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Política

Ruralistas marcharon a Plaza de Mayo y el Gobierno ratificó que no subirán las retenciones

La convocatoria fue impulsada desde Campo+Ciudad y otras entidades del interior, aunque las que conforman la Mesa de Enlace decidieron no participar. Desde el Gobierno sostienen que es una marcha política con consignas poco claras, y dirigentes del PRO se sumaron a la movilización.

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Productores autoconvocados y agrupaciones rurales, con apoyo de dirigentes de Juntos por el Cambio, realizaron una marcha y un acto en Plaza de Mayo en el cual pidieron por una baja de los impuestos y un menor gasto público.

«Esta es nuestra protesta y nuestra propuesta: anímense a pensar un país con menos impuesto; gasten menos; arréglense con lo que tiene o dedíquense a otra cosa», indicó la proclama leída en Plaza de Mayo firmada por el denominado Grupo Independencia, donde confluyen productores, asociaciones rurales y organizaciones como Campo+Ciudad, a cargo de la marcha y el acto.

«No hemos venido hasta acá para pedir que nos den una mano sino para que nos saquen las dos de encima; no estamos dispuesto a seguir financiando la soga con la que nos ahorcan», agregó el documento.

Foto Eliana Obregn

Foto: Eliana Obregón

Pasadas las 15, productores de diferentes partes del país -al que se sumaron a habitantes de la ciudad, con cánticos a favor del campo y en contra del Gobierno- ingresaron a la Plaza de Mayo con una veintena de tractores y camionetas, tras realizar una caravana desde el barrio porteño de Nuñez.

En la plaza hubo presencia de referentes de Juntos por el Cambio (JxC), espacio político que convocó a la marcha, como Federico Pinedo, Eduardo Amadeo y Luis Miguel Etchevehere; más temprano, en el inicio de la marcha, estuvieron la presidenta del PRO, Patricia Bullrich y el alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Foto Eliana Obregn

Foto: Eliana Obregón

 

Foto Pepe Mateos

Foto: Pepe Mateos.

 

Foto Pepe Mateos

Foto: Pepe Mateos.

 

Foto Eliana Obregn

Foto: Eliana Obregón

La protesta no contó con la participación de las entidades agropecuarias nacionales que integran la Mesa de Enlace, ya que consideraron al momento «inoportuno».

La movilización se da en un contexto donde los precios internacionales de los granos se ubican en niveles históricamente altos, en especial en estos últimos meses por la guerra entre Rusia y Ucrania; durante la semana el maíz y la soja en Chicago alcanzaron máximos desde septiembre de 2012.

Asimismo, la Bolsa de Comercio de Rosario vaticinó un crecimiento de las exportaciones de granos y derivados de 8% interanual en 2022, con una facturación récord de alrededor de US$ 41.053 millones, impulsada por el salto en los valores de los commodities agrícolas.

«es que si hay algún reclamo que tenga que ser atendido lo vamos a atender, pero es importante que se sepa que con las entidades del sector tenemos una relación de trabajo permanente»El ministro Julián Domínguez

Dirigentes del PRO y Espert se sumaron a la marcha convocada por los ruralistas

Así, el valor de los despachos aumentarían en US$ 3.004 millones respecto a 2021 y US$ 2.442 millones respecto a la proyección realizada por la entidad en marzo pasado.

No obstante este incremento los derechos de exportación se mantuvieron sin cambios, con la soja tributando 33% y el maíz y el trigo, 12%, mientras que a los subproductos de la oleaginosa, como lo son el aceite y la harina, se les quitó el diferencial por ser productos procesados y alcanzó nuevamente la alícuota del 33%.

Foto Victoria Egurza

Foto: Victoria Egurza

Por su parte, el ministro de Producción, Matías Kulfas, se manifestó en la misma dirección, al asegurar que el tractorazo lo lleva adelante un sector que es un brazo político de Juntos por el Cambio» y argumentó que «no es el campo, de hecho las principales entidades no quisieron acompañar el reclamo».

Al respecto, advirtió que «se ve un nivel de virulencia enorme» y agregó: «leía que decían ´devuélvannos nuestro país». El país no es de ellos, el país es de todos», sentenció en referencia a un comunicado de la agrupación Campo+Ciudad.

CERRUTI LAMENTÓ QUE DIRIGENTES DE JUNTOS POR EL CAMBIO HAYAN ENCABEZADO LA PROTESTA DE RURALISTAS

La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, lamentó que dirigentes de Juntos por el Cambio que «se proclaman republicanos» hayan encabezado la manifestación de ruralistas, cuyo documento final se pronunció de modo descalificador contra el Gobierno y los gobernadores, y advirtió que eso «no contribuye a la convivencia democrática».

«Lamentamos que dirigentes de Juntos por el Cambio que se proclaman republicanos hayan encabezado hoy una manifestación cuyo documento final caracteriza al Gobierno legítimamente elegido por el pueblo como ‘vándalos y usurpadores’ y a los gobernadores como ‘indigna alianza de vasallaje feudal'», expresó Cerruti en declaraciones a la prensa.

En ese sentido, sostuvo que «esta postura del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y otros dirigentes del PRO no contribuye a la convivencia democrática».

«La movilización organizada alrededor de una caravana de tractores protestó contra un proyecto de ley que aún no conocen y que no los involucra, ya que no hay productores que hayan facturado más de mil millones de pesos el último año», señaló la portavoz del Gobierno.

En esa línea, sostuvo que «esto demuestra claramente las motivaciones políticas, y la decisión de Juntos por el Cambio de defender unívocamente a un puñado de empresas que se benefició de manera inesperada con la guerra en Ucrania».

«Una vez más, como siempre lo han hecho, promueven la concentración del ingreso en manos de unos pocos y en desmedro de millones de argentinos», advirtió Cerruti.

Ante la marcha, el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, indicó que la posición de la cartera «es que si hay algún reclamo que tenga que ser atendido lo vamos a atender, pero es importante que se sepa que con las entidades del sector tenemos una relación de trabajo permanente».

Foto Cris Sille

Foto: Cris Sille

En este sentido, Domínguez subrayó desde Israel, donde se encuentra de visita oficial junto al ministro del Interior, Eduardo «Wado» de Pedro, volvió a reiterar que las «retenciones no se van a aumentar».

En esta línea, el secretario de Alimentos, Bioeconomía y Desarrollo Regional, Luis Contigiani, sostuvo que la cartera agropecuaria trabaja «en defensa del productor» y marcó que «necesitamos construir la Argentina del diálogo, la integración, el desarrollo y no de la intransigencia sectorial; resolver problemas, como lo estamos haciendo en un contexto más que difícil, y no fabricarlos ni inventarlos».

Por su parte, Rodríguez Larreta opinó que desde su espacio «siempre apoyamos al campo. No entiendo al gobierno, enfrenta trabajadores con trabajadores. Que respete el derecho a manifestarse», mientras que Bullrich sostuvo que la marcha «no es en contra de nadie, para subirse a ningún lado, sino que es el reconocimiento de una necesidad».

 

Foto Cris Sille

Foto: Cris Sille

 

Foto Victoria Egurza

Foto: Victoria Egurza

 

Foto Pepe Mateos

Foto: Pepe Mateos.

Política

Emergencia Hídrica y del transporte público serán tratados en la próxima sesión

La Comisión de Obras Públicas dio dictamen a proyectos que consolidan leyes de emergencia y de declaración de interés legislativo al Encuentro Nacional de Cooperativas

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La Comisión de Obras Públicas de la Legislatura de Tucumán emitió dictamen favorable a diversos proyectos de ley que formarán parte de la actualización del Digesto Jurídico Provincial correspondiente al presente año, además de un proyecto de resolución.

La reunión fue encabezada por el presidente de la comisión, legislador Tulio Caponio, y contó con la participación de los parlamentarios Carlos Gómez, Eduardo Verón Guerra y Alberto Olea.

Al finalizar el encuentro, Caponio destacó la importancia del trabajo realizado: “Lo más relevante de la jornada fue el tratamiento de la consolidación de cuatro leyes de emergencia de la provincia, en el marco de la actualización del Digesto Jurídico de este año. Se trata de las emergencias hídrica, del transporte público, energética —vinculada a la red troncal de energía— y de obras públicas”.

Asimismo, la comisión aprobó un proyecto de resolución que declara de interés legislativo el Encuentro Nacional de Cooperativas de Agua Potable de la República Argentina, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de julio del corriente año en la localidad de San Pedro de Colalao.

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Política

El Gobierno ofreció un aumento de 24% a las universidades a cambio de retirar la demanda

Los rectores consideraron la propuesta del Gobierno razonable, pero no hubo acuerdo. La denuncia la debe resolver la Corte Suprema.

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En una reunión de bajo perfil celebrada este lunes, el Gobierno y las universidades llegaron a un principio de acuerdo para avanzar con un aumento salarial del 24%, entre otros puntos. Sin embargo, las negociaciones fracasaron por una condición inapelable del Ejecutivo: que las casas de estudio retiren la demanda judicial que aguarda el fallo de la Corte Suprema.

En un territorio neutral para no captar la atención mediática, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvo un encuentro con rectores en representación del Consejo Interuniversitario Nacional para intentar destrabar el conflicto presupuestario que motorizó la última Marcha Federal el mes pasado.

Según confirmaron a TN fuentes de ambos sectores, la propuesta del Ejecutivo consistió en una recomposición salarial del 24,3% que abarca la pérdida durante parte de 2024, todo 2025 y el desfasaje de 2026 hasta mayo. El incremento se pagaría en dos partes: un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre.

El acuerdo también incluía la conformación de una comisión técnica para trabajar en el periodo adeudado de 2024 y garantizar hacia adelante negociaciones paritarias cada tres meses.

La propuesta del Gobierno a las universidades y el punto que trabó las negociaciones

Además, el Gobierno ofreció un 50% de aumento para las becas Manuel Belgrano, un 20% de incremento para gastos de funcionamiento de las universidades y un fondo adicional de $50 mil millones para gastos de hospitales universitarios.

En paralelo, las universidades aguardan la convocatoria del Gobierno para acordar el nuevo criterio de distribución de la partida de más de $79 mil millones destinada a dichos hospitales, cuyo congelamiento había generado protestas y una advertencia de que podía peligrar la atención en los establecimientos por falta de presupuesto.

En diálogo con este medio, fuentes de la comunidad universitaria al tanto de las conversaciones consideraron que la propuesta del Ejecutivo es “razonable”. Sin embargo, la negociación se frustró con el pedido del Gobierno para que las casas de estudio retiren la demanda judicial que exige la ejecución de la Ley de Financiamiento sancionada por el Congreso.

La ley exige el cumplimiento de los aumentos en materia de salarios y becas dispuestos en la Ley de Financiamiento de acuerdo al IPC: una cifra que ronda los 2,5 billones de pesos y que, según el Ejecutivo, atenta contra el superávit fiscal.

La negativa de los rectores a retirar la demanda judicial

“Eso no va a suceder de ninguna manera. No estamos dispuestos a hacerlo y no es modificable esa situación. Condiciones para avanzar hay, pero la pelota está del lado del Gobierno”, insistieron en diálogo con TN los rectores universitarios.

Para las casas de estudio, la demanda opera como un resguardo que no están dispuestas a perder. A su vez, sostienen que no existe consenso en la comunidad universitaria para eso. En su lugar, ponen el énfasis en que la propuesta demuestra que el Gobierno cuenta con los recursos para solucionar el conflicto.

“Si hay voluntad de acordar, es bastante insólito que no lo hagamos. Hay condiciones para que eso ocurra”, subrayaron, con la expectativa de que el conflicto se resuelva esta semana.

Desde el Gobierno replicaron a TN que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) conducido por Franco Bartolacci no está dispuesto a ceder en el terreno judicial para no comprometer el apoyo de la comunidad y cuestionaron que eso “lleve a todos a un conflicto sin solución”. De ambos sectores insisten en que, para llegar a un acuerdo, el otro tendrá que dar el brazo a torcer.

FUENTE: TN

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Política

El Senado debatirá un proyecto para reorganizar la Cámara Federal de Tucumán

La iniciativa propone reorganizar la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán mediante la creación de dos salas.

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El Senado de la Nación tiene previsto tratar este jueves un proyecto que propone reorganizar la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán mediante la creación de dos salas, una iniciativa que busca optimizar el funcionamiento de la Justicia Federal en la provincia y en el norte argentino.

La senadora nacional Beatriz Ávila informó que la propuesta fue incorporada al temario de la sesión y cuenta con dictamen favorable de comisión, además del acompañamiento de distintos sectores políticos.

El texto que llegará al recinto surge de la unificación de proyectos presentados por Ávila y por la senadora Sandra Mendoza. La iniciativa contempla dividir la actual Cámara Federal en dos salas y habilitar la posibilidad de ampliar la integración del tribunal, incorporando un sexto magistrado a los cinco jueces que actualmente lo conforman.

Según se explicó, la eventual designación de un nuevo juez estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria y tendría como objetivo reforzar la estructura judicial encargada de revisar en segunda instancia las causas de competencia federal que se tramitan en la jurisdicción.

Durante la reunión de Labor Parlamentaria realizada este miércoles, la legisladora tucumana solicitó la inclusión del proyecto en el orden del día junto con el tratamiento de distintos pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en el ámbito de la Justicia Federal.

El debate se desarrolla en un contexto marcado por las discusiones en torno a la cobertura de cargos judiciales y la necesidad de fortalecer el funcionamiento de los tribunales federales. Desde los impulsores de la iniciativa sostienen que la creación de salas permitirá agilizar el tratamiento de expedientes y mejorar la respuesta del sistema judicial ante el incremento de causas que llegan a la segunda instancia.

De obtener la aprobación de la Cámara alta, el proyecto representará un paso importante en la reestructuración de la Justicia Federal con asiento en Tucumán y podría generar cambios en la organización interna del tribunal en los próximos años.

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