020 y que lo desmintió en vida.

En el juicio oral en su contra por enriquecimiento ilícito no le creyeron esa versión: dijeron que la había inventado para beneficiarse y que estaba claro que el dinero era suyo. En el caso de los cuadernos, sus dichos fueron dados por válidos. “Mentí sobre los bolsos por temor a mi vida y porque Cristina es muy vengativa”, había dicho en aquella oportunidad.

Fuente Infobae

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Política

Trasladaron a 21 detenidos al penal de Villa Urquiza

Los internos, todos con sentencia definitiva, estaban alojados en dependencias de la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos

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El operativo de traslado desde la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos hacia el Penal de Villa Urquiza se realizó con el objetivo de garantizar que internos con condena firme continúen cumpliendo su pena y reciban el tratamiento penitenciario correspondiente.

Los internos, todos con sentencia definitiva, estaban alojados en dependencias de la Dirección General de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos y fueron trasladados al Penal de Villa Urquiza, donde continuarán cumpliendo sus condenas y accediendo a los programas y tratamientos previstos por la normativa aplicable.

Participación de los organismos y personal a cargo

El operativo estuvo a cargo del personal de la Unidad de Investigaciones Criminales y Delitos Complejos Capital, bajo la conducción de su director, el comisario inspector Diego Bernachi, acompañado por efectivos del Cuerpo Especial de Rescate y Operaciones (CERO). A su arribo al penal, los internos fueron recibidos por el director del complejo, subalcaide Alfredo Medina, junto con la guardia del establecimiento.

Objetivos institucionales y declaraciones

El subalcaide Alfredo Medina señaló que el traslado se enmarca en una continuidad de movimientos hacia distintos penales de la provincia, dispuestos por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa. En sus palabras: “Recibimos a 21 internos que son de alcaidías de Investigaciones y comisarías con la finalidad de cumplir con la Ley 24.660, son internos penados y procedemos, desde el momento que ingresan acá, con el tratamiento y de esa manera descongestionar las distintas dependencias policiales”.

Por su parte, el comisario inspector Diego Bernachi explicó que el operativo fue supervisado por su dirección y se desarrolló conforme a las directivas de la Jefatura de Policía y del Ministerio de Seguridad: “Siguiendo las directivas de Jefatura de Policía y el Ministerio de Seguridad continuamos con el traslado de detenidos, en este caso, de la Dirección de Investigaciones y de las comisarías. Este operativo está diagramado con el resguardo que corresponde por parte del CERO que los escoltan hasta el penal”.

Impacto y finalidad

La medida busca, además de asegurar el cumplimiento de penas conforme a la Ley 24.660, aliviar la ocupación en alcaidías y comisarías, permitiendo que las fuerzas policiales concentren sus recursos en tareas operativas y administrativas. El traslado implica la continuidad de los procesos de tratamiento para los internos desde su ingreso al penal.

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La Legislatura aprobó 10 pliegos para cubrir vacantes en la Justicia

Corresponden a distintos Centros Judiciales y especialidades, tras cumplir el proceso de evaluación y entrevistas establecido por el Reglamento Interno.

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En una sesión presidida por el vicegobernador y titular del Poder Legislativo, Miguel Acevedo, la Legislatura de Tucumán otorgó acuerdo a diez pliegos remitidos por el Poder Ejecutivo para la cobertura de cargos vacantes en el ámbito judicial.

Las designaciones se distribuyen en distintos Centros Judiciales de la provincia y abarcan defensorías civiles, laborales y de niñez, adolescencia y capacidad restringida, con el objetivo de fortalecer el funcionamiento del sistema judicial y mejorar el acceso a la justicia en todo el territorio.

En el Centro Judicial Capital, se aprobaron los pliegos de la Dra. Marcela Eugenia De Mari, designada como Defensora de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida de la II Nominación; la Dra. Georgina Graciela Medina, en la misma especialidad; el Dr. Diego Javier Trabadelo, también como Defensor de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida; la Dra. Ana Ricco Falú, quien asumirá como Defensora de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida de la IV Nominación; y la Dra. María Alejandra Rodríguez, designada como Defensora Oficial Civil y del Trabajo de la III Nominación.
En tanto, en el Centro Judicial del Este, se otorgó acuerdo a la Dra. Marcela Alejandra Cardozo Sánchez como Defensora Oficial Civil y del Trabajo; al Dr. Juan Facundo Masaguer, designado como Defensor Oficial Civil y del Trabajo con carácter itinerante; y a la Dra. Gabriela Sami, quien se desempeñará como Defensora Oficial en lo Civil.

Por su parte, en el Centro Judicial Monteros, las designaciones corresponden al Dr. Fernando Antonio Vera como Defensor Oficial Civil y del Trabajo, y a la Dra. María Alejandra Rivas como Defensora de Niñez, Adolescencia y Capacidad Restringida.

El tratamiento de los pliegos se llevó adelante conforme al procedimiento establecido, que prevé la intervención de la Comisión de Peticiones y Acuerdos, la solicitud de informes a distintos organismos y la realización de entrevistas personales a los postulantes, a fin de evaluar sus antecedentes, formación y aptitud para el ejercicio de la función.

En ese marco, la presidenta de la Comisión de Peticiones y Acuerdos, Carolina Vargas Aignasse, destacó: “Se trata de defensores oficiales que van a poder acercar este servicio de justicia a la comunidad a lo largo de toda la provincia. Hemos tomado las entrevistas a estos magistrados y hemos quedado muy conformes con el intercambio realizado. Hoy la Justicia tiene diez nuevos defensores oficiales”.

Asimismo, remarcó la importancia de avanzar con estas designaciones al señalar que “son quienes van a acercar la justicia a la gente que más lo necesita, especialmente a aquellos ciudadanos que no cuentan con los recursos para acceder a un abogado particular. Las defensorías oficiales garantizan que toda persona pueda tener la tutela judicial efectiva”.

Finalmente, indicó que se continuará trabajando en nuevas designaciones y que se espera el envío de más pliegos por parte del Poder Ejecutivo.

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Política

Rechazo del Sadop al decreto de Jaldo sobre penas a estudiantes y colegios

Desde la filial local del Sindicato Argentino de Docentes Particulares advirtieron que los términos del decreto 772-/ (MS) prioriza lo punitivo y expulsivo.

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El Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP) expresó su profunda preocupación y rechazo ante los términos del Decreto 772-7 (MS), firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Seguridad, Eugenio Agüero. «Desde nuestra organización advertimos que el enfoque adoptado prioriza lo punitivo y expulsivo, por encima de los mecanismos pedagógicos y el sistema de protección integral de derechos de los niños, niñas y adolescentes», expresa un comunicado que lleva la firma de Mario Dionisi, ecretario General del Sindicato de Docentes Particulares.

La escuela no es un centro de detención.
El sindicato sostiene que la seguridad en el ámbito escolar no debe ser potestad del sistema penitenciario ni de las fuerzas policiales. El decreto actual omite herramientas fundamentales como la mediación, la prevención y la resolución pacífica de conflictos, la educacion emocional, desplazando la voz de docentes, alumnos y padres en favor de una lógica de control, vigilancia, expulsión y reclusión.

Una respuesta «espasmódica» e ineficaz
Consideramos que la amenaza de expulsión y castigo, es una reacción superficial frente a una conflictividad social que va in crescendo. «La sanción no puede ser el único camino, ni la solución; es una respuesta para mostrar acción que no aborda el fondo del problema». El Estado debe asumir su responsabilidad generando condiciones de prevención y no delegando la resolución de conflictos escolares en el Ministerio de Seguridad.

SADOP recordó que, según la normativa nacional vigente, están expresamente prohibidas las sanciones que atenten contra el derecho a la educación o que impidan la continuidad de los jóvenes en el sistema.

La expulsión de adolescentes no solo es una medida regresiva, sino que les quita el soporte fundamental para su formación ciudadana y convivencia democrática.

Nuestra propuesta: Abordaje Integral e inversión en educación real y contextualizada.
Instamos al Gobierno Provincial a dar marcha atrás con la lógica punitiva y apostar por:

Fortalecimiento del sistema de protección: Involucramiento de todas las instituciones dedicadas a la niñez y adolescencia.

Habilitación de la palabra: Espacios donde los estudiantes participen activamente en la resolución de sus conflictos.

Promoción de la paz: Refuerzo de la escuela como el lugar central para la construcción de una democracia moderna y no violenta.

La escuela debe seguir siendo el espacio donde la palabra circule y la paz se construya. Expulsar es negar un derecho; dialogar es educar.»
​Mario Dionisi, Secretario General de Sadop Tucumán
Liliana Rojas , Secretaria de Comunicación y prensa
San Miguel de Tucumán, 16 de abril de 2026

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