“La CGT no permanecerá en silencio frente a esta grave avanzada de un Gobierno que pretende borrar, una vez más, los derechos que tanto costo conquistar y defender. El movimiento obrero organizado dará las batallas que tenga que dar, sean en los Tribunales, en la calle o en los puestos de trabajo, para garantizar este y otros derechos amenazados por el Gobierno Nacional”, advirtió.

En el texto del decreto publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno definió que “los conflictos colectivos que pudieren afectar la normal prestación de servicios esenciales o actividades de importancia trascendental quedan sujetos a las siguientes garantías de prestación de servicios mínimos”, en el artículo 3 del decreto, que modifica el artículo 24 de la Ley N° 25.877.
Hace referencia a que “la prestación de servicios mínimos, en el caso de los servicios esenciales, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 75% de la prestación normal del servicio de que se tratare”; mientras que “en el caso de las actividades o servicios de importancia trascendental, en ningún caso se podrá negociar o imponer a las partes una cobertura menor al 50%”.

Fuerte rechazo de los gremios

En un comunicado difundido horas después de la publicación del decreto, la CGT denunció que el Gobierno “intenta suprimir el derecho a huelga en la Argentina de un plumazo y sin debate ni análisis previo”.

“Bajo el pretexto de declarar como ‘servicio esencial’ al transporte marítimo de personas y/o productos, el Poder Ejecutivo amplía esta categoría, incluyendo un sinfín de sectores sin otro criterio que el de restringir el derecho a huelga”, planteó y afirmó que “en la práctica, esta decisión equivale a cercenar el derecho constitucional a huelga de millones de trabajadoras y trabajadores”.

También la poderosa Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte (CATT) repudió el decreto y coincidió en que se firmó “bajo el disfraz de la eficiencia y la competitividad”, pero que “promueve la apertura indiscriminada a intereses extranjeros, pone en jaque la soberanía nacional, destruye la industria nacional y amenaza gravemente el trabajo argentino”.

“Esta actitud configura una grave afrenta a la democracia y a los principios elementales de libertad sindical consagrados en nuestra Constitución Nacional, capítulo 14 bis y en el convenio 87 de la OM”, denunció.

Además, rechazó “las medidas de desregulación en la industria aeronáutica nacional, impulsadas por la Secretaría de Transporte”, que “afectan directamente la seguridad operacional, debilitan los estándares que tanto ha costado alcanzar y facilitan el ingreso de operadores sin controles, poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo y el desarrollo estratégico del sistema aeronáutico argentino”, dijo.

“La CATT hace un llamado urgente al Poder Ejecutivo para revisar este rumbo de ajuste y entrega, que no solo vulnera derechos laborales, sino que erosiona gravemente la capacidad soberana del Estado argentino para planificar y ejecutar políticas públicas en materia de transporte”, completó.

Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) planteó que “es un decreto que le pidieron a Milei las multinacionales y los empresarios millonarios”.

“El Gobierno está apurado y quiere liquidarnos antes que se le terminen las facultades extraordinarias. Sin el derecho de huelga estamos condenados a volver a la esclavitud. Tenemos que impedirlo”, señaló Rodolfo Aguiar, secretario General del sindicato.

Además, opinó que “la modificación por decreto del derecho de huelga es ilegal” y señaló que “es muy grave que exijan que se garantice el 75% de las prestaciones”, porque “de esta manera, la huelga pierde todo sentido y no tendrá ningún efecto”.