Un análisis de la situación laboral en el primer semestre del año, elaborado por CEPA, arroja que como resultado de las políticas oficiales se produjeron al menos 160 mil despidos entre el sector público y el privado.
El relevamiento señala que una muy alta proporción de las pérdidas de fuentes de trabajo se produjeron en la construcción y en la industria, a causa principalmente de la paralización de la obra pública y de la caída en el consumo provocado por el ajuste sobre los ingresos de la población.
Este deterioro de la situación para el sector laboral se agrava, además, por el costo de los servicios públicos esenciales, que empiezan a reflejar en las facturas aumentos del orden del 200 al 1200 por ciento en relación a los precios vigentes hasta el pasado mes de noviembre. Los aumentos estacionales del invierno, por tarifa y por incremento del consumo, marcan una perspectiva aun más preocupante.
Datos sobre los despidos
El informe del CEPA (Centro de Economía Política Argentina) analiza la situación de los despidos y suspensiones ocurridos entre enero y junio de este año, así como algunos casos testigo tanto en el sector público como privado. Las estadísticas del Sistema Integrado Previsional arrojan una pérdida de puestos de trabajo asalariados privados entre noviembre de 2023 y abril de 2024 de 111.656 casos.
Para mayo, la Encuesta de Indicadores Laborales (Secretaría de Trabajo) prevé una nueva caída de otros 18.111 empleos. Estos despidos en el sector privado se suman a las 29.604 desvinculaciones relevadas por CEPA en el sector público, principalmente en el Estado Nacional, ya sea en la Administración Central como en las empresas de capital estatal.
De acuerdo al actual relevamiento, los despidos y suspensiones en la actividad privada fueron motorizados por el sector de la construcción, que explica el 56,29% del total, seguido por la industria que acumula el 42,95% de los casos y muy por detrás los servicios con sólo el 0,76%. Los despidos en el sector construcción tiene su origen principalmente en la paralización de la obra pública y los del sector industrial en la caída del consumo como consecuencia de la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos, a partir de la devaluación y la desregulación de amplios sectores de la economía.
El estudio cita algunos casos paradigmáticos del impacto de la crisis sobre el empleo. Uno de los casos seleccionados es el de Acindar, una de las principales siderurgias del país, y que tras el derrumbe de las ventas, suspendió ya dos veces en el año su producción. El desplome del consumo alcanza incluso al sector alimenticio. Un caso testigo en ese aspecto es el de los despidos por el cierre de la fábrica Canale, en Mendoza.
A fines de junio anunció su definitivo cierre, y con él, el despido de 38 empleados. CEPA también selecciona dos casos de industrias pertenecientes al sector de insumos para la construcción, FV y Ferrum, que paralizaron sus plantas y despidieron o suspendieron personal en el marco del desplome del sector. FV (líder en grifería) dispuso en mayo la suspensión por tres meses de unos 800 operarios de su planta en Pilar, provincia de Buenos Aires.
En el caso de Ferrum (la mayor fábrica de sanitarios de cerámica del país), ya despidió 100 trabajadores en lo que va de 2024. Otro caso seleccionado es el de Tenaris SIAT, del grupo Techint. A fines de junio, anunció el despido de unos 200 trabajadores de la planta ubicada en Valentín Alsina. La caída del consumo también afecta al sector de electrodomésticos o línea blanca, que a su vez está siendo desprotegido por la reducción de aranceles a la importación de heladeras y lavarropas.
Ello ocasionó despidos en Whirlpool y Briket, entre otras: 60 en la primera por reducción de producción en su planta del Parque Industrial Pilar, en mayo de 2024. Briket, que produce heladeras, exhibidoras y freezers en su planta de Rosario, despidió 300 trabajadores en lo que va del año. El informe releva, finalmente, otros importantes casos de retracción del empleo en distintos sectores.
Cinco casos en el sector metalúrgico, con 450 despidos en total; cinco firmas del sector textil, que suman 470 despidos; cuatro firmas de la alimentación, con 110 despidos, y más de 3600 despidos en la construcción, industria química, automotriz, sector supermercadista y otros servicios.
«Desde su asunción el Poder Ejecutivo presenta un sesgo anti industrial: a las medidas de política económica, se las complementó con derogaciones de leyes de protección a la industria local vía DNU, desfinanciamiento de organismos trascendentales como el INTI, y la estocada final es el RIGI (Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones), que pone en jaque el entramado productivo local», advierte finalmente el informe de CEPA.
