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Política

Reforma política: avanzan con el análisis de los proyectos presentados en la Legislatura

A través de un diálogo abierto y plural, la Comisión de Legislación General inició el análisis de la reforma política en Tucumán, buscando alcanzar un consenso que responda a las demandas ciudadanas de mayor claridad y orden en el proceso electoral.

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La Comisión de Legislación General inició el debate sobre la reforma política en Tucumán, condensando más de 30 proyectos en cinco ejes fundamentales: la reducción de los acoples, la implementación de la boleta única electrónica, la paridad de género, la reforma de la ley de partidos políticos y la creación de un fuero electoral.

La reunión de la comisión contó con la presencia de su presidente, el legislador Gerónimo Vargas Aignasse, junto a la vicepresidenta Sara Assán y el secretario Walter Berarducci. También participaron los legisladores Carolina Vargas Aignasse, Mario Leito, José Ignacio Macome y Christian Rodríguez. Además, estuvieron presentes los legisladores Eduardo Verón Guerra y Adriana Najar.

Gerónimo Vargas Aignasse destacó la importancia del encuentro y el compromiso asumido por las autoridades provinciales: “Hoy hemos empezado a tratar en la Comisión de Legislación General la reforma política, un compromiso que asumió el gobernador y el vicegobernador con la pastoral. Antes de las elecciones hubo un compromiso escrito de reformar el sistema electoral, y esto muestra que hay una vocación de cambio en todos los bloques de la Legislatura”.

Sobre la síntesis de los proyectos presentados, explicó: “Condensamos las 31 iniciativas en cinco puntos que vamos a empezar a trabajar. En primer lugar, la eliminación o limitación de acoples. Segundo, la implementación de la boleta única electrónica, lo que implicaría la eliminación del voto en papel. El tercer punto es la paridad de género, el cuarto es la reforma de los partidos políticos, ya que si se limitan los acoples habría que consensuar un sistema de internas. Y el quinto punto es la creación de un fuero electoral”.

El legislador subrayó la importancia de un debate abierto y plural: “No solo vamos a escuchar a los autores de los proyectos, sino que también abriremos el debate a sectores externos, como organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos, el sector académico y cualquier persona interesada en aportar. Sabemos que lograr un consenso absoluto es difícil, pero trabajaremos para que esta reforma tenga el mayor respaldo posible”.

Desde la oposición, el legislador Walter Berarducci valoró la disposición de las autoridades de la cámara para avanzar en la reforma: “Vemos con agrado que el oficialismo haya posibilitado esta instancia de diálogo. Es fundamental que discutamos modificaciones al régimen electoral, no solo en cuanto a la forma de elegir candidatos, sino también en temas como el financiamiento y control de los partidos políticos”.

Además, remarcó la necesidad de analizar experiencias de otras provincias: “Vamos a estudiar el derecho comparado, ver qué sistemas se están aplicando en otras provincias. Tucumán ya implementará la boleta única de papel este año, y queremos evaluar qué impacto han tenido herramientas tecnológicas en otras jurisdicciones. Pero también tenemos que trabajar sin desconocer la idiosincrasia y la historia institucional de nuestra provincia”.

Por su parte, la legisladora Carolina Vargas Aignasse resaltó que el debate responde a un pedido de la sociedad: “Hay un compromiso firmado con la pastoral y con el arzobispo para tratar seriamente la reforma política. La sociedad reclama orden y claridad al momento de votar, y eso es lo que buscamos con este proceso”.

Asimismo, coincidió en la importancia de escuchar todas las voces: “Si bien pertenecemos a un bloque mayoritario, la idea es trabajar de manera consensuada. Se van a generar cronogramas de trabajo y consultas con especialistas para evaluar distintas experiencias. No será fácil alcanzar acuerdos, especialmente en lo que respecta a los acoples, que es el tema central del debate. Pero también hay otros aspectos fundamentales, como la paridad de género, la creación de un fuero electoral y el fortalecimiento de los partidos políticos”.

Sobre la postura del vicegobernador Miguel Acevedo, indicó: “Esto viene a marcar la impronta que él le ha dado a la Legislatura: dialoguismo, apertura y la firme decisión política de avanzar en esta reforma. Desde el anuncio del gobernador en la apertura de sesiones del año pasado, hemos venido trabajando en este tema con señales claras de que habrá una reforma política”.

Política

Emergencia Hídrica y del transporte público serán tratados en la próxima sesión

La Comisión de Obras Públicas dio dictamen a proyectos que consolidan leyes de emergencia y de declaración de interés legislativo al Encuentro Nacional de Cooperativas

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La Comisión de Obras Públicas de la Legislatura de Tucumán emitió dictamen favorable a diversos proyectos de ley que formarán parte de la actualización del Digesto Jurídico Provincial correspondiente al presente año, además de un proyecto de resolución.

La reunión fue encabezada por el presidente de la comisión, legislador Tulio Caponio, y contó con la participación de los parlamentarios Carlos Gómez, Eduardo Verón Guerra y Alberto Olea.

Al finalizar el encuentro, Caponio destacó la importancia del trabajo realizado: “Lo más relevante de la jornada fue el tratamiento de la consolidación de cuatro leyes de emergencia de la provincia, en el marco de la actualización del Digesto Jurídico de este año. Se trata de las emergencias hídrica, del transporte público, energética —vinculada a la red troncal de energía— y de obras públicas”.

Asimismo, la comisión aprobó un proyecto de resolución que declara de interés legislativo el Encuentro Nacional de Cooperativas de Agua Potable de la República Argentina, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de julio del corriente año en la localidad de San Pedro de Colalao.

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Política

El Gobierno ofreció un aumento de 24% a las universidades a cambio de retirar la demanda

Los rectores consideraron la propuesta del Gobierno razonable, pero no hubo acuerdo. La denuncia la debe resolver la Corte Suprema.

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En una reunión de bajo perfil celebrada este lunes, el Gobierno y las universidades llegaron a un principio de acuerdo para avanzar con un aumento salarial del 24%, entre otros puntos. Sin embargo, las negociaciones fracasaron por una condición inapelable del Ejecutivo: que las casas de estudio retiren la demanda judicial que aguarda el fallo de la Corte Suprema.

En un territorio neutral para no captar la atención mediática, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvo un encuentro con rectores en representación del Consejo Interuniversitario Nacional para intentar destrabar el conflicto presupuestario que motorizó la última Marcha Federal el mes pasado.

Según confirmaron a TN fuentes de ambos sectores, la propuesta del Ejecutivo consistió en una recomposición salarial del 24,3% que abarca la pérdida durante parte de 2024, todo 2025 y el desfasaje de 2026 hasta mayo. El incremento se pagaría en dos partes: un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre.

El acuerdo también incluía la conformación de una comisión técnica para trabajar en el periodo adeudado de 2024 y garantizar hacia adelante negociaciones paritarias cada tres meses.

La propuesta del Gobierno a las universidades y el punto que trabó las negociaciones

Además, el Gobierno ofreció un 50% de aumento para las becas Manuel Belgrano, un 20% de incremento para gastos de funcionamiento de las universidades y un fondo adicional de $50 mil millones para gastos de hospitales universitarios.

En paralelo, las universidades aguardan la convocatoria del Gobierno para acordar el nuevo criterio de distribución de la partida de más de $79 mil millones destinada a dichos hospitales, cuyo congelamiento había generado protestas y una advertencia de que podía peligrar la atención en los establecimientos por falta de presupuesto.

En diálogo con este medio, fuentes de la comunidad universitaria al tanto de las conversaciones consideraron que la propuesta del Ejecutivo es “razonable”. Sin embargo, la negociación se frustró con el pedido del Gobierno para que las casas de estudio retiren la demanda judicial que exige la ejecución de la Ley de Financiamiento sancionada por el Congreso.

La ley exige el cumplimiento de los aumentos en materia de salarios y becas dispuestos en la Ley de Financiamiento de acuerdo al IPC: una cifra que ronda los 2,5 billones de pesos y que, según el Ejecutivo, atenta contra el superávit fiscal.

La negativa de los rectores a retirar la demanda judicial

“Eso no va a suceder de ninguna manera. No estamos dispuestos a hacerlo y no es modificable esa situación. Condiciones para avanzar hay, pero la pelota está del lado del Gobierno”, insistieron en diálogo con TN los rectores universitarios.

Para las casas de estudio, la demanda opera como un resguardo que no están dispuestas a perder. A su vez, sostienen que no existe consenso en la comunidad universitaria para eso. En su lugar, ponen el énfasis en que la propuesta demuestra que el Gobierno cuenta con los recursos para solucionar el conflicto.

“Si hay voluntad de acordar, es bastante insólito que no lo hagamos. Hay condiciones para que eso ocurra”, subrayaron, con la expectativa de que el conflicto se resuelva esta semana.

Desde el Gobierno replicaron a TN que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) conducido por Franco Bartolacci no está dispuesto a ceder en el terreno judicial para no comprometer el apoyo de la comunidad y cuestionaron que eso “lleve a todos a un conflicto sin solución”. De ambos sectores insisten en que, para llegar a un acuerdo, el otro tendrá que dar el brazo a torcer.

FUENTE: TN

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El Senado debatirá un proyecto para reorganizar la Cámara Federal de Tucumán

La iniciativa propone reorganizar la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán mediante la creación de dos salas.

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El Senado de la Nación tiene previsto tratar este jueves un proyecto que propone reorganizar la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán mediante la creación de dos salas, una iniciativa que busca optimizar el funcionamiento de la Justicia Federal en la provincia y en el norte argentino.

La senadora nacional Beatriz Ávila informó que la propuesta fue incorporada al temario de la sesión y cuenta con dictamen favorable de comisión, además del acompañamiento de distintos sectores políticos.

El texto que llegará al recinto surge de la unificación de proyectos presentados por Ávila y por la senadora Sandra Mendoza. La iniciativa contempla dividir la actual Cámara Federal en dos salas y habilitar la posibilidad de ampliar la integración del tribunal, incorporando un sexto magistrado a los cinco jueces que actualmente lo conforman.

Según se explicó, la eventual designación de un nuevo juez estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria y tendría como objetivo reforzar la estructura judicial encargada de revisar en segunda instancia las causas de competencia federal que se tramitan en la jurisdicción.

Durante la reunión de Labor Parlamentaria realizada este miércoles, la legisladora tucumana solicitó la inclusión del proyecto en el orden del día junto con el tratamiento de distintos pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en el ámbito de la Justicia Federal.

El debate se desarrolla en un contexto marcado por las discusiones en torno a la cobertura de cargos judiciales y la necesidad de fortalecer el funcionamiento de los tribunales federales. Desde los impulsores de la iniciativa sostienen que la creación de salas permitirá agilizar el tratamiento de expedientes y mejorar la respuesta del sistema judicial ante el incremento de causas que llegan a la segunda instancia.

De obtener la aprobación de la Cámara alta, el proyecto representará un paso importante en la reestructuración de la Justicia Federal con asiento en Tucumán y podría generar cambios en la organización interna del tribunal en los próximos años.

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