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El próximo martes se definiría el futuro de la causa Vélez

La querella se opuso firmemente al considerar que todo se debía a una mera interpretación de las evidencias del expediente.

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Tres audiencias que duraron al menos 16 horas marcaron marcaron el rumbo de las definiciones en el llamado Caso Vélez, en el que se investiga a cuatro futbolistas por abuso sexual contra una joven. El futuro de la causa podría definirse el martes, cuando un juez emita la resolución de los maratónicos debates que se desarrollaron en tres jornadas diferentes.

En marzo de 2024, una joven denunció que Sebastián Sosa, Braian Cufré, José Florentín Bobadilla y Abiel Osorio abusaron de ella en una habitación de un hotel. Desde entonces, se abrió un complejo proceso que, según determinó la Justicia, debería cerrarse en marzo.

El viernes, por pedido de los representantes legales de la víctima, Patricia Neme, Patricio Char y Franco Venditti, se realizó una audiencia para cuestionar la legalidad de las pericias que se realizaron a los celulares de dos amigas de la víctima que son testigos en la causa. Los profesionales sostuvieron que los peritos se extralimitaron en la extracción de datos y que por esa razón no deberían ser tenidas en cuenta.

El auxiliar Osvaldo Martínez Terán, siguiendo las instrucciones de la fiscal Adriana Reinoso Cuello, rechazó el planteo y le aclaró al juez Augusto Paz Almonacid cómo se habían realizado las pericias y que, a criterio del Ministerio Público, no se había registrado ninguna ilegalidad. José María Molina, Ernesto García Biagosch e Ileana Antonella Battaglia (defensores de Cufré y Osorio), Florencia Abdala y Camilo Atim (asisten a Bobadilla) y Ernesto Baaclini (representa a Sosa) también se opusieron.

Los resultados de estas pericias fueron la base de una denuncia que realizó Bobadilla en contra del diputado nacional Carlos Cisneros, los abogados Neme y Venditti, la víctima y su padre, tres testigos y un empleado de La Bancaria. En la llamada “Causa espejo”, salvo el parlamentario, todos están siendo investigados por falso testimonio y estafa procesal, por citar algunos delitos.

Antes de que el magistrado resolviera el planteo, Molina, uno de los defensores de Cufré y Osorio, no solo pidió que se rechace el planteo de la querella, con los resultados de las pericias a los celulares, solicitó que se lo autorizara a fundamentar el pedido de sobreseimientos de sus asistidos. El planteo fue apoyado por las otras defensas y rechazado por la querella y el representante del Ministerio Público. El juez resolvió que si correspondía escuchar esa solicitud, pero lo difirió para el lunes.

Ese encuentro fue el más corto de todos porque fue suspendido al no contar con la presencia de uno de los querellantes quien, por problemas de agenda, no pudo estar presente. El magistrado, pese a la oposición de los defensores, decidió reprogramar el debate para el día siguiente.

El martes, con todos presentes, los querellantes presentaron un pedido de impugnación para evitar que no se tratara los sobreseimientos de los acusados. Entendieron que ese tema no debería ser debatido porque no era el objeto de la audiencia. El magistrado rechazó el planteo explicando que hasta el momento no había una resolución para ser cuestionada, por lo que el debate se inició.

Al ser la audiencia secreta, sólo se pudo reconstruir lo que ocurrió durante ocho horas. Los defensores insistieron en que había evidencias suficientes para considerar que no había existido un ataque sexual, sino que fue un acto consentido. Destacaron que esa teoría se sustenta en las pericias de los teléfonos, el examen psicológico y varios testimonios.

La querella se opuso firmemente al considerar que todo se debía a una mera interpretación de las evidencias del expediente. Recordaron que hay otras evidencias que respaldan la teoría del abuso y que ellos, precisamente, están cuestionando las pericias de los celulares.

Postergación

La postura del Ministerio Público, de alguna manera, terminó cerrando la discusión. Entendieron que hasta el momento no hay indicios en contra de Sosa por lo que no se opondría al pedido, pero que la situación de los otros tres acusados es diferente porque aún quedan por hacer algunas medidas solicitadas por las defensas.

Paz Almonacid, después de una audiencia de ocho horas, resolvió que el martes dará a conocer su resolución sobre las dos cuestiones planteadas en los debates.

Más allá de lo que resuelva el magistrado, tanto querella como defensas anunciaron que ya cuentan con elementos para impugnar la resolución tanto en el pedido de la exclusión probatoria como en el del sobreseimiento.

También tendrían decidido recurrir a la Corte Suprema de Justicia de Tucumán si el fallo de un tribunal de Impugnación no los satisface. Lo único que está claro es que todo se resolverá el próximo año.

¿Una nueva causa?

Franco Venditti, uno de los abogados querellantes en la causa, en la audiencia del lunes denunció que se estaba ventilando información sobre lo que ocurrió en el primer debate del caso y pidió que se investigara quién había sido el responsable.
Fueron dos los magistrados que resolvieron que estaba prohibido difundir los detalles del expediente para proteger los derechos de las víctimas y de los acusados.
También se dispuso que todas las audiencias que se realizaron por esta causa sean secretas. En los últimos días se ventilaron videos de parte de los debates y se difundieron extractos de actas de una supuesta resolución que hasta el momento no se tomó.
La víctima, al entender que se estaban violando su intimidad, también pidió que se hiciera una investigación sobre el caso. /La Gaceta

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Investigan la muerte de un joven detenido en la comisaría de Simoca

Jonathan Rodríguez fue aprehendido el 4 de abril y, pocas horas después, debió ser trasladado a un centro de salud, donde falleció.

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La muerte de Jonathan Rodríguez, ocurrida días después de haber sido aprehendido por efectivos policiales en la ciudad de Simoca, abrió una investigación judicial que avanza bajo una calificación más grave y genera creciente inquietud tanto en el ámbito judicial como en la comunidad.
De acuerdo con los primeros datos del caso, el joven fue detenido el 4 de abril durante un operativo policial. Horas después de su aprehensión, debió ser trasladado a un centro de salud en estado crítico.
Con el correr de los días, se confirmó su fallecimiento, lo que motivó la intervención del Ministerio Público Fiscal.
A partir de la evolución del caso, la causa fue recaratulada con una figura de mayor gravedad, lo que refleja la relevancia que adquirió el expediente en las últimas horas.
En ese contexto, la querella impulsó una serie de medidas probatorias orientadas a reconstruir con precisión lo ocurrido durante el lapso en que Rodríguez permaneció bajo custodia policial.
Entre los requerimientos planteados se incluyen la identificación de todo el personal que intervino en el procedimiento, así como el análisis de registros fílmicos que puedan aportar elementos objetivos para esclarecer las circunstancias del hecho.
El caso también tuvo impacto en el plano social. El sábado pasado, familiares y allegados de la víctima se concentraron frente a la comisaría de Simoca para reclamar el avance de la investigación y exigir que se determinen eventuales responsabilidades.
Mientras tanto, la pesquisa continúa en desarrollo y se aguardan nuevas diligencias en los próximos días que permitan arrojar luz sobre lo sucedido y avanzar en la determinación de responsabilidades.

 

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Liberaron al futbolista que desató el pánico en un avión, aunque quedó imputado

Emiliano Endrizzi, jugador de Gimnasia de Jujuy, recibió la libertad condicional tras el insólito episodio. La Justicia le impuso severas restricciones y el club evalúa rescindirle el contrato.

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El futbolista de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, Emiliano Endrizzi, fue liberado este lunes tras haber sido detenido el fin de semana por gritar la palabra «bomba» a bordo de un avión comercial. Si bien recuperó su libertad, la Justicia lo imputó formalmente por el delito de «intimidación pública y atentado contra la seguridad de medios de transporte y comunicación».

 

El juez federal de Garantías N°1, Eduardo Hansen, rechazó el pedido de prisión preventiva solicitado por la fiscalía y dispuso la libertad provisoria del jugador, aunque le impuso estrictas restricciones: deberá presentarse cada siete días ante la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y tendrá terminantemente prohibido salir del país sin autorización judicial.

 

 

El riesgo de fuga y su futuro en el club

Durante la audiencia, el fiscal federal Sebastián Jure había solicitado que el deportista continuara tras las rejas, argumentando la gravedad del hecho y un posible riesgo de fuga, dado que Endrizzi no es oriundo de la provincia y reside en una vivienda alquilada. A este complejo panorama judicial se le suma una fuerte incertidumbre laboral: la dirigencia del «Lobo» jujeño anunció que evalúa rescindirle el contrato tras el escándalo.

 

 

Por su parte, la defensa técnica del jugador, encabezada por el abogado Sebastián Alsina, minimizó el hecho asegurando que todo se trató de un “comentario desafortunado” emitido en medio de una charla informal. Para acreditar el arraigo de su defendido y evitar la prisión preventiva, el letrado presentó constancias escolares de los hijos del deportista y demostró que la familia reside en Jujuy desde hace tres años.

 

 

Al fundamentar su fallo, el juez Hansen reconoció la gravedad del episodio, pero optó por una solución intermedia. No obstante, dejó una dura advertencia sobre el enorme costo y desgaste de recursos que estas «bromas» le generan al Estado: “Estas bromas graciosas o comentarios desafortunados provocan temor generalizado y deben ser tratadas con severidad”, sentenció el magistrado.

 

 

Crónica de un vuelo de terror

El insólito incidente que derivó en la detención del lateral izquierdo ocurrió el último sábado, cuando el plantel completo de Gimnasia de Jujuy se encontraba a bordo del vuelo FO 5181, listo para despegar hacia la Ciudad de Buenos Aires.

En ese momento, desde su butaca 16C, Endrizzi señaló a otro pasajero y lanzó en voz alta: “Él lleva una bomba”.

La frase, que luego se comprobó que era una falsa alarma, generó un clima de terror inmediato y obligó a la tripulación a activar el protocolo de emergencia. El avión fue trasladado hacia una zona aislada a 500 metros de la terminal y se procedió a la evacuación total de los pasajeros.

Durante más de tres horas, el aeropuerto quedó virtualmente paralizado mientras se desplegaba un megaoperativo que incluyó la conformación de un comité de crisis. Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y de la División de Explosivos revisaron minuciosamente la aeronave y los equipajes con trajes especiales. Finalmente, se descartó la presencia de cualquier artefacto peligroso y se desactivó la alarma.

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Agente penitenciario de 28 años murió luego de chocar un montículo de ripio en una ruta sin iluminación

La víctima fue identificada como Julio Matías Salazar, de 28 años, quien se desempeñaba como agente del servicio penitenciario

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Un trágico siniestro vial se registró durante la madrugada de este domingo en la Ruta Provincial 323, a la altura del puente sobre el río Salí, en jurisdicción de la Comisaría de Río Colorado, donde un motociclista perdió la vida en el acto.

La víctima fue identificada como Julio Matías Salazar, de 28 años, quien se desempeñaba como agente del servicio penitenciario y tenía domicilio en el paraje Ampata – Atahona.
De acuerdo a la información oficial, el joven circulaba en una motocicleta de 200cc en sentido oeste-este cuando, por causas que aún se investigan, impactó contra un montículo de ripio colocado para impedir el paso hacia el antiguo puente carretero, actualmente clausurado.

En el lugar se encuentran carteles con la advertencia “No avanzar, puente clausurado”, mientras que en paralelo existe un paso habilitado para la circulación vehicular. Sin embargo, según consta en el informe policial, el sector carece de iluminación, lo que podría haber influido en la mecánica del hecho.

Personal del Sistema Provincial de Salud (Siprosa) arribó al sitio en la unidad correspondiente y constató que el motociclista ya no presentaba signos vitales.

La intervención quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Homicidios N° 2 del Centro Judicial Concepción, bajo la órbita de la fiscal Lucrecia Lugones, quien dispuso la actuación de Criminalística para realizar las pericias correspondientes y avanzar en la investigación del caso

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