En la Casa Rosada aseguran que no se sentarán a negociar con el fondo Burford Capital hasta que no haya resolución definitiva al pleito legal y consideran que sería “un daño irreparable” la entrega de la mayoría accionaria de YPF en manos del Estado nacional. Por otro lado, apuestan a disputar el monto final de la sentencia -calculada en USD 16.000 millones- porque aseguran que hay razones legales para reducirla incluso a “algunos cientos de millones”, explicaron fuentes oficiales con conocimiento del proceso.

La Procuración del Tesoro, que lleva adelante la defensa ante demandas contra el Estado, pidió esa cautelar (un recurso llamado stay en la legislación norteamericana) para ganar tiempo en el juicio, pero se guarda una última carta en caso de que Preska no acceda a esa solicitud: pedirá la suspensión directamente a la corte de apelaciones, es decir a la segunda instancia.

En la Casa Rosada mencionan que la sentencia, tal como fue determinada por la jueza, es de cumplimiento imposible, por lo que no está dentro de las opciones acatar el fallo mientras sea solamente una decisión de primera instancia. Quedarían dos superiores, entre la primera cámara revisora y, eventualmente, la Corte Suprema de Justicia norteamericana. Por esa razón, aseveran, no aceptarán una instancia de negociación con el fondo Burford para llegar a un acuerdo de pago, una posibilidad que empezó a dejar trascender la parte litigante.

En el Gobierno trabajan con una hipótesis de máxima que es conseguir que la ejecución de la sentencia, ordenada a través de la entrega de las acciones que el Estado tiene en YPF, se estire hasta que termine todo el proceso de apelación en segunda instancia. Si eso fuese posible, la Casa Rosada ganaría varios meses de espacio para evitar un incumplimiento abierto del fallo. Una solución menos favorable sería que los tiempos se estiren al menos los 90 días que requiere la presentación de los documentos de apelación.

El peor escenario sería que ni Preska ni la cámara de apelaciones concedan esa suspensión de la sentencia. En ese caso se activaría, a mediados de mes, la concreción del pago ordenado por la jueza. En el Gobierno argumentan que más allá de las razones jurídicas, operativamente esa forma de pago es inviable porque las acciones no son de sencilla transferencia y si existiera una reversión del fallo en alguna instancia superior y ese pago ya se hubiera realizado, sería técnicamente improbable para el Estado recuperar esa tenencia.

El proceso por el caso YPF seguirá por las dos vías ya conocidas: por un lado, la cuestión de fondo, sobre si estuvo bien realizada la operación de expropiación de la petrolera en 2012. La jueza determinó que la oferta hecha a Repsol por sus acciones debería haber sido extendida al resto de los socios, como el Grupo Petersen. Al no haberlo hecho de esa forma, Preska consideró que hubo una violación al estatuto de la compañía.

Esta cuestión de fondo fue resuelta en esa primera instancia. El proceso de apelación, explican en la Casa Rosada, debería empezar “en cualquier momento”. La defensa argumentará que la jueza se excedió en su jurisdicción y que una sentencia de esa naturaleza implica una “cuestión de gravedad” para el Estado nacional.

Otro punto que el Poder Ejecutivo volverá a llevar para la discusión legal en segunda instancia es el propio monto de la sentencia. Quienes siguen de cerca la estrategia de defensa oficial aseguran que esos USD 16.000 millones estimados no son una cifra consolidada sino que es posible disputarla en los juzgados.

El eje de ese argumento estará dado en qué fecha tiene que tomarse como referencia para calcular el valor de la acción y, por ende, de compensación a Burford. Otro elemento en consideración es el tipo de cambio: el estatuto de YPF establecía una fórmula expresada en pesos.

Como la justicia norteamericana no puede determinar indemnizaciones en monedas extranjeras, la manera en la que Preska “dolarizó” la sentencia tiene hendijas jurídicas para ser litigada, mencionan en la Casa Rosada. En el Gobierno creen que en el mejor de los casos el valor del juicio podría reducirse a solo “unos cientos de millones de dólares”.

Esto implicaría una baja sustancial en el monto en juego y cambiaría la perspectiva de solución del caso. Es, admiten, la versión más extrema de descuento del costo de la sentencia, aunque creen que hay “posibilidades razonables” de que la justicia norteamericana lo convalide.