Diputados aprobó el artículo primero referido a las facultades delegadas a Milei
Con 140 votos afirmativos, 115 negativos y sin abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó el artículo N°2 de la Ley de Bases impulsada por Javier Milei.
La Cámara de Diputados aprobó esta tarde -con 134 votos a favor y 121, en contra- el artículo 1° de la ley ómnibus que incluye los superpoderes para el presidente Javier Milei.
El Gobierno mandó en diciembre un proyecto con 9 emergencias que incluía la económica, financiera, fiscal, de seguridad, previsional, tarifaria, energética, administrativa y de salud. Sin embargo, durante las semanas de debate las negociaciones llevaron a realizar un recorte sobre las mismas.
Así, la oposición dialoguista aceptó brindarle al Presidente poderes en materia de económica, financiera, de seguridad, tarifaria, energética y administrativa.
Los superpoderes se encuentran en el artículo 1° de la «Ley de Bases», que fue acompañado por los bloques de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal y fue rechazada por Unión por la Patria y por la izquierda.
En las últimas horas, los legisladores -incluso de la oposición dialoguista- anticiparon que si bien «el martes comenzará el tratamiento» del proyecto, el trámite «va a ser largo» y «puede extenderse tranquilamente al miércoles y al jueves también», ya que se tratará de un extenso debate que demandaría otras tres jornadas de discusión, como las que se necesitaron para sancionar el dictamen en general.
La Cámara de Diputados aprobó el viernes en general, por 144 a 109 votos, el dictamen de mayoría con los cambios acordados entre la Libertad Avanza (LLA), la UCR, PRO, Hacemos e Innovación, pero debió pasar a cuarto intermedio hasta este martes a las 14 para poder consensuar las discrepancias sobre algunos puntos de esa norma.
De acuerdo con las fuentes, la intención de algunos diputados es iniciar la sesión este martes a las 14 -presidida por Martín Menem-, pasar a otro cuatro intermedio a la medianoche y retomar el miércoles para repetir esa estrategia, aunque no descartan seguir otro día más si no agotan las instancias de acuerdos.
Los bloques dialoguistas esperaban respuesta a sus pedidos de reformulación un conjunto de artículos, y no descartaban que mañana pueda haber nuevos contactos para buscar un consenso entre la Libertad Avanza, la UCR, Pro, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal.
A lo largo de toda la jornada, la UCR mantuvo una reunión de bloque por Zoom donde quedaron en aguardar algunos respuestas del Gobierno y también se reunieron los diputados de Hacemos, que volverán a tener un nuevo encuentro a las 11 para analizar la marcha de las conversaciones con el oficialismo, señalaron fuentes parlamentarias.
El oficialismo necesita alcanzar un acuerdo con las bancadas que apoyaron en la aprobación del proyecto para votar en particular los 383 artículos del dictamen, ya que si una veintena de esos legisladores votan en contra y sumados a los 109 que ya rechazaron la iniciativa pueden caer artículos promovidos por el Gobierno nacional.
Los bloques dialoguistas están de acuerdo en votar a favor la declaración de emergencia que quedó limitada a seis materias -administrativa, económica, financiera, de seguridad, tarifaria y energética- y sobre biocombustibles y los entes referidos a la cultura.
En cambio, una decena de diputados no quieren votar artículos sobre facultades delegadas referidos a las facultades administrativas que permite disolver o suprimir organismos públicos, con excepción de las Universidades Nacionales, e intervenir todos los entes o empresas públicas y las que están vinculados a los fondos fiduciarios provinciales.
Los legisladores que no quieren votar facultades delegadas son cuatro de Córdoba, los 6 de la Coalición Cívica, con lo cual sumados a los 109 que rechazaron la ley Bases y están dispuestos a votar en contra de todos los artículos, el oficialismo tiene los votos muy justos para imponer su postura, reconocieron fuentes parlamentarias.
Uno de los puntos donde hay más acuerdo es en el capítulo de privatizaciones de empresas públicas aunque aún faltan pulir algunos artículos sobre el control de esos procesos de venta de esas compañías y la evaluación patrimonial de las mismas.
Los legisladores señalan que hay un principio de acuerdo en este punto, pero tanto la UCR como Hacemos se oponen a las privatizaciones del Banco Nación, Nucleoelectrica y de Arsat donde se proponen ventas parciales, y piden que un organismo independiente haga su tasación y tenga un rol importante la Comisión Bicameral en oportunidad de su publicación.
Las empresas que no quedarán sujetas a privatización, según esa propuesta, son el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Casa de Moneda, Dioxitek S.A; Fabrica Argentina de Aviones, Fabricaciones Militares, Radio de la Universidad del Litoral, Servicio de Radio y TV de la Universidad de Córdoba, Vehículo Espacial Nueva Generación y Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio.
En tanto, otras 27 empresas entre las que figuran Aerolíneas Argentinas, Correos Argentinos, Aysa, Ferrocarriles Argentinos, Administración General de Puertos, Yacimientos Carboníferos Fiscal, y los medios públicos (Télam y RTA), entre otras, quedarían sujetas a privatización.
Otro punto que no hay acuerdo es en la propuesta del Gobierno sobre endeudamiento ya que propone derogar el artículo 1° de la ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, por el cual un futuro endeudamiento debe pasar por el Congreso; en cambio, sí se podría votar la reforma del artículo 65 de la ley de Administrativa referida a la nueva emisión para renovar la deuda (roll over).
Uno de los reclamos de las provincias era coparticipar el impuesto PAIS, que tiene una recaudación de unos 500 mil millones, pero la idea fue rechazada por el oficialismo que quiere terminar con ese gravamen a fin de año.
Los legisladores de los bloques dialoguistas aceptan diferir esa discusión cuando se analice el pacto fiscal y el paquete tributario, pero insisten en que el Gobierno asegure el flujo de fondos para aquellas cajas provinciales que están armonizadas con la Nación, como en el caso de Santa Fe y Córdoba, indicaron voceros parlamentarios.
Emergencia Hídrica y del transporte público serán tratados en la próxima sesión
La Comisión de Obras Públicas dio dictamen a proyectos que consolidan leyes de emergencia y de declaración de interés legislativo al Encuentro Nacional de Cooperativas
La Comisión de Obras Públicas de la Legislatura de Tucumán emitió dictamen favorable a diversos proyectos de ley que formarán parte de la actualización del Digesto Jurídico Provincial correspondiente al presente año, además de un proyecto de resolución.
La reunión fue encabezada por el presidente de la comisión, legislador Tulio Caponio, y contó con la participación de los parlamentarios Carlos Gómez, Eduardo Verón Guerra y Alberto Olea.
Al finalizar el encuentro, Caponio destacó la importancia del trabajo realizado: “Lo más relevante de la jornada fue el tratamiento de la consolidación de cuatro leyes de emergencia de la provincia, en el marco de la actualización del Digesto Jurídico de este año. Se trata de las emergencias hídrica, del transporte público, energética —vinculada a la red troncal de energía— y de obras públicas”.
Asimismo, la comisión aprobó un proyecto de resolución que declara de interés legislativo el Encuentro Nacional de Cooperativas de Agua Potable de la República Argentina, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de julio del corriente año en la localidad de San Pedro de Colalao.
En una reunión de bajo perfil celebrada este lunes, el Gobierno y las universidades llegaron a un principio de acuerdo para avanzar con un aumento salarial del 24%, entre otros puntos. Sin embargo, las negociaciones fracasaron por una condición inapelable del Ejecutivo: que las casas de estudio retiren la demanda judicial que aguarda el fallo de la Corte Suprema.
En un territorio neutral para no captar la atención mediática, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvo un encuentro con rectores en representación del Consejo Interuniversitario Nacional para intentar destrabar el conflicto presupuestario que motorizó la última Marcha Federal el mes pasado.
Según confirmaron a TN fuentes de ambos sectores, la propuesta del Ejecutivo consistió en una recomposición salarial del 24,3% que abarca la pérdida durante parte de 2024, todo 2025 y el desfasaje de 2026 hasta mayo. El incremento se pagaría en dos partes: un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre.
El acuerdo también incluía la conformación de una comisión técnica para trabajar en el periodo adeudado de 2024 y garantizar hacia adelante negociaciones paritarias cada tres meses.
La propuesta del Gobierno a las universidades y el punto que trabó las negociaciones
Además, el Gobierno ofreció un 50% de aumento para las becas Manuel Belgrano, un 20% de incremento para gastos de funcionamiento de las universidades y un fondo adicional de $50 mil millones para gastos de hospitales universitarios.
En paralelo, las universidades aguardan la convocatoria del Gobierno para acordar el nuevo criterio de distribución de la partida de más de $79 mil millones destinada a dichos hospitales, cuyo congelamiento había generado protestas y una advertencia de que podía peligrar la atención en los establecimientos por falta de presupuesto.
En diálogo con este medio, fuentes de la comunidad universitaria al tanto de las conversaciones consideraron que la propuesta del Ejecutivo es “razonable”. Sin embargo, la negociación se frustró con el pedido del Gobierno para que las casas de estudio retiren la demanda judicial que exige la ejecución de la Ley de Financiamiento sancionada por el Congreso.
La ley exige el cumplimiento de los aumentos en materia de salarios y becas dispuestos en la Ley de Financiamiento de acuerdo al IPC: una cifra que ronda los 2,5 billones de pesos y que, según el Ejecutivo, atenta contra el superávit fiscal.
La negativa de los rectores a retirar la demanda judicial
“Eso no va a suceder de ninguna manera. No estamos dispuestos a hacerlo y no es modificable esa situación. Condiciones para avanzar hay, pero la pelota está del lado del Gobierno”, insistieron en diálogo con TN los rectores universitarios.
Para las casas de estudio, la demanda opera como un resguardo que no están dispuestas a perder. A su vez, sostienen que no existe consenso en la comunidad universitaria para eso. En su lugar, ponen el énfasis en que la propuesta demuestra que el Gobierno cuenta con los recursos para solucionar el conflicto.
“Si hay voluntad de acordar, es bastante insólito que no lo hagamos. Hay condiciones para que eso ocurra”, subrayaron, con la expectativa de que el conflicto se resuelva esta semana.
Desde el Gobierno replicaron a TN que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) conducido por Franco Bartolacci no está dispuesto a ceder en el terreno judicial para no comprometer el apoyo de la comunidad y cuestionaron que eso “lleve a todos a un conflicto sin solución”. De ambos sectores insisten en que, para llegar a un acuerdo, el otro tendrá que dar el brazo a torcer.
El Senado de la Nación tiene previsto tratar este jueves un proyecto que propone reorganizar la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán mediante la creación de dos salas, una iniciativa que busca optimizar el funcionamiento de la Justicia Federal en la provincia y en el norte argentino.
La senadora nacional Beatriz Ávila informó que la propuesta fue incorporada al temario de la sesión y cuenta con dictamen favorable de comisión, además del acompañamiento de distintos sectores políticos.
El texto que llegará al recinto surge de la unificación de proyectos presentados por Ávila y por la senadora Sandra Mendoza. La iniciativa contempla dividir la actual Cámara Federal en dos salas y habilitar la posibilidad de ampliar la integración del tribunal, incorporando un sexto magistrado a los cinco jueces que actualmente lo conforman.
Según se explicó, la eventual designación de un nuevo juez estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria y tendría como objetivo reforzar la estructura judicial encargada de revisar en segunda instancia las causas de competencia federal que se tramitan en la jurisdicción.
Durante la reunión de Labor Parlamentaria realizada este miércoles, la legisladora tucumana solicitó la inclusión del proyecto en el orden del día junto con el tratamiento de distintos pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en el ámbito de la Justicia Federal.
El debate se desarrolla en un contexto marcado por las discusiones en torno a la cobertura de cargos judiciales y la necesidad de fortalecer el funcionamiento de los tribunales federales. Desde los impulsores de la iniciativa sostienen que la creación de salas permitirá agilizar el tratamiento de expedientes y mejorar la respuesta del sistema judicial ante el incremento de causas que llegan a la segunda instancia.
De obtener la aprobación de la Cámara alta, el proyecto representará un paso importante en la reestructuración de la Justicia Federal con asiento en Tucumán y podría generar cambios en la organización interna del tribunal en los próximos años.
