Industriales del Norte Grande reclamaron una ley de emergencia y mayor protagonismo regional
Los referentes industriales valoraron el espacio de dialogo, plantearon la necesidad de medidas para enfrentar la caída de la actividad, advirtieron sobre el riesgo en el empleo y pidieron condiciones más equitativas para el desarrollo productivo en la región.
Durante la 57° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande realizada en la Legislatura de Tucumán, representantes de la Unión Industrial de Norte (UNINOR) expusieron la situación crítica del sector y pidieron medidas para sostener el empleo y la producción en la región.
La mesa de autoridades del Parlamento del Norte Grande estuvo integrada por el vicegobernador de Santiago del Estero y presidente del organismo, Carlos Silva Neder; el vicegobernador de Tucumán a cargo de la Gobernación, Miguel Ángel Acevedo; el presidente subrogante de la Legislatura de Tucumán a cargo de la Presidencia, Sergio Francisco Mansilla; el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco; el vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis; la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera; la vicepresidenta provisoria de la Cámara de Senadores de Catamarca, Romina Williams; la presidenta de la Cámara de Diputados del Chaco, Carmen Delgado; el vicepresidente primero del Senado de Corrientes, Henry Fick; y el presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, Eduardo Tassano.
De la exposición participaron representantes de la Unión Industrial del Norte (UNINOR), entre ellos Jorge Rocchia Ferro y Florencia Andriani por Tucumán; José María Cantos por Santiago del Estero; Federico Gatti por Jujuy; Juan Manzolillo por Corrientes; Juan Carlos Serrano y Ricardo Lebedevski por La Rioja; Julio Fazio por Salta; Aldo Kastón por Chaco; y Roberto José Farías Menéndez de Catamarca.
Tras la exposición de los presidentes de las Uniones Industriales del Norte Grande ante el plenario, el titular de la Unión Industrial de Tucumán, Jorge Rocchia Ferro, expresó la preocupación del sector y destacó la importancia de haber sido convocados al ámbito parlamentario regional. “Estoy muy emocionado y muy contento de que nos hayan invitado, porque esto es una demostración de que el Norte Grande existe”, afirmó, al tiempo que advirtió sobre la situación actual: “Estamos realmente pasando un muy mal momento y estamos pidiendo una emergencia industrial para todas las uniones del Norte Grande”.
En ese sentido, remarcó el impacto directo sobre el empleo: “Nosotros damos mucho trabajo y esos trabajos están en peligro, porque hoy tenés empresas que dejan de trabajar, como las textiles, en un número muy importante, y esa gente no tiene adónde ir”. También, subrayó la particularidad estructural de la región: “El norte es muy particular. Una empresa que se cierra, esa gente no tiene adónde ir a trabajar”.
Rocchia Ferro también planteó la necesidad de una estrategia regional articulada: “Creo que tenemos que trabajar como región, decirle a la zona central que no nos abandonen y que el norte existe”. En ese marco, convocó a todos los actores institucionales a involucrarse.
Entre los principales pedidos, detalló la necesidad de una ley de emergencia industrial con medidas concretas: “Estamos pidiendo pocas cosas: que los saldos de libre disponibilidad de Ingresos Brutos nos los devuelvan, porque es capital nuestro inmovilizado; que la alícuota cero en salud pública sea pareja para las diez provincias; y que se suspendan las ejecuciones fiscales hasta el 30 de diciembre”. Además, propuso la conformación de una instancia de trabajo conjunto: “Solicitamos hacer una comisión ejecutiva, parlamentaria y con la Unión Industrial para ver qué políticas podemos implementar para salir adelante”.
Finalmente, advirtió sobre las limitaciones de una matriz productiva concentrada: “Solamente la minería no nos va a sacar adelante, hay provincias que no tienen minería”, y concluyó con un mensaje enfático: “No se olviden que sin industria no hay Nación”.
Parques Nacionales bajo el recorte de Manuel Adorni
La readecuación presupuestaria dispuesta por el Gobierno nacional implica una reducción de $2.557 millones en programas de conservación y funcionamiento de Parques Nacionales.
La Decisión Administrativa 20/2026, firmada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo, formalizó un recorte de $2.557.311.667 en programas de conservación y administración de áreas protegidas de la Administración de Parques Nacionales (APN).
Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas a partir de las planillas anexas publicadas en el Boletín Oficial, el ajuste afecta recursos destinados al funcionamiento, combustible, patrullajes, mantenimiento y preservación ambiental de 46 parques nacionales, reservas y monumentos naturales distribuidos en todo el país.
Cuáles son las áreas protegidas afectadas
Entre las áreas más afectadas figuran el Parque Nacional Nahuel Huapi, con una quita de $190.822.240; el Parque Nacional Lanín, con un recorte de $156.945.103; y el Parque Nacional Los Glaciares, que pierde $77.422.510. También se destacan las reducciones en Los Alerces ($70.291.525), Iguazú ($41.715.920) y Tierra del Fuego ($37.511.166).
En la Patagonia, además de Nahuel Huapi y Lanín, fueron alcanzados los parques Laguna Blanca, Los Arrayanes, Lago Puelo, Patagonia, Monte León, Perito Moreno, Islote Lobos y las áreas marinas costeras Patagonia Austral, Makenke e Isla Pingüino, entre otras.
En el norte argentino, los recortes alcanzan a Iguazú, Calilegua, Baritú, El Rey, Los Cardones, Río Pilcomayo, El Impenetrable, Copo y Aconquija, mientras que en el centro del país se incluyen reducciones para Quebrada del Condorito, Ansenuza, Traslasierra, Talampaya y Sierra de las Quijadas.
La provincia de Buenos Aires también registra ajustes en los parques Campos del Tuyú y Ciervo de los Pantanos, mientras que en el Litoral se ven afectadas áreas como Iberá, Mburucuyá, El Palmar, Pre-Delta e Islas de Santa Fe.
El reordenamiento presupuestario también impacta en partidas vinculadas a infraestructura ecoturística y obras de prevención y combate del fuego, lo que compromete proyectos de protección ambiental y servicios para visitantes en distintas áreas naturales del país.
El Senado sesionará este jueves para dar ingreso parlamentario de una veintena de pliegos de jueces, defensores y fiscales ya girados por el Poder Ejecutivo, sumado a otra tanda de candidatos a la justicia que el Gobierno enviará entre hoy y mañana para cumplir con el reclamo de los senadores dialoguistas.
La sesión ordinaria que será convocada para el jueves a la tarde contempla también votar la prórroga del mandato por cinco años de Carlos Mahiques, padre del ministro de Justicia; aprobar un proyecto que autoriza al Gobierno a pagar a dos fondos buitres; y convertir en ley un proyecto de regularización de armas de fuego.
Para la LLA es clave que ingresen esa nueva tanda de pliegos de jueces, defensores y fiscales para cubrir vacantes en el interior del país, ya que los senadores dialoguistas condicionan su respaldo a otros 47 postulantes si previamente no envían los candidatos a la justicia de las provincias, según informaron fuentes parlamentarias a la Agencia Noticias Argentinas.
Los senadores de la UCR, PRO, y bloques provinciales no firmaron ningún dictamen en la Comisión de Acuerdos de los candidatos a la justicia de la Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, que expusieron en tres Audiencias Públicas porque reclaman que el Gobierno envíe los pliegos para cubrir juzgados del interior del país.
Por ese motivo, el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, activará el envío de candidatos para cubrir vacantes de juzgados en las provincias de Corrientes, Chaco, Misiones, Catamarca, Salta y Tucumán.
El oficialismo tiene 5 miembros de los 17 que conforman la Comisión de Acuerdos mientras que otros 3 corresponden a la UCR, 1 al PRO, 1 a Frente de la Concordia de Misiones, 1 a Provincias Unidas, 1 a Primeros los Salteños, y 1 a Convicción Federal, con lo cual necesita el apoyo de los aliados para firmar el dictamen.
Paralelamente, esta semana se realizarán dos Audiencias Públicas para que rindan examen otros 30 postulantes a la justicia, donde se encuentran miembros de la familia judicial, como Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema Horario Rosatti, y Ana María Cristina Juan, esposa del juez federal Marcelo Martinez De Giorgi.
Fondos Buitres
El Senado tratará el proyecto para autorizar al Gobierno a pagar a dos fondos buitres U$S 171millones para cerrar un acuerdo con esos bonistas, y evitar que avancen causas contra activos de la Argentina, como las acciones de YPF.
La iniciativa impulsada por el ministro de Economía, Luis Caputo, pide que se pueden pagar los Acuerdos de Conciliación celebrados con los tenedores de títulos públicos Bainbridge Ltd. y el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP.
El Gobierno tenía plaza para abonar esa acuerdo el 30 de Abril, pero luego se informó que se extendía el plazo hasta el 31 de Mayo, con lo cual si el Senado lo vota este jueves la Cámara de Diputados podría convertirlo en ley en la sesión prevista para el 20 de Mayo.
El acuerdo implica pagar US$ 67 millones de dólares para Bainbridge Ltd. y US$ 104 millones para el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP) de “forma simultánea a la acreditación de los bonos libres de todo gravamen para su inmediata cancelación y extinción.
En los fundamentos del proyecto, el Gobierno pide su aprobación para que no se caiga dicho acuerdo y evitar que la Argentina tenga litigios bajo condiciones financieras significativamente más gravosas».
También destaca que la “los acuerdos con Bainbridge Ltd. y con el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP resuelven de forma integral múltiples causas judiciales (incluyendo Attestor No. 14 Civ. 5849 y las diversas acciones de TRINITY INVESTMENT).
El Senado también tratará de convertir en ley un proyecto votado en el 2024 en la Cámara de Diputados para regularizar la tenencia de armas de fuego y el programa nacional de entrega voluntaria de armas y municiones para su destrucción.
El proyecto incorpora un procedimiento para la regularización de la tenencia legítima de armas mediante una declaración ágil y sencilla que puede realizarse de forma virtual.
Si el interesado renueva su Credencial de Legítimo Usuario dentro de los 90 días previos al vencimiento, no tendrá que acreditar nuevamente la idoneidad en su manejo en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC).
Por otra parte, se plantea una prórroga del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego hasta 31 diciembre 2027, para que quien tuviera posesión no autorizada de armas y desee deshacerse de ellas, lo pueda hacer voluntaria y anónimamente para su posterior destrucción, sin que ello conlleve consecuencias legales.
En este sentido, se otorga un plazo de 360 días para presentarse ante la ANMaC para quienes posean armas no autorizadas.__IP__
La ANMac busca estimular la entrega voluntaria de armas mediante un incentivo económico, que consiste en un cupón de pago canjeable por efectivo.
La coparticipación a las provincias cayó en unos USD 1.000 millones en lo que va del año
Según un informe, en abril la suma cayó por cuarto mes consecutivo y en el primer cuatrimestre retrocedieron 5,7%, con un llamativo contraste entre los extremos
Por cuarto mes consecutivo, en abril las transferencias automáticas de fondos de Nación a provincias cayeron. Lo hicieron en un 3,3% respecto de igual mes de 2025. Fue además, la quinta caída de esos envíos de fondos en los últimos siete meses.
Con todo, la pérdida acumulada respecto de 2025 es aún más marcada si se considera el acumulado del primer cuatrimestre. En ese período, los 23 gobiernos provinciales y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) perdieron un 5,7% en relación a lo que habían recibido en los primeros cuatro meses del año pasado.
Medida a precios actuales, dice el informe de Politikon Chaco, una consultora especializada en el seguimiento de los recursos del sistema fiscal federal, la pérdida acumulada de los 24 distritos equivale a $1,39 billones de pesos, esto es, equivalente a casi 1.000 millones de dólares.
De hecho, un gráfico del informe muestra que si se toman las transferencias automáticas de Nación a los 24 distritos en los primeros cuatrimestres de cada año, desde 2018 a la actualidad, los datos de 2024, 2025 y 2026, bajo la gestión de Milei, son tres de los cuatro más bajos de los nueve años considerados.
Sólo los $22,34 billones transferidos automáticamente en el primer cuatrimestre de 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, fueron inferiores a los $24,3 billones distribuidos por la gestión Milei en igual período de 2025.
A su vez, los fondos enviados de modo automático por la actual administración durante 2024 y 2026 ($21,3 y $22,9 billones respectivamente, siempre a valores actuales) fueron los dos montos más bajos para el cuatrimestre desde 2018, reflejo de la fuerte caída de la recaudación coparticipable tanto a principios de 2024, en los inicios de la gestión Milei, cuando se produjo un fuerte ajuste fiscal y una fuerte caída de la actividad económica, y en igual período de este año, ya agotada la recuperación de actividad que se verificó a partir del segundo trimestre de 2024 y se agotó en el segundo trimestre de 2025.
El mes pasado los envíos por coparticipación alcanzaron los $5.1 billones y su caída se debe a la merma de la recaudación del IVA (-3,3% interanual), Ganancias (-2,5%), Impuestos Internos (-20,7%) y otros tributos coparticipados (-42,3%). Los envíos en razón de leyes y regímenes especiales totalizó $239.352 millones, con un aumento del 7,9% interanual, gracias al aumento de recaudación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (+23,5%) y del Monotributo (+77,3%), que más que compensaron las bajas en Bienes Personales (-15,7%), en el IVA de la Seguridad Social ( 3,3%) y en el Régimen de Energía Eléctrica (-100,0%). Y los recursos por Compensación del Consenso Fiscal, otro ítem del complejo sistema de distribución federal de recursos, sumaron $ 269.434 millones, 2,7% menos que abril del año anterior.
De datos tan negativos en el mes resultó que las 24 jurisdicciones subnacionales recibieran el mes pasado, siempre descontada la inflación, menos que en abril de 2025, pero con una diferencia muy grande entre los extremos. Tucumán tuvo la variación más leve (-0,7%) y Salta la más grandes (-11,1%), porque en el primer caso la baja de la coparticipación estuvo en parte compensada con un fuerte aumento de los recursos por Compensación del Consenso Fiscal (+50,1% real), ítem que en Salta por el contrario, se encogió un 51,4%, en parte porque en meses anteriores había jugado a favor. “Esto sucede por los convenios que tienen dichas provincias (Salta aplicable hasta marzo 2026 y Tucumán aplicable ahora), que surgen principalmente del Régimen de Extinción de Obligaciones Recíprocas (REOR), explica Politikon.
El aspecto tal vez más sorprendente de los datos de envíos automáticos de fondos de Nación a las 23 gobernaciones provinciales y al gobierno porteño es que, más allá del promedio de caída del 5,7% en el primer cuatrimestre, el distrito menos perjudicado fue la provincia de Buenos Aires, gobernada por Axel Kicillof, principal gobernador opositor al gobierno de Javier Milei, para el que la merma real de recursos (siempre en comparación al primer cuatrimestre de 2025) fue del 4,5%, y el más perjudicado fue el gobierno porteño, encabezado por Jorge Macri, que recibió en el período 7,1% menos de recursos que entre enero y abril del año pasado.