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Política

Con decisión política y consenso institucional, Tucumán consolidó su Digesto Jurídico

Impulsado por el vicegobernador Miguel Acevedo, el proceso legislativo permitió revisar y ordenar más de 4.600 leyes, consolidando cerca de 1.400 normas vigentes en una herramienta que garantiza el acceso al derecho, aporta claridad jurídica y marca el inicio de una nueva etapa de modernización normativa en la provincia.

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Este miércoles, la Legislatura de Tucumán celebró la cuarta y última Sesión Extraordinaria Especial en el marco del proceso de consolidación del Digesto Jurídico, un trabajo que permitió ordenar, depurar y sistematizar el cuerpo legal de la provincia.

La sesión fue presidida por el legislador Sergio Mansilla, presidente subrogante de la Cámara a cargo de la vicegobernación, y se enmarcó en un proceso legislativo que fue encomendado por el vicegobernador Miguel Acevedo a la Comisión de Digesto Jurídico y Modernización Legislativa, presidida por la legisladora Carolina Vargas Aignasse.

Durante la jornada se trataron leyes de relevancia institucional, entre ellas la Ley de Ministerios (Nº 8450), la Carta Orgánica de la Caja Popular de Ahorros (Nº 5115), el Código Tributario de la Provincia (N.º 5121), la Ley Orgánica del Instituto de Previsión y Seguridad Social (Nº 6446), la Ley Orgánica del Poder Judicial (Nº 6238), así como un conjunto de normas de carácter administrativo (6194, 8987, 9377, 9609, 9683, 9719, 8011, 8847, 8870, 7510, 9089, 9130, 9135 y 9487), cuya revisión y consolidación formaron parte del proceso sancionado.

Finalmente, conforme al artículo 8° del texto consolidado de la Ley N° 7692, se aprobó en su totalidad el Digesto Jurídico de la Provincia de Tucumán, que comprende la totalidad de leyes sancionadas, promulgadas y publicadas hasta el 31 de diciembre de 2024.

Al respecto, el vicegobernador Acevedo sostuvo que se trató de “un trabajo colectivo de gran envergadura”, que involucró no sólo a los legisladores y legisladoras, sino también al personal técnico y administrativo de la Cámara. Subrayó que el proyecto sancionado no es un punto final, sino el comienzo de una etapa aún más importante: la actualización continua y participativa de las leyes que rigen la vida de los tucumanos y tucumanas.

“Con este paso ordenamos el marco legal vigente y lo ponemos a disposición de toda la ciudadanía. Pero el verdadero desafío que empieza ahora es lograr que ese derecho sea accesible, comprensible y útil para todos. Por eso vamos a seguir trabajando en articulación con los distintos poderes del Estado, las organizaciones sociales, las universidades y la comunidad en general”, expresó Acevedo.

En ese sentido, destacó la reciente actualización de la página web de la Legislatura, que incluirá el Digesto actualizado una vez que sea promulgado por el Poder Ejecutivo. “El derecho no es sólo obligación, también es garantía de bienestar. Si hoy tenemos garantizada la educación pública y obligatoria, es porque hay una ley que así lo establece. Queremos que todos conozcan sus derechos y sepan cómo ejercerlos”, agregó el vicegobernador.

Por su parte, la legisladora Vargas Aignasse destacó la dimensión ciudadana del proyecto y el objetivo de brindar un sistema legal simple y ordenado: “Hoy, gracias a este trabajo, sabemos que en Tucumán van a quedar alrededor de 1.400 leyes generales vigentes, contenidas en una sola norma que podrá ser consultada con un clic, con certeza y seguridad jurídica. Como legisladores, tenemos la obligación de ofrecer textos claros para que la ciudadanía conozca sus derechos y obligaciones”, afirmó.

En esa línea, detalló que desde la comisión ya se trabaja en un proyecto con la Facultad de Derecho de la UNT para desarrollar una herramienta de inteligencia artificial generativa, que permita traducir las leyes provinciales a lenguaje claro sin errores, enfocándose exclusivamente en el universo legislativo local.

El proyecto de ley aprobado será remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación. Una vez publicado, el Digesto Jurídico estará disponible en la web oficial de la Legislatura, y será acompañado de herramientas que faciliten su consulta por parte de toda la ciudadanía.

La sesión contó con la presencia de autoridades de los tres poderes del Estado, así como de representantes de instituciones académicas, religiosas y judiciales. Por parte del Poder Ejecutivo asistieron el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur, y la fiscal de Estado, Gilda Pedicone de Valls. En representación del Poder Judicial participaron el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Dr. Daniel Leiva; el vocal decano, Dr. Antonio Estofán; las vocales Dras. Claudia Beatriz Sbdar y Eleonora Rodríguez Campos; el ministro fiscal, Dr. Edmundo Jiménez; el ministro pupilar y de la Defensa, Dr. Washington Navarro Dávila; y la Dra. Marcela Ruiz, presidenta de la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) y de la Asociación de Magistrados de Tucumán.

Del Tribunal de Cuentas participaron su presidente, Miguel Cheibán Terraf, y el vocal Sergio Díaz Ricci. Asimismo, la vicerrectora de la Universidad Nacional de Tucumán, Mercedes Leal, estuvo presente en representación del ámbito académico, mientras que Alberto Moyano lo hizo en nombre de la FEPUT. También acompañó la sesión el sacerdote José Abuín, en representación del Arzobispado de Tucumán.

Política

Emergencia Hídrica y del transporte público serán tratados en la próxima sesión

La Comisión de Obras Públicas dio dictamen a proyectos que consolidan leyes de emergencia y de declaración de interés legislativo al Encuentro Nacional de Cooperativas

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La Comisión de Obras Públicas de la Legislatura de Tucumán emitió dictamen favorable a diversos proyectos de ley que formarán parte de la actualización del Digesto Jurídico Provincial correspondiente al presente año, además de un proyecto de resolución.

La reunión fue encabezada por el presidente de la comisión, legislador Tulio Caponio, y contó con la participación de los parlamentarios Carlos Gómez, Eduardo Verón Guerra y Alberto Olea.

Al finalizar el encuentro, Caponio destacó la importancia del trabajo realizado: “Lo más relevante de la jornada fue el tratamiento de la consolidación de cuatro leyes de emergencia de la provincia, en el marco de la actualización del Digesto Jurídico de este año. Se trata de las emergencias hídrica, del transporte público, energética —vinculada a la red troncal de energía— y de obras públicas”.

Asimismo, la comisión aprobó un proyecto de resolución que declara de interés legislativo el Encuentro Nacional de Cooperativas de Agua Potable de la República Argentina, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de julio del corriente año en la localidad de San Pedro de Colalao.

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Política

El Gobierno ofreció un aumento de 24% a las universidades a cambio de retirar la demanda

Los rectores consideraron la propuesta del Gobierno razonable, pero no hubo acuerdo. La denuncia la debe resolver la Corte Suprema.

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En una reunión de bajo perfil celebrada este lunes, el Gobierno y las universidades llegaron a un principio de acuerdo para avanzar con un aumento salarial del 24%, entre otros puntos. Sin embargo, las negociaciones fracasaron por una condición inapelable del Ejecutivo: que las casas de estudio retiren la demanda judicial que aguarda el fallo de la Corte Suprema.

En un territorio neutral para no captar la atención mediática, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvo un encuentro con rectores en representación del Consejo Interuniversitario Nacional para intentar destrabar el conflicto presupuestario que motorizó la última Marcha Federal el mes pasado.

Según confirmaron a TN fuentes de ambos sectores, la propuesta del Ejecutivo consistió en una recomposición salarial del 24,3% que abarca la pérdida durante parte de 2024, todo 2025 y el desfasaje de 2026 hasta mayo. El incremento se pagaría en dos partes: un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre.

El acuerdo también incluía la conformación de una comisión técnica para trabajar en el periodo adeudado de 2024 y garantizar hacia adelante negociaciones paritarias cada tres meses.

La propuesta del Gobierno a las universidades y el punto que trabó las negociaciones

Además, el Gobierno ofreció un 50% de aumento para las becas Manuel Belgrano, un 20% de incremento para gastos de funcionamiento de las universidades y un fondo adicional de $50 mil millones para gastos de hospitales universitarios.

En paralelo, las universidades aguardan la convocatoria del Gobierno para acordar el nuevo criterio de distribución de la partida de más de $79 mil millones destinada a dichos hospitales, cuyo congelamiento había generado protestas y una advertencia de que podía peligrar la atención en los establecimientos por falta de presupuesto.

En diálogo con este medio, fuentes de la comunidad universitaria al tanto de las conversaciones consideraron que la propuesta del Ejecutivo es “razonable”. Sin embargo, la negociación se frustró con el pedido del Gobierno para que las casas de estudio retiren la demanda judicial que exige la ejecución de la Ley de Financiamiento sancionada por el Congreso.

La ley exige el cumplimiento de los aumentos en materia de salarios y becas dispuestos en la Ley de Financiamiento de acuerdo al IPC: una cifra que ronda los 2,5 billones de pesos y que, según el Ejecutivo, atenta contra el superávit fiscal.

La negativa de los rectores a retirar la demanda judicial

“Eso no va a suceder de ninguna manera. No estamos dispuestos a hacerlo y no es modificable esa situación. Condiciones para avanzar hay, pero la pelota está del lado del Gobierno”, insistieron en diálogo con TN los rectores universitarios.

Para las casas de estudio, la demanda opera como un resguardo que no están dispuestas a perder. A su vez, sostienen que no existe consenso en la comunidad universitaria para eso. En su lugar, ponen el énfasis en que la propuesta demuestra que el Gobierno cuenta con los recursos para solucionar el conflicto.

“Si hay voluntad de acordar, es bastante insólito que no lo hagamos. Hay condiciones para que eso ocurra”, subrayaron, con la expectativa de que el conflicto se resuelva esta semana.

Desde el Gobierno replicaron a TN que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) conducido por Franco Bartolacci no está dispuesto a ceder en el terreno judicial para no comprometer el apoyo de la comunidad y cuestionaron que eso “lleve a todos a un conflicto sin solución”. De ambos sectores insisten en que, para llegar a un acuerdo, el otro tendrá que dar el brazo a torcer.

FUENTE: TN

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Política

El Senado debatirá un proyecto para reorganizar la Cámara Federal de Tucumán

La iniciativa propone reorganizar la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán mediante la creación de dos salas.

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El Senado de la Nación tiene previsto tratar este jueves un proyecto que propone reorganizar la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán mediante la creación de dos salas, una iniciativa que busca optimizar el funcionamiento de la Justicia Federal en la provincia y en el norte argentino.

La senadora nacional Beatriz Ávila informó que la propuesta fue incorporada al temario de la sesión y cuenta con dictamen favorable de comisión, además del acompañamiento de distintos sectores políticos.

El texto que llegará al recinto surge de la unificación de proyectos presentados por Ávila y por la senadora Sandra Mendoza. La iniciativa contempla dividir la actual Cámara Federal en dos salas y habilitar la posibilidad de ampliar la integración del tribunal, incorporando un sexto magistrado a los cinco jueces que actualmente lo conforman.

Según se explicó, la eventual designación de un nuevo juez estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria y tendría como objetivo reforzar la estructura judicial encargada de revisar en segunda instancia las causas de competencia federal que se tramitan en la jurisdicción.

Durante la reunión de Labor Parlamentaria realizada este miércoles, la legisladora tucumana solicitó la inclusión del proyecto en el orden del día junto con el tratamiento de distintos pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en el ámbito de la Justicia Federal.

El debate se desarrolla en un contexto marcado por las discusiones en torno a la cobertura de cargos judiciales y la necesidad de fortalecer el funcionamiento de los tribunales federales. Desde los impulsores de la iniciativa sostienen que la creación de salas permitirá agilizar el tratamiento de expedientes y mejorar la respuesta del sistema judicial ante el incremento de causas que llegan a la segunda instancia.

De obtener la aprobación de la Cámara alta, el proyecto representará un paso importante en la reestructuración de la Justicia Federal con asiento en Tucumán y podría generar cambios en la organización interna del tribunal en los próximos años.

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