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Economía

El Gobierno convocó a una nueva licitación para privatización de rutas nacionales

La administración de Javier Milei oficializó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones.
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2 meses atrás

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A través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, la apertura del proceso competitivo, que comprende la gestión de diversos tramos de la red vial federal por parte de operadores privados

El Ministerio de Economía oficializó el llamado a Licitación Pública Nacional e Internacional para la concesión de la Etapa III de la Red Federal de Concesiones, en el marco del proceso de privatización de la empresa Corredores Viales SA. La medida fue adoptada a través de la resolución 174/2026, una semana después de que el titular de la cartera Económica, anunciara la fase “B” de la Etapa II.

Esta iniciativa también comprende la construcción, explotación, administración, reparación, ampliación, conservación, mantenimiento y prestación de servicios al usuario en los tramos Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico de la red vial nacional.

La Secretaría de Transporte tuvo a su cargo la propuesta de tramos de la red vial nacional a concesionar, la verificación del estado actual de los mismos y la elaboración de la documentación licitatoria y contractual. Los tramos comprendidos en esta etapa incluyen segmentos de las Rutas Nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66, 105, 1V-66, A-012 y A016.

También se aprobó el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares, los Formularios de Cotización, el Modelo de Contrato, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales y los Pliegos de Especificaciones Técnicas Particulares correspondientes a cada tramo. Toda la documentación puede ser consultada y descargada por los interesados en la plataforma CONTRAT.AR. (https://contratar.gob.ar/), y hay tiempo hasta el “04/05/2026 a las 13:00 horas”.

En tanto para la presentación de las ofertas, la fecha límite es el 18 de junio, al mediodía.La resolución detalla que “el llamado a licitación será publicado en el Boletín Oficial y en el sitio web del Ministerio de Economía por el término de siete (7) días, y en el sitio web del Banco Mundial denominado ‘DGMARKET’ por el término de tres (3) días corridos”. Para el procedimiento, el Gobierno ordenó la creación de una Comisión Evaluadora ad hoc, la cual estará integrada por tres miembros titulares y tres suplentes, que ya fueron designados.

La semana pasada se lanzó una nueva licitación para concesionar más de 2.500 kilómetros de rutas nacionales en cinco provincias, correspondiente a la Etapa II-B. Así lo anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, quien especificó que la convocatoria es de alcance nacional e internacional y comprenderá cuatro corredores estratégicos. “Seguimos trabajando para tener una infraestructura vial más moderna y mejores rutas, alentando a la inversión privada y cuidando al mismo tiempo los recursos de los argentinos”, afirmó.

El proyecto sustituye al esquema deficitario vigente por un modelo sin subsidios, enfocado en, según lo mencionado por Caputo, alegando “más transparencia, competencia y eficiencia en la gestión vial”. Las obras se ejecutarán en la rutas nacionales 8, 33, 35, 36, 188, 193 y en los accesos A005 y A008, además de las 7, 9 y 12 que se mencionan también en la nueva resolución.

La fase II-B cubrirá Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis y estará dividida en cuatro tramos: el tramo Mediterráneo, de 672 kilómetros, que conecta el centro productivo del país; el tramo Puntano, de 720 kilómetros, definido como corredor de integración interprovincial y carga de larga distancia; el tramo Portuario Sur, que incluye 637 kilómetros hacia accesos portuarios y nodos logísticos; y el tramo Portuario Norte, de 528 kilómetros, orientado a fortalecer la conectividad con polos industriales y portuarios del centro del país.

Al igual que el reciente lanzamiento, la fase II se enmarca en el Proyecto Red Federal de Concesiones, que prevé la gestión de la operación y mantenimiento de los corredores viales por parte del sector privado. En su conjunto, prevé la concesión demiles de kilómetros de rutas nacionales, con foco en la logística, el transporte de cargas y la conectividad productiva.

En la publicación en X, Caputo remarcó que la Etapa II-B se desarrollará bajo un esquema “sin subsidios”, con mayor competencia entre oferentes y reglas orientadas a mejorar la eficiencia en la gestión vial.

FUENTE: Infobae

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Economía

El Gobierno definió un precio base y reintegros para usuarios de gas envasado

Los usuarios registrados podrán recibir hasta $9.593 por garrafa y se pagará a través de cuentas bancarias o billeteras digitales.
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1 min atrás

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20 abril, 2026

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El Gobierno avanzó con la implementación del nuevo esquema de subsidios y definió cómo se aplicará la asistencia de reintegros para usuarios de garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) de 10 kilos, que se inscriban en el Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF) para recibir una asistencia económica por su consumo.

El esquema prevé un reintegro sobre dos garrafas mensuales entre abril y septiembre y de una garrafa durante el resto del año, según el calendario fijado por la normativa.

En cuanto al monto, la disposición fijó un valor inicial de $9.593 por garrafa, que podrá actualizarse periódicamente en función del precio del butano y los costos asociados definidos por la Secretaría de Energía.

El beneficio se instrumentará mediante un sistema de reintegros en cuentas bancarias, con la participación del Banco de la Nación Argentina, que pondrá a disposición herramientas digitales para facilitar los pagos. Además, se prevé que otras entidades financieras puedan sumarse en el futuro.

-Para acceder, los usuarios deberán completar sus datos en el registro oficial a través del sitio web de subsidios, lo que permitirá conformar el padrón de beneficiarios dentro del nuevo esquema-

La medida también establece que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) aportará información sobre los ingresos de los hogares, que será utilizada como complemento para evaluar la inclusión en el régimen.

FUENTE: Ámbito

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Economía

Se perdieron más de 290 mil puestos de trabajo durante la Era Milei

El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señala que el sector «Administración Pública» es el más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo.
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24 horas atrás

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19 abril, 2026

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A través de su informe «Dinámica laboral y empresarial«, el Centro de Economía Política Argentina (CEPA) reveló que entre noviembre de 2023 y enero de 2026 se redujo la cantidad de empleadores en 24.180 casos: más de 30 por día.

Detalla el CEPA que tanto en términos absolutos como relativos, «Servicio de transporte y almacenamiento» es el sector más afectado, con una pérdida de 5.899 empleadores, lo que representa una pérdida del 14,9%.

En el mismo período, el CEPA reveló que se perdieron 290.123 puestos de trabajo registrados en unidades productivas: casi 366 por día.
En este caso, el sector «Administración Pública» es el más afectado en términos de pérdida de puestos de trabajo, con una disminución de 86.108 trabajadores.
En términos relativos, en tanto, el sector más afectado es la «Construcción«, con una pérdida del 17,8% de su personal.En el sector de trabajadoras y trabajadores en casas particulares, por su parte, se perdieron 27.056 puestos de trabajo registrados: casi 36 por día.

Agrega el análisis del CEPA que en cuanto a la reducción de empleadores, se observa que los principales afectados son las empresas de hasta 500 trabajadoras y trabajadores, donde se registran 24.117 empresas menos (99,74% del total).

Por el contrario, la cantidad de empleadores de más de 501 trabajadores y trabajadoras explican solo el 0,26% de los cierres (63 casos).

En este punto, agrega el informe que la expulsión de trabajadores es mayor en las empresas de mayor porte: 186.771 trabajadoras y trabajadores (64,38% de la pérdida de empleo); mientras que en las firmas de menos de 500 trabajadoras y trabajadores, se perdieron 103.352 empleos (35,62% del total).

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Economía

Nación se quedó con más de US$ 2.000 millones que pertenecen a las provincias

Mientras cae el consumo, la recaudación crece por la suba de alícuotas. Se profundiza el reclamo de intendentes y gobernadores por el impacto en los precios y la falta de recursos para obras viales esenciales.
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1 día atrás

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19 abril, 2026

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Más del 60% de lo recaudado por el impuesto a los combustibles debe ser transferido a las provincias bajo diferentes conceptos, pero el Gobierno nacional lo retiene. Las pérdidas que esta maniobra arrojó para las jurisdicciones del interior el año pasado rozan los 3 billones de pesos, equivalentes a unos 2.000 millones de dólares.

 

La composición del precio del combustible refleja la magnitud del despojo. De los $2.000 que ronda en promedio el litro de nafta, unos $932 corresponden a impuestos. De ese total, alrededor de $830 quedan en manos de la Nación a través del IVA, el impuesto a los débitos y créditos y los gravámenes específicos sobre los combustibles. Por su parte, las provincias reciben directamente apenas $60 (equivalentes al 3% de Ingresos Brutos) y los municipios, $42 por sus tasas.

Sin embargo, el punto de conflicto no se limita a cómo se reparte el precio final en el surtidor. El problema central es que una parte sustancial de los fondos que la ley asigna para financiar infraestructura provincial no se ejecuta en los destinos previstos y termina siendo absorbida por el Tesoro Nacional.

 

Desvío de fondos: lo que marca la ley

De acuerdo con la legislación vigente, la recaudación del impuesto a los combustibles debe distribuirse del siguiente modo:

  • 28,69% al sistema de seguridad social.
  • 28,58% al Sistema de Infraestructura de Transporte (obras viales y Sisvial).
  • 15,07% al Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI).
  • 10,40% a la Nación.
  • 10,40% directamente a las provincias.
  • 4,31% al Fideicomiso de Infraestructura Hídrica.
  • 2,55% a Compensación del Transporte Público (subsidios).

La cuenta es simple: el 60,91% del componente tributario debe ser invertido en las provincias, ya sea con transferencia directa o mediante el financiamiento para obras públicas, viviendas y subsidios. Sin embargo, la Nación se apropia de ese dinero y solo coparticipa lo que corresponde al IVA.

El año pasado, la recaudación de este gravamen fue de casi 5 billones de pesos. A las provincias deberían haberles correspondido unos $540.000 millones en forma directa y más de 2 billones por financiamiento de obras en sus distritos.

Caída del consumo, pero aumento de recaudación

El impuesto a los combustibles es el único tributo que creció en lo que va del año, contrastando con la caída generalizada de la recaudación (los derechos de exportación bajaron un 40,2% y el IVA un 13,6%).

 

La recaudación por combustibles líquidos, en cambio, aumentó un 18,8% en el primer bimestre. Esta suba no responde a un mayor consumo —ya que las ventas marcaron su peor registro desde 2021 con una caída interanual del 1,7%— sino a la actualización constante de las alícuotas. Esta decisión del Gobierno busca compensar la pérdida de ingresos tras el fin del Impuesto PAIS, utilizando el tributo al combustible como una herramienta de ajuste fiscal que termina castigando directamente al consumidor y a las provincias.

El impacto en las rutas: deterioro crítico y riesgo vial

El área más perjudicada por esta retención es la infraestructura vial. Recientes informes legislativos denuncian que la Nación no transfirió más de $1,16 billones que debían girarse al Sistema Vial Integrado entre 2024 y los primeros meses de 2026.

El impacto de este desfinanciamiento está a la vista de todos los conductores. Según datos recientes de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo. La falta de presupuesto paralizó el bacheo, la repavimentación y el mantenimiento de banquinas y señalización.

Este abandono tiene dos consecuencias graves:

  1. Pérdida de vidas: la falta de mantenimiento dispara los índices de siniestralidad. En provincias como Río Negro o Neuquén, ONG de seguridad vial han reportado incrementos alarmantes en la cantidad de accidentes fatales sobre los corredores nacionales más deteriorados.
  2. Efecto cascada y sobrecostos: los especialistas en infraestructura advierten que por cada peso que el Estado ahorra hoy en mantenimiento preventivo, deberá gastar entre tres y cinco veces más en el futuro para reconstruir vías completamente arruinadas. Además, las rutas rotas encarecen drásticamente los costos logísticos para las economías regionales.

Denuncias formales y tensión internacional

Informes de la Federación Argentina de Municipios (FAM) ya habían señalado los desvíos. En 2025, Vialidad Nacional debió recibir $2,25 billones de presupuesto, pero percibió apenas $1,2 billones. Esa diferencia multimillonaria nunca se aplicó a su destino original.

En este contexto, los intendentes que se movilizaron esta semana a las puertas del Ministerio de Economía advirtieron sobre graves irregularidades y no descartaron avanzar con una denuncia judicial penal si no obtienen respuestas por parte de la administración del ministro Luis Caputo.

Para agravar el panorama, el escenario internacional suma presión al surtidor. El conflicto en Medio Oriente impulsó el precio del barril de petróleo por encima de los 100 dólares, lo que ya derivó en aumentos de entre el 15% y el 21% en los combustibles durante el último mes, asfixiando aún más el bolsillo de los usuarios.

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