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Abogada santiagueña consiguió que le otorguen un hábeas corpus y podrá volver a la Argentina

Agostina Páez, acusada de racismo en Brasil deberá cumplir con dos requisitos impuesto por la justicia de ese país.

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La Justicia de Río de Janeiro concedió este lunes un habeas corpus en favor de la abogada argentina Agostina Páez, acusada de racismo en Brasil. La medida no solo le permite retirarse la tobillera electrónica y recuperar su pasaporte, sino que la autoriza expresamente a regresar a su país de origen. Sin embargo, para que se haga efectivo el levantamiento de las medidas cautelares, exige el pago de una caución de 60 salarios mínimos nacionales, cerca de 20.000 dólares.

El fallo, firmado por el desembargador Luciano Silva Barreto, de la Octava Cámara Criminal del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, revierte la postura del juez de primera instancia, que había intentado mantener a la abogada santiagueña bajo vigilancia estricta en territorio brasileño.

Para el magistrado, la permanencia forzosa de Páez en Brasil, una vez finalizada la etapa de recolección de pruebas, carecía de fundamento procesal y se transformaba en un “constrangimento ilegal flagrante”. Este concepto describe una coacción o restricción a la libertad que pierde sustento jurídico al no haber más pruebas que recolectar, transformándose así en una pena anticipada prohibida por la ley.

“Su permanencia en Brasil (…) se convirtió en un fin en sí misma, desprovista de cualquier utilidad procesal”, destacó el magistrado en la decisión.

“Cada día que permanece en Brasil contra su voluntad (…) representa una violación continua y progresiva de su derecho de ir y venir”, justificó, en un fallo con duras críticas al juez de primera instancia.

Contactada por LA NACION, la defensa de Agostina Páez, liderada por la abogada Carla Junqueira, no quiso comentar la decisión.

Más allá del permiso para volver a la Argentina, la decisión marca otro éxito de la estrategia legal de la defensa de Páez. Las pretensiones iniciales de la justicia carioca para permitir que la abogada influencer esperara la sentencia en su casa rondaban los 150.000 dólares, pero la Cámara concedió una reducción drástica que dejó la cifra en aproximadamente 20.000 dólares estipulados en el fallo. Este monto servirá como garantía para el pago de una eventual pena de multa y la reparación de daños a las víctimas, un requisito que incluso contó con el visto bueno del Ministerio Público para destrabar el regreso de Páez.

La decisión de la Octava Cámara no ahorró críticas para el juez de la 37ª Vara Criminal, quien originalmente había denegado el pedido de salida alegando que los tratados de cooperación entre Argentina y Brasil eran documentos apócrifos.

El fallo de segunda instancia fue lapidario al recordar que el juez tiene la obligación de conocer la ley que regula la transferencia de presos y de cumplimiento de penas entre ambos países. Bajo esa lógica, si Páez tuviera derecho a volver incluso siendo condenada para cumplir su pena en Argentina, resultaba un contrasentido impedirle el regreso, inclusive mientras todavía goza de la presunción de inocencia.

Fuentes próximas a la justicia de Río indicaron que Páez podría estar de regreso en el país esta misma semana, dependiendo de la celeridad con la que se concrete el depósito de la caución. Una vez acreditado el pago, el juzgado deberá proceder con el retiro inmediato del equipo de monitoreo electrónico, la devolución del pasaporte y la expedición de la autorización formal de viaje hacia la Argentina.

Aunque el proceso penal por la supuesta práctica de racismo sigue su curso en Brasil, la decisión de la Cámara pone fin a lo que la defensa describió como una situación de injusticia.

Páez, quien admitió su error y pidió disculpas a las víctimas durante el proceso, podrá ahora esperar el dictado de la sentencia final en su domicilio, cerrando un capítulo de enorme exposición mediática y rigor judicial en el extranjero. /La Nación

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Dos policías fueron heridos al sofocar disturbios en la plaza Independencia

El hecho ocurrió en las inmediaciones de Plaza Independencia, donde un grupo de personas protagonizó disturbios mientras se desarrollaba el operativo de seguridad dispuesto para resguardar a los asistentes y preservar las estructuras montadas frente a Casa de Gobierno con vistas a los actos conmemorativos del 9 de Julio.

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Dos efectivos de la Policía de Tucumán resultaron heridos este martes mientras intervenían para restablecer el orden durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina frente a Egipto, en el marco de la Copa del Mundo.

El hecho ocurrió en las inmediaciones de Plaza Independencia, donde un grupo de personas protagonizó disturbios mientras se desarrollaba el operativo de seguridad dispuesto para resguardar a los asistentes y preservar las estructuras montadas frente a Casa de Gobierno con vistas a los actos conmemorativos del 9 de Julio.

De acuerdo con el informe policial, cuando los efectivos intentaban contener la situación para evitar que las agresiones se extendieran al resto de los concurrentes, algunos de los involucrados comenzaron a arrojar botellas de vidrio y otros objetos contundentes contra el personal policialComo consecuencia del ataque, una oficial jefe y un efectivo subalterno sufrieron lesiones.

Ante la violencia registrada, personal de Infantería conformó una línea de contención con escudos para proteger a los uniformados que se encontraban prestando servicio en el lugar. Durante el procedimiento fueron aprehendidos varios hombres señalados por su presunta participación en las agresiones.

Finalizados los incidentes, las distintas unidades policiales afectadas al operativo continuaron con las tareas de despeje y normalización de la zona, a fin de restablecer el orden y garantizar la seguridad de los vecinos que participaron de los festejos.

Del dispositivo preventivo participaron efectivos de la Comisaría Seccional Primera, Distrito Urbano I, Destacamento Casa de Gobierno, Infantería Capital, Seguridad Vial y la Dirección de Operaciones Motorizadas (DOMT).

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Allanaron la delegación Tucumán de Policía Federal y desplazaron a dos jefes por una causa des coimas a un tours de contrabando

La acusación apunta al montaje de una red de corrupción para cobrar coimas a los tours de compras que ingresan desde Bolivia con gran cantidad de mercadería de contrabando.

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La investigación por el presunto cobro de sobornos a tours de compras y bagayeros sumó un nuevo capítulo este lunes, luego de que el juez federal N° 2 de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, ordenara allanamientos en las dependencias de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) y de la Brigada de Investigaciones de la delegación Tucumán de la Policía Federal Argentina. 
Las medidas se enmarcan en la causa que tiene a siete efectivos tucumanos imputados por integrar una supuesta maniobra de cobro de coimas para facilitar el paso de mercadería de contrabando.

En cumplimiento de la orden judicial, efectivos de Gendarmería Nacional ingresaron a las oficinas ubicadas sobre calle Laprida, en San Miguel de Tucumán, donde secuestraron documentación considerada de interés para la investigación.

Entre los elementos incautados figuran el libro oficial de servicio, el libro del sargento de guardia, los partes informativos vinculados a la implementación de controles vehiculares, el estado de cuarto y el libro de brigada.
Todo ese material será sometido a análisis por especialistas de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional, con el objetivo de reconstruir la actividad desarrollada por los efectivos y verificar posibles irregularidades.
La causa judicial investiga a siete policías federales tucumanos acusados de exigir pagos ilegales a coordinadores de tours de compras y bagayeros para permitir el traslado de mercadería sin controles en la zona de Rapelli, en Santiago del Estero, un corredor considerado estratégico para el contrabando procedente de la frontera norte.
En paralelo al avance de la investigación judicial, las máximas autoridades de la Policía Federal Argentina adoptaron medidas administrativas y resolvieron desplazar de sus cargos al jefe del Departamento de Investigaciones Federales Tucumán y a la jefa de la DUOF Tucumán. Ambos funcionarios fueron pasados a disponibilidad mientras continúa la pesquisa y se determina el alcance de las responsabilidades dentro de la fuerza.
Con los allanamientos y el secuestro de documentación oficial, la Justicia Federal busca profundizar el análisis sobre el funcionamiento interno de la delegación tucumana y establecer si existieron irregularidades administrativas o posibles vínculos con la maniobra investigada, que ya derivó en la detención de siete efectivos federales acusados de participar en un esquema de corrupción vinculado al transporte de mercadería de contrabando.

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Una banda armada irrumpió en la casa del dueño de la aerosilla frente a su familia

El hecho ocurrió durante la noche, cuando un grupo de delincuentes armados ingresó al domicilio y redujo a todos los ocupantes, generando momentos de extrema tensión y violencia

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Un grave episodio de inseguridad sacudió la zona de El Cadillal, donde el empresario Mario Conti, propietario de la Aerosilla Nuevo Cadillal, fue víctima de un violento asalto dentro de su vivienda mientras se encontraba junto a su esposa y sus dos hijos pequeños.

El hecho ocurrió durante la noche, cuando un grupo de delincuentes armados ingresó al domicilio y redujo a todos los ocupantes, generando momentos de extrema tensión y violencia. De acuerdo con el testimonio de la familia, los asaltantes actuaron con rapidez y bajo amenazas, mientras las víctimas permanecían indefensas.

La esposa del empresario, Roxana Delgado, relató el dramático momento que vivieron junto a sus hijos, de 10 y 4 años, quienes presenciaron toda la secuencia. A través de un mensaje difundido tras el ataque, expresó el profundo impacto que dejó el episodio.

«Esa noche nuestra paz fue destruida en cuestión de segundos. Pensé que habían matado a mi marido», manifestó.

Según el relato de la familia, durante el asalto se activó una alarma antipánico, circunstancia que habría provocado la huida de los delincuentes antes de concretar todos sus objetivos. Ese aspecto, junto con la mecánica del ingreso, la cantidad de autores y el recorrido que realizaron dentro de la vivienda, forma parte de la investigación que llevan adelante las autoridades.

Si bien hasta el momento no trascendieron detalles oficiales completos sobre el procedimiento ni sobre el botín que pudieron haber obtenido los asaltantes, la familia aseguró que el daño psicológico fue enorme, especialmente para los niños, que quedaron profundamente afectados tras haber presenciado el violento episodio.

Los investigadores trabajan ahora para reconstruir con precisión lo ocurrido, analizar posibles registros de cámaras de seguridad y reunir elementos que permitan identificar a los responsables.

Mientras avanza la causa, la familia de Mario Conti reclamó que el hecho sea esclarecido cuanto antes y que los autores del violento asalto sean identificados y llevados ante la Justicia. El episodio volvió a poner en el centro de la escena la preocupación por la inseguridad en la zona de El Cadillal, donde vecinos reclaman mayores medidas de prevención y presencia policial. /Contexto/

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