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Política

Escándalo en la justicia salteña: Procurador ordenó sospechosamente suspender imputación contra una postulante a jueza

Se trata de la abogada María Cecilia Corral Martín, postulante a ocupar el cargo de Juez de Garantías N°1 de Metán quien había sido citada por el fiscal para imputarla en una causa por hacer desaparecer un expediente. Sorpresivamente la imputación fue frenada por el Procurador de la Provincia.

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El Fiscal Penal N°2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado, en cumplimiento de sus funciones formuló un decreto de citación a audiencia de imputación (formalizar una acusación) en contra de la abogada María Cecilia Corral Martín, quien además es postulante para el cargo de Juez de Garantías N°1 de Metán, por el delito de “Defraudación por ocultamiento de expediente «(art. 173 -inc.8- CP), Legajo N°185/25, AP N°51/25 B.I. N°3.

Se trataba de un expediente en el que se había promovido la denuncia en contra de la postulante ante diversos hechos de lo que fue victima su tío por parte de Corral Martín y su padre, para despojarlo de tierras, que por derecho le corresponderían.

El abogado patrocinante del denunciante informó que la cuestionada postulante fue citada (el 28/11/2025 a horas 12.45) por el fiscal, para presentarse a la audiencia de imputación el día 1 de diciembre, a las 10 y  ejercer su derecho de declarar ante los hechos que se le intimaban,

Sorpresivamente, el fiscal Amado fue notificado el domingo 30 de noviembre por el Coordinador General de Fiscales, Pablo Rivero por expresas instrucciones del Procurador, «para que éste se presente ante la Procuración a las 9, del lunes 1 de diciembre«, munido de las actuaciones en las que se investiga a la postulante, y «hasta tanto se suspenda todo acto procesal» que se deba llevar adelante en contra de María Cecilia Corral Martín.

Hasta la actualidad, por orden del Procurador, las actuaciones se encuentran bajo el poder de la Procuración suspendidas en todos sus actos, sin poder el fiscal formalizar la imputación a Corral Martín ante la intervención premurosa y sospechosa por parte de este funcionario. La sospechas son fundadas en que: ¿De tanto interés resulta para el Procurador detener la imputación en contra de la postulante?¿Cuál es el entramado de poder que hay detrás de la postulante Corral Martin que despierta el interés del mismo Procurador de la Provincia para frenar la actuación del Fiscal que tiene el deber de Investigar?

Corral Martín integró la terna para cubrir el cargo de Juez de Garantías del Distrito Judicial Sur- Metán, vacante ante la jubilación del magistrado Mario Teseyra. Pese a ser la postulante con menos experiencia y trayectoria y de no haber conseguido el primer lugar de puntuación en el concurso, el Gobernador (Gustavo Sáenz) decidió remitir su pliego para su aprobación al Senado de la Provincia, el pasado 6 de noviembre de este año.

Desde entonces en el Sur de la provincia de Salta, se lleva a cabo un feroz cuestionamiento mediático y social por la falta de preparación de Corral Martín para el cargo, sumado a que el tío de la postulante (José Corral) presentó ante la Comisión de Justicia, Acuerdos y Designaciones del Senado, la cual preside el senador de La Viña Jorge Pablo Soto, la impugnación a fin de que se rechace su pliego.

El motivo fueron las diversas denuncias por presuntos hechos ilegales de los que fue victima él y su familia por parte de la postulante Corral Martín y su padre, que incluye desde causas penales con denuncias cruzadas, causas civiles en la cual existe una grave acusación contra Cecilia Corral Martín por haber sustraído intencionalmente expedientes en los que existía copia certificada de un acuerdo firmado por su progenitor en el cual reconocía que el inmueble del que fue despojado, pertenecía a la sucesión del padre de ambos. Lo que fue confirmado con el informe emitido por el Juzgado Civil de Primera Nominación de Metán, al informar que Cecilia Corral Martin es quien llevó en préstamo el expediente y devolvió un cuerpo menos; cuerpo en el que estaba una copia certificada del acuerdo.

Sumado a que se perdió de Mesa de Entrada del Juzgado, el original del acuerdo. Maniobra sospechada de haber sido desplegada por la postulante para perjudicar la herencia de su tío y familia, para despojarlos y quedar su progenitor como exclusivo titular de los inmuebles, hecho que también se le imputan.

En base a este informe como elemento fundamental que confirma la denuncia de José Corral, el fiscal a cargo de la investigación intentó formalizar la acusación en contra de la postulante Corral Martín, pero sin perjuicio de existir bastos elementos de convicción para su imputación, sin embargo la Procuración con un interés extraño suspendió todo el proceso.

Diversas fuentes revelaron que Cecilia Corral Martin tiene un vinculo de parentesco con una secretaria de la Gobernación, quien resultaría ser del circulo más intimo del Gobernador salteño. Sería quien ejercería toda su influencia y poder para que Corral Martin obtenga el cargo, pese a las graves acusaciones que existen en su contra.

El pliego de Corral Martín depende del acuerdo del Senado para acceder al cargo. De acuerdo con fuentes cercanas la postulante intentara confundir al Senado con un informe del Juzgado Civil que dice que los expedientes aparecieron, pero esa aparición corresponde a otra causa que se encontraba archivada. No son los cuerpos donde estaba la copia certificada del acuerdo ya que estos pertenecen a una causa por prescripción.

Ahora, está en manos del Senado de la Provincia resolver si aprobara el pliego de una postulante que carecería por completo de la intachabilidad de conducta que debe detentar para ejercer la judicatura y poner fin a los tráficos de influencias y poder que giran en torno a Corral Martin, que puso en exposición al mismo Procurador frenando la investigación. ¿Con qué fin? ¿ Será para dar tiempo al Senado para que apruebe el pliego de Corral Martin?

Política

Patrimonio de Adorni: el fiscal Pollicita ordenó nuevas medidas de prueba

Entre ella, pidió a ARCA que informe si Adorni y su esposa presentaron declaraciones juradas originales o rectificativas de los períodos fiscales 2023/24/25.

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El fiscal federal Gerardo Pollicita dispuso una nueva batería de medidas de prueba en la investigación que analiza la evolución patrimonial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tras las rectificaciones realizadas en sus declaraciones juradas y las explicaciones públicas que brindó sobre parte de sus bienes.

Entre las principales decisiones, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) que informe en un plazo de 72 horas si Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, presentaron declaraciones juradas originales o rectificativas correspondientes a los períodos fiscales 2023, 2024 y 2025. En caso afirmativo, requirió que sean remitidas de manera urgente a la fiscalía.

Además, pidió que las declaraciones juradas patrimoniales integrales de carácter público correspondientes a esos ejercicios sean incorporadas al análisis patrimonial que viene realizando la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI).

La investigación también puso el foco en las inversiones en criptomonedas declaradas por el funcionario. En ese sentido, Pollicita ordenó a la DAFI elaborar un informe técnico sobre la evolución histórica de la cotización del Bitcoin desde 2013 hasta la actualidad, con el objetivo de contar con parámetros para evaluar la evolución de los activos digitales que aparecen mencionados en la documentación analizada.

Otra de las medidas apunta a reconstruir los ingresos formales de Adorni y de su esposa durante los últimos años. Para ello, el fiscal solicitó a la ANSES que remita la historia laboral completa de ambos desde 2012 hasta la actualidad, incluyendo empleadores registrados, altas y bajas laborales, remuneraciones declaradas, aportes previsionales, actividades autónomas o monotributistas y cualquier otro dato que permita reconstruir sus ingresos.

Asimismo, requirió información vinculada a la sucesión del padre del jefe de Gabinete, Jorge Adorni, luego de que el funcionario mencionara públicamente una herencia familiar al explicar parte de su patrimonio.

El pedido fue dirigido al Juzgado Civil y Comercial N°18 de La Plata, donde tramita el expediente sucesorio. La fiscalía solicitó detalles sobre los bienes denunciados, la eventual existencia de dinero en efectivo, moneda extranjera, cuentas bancarias, títulos, activos virtuales u otros bienes incorporados al proceso, además de información sobre posibles cesiones de derechos hereditarios o transferencias patrimoniales.

En paralelo, Pollicita encomendó a la División Antifraude de la Policía Federal la realización de un relevamiento exhaustivo de fuentes abiertas desde 2013 hasta la actualidad para identificar declaraciones públicas de Adorni y de su esposa relacionadas con criptomonedas, billeteras virtuales, Bitcoin, inversiones financieras, patrimonio y trayectoria laboral.

La medida alcanza publicaciones en redes sociales, entrevistas televisivas y radiales, podcasts, notas periodísticas, videos y cualquier otra fuente pública que permita contrastar las manifestaciones realizadas a lo largo de los años con la información patrimonial incorporada al expediente.

Por último, el fiscal avanzó sobre la información aportada por la plataforma de activos digitales Lemon Cash. A partir de documentación ya incorporada a la causa, que registra la apertura de una cuenta a nombre de Adorni en diciembre de 2020, solicitó ampliar el alcance temporal de los requerimientos de información hasta ese año.

Según planteó en su presentación, el objetivo es obtener nuevos datos que permitan reconstruir con mayor precisión la evolución patrimonial, económica y financiera del jefe de Gabinete y de su esposa.

Las medidas fueron adoptadas en el marco de la investigación que busca determinar la consistencia entre los bienes declarados por el funcionario, las rectificaciones posteriores realizadas ante organismos de control y las explicaciones públicas brindadas sobre el origen de su patrimonio.

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Política

Para la UNT, Pagani sigue habilitado y espera una definición de fondo de la Justicia

El apoderado legal de la Universidad afirmó que la medida cautelar vigente no implica la exclusión del actual rector como candidato y defendió la autonomía institucional en la interpretación de su estatuto.

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La Universidad Nacional de Tucumán continúa atravesando un escenario de incertidumbre electoral mientras aguarda una resolución judicial definitiva sobre la candidatura del rector Sergio Pagani. En ese contexto, el apoderado legal de la casa de altos estudios, Jorge Chehín, aseguró que la medida cautelar dictada por la Justicia Federal no significa la exclusión automática del actual rector de la contienda electoral.

 

El representante de la UNT explicó que la actuación de la asesoría letrada en los expedientes en trámite tiene como finalidad defender las decisiones institucionales adoptadas durante el proceso electoral y no respaldar a ninguna de las fórmulas que participan de la elección.

«Quiero aclarar y dejar muy bien sentado que esta asesoría letrada no representa los intereses de ninguna de las listas, solamente defendemos lo que se refiere a las resoluciones que toma la Universidad. Cada fórmula tiene su abogado y asesor», expresó.

Chehín sostuvo que la estrategia jurídica de la institución se centra en respaldar las resoluciones de la Junta Electoral y del Honorable Consejo Superior, particularmente en lo relacionado con la interpretación del Estatuto Universitario y la oficialización de candidaturas.

 

«Nosotros contestamos todas las vistas correspondientes defendiendo el accionar universitario y la interpretación que hace la Universidad de su propio estatuto, que es uno de los conceptos básicos de lo que implica la autonomía universitaria», señaló.

El abogado remarcó que el debate trasciende la situación de una candidatura en particular y se relaciona directamente con el principio de autonomía que poseen las universidades nacionales para interpretar y aplicar sus propias normas.

«La interpretación de sus propios reglamentos ha sido dictada por la propia Universidad», afirmó.

Respecto de la suspensión de la Asamblea Universitaria y la elaboración de un nuevo cronograma electoral, indicó que la decisión fue adoptada por el Consejo Superior en función de los recientes pronunciamientos de la Cámara Federal de Apelaciones.

Además, recordó que la resolución vigente tiene carácter cautelar y, por lo tanto, no constituye una sentencia definitiva sobre el caso.

«Cautelar significa que es provisorio. El juez encuentra una verosimilitud del derecho, una posible situación que puede vulnerar algún derecho. Entonces, preventivamente dice: ‘No reciba esta inscripción’, pero todavía no se expidió sobre el fondo del asunto», explicó.

En ese sentido, sostuvo que la situación de Pagani continúa abierta y que será la Justicia la que deberá resolver definitivamente la controversia.

«Hasta tanto no haya una sentencia definitiva de esta situación, no podemos decir expresamente que un candidato está excluido o no», manifestó.

Finalmente, Chehín reiteró la postura institucional respecto de la aplicación del nuevo Estatuto Universitario, interpretación que difiere de la expresada por la Cámara Federal en la medida cautelar.

«Consideramos que las normas se aplican para adelante, no para atrás. Esa es la interpretación que hemos sostenido en nuestros escritos», concluyó.

Mientras la causa sigue su curso en la Justicia Federal, la UNT trabaja en la reorganización de su cronograma electoral, en una disputa que mantiene en suspenso la elección de las próximas autoridades universitarias y reabre el debate sobre los límites entre la autonomía universitaria y el control judicial de sus decisiones.

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Villarruel cruzó a Adorni por sus explicaciones sobre su patrimonio: “Me parece una vergüenza”

La vicepresidenta cuestionó al jefe de Gabinete tras sus explicaciones por el origen de su patrimonio

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La vicepresidenta Victoria Villarruel criticó públicamente al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, luego de que este brindara una entrevista para explicar el origen de su patrimonio en el marco de una investigación por enriquecimiento ilícito.

“Me parece una vergüenza su accionar y sus explicaciones”, escribió Villarruel en la red social X al responder a un usuario que le consultó si creía en los dichos del funcionario.

Horas antes, la vicepresidenta había utilizado la misma red social para lanzar una ironía dirigida a Adorni. Al responder el saludo de cumpleaños de otro usuario, escribió: “Te deseo que encuentres pronto un pendrive mágico”, en alusión a versiones sobre las explicaciones brindadas por el funcionario respecto del origen de su fortuna.

Consultada sobre si Adorni debía renunciar a su cargo, Villarruel evitó pronunciarse sobre esa posibilidad y marcó distancia del conflicto. “No participo de ninguna pelea. Desarrollo mi labor en el Senado y las explicaciones las tiene que dar el Presidente, su hermana o el resto de las personas mencionadas”, sostuvo.

Las declaraciones de la vicepresidenta se produjeron después de una entrevista que Adorni concedió a LN+, donde se refirió a la investigación en su contra.

Durante la entrevista, el jefe de Gabinete aseguró que junto a su esposa, Bettina Angeletti, habían ahorrado “en negro, como todos los argentinos” y sostuvo que en aquellos años nunca se les hubiera ocurrido hacerlo “en blanco”.

Sin embargo, en marzo pasado había manifestado algo diferente durante una conferencia de prensa. En esa oportunidad afirmó: “Todo lo que tiene que estar declarado está declarado en cada uno de los organismos tal como corresponde”.

Adorni también reveló que analizó la posibilidad de renunciar a su cargo, aunque finalmente decidió continuar en funciones al considerar que la denuncia buscaba afectar al Gobierno.

“A mí me dolió un montón que me traten de chorro. Si yo, siendo un tipo honesto, renunciaba, después iban a venir por otros”, afirmó el funcionario.

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