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Política

Juicio por YPF: el Gobierno pidió la suspensión de la sentencia

En la Casa Rosada consideran que sería “un daño irreparable” la entrega de la mayoría accionaria de YPF en manos del Estado nacional.

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El Gobierno pidió esta tarde a la jueza Loretta Preska la suspensión del fallo que busca forzar el pago del juicio por la expropiación de YPF y busca estirar los plazos jurídicos durante algunos meses para evitar la ejecución de la sentencia y revertir la demanda en segunda instancia. En los próximos días, además, hará la presentación formal de apelación.

En la Casa Rosada aseguran que no se sentarán a negociar con el fondo Burford Capital hasta que no haya resolución definitiva al pleito legal y consideran que sería “un daño irreparable” la entrega de la mayoría accionaria de YPF en manos del Estado nacional. Por otro lado, apuestan a disputar el monto final de la sentencia -calculada en USD 16.000 millones- porque aseguran que hay razones legales para reducirla incluso a “algunos cientos de millones”, explicaron fuentes oficiales con conocimiento del proceso.

La Procuración del Tesoro, que lleva adelante la defensa ante demandas contra el Estado, pidió esa cautelar (un recurso llamado stay en la legislación norteamericana) para ganar tiempo en el juicio, pero se guarda una última carta en caso de que Preska no acceda a esa solicitud: pedirá la suspensión directamente a la corte de apelaciones, es decir a la segunda instancia.

En la Casa Rosada mencionan que la sentencia, tal como fue determinada por la jueza, es de cumplimiento imposible, por lo que no está dentro de las opciones acatar el fallo mientras sea solamente una decisión de primera instancia. Quedarían dos superiores, entre la primera cámara revisora y, eventualmente, la Corte Suprema de Justicia norteamericana. Por esa razón, aseveran, no aceptarán una instancia de negociación con el fondo Burford para llegar a un acuerdo de pago, una posibilidad que empezó a dejar trascender la parte litigante.

En el Gobierno trabajan con una hipótesis de máxima que es conseguir que la ejecución de la sentencia, ordenada a través de la entrega de las acciones que el Estado tiene en YPF, se estire hasta que termine todo el proceso de apelación en segunda instancia. Si eso fuese posible, la Casa Rosada ganaría varios meses de espacio para evitar un incumplimiento abierto del fallo. Una solución menos favorable sería que los tiempos se estiren al menos los 90 días que requiere la presentación de los documentos de apelación.

El peor escenario sería que ni Preska ni la cámara de apelaciones concedan esa suspensión de la sentencia. En ese caso se activaría, a mediados de mes, la concreción del pago ordenado por la jueza. En el Gobierno argumentan que más allá de las razones jurídicas, operativamente esa forma de pago es inviable porque las acciones no son de sencilla transferencia y si existiera una reversión del fallo en alguna instancia superior y ese pago ya se hubiera realizado, sería técnicamente improbable para el Estado recuperar esa tenencia.

El proceso por el caso YPF seguirá por las dos vías ya conocidas: por un lado, la cuestión de fondo, sobre si estuvo bien realizada la operación de expropiación de la petrolera en 2012. La jueza determinó que la oferta hecha a Repsol por sus acciones debería haber sido extendida al resto de los socios, como el Grupo Petersen. Al no haberlo hecho de esa forma, Preska consideró que hubo una violación al estatuto de la compañía.

Esta cuestión de fondo fue resuelta en esa primera instancia. El proceso de apelación, explican en la Casa Rosada, debería empezar “en cualquier momento”. La defensa argumentará que la jueza se excedió en su jurisdicción y que una sentencia de esa naturaleza implica una “cuestión de gravedad” para el Estado nacional.

Otro punto que el Poder Ejecutivo volverá a llevar para la discusión legal en segunda instancia es el propio monto de la sentencia. Quienes siguen de cerca la estrategia de defensa oficial aseguran que esos USD 16.000 millones estimados no son una cifra consolidada sino que es posible disputarla en los juzgados.

El eje de ese argumento estará dado en qué fecha tiene que tomarse como referencia para calcular el valor de la acción y, por ende, de compensación a Burford. Otro elemento en consideración es el tipo de cambio: el estatuto de YPF establecía una fórmula expresada en pesos.

Como la justicia norteamericana no puede determinar indemnizaciones en monedas extranjeras, la manera en la que Preska “dolarizó” la sentencia tiene hendijas jurídicas para ser litigada, mencionan en la Casa Rosada. En el Gobierno creen que en el mejor de los casos el valor del juicio podría reducirse a solo “unos cientos de millones de dólares”.

Esto implicaría una baja sustancial en el monto en juego y cambiaría la perspectiva de solución del caso. Es, admiten, la versión más extrema de descuento del costo de la sentencia, aunque creen que hay “posibilidades razonables” de que la justicia norteamericana lo convalide.

Política

Acevedo recibió al Colegio de Graduados de Ciencias Económicas y respaldó una agenda para fortalecer el ejercicio profesional

Durante el encuentro se abordó el impulso de un proyecto de ley para mejorar las condiciones de trabajo de los peritos contables, un convenio de asistencia a asociaciones civiles y la declaración de Interés Legislativo de las XVI Jornadas Nacionales del Sector Público, que se realizarán en Tucumán en agosto.

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Esta mañana, el vicegobernador de Tucumán, Miguel Acevedo, a cargo del Poder Ejecutivo, recibió en su despacho a la mesa directiva del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, encabezada por su presidente, Raúl Véliz, para dialogar sobre una agenda de trabajo vinculada al fortalecimiento de la actividad profesional y el acompañamiento institucional a distintas iniciativas del sector.

Durante la reunión se analizó el avance de un proyecto de ley destinado a mejorar las condiciones de trabajo de los peritos contables; la declaración de Interés Legislativo de las XVI Jornadas Nacionales del Sector Público y un acompañamiento institucional a la misma.

El encuentro, organizado por el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Tucumán junto con la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE), se desarrollará los días 13 y 14 de agosto de 2026 en el Espacio Sociocultural del Colegio, bajo el lema “Construyendo un presente con profesionales capacitados aseguramos el futuro de la Administración Pública”. La actividad reunirá a más de 400 profesionales, funcionarios y equipos técnicos de distintas jurisdicciones del país, consolidando un espacio de intercambio de alcance nacional.

El vicegobernador Miguel Acevedo destacó el trabajo conjunto que la Legislatura viene llevando adelante con las entidades profesionales de la provincia. “Recibimos a las autoridades del Colegio de Graduados en Ciencias Económicas en una visita protocolar que también nos permitió dialogar sobre temas vinculados a la economía de Tucumán. Nos presentaron un trabajo que vienen desarrollando sobre las retenciones y distintas propuestas que también analizan junto con la Dirección General de Rentas. Si hay iniciativas para avanzar, las trabajaremos de manera coordinada”, expresó.

Asimismo, Acevedo remarcó la importancia de continuar fortaleciendo el vínculo institucional. “Tanto el Colegio de Graduados como la Legislatura compartimos el objetivo de seguir trabajando de manera coordinada en iniciativas que contribuyan a mejorar la legislación en materia impositiva, promover la generación de empleo e incentivar la radicación de empresas en Tucumán”, concluyó.

Por su parte, Véliz destacó la predisposición del vicegobernador Acevedo para avanzar en la iniciativa legislativa destinada a mejorar las condiciones de trabajo de los peritos contables: “El proyecto contempla no solamente la cuestión de los honorarios profesionales, que desde hace tiempo representa un problema para todos los peritos, sino también aspectos vinculados con la forma en que deben desarrollarse las pericias, tanto desde el punto de vista técnico como administrativo”.

Al ser consultado sobre lo dificultoso que resulta conseguir un perito contable para un juicio, advirtió que la demora en el cobro de los honorarios y los bajos montos regulados provocaron una importante reducción en el número de profesionales inscriptos para actuar como peritos judiciales: “Los honorarios tardan mucho tiempo en cobrarse y los valores que se fijan son muy bajos. Eso hizo que el padrón pasara de más de 400 profesionales inscriptos a apenas unos 80. Muchos colegas ya no aceptan desempeñarse como peritos porque el trabajo demanda tiempo y responsabilidad, pero la retribución no acompaña ese esfuerzo”.

Asimismo, señaló que el proyecto es analizado por la comisión legislativa presidida por Carolina Vargas Aignasse y que en su elaboración participan el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, el Consejo Profesional y la Federación Económica de Tucumán.

Otro de los temas tratados durante la reunión con el vicegobernador fue la elaboración de un convenio para facilitar la regularización administrativa de asociaciones civiles, fundaciones, clubes deportivos y centros de jubilados. “La Defensoría del Pueblo nos planteó la situación de numerosas instituciones que hoy tienen dificultades para funcionar normalmente porque no poseen sus balances al día y, por esa razón, no pueden regularizar su situación ante la Dirección de Personas Jurídicas”.

Según explicó Véliz, uno de los principales obstáculos son los costos que deben afrontar estas entidades para realizar las presentaciones contables. “Estamos trabajando en un acuerdo que ya fue presentado a la Defensoría del Pueblo para establecer un marco legal en el que participen el Gobierno provincial, la Dirección de Personas Jurídicas y el Colegio de Graduados. La idea es fijar honorarios mínimos que permitan facilitar la confección de los balances pendientes y contribuir a que estas instituciones puedan normalizar su situación”.

Finalmente, el presidente del Colegio se refirió a las XVI Jornadas Nacionales del Sector Público y destacó su importancia para la capacitación de los profesionales. “Las jornadas están destinadas a todos los contadores del sector público. Se abordarán temas relacionados con auditoría, contabilidad pública y las distintas áreas en las que se desempeñan nuestros profesionales. Contaremos con la participación de disertantes de Buenos Aires y de distintas provincias del país. También fueron invitados el contador general de la Nación y el síndico general de la Nación”, concluyó.

Véliz estuvo acompañado por sus pares Luis Pérez Vides y Jorge Miranda.

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Política

Las claves de la reforma del BCRA que presentó Javier Milei

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El presidente Javier Milei presentó ante diputados y senadores de La Libertad Avanza los principales lineamientos del proyecto para reformar la Carta Orgánica del Banco Central (BCRA), una de las iniciativas económicas que el Gobierno considera centrales para consolidar su programa de estabilización e impedir que futuras administraciones vuelvan a financiar el gasto público con emisión monetaria.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la propuesta busca reforzar la independencia del organismo monetario y modificar el funcionamiento vigente desde la reforma impulsada en 2012 durante el gobierno de Cristina Kirchner.

Estos son los ejes principales del proyecto:

1. Un único objetivo para el Banco Central

La iniciativa establece que el objetivo prioritario del BCRA será preservar el valor de la moneda. El Gobierno pretende eliminar el esquema actual, que le asigna múltiples finalidades, al considerar que eso debilitó la política monetaria y favoreció la inflación.

2. Prohibición de financiar al Tesoro

Uno de los cambios centrales será impedir que el Banco Central vuelva a asistir al Tesoro Nacional mediante emisión monetaria, ya sea con adelantos transitorios u otros mecanismos. Para la administración de Milei, esa práctica fue una de las principales causas del proceso inflacionario de las últimas décadas.

3. Mayor independencia del organismo

El proyecto busca blindar la autonomía del BCRA para reducir la influencia del Poder Ejecutivo sobre las decisiones de política monetaria. La intención oficial es que el organismo pueda actuar con mayor independencia respecto del Gobierno de turno.

4. Nuevos límites para la política monetaria

La reforma también apunta a restringir las herramientas que permitan expandir la base monetaria con fines fiscales. Según explicó Milei a los legisladores, el objetivo es evitar que la emisión vuelva a utilizarse como mecanismo de financiamiento del Estado.

5. Cambiar el marco legal del Banco Central

El Gobierno considera que la modificación de la Carta Orgánica constituye una condición necesaria para dar previsibilidad a largo plazo y evitar que futuras administraciones reviertan el rumbo económico mediante cambios discrecionales en la política monetaria. Por ese motivo, el oficialismo buscará convertir la reforma en una de las prioridades legislativas de los próximos meses.

FUENTE: Noticias Argentinas

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Política

Causa Skanska: condenaron a Julio De Vido y José López a cinco años de prisión por el pago de sobornos

La causa investigó un esquema de coimas para direccionar las licitaciones de ampliación de los gasoductos Norte y Sur, una de las primeras grandes investigaciones por corrupción durante el kirchnerismo.

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El Tribunal Oral Federal N°4, condenó este lunes al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y al exsecretario de Obras Públicas, José López, a cinco años de prisión en la causa Skanska, el expediente que investigó el pago de sobornos para beneficiar a la empresa sueca en las obras de ampliación de los gasoductos de Transportadora Gas del Norte (TGN) y Transportadora Gas del Sur (TGS).

Sus jueces Jorge Gorini, Guillermo Costabel y María Gabriela López Iñiguez consideraron acreditada la existencia de maniobras de corrupción vinculadas a la contratación de las obras públicas y condenaron a De Vido por los delitos de cohecho pasivo y administración fraudulenta contra el Estado. López recibió la misma pena por su participación.

Julio De Vido y José López fueron condenados a cinco años de prisión por el Tribunal Oral Federal N°4
A día de hoy, el fallo se conoció casi 20 años después del inicio de la investigación, que comenzó en 2006 a partir de denuncias sobre una red de empresas que habría utilizado facturas falsas para justificar pagos irregulares y canalizar dinero destinado al pago de sobornos a funcionarios públicos durante la gestión kirchnerista nacional.

El caso Skanska analizó si funcionarios públicos y empresarios participaron de un mecanismo para direccionar las licitaciones de las obras de ampliación de los gasoductos Norte y Sur, proyectos impulsados para aumentar la capacidad de transporte de gas tras la crisis energética posterior a 2001.

Según la acusación, las contrataciones habrían sido manipuladas mediante licitaciones privadas y la empresa Skanska habría pagado retornos para asegurarse la adjudicación de los contratos. La maniobra incluía, de acuerdo con la fiscalía, la utilización de compañías fantasma y facturación apócrifa para ocultar la salida del dinero.

La empresa recurrió al uso de «facturas truchas» para justificar la salida de dinero destinada a coimas
Además, el fiscal Abel Córdoba había señalado que el esquema involucraba sobreprecios y pagos ilegales a través de intermediarios. Por esa razón, junto con el fiscal Joaquín Gaset, había solicitado cinco años de prisión para De Vido, López y Néstor Ulloa, exgerente general de Nación Fideicomisos, además de la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso de importantes sumas de dinero.

El audio que reveló el pago de retornos
El elemento central del expediente fue una serie de grabaciones secuestradas durante un allanamiento realizado en 2007 en las oficinas de la empresa Skanska, ubicadas en Diagonal Norte 555. En esos audios, el entonces gerente de la compañía sueca, Javier Azcárate, reconocía la existencia de pagos irregulares vinculados a obras públicas y describía el mecanismo utilizado para canalizar los sobornos.

Sin embargo, durante una conversación con el exsíndico de Skanska Claudio Corizzo, quien llevaba un micrófono oculto, Azcárate hizo referencia a los negocios relacionados con la ampliación de los gasoductos Norte y Sur y habló de contratos millonarios por obras públicas adjudicadas durante ese período. «Es un negocio de cien millones de dólares de parte nuestra, más lo de ellos. Yo no sé, doscientos palos verdes», afirmó en una de las grabaciones.

La Corte Suprema de Justicia validó elementos clave de la investigación por el presunto pago de sobornos en obras de ampliación de gasoductos
Además, el exdirectivo mencionó la existencia de retornos equivalentes al 5% de los contratos: un 3% destinado a Enargas y un 2% a Nación Fideicomisos. También sostuvo que la empresa tenía conocimiento anticipado de que resultaría adjudicataria de las obras, cuyos contratos rondaban los 100 millones de dólares.

En otro tramo de la conversación, Azcárate hizo referencia a un «pingüino», aunque nunca se pudo determinar a quién hacía alusión con ese término. También mencionó a Carlos Bache, directivo de Techint, y al contador Alfredo Greco, señalado como presunto intermediario de las operaciones investigadas.

Sus grabaciones fueron incorporadas al expediente y validadas como prueba durante el proceso judicial. Esta aparición derivó además en medidas políticas en 2007, como la salida del entonces titular de Enargas, Fulvio Madaro, y del gerente de Nación Fideicomisos, Néstor Ulloa, quienes quedaron bajo investigación judicial.

La situación judicial de De Vido y López
El exministro de Planificación Federal Julio De Vido fue uno de los funcionarios con mayor poder durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, ya que estuvo al frente de esa cartera durante más de 12 años, entre 2003 y 2015. Con la condena en la causa Skanska, el exfuncionario acumula la quinta sentencia en su contra dentro de distintos expedientes judiciales.

Sin embargo, hasta el momento, la única condena firme que pesa sobre él es la vinculada a la Tragedia de Once, por la que fue condenado por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.

a Tragedia de Once fue una de las causas por las que Julio De Vido recibió una condena judicial
Actualmente, el exfuncionario cumple prisión domiciliaria en su vivienda de Zárate.

De Vido también fue condenado en la causa Río Turbio, relacionada con el desvío de fondos destinados a la mina de carbón santacruceña, aunque esa sentencia todavía no quedó firme. Además, enfrenta otros procesos judiciales, entre ellos el expediente por el caso Sueños Compartidos, que investigó irregularidades en la construcción de viviendas sociales a través de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.

El exsecretario de Obras Públicas, José López, permanece detenido en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza. Su nombre volvió al centro de la escena en 2016, cuando fue detenido mientras intentaba ocultar casi nueve millones de dólares en un convento de General Rodríguez. Los famosos «bolsos de López».

A raíz de ese episodio, fue condenado por enriquecimiento ilícito y la Justicia decomisó el dinero hallado durante el operativo. /Perfil

José López fue condenado en la causa conocida como “los bolsos de López”

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