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“Me di el gusto de bailar un buen rato”: el descargo del joven de Moreno acusado de contagiar a su abuelo que murió

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Hoy por la mañana, Eric Luciano Torales, empleado bancario oriundo de Moreno, fue procesado por el juez Néstor Barral, acusado con el artículo 203 del Código Penal de infectar de coronavirus a 15 personas tras regresar de un viaje a Estados Unidos sin cumplir la cuarentena obligatoria, un día después de que el presidente Alberto Fernández firmara el decreto que así lo imponía. Tras regresar, Torales fue a la fiesta de 15 de su prima en un salón de su zona. Allí, por ejemplo, estaba su abuelo, Luis María Suárez, de 78 años. 13 testigos dijeron que lo vieron bailar, moverse, interactuar. No tenía ningún síntoma visible, nada que hiciera que otros se diesen cuenta.

Poco después de la fiesta, Torales fue admitido en la Clínica Adventista de Belgrano con signos compatibles con el virus. El test en el Instituto Malbrán dio positivo. Días más tarde su abuelo era admitido en otro centro médico: era coronavirus también. Su abuelo murió en cuestión de días. Eric quedó bajo arresto.

Su procesamiento es un signo de los tiempos, un emergente de qué hace la Justicia con una tasa que supera los cien contagios diarios en todo el país, con un virus que se esparce por el descuido y la impericia y el desprecio por las normas. La imputación original de Torales era mucho peor que el artículo 203: lo habían acusado de homicidio culposo, algo que no resultó. Barral, tras una investigación junto al fiscal federal Santiago Marquevich, decidió liberar a Torales sin imponerle prisión preventiva, pero el embargo fue fuerte: 50 millones de pesos.

Así, Torales fue procesado como “autor penalmente responsable del delito de propagación de enfermedad peligrosa y contagiosa culposa agravada por el resultado de enfermedad y muerte”. Se cree que la defensa de Torales apelará la decisión.

Mientras tanto, quedan las pruebas que la Justicia recolectó y evaluó, tras la denuncia original de Melina Fernández, intendenta de Moreno, que disparó originalmente la causa, luego de que el SAME local recibiera cinco llamados de personas con síntomas compatibles en un mismo día. Así, los funcionarios de Salud de Moreno llegaron hasta Torales. Entre las pruebas, por ejemplo, está el descargo del joven, sus únicas palabras que se conocen hasta ahora.

El joven se había negado a declarar cuando fue su turno de ser indagado a mediados de abril, mientras seguía internado en Belgrano. A pesar de su negativa, su defensa presentó un escrito en el Juzgado Federal N°1 de Morón, donde estaban las palabras del joven.

Allí, según documentos judiciales a los que accedió Infobae, aseguró que básicamente no podía perderse los 15 de su prima, que la fiesta era “algo único e irrepetible”. Aseguró que se sentía “en perfecto estado de salud”, que incluso se dio “el gusto de bailar un buen rato”. Luego, con los días sucesivos, Torales comenzó a sentirse mal: el 20 de marzo recibió la notificación de que era portador del COVD19 y el 23 se le dio alta médica, con la estricta obligación de que realice la cuarentena en su casa.

“Nunca, jamás, hubiese imaginado que podría resultar ser portador del virus; y menos podría decirse que tuve la menor intención de contagiar absolutamente a nadie; y menos a un a personas que forman parte de mi entorno familiar”, afirmó.

Planteó argumentos a su favor: dijo que a la fiesta habían concurrido personas que también estuvieron en el exterior, que los amigos que viajaron con él a Miami no se contagiaron.

En su procesamiento, Barral valoró una larga serie de pruebas: registros hospitalarios, los tests del Malbrán, el manifiesto de pasajeros del vuelo de Aerolíneas en el que Torales regresó de Estados Unidos, la lista de invitados a los 15 de la prima y los testimonios de al menos 13 personas que estuvieron esa noche. La madre de Torales está entre los 15 que la Justicia cree que contagió. “El fallecimiento de Suárez y la enfermedad de otras personas son el resultado plausible de que propagó la enfermedad al tomar un camino distinto a las medidas adoptadas por las autoridades competentes”, aseguró el juez federal.

La pena contra el joven puede ser de hasta cinco años de cárcel. /Infobae/

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Liberaron al matrimonio que cultivaba cannabis para su hijo con TEA en Tucumán

El juez Guillermo Taylor revocó el arresto domiciliario de Mónica Rodríguez y Sergio Amarello y les otorgó la libertad bajo medidas de coerción por tres meses. La defensa acreditó la inscripción en el Reprocann para el tratamiento de su hijo de 20 años, quien padece un cuadro severo de autismo y epilepsia.

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La Justicia provincial resolvió dejar sin efecto el arresto domiciliario y otorgar la libertad bajo pautas de conducta a Mónica Rodríguez y Sergio Amarello, el matrimonio investigado por tenencia de estupefacientes tras el hallazgo de derivados de marihuana en su vivienda. La resolución del juez Guillermo Taylor fijó medidas de coerción de menor intensidad por un plazo de tres meses, luego de que la defensa acreditara que la sustancia era producida con fines medicinales para su hijo de 20 años, quien padece un grado severo de Trastorno del Espectro Autista (TEA) y epilepsia, y que la madre contaba con registro en el Reprocann.

 

 

El origen del procedimiento y la imputación inicial

La causa penal se inició el pasado 12 de agosto a raíz de una medida de allanamiento ordenada por una investigación por robo en el domicilio de la pareja, ubicado en el pasaje Zenón Santillán. Durante la inspección, los uniformados secuestraron 259 gramos de marihuana, semillas, productos y subproductos cannábicos, un teléfono celular y una balanza, además de un arma de fuego calibre 9 milímetros y 587 municiones.

 

 

Ante el hallazgo intervino la Unidad Fiscal de Narcomenudeo, que formuló cargos contra ambos bajo la presunción de que la balanza secuestrada indicaba fraccionamiento para la comercialización. No obstante, en una primera audiencia, la jueza Judith Solórzano desestimó la prisión preventiva al considerar inexistentes los riesgos de fuga o entorpecimiento y fijó un arresto domiciliario provisional por siete días para constatar las autorizaciones sanitarias.

 

 

Acreditación del Reprocann y cambio de postura fiscal

La situación procesal del matrimonio dio un vuelco determinante durante la última audiencia. Los abogados defensores, Patricio Char y Candelaria Hernández, presentaron ante el tribunal la documentación oficial que certifica la aprobación del consentimiento informado de Rodríguez en el Registro del Programa de Cannabis (Reprocann).

 

 

Frente a esta prueba, la auxiliar de fiscal María Sol Gramajo Parache desistió de prorrogar el encierro domiciliario y solicitó medidas cautelares alternativas:

  • Fijación y mantenimiento de domicilio legal.
  • Comparecencia obligatoria a las citaciones judiciales.
  • Prohibición de realizar actos de intimidación o acercamiento a menos de 200 metros de los testigos del procedimiento.
  • Prohibición expresa de portación de armas de fuego.

La defensa técnica remarcó que Rodríguez ya contaba con una autorización previa en el Reprocann para el cultivo de hasta 50 plantas y que el trámite vigente correspondía a una renovación administrativa. Asimismo, aclararon que los testimonios sobre intercambios dinerarios hacían referencia exclusiva a los costos de la materia prima para la elaboración del aceite terapéutico.

 

 

El debate legal entre el derecho a la salud y el delito penal

Tras la resolución que otorgó la libertad al matrimonio, el abogado Patricio Char remarcó la importancia de diferenciar los fines terapéuticos del tráfico ilícito:

“Muchas veces no se cuenta con el Reprocann, pero no se puede desconocer en los casos concretos que, si es probado que se utiliza para salud, como ser un hijo con autismo, no estaríamos frente a un delito. En este caso se suma que su mamá es presidente de una fundación, una persona pública que lucha justamente para que se deje de criminalizar. La ley penal debe probar que hay una finalidad de lucro y no de cuidar la salud de un ser querido”, remarcó el letrado ante la prensa.

 

 

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Atraparon a un importe capo narco que operaba en el NOA

Tras una minuciosa investigación de la Justicia Federal y Gendarmería Nacional, atraparon en una finca de San José de Metán, Salta, a un sujeto identificado como A.N., señalado como el distribuidor clave de estupefacientes entre el norte salteño y territorio santiagueño. El sospechoso, que cambiaba constantemente de domicilio para no ser rastreado, contrató a dos peones para limpiar un terreno rural sin advertir que eran agentes encubiertos.

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Un amplio operativo conjunto encabezado por Gendarmería Nacional permitió desarticular una red interprovincial dedicada a la distribución y venta al menudeo de estupefacientes que operaba entre las provincias de Salta y Santiago del Estero. La investigación, dirigida por el fiscal federal Eduardo Villalba, culminó con la captura del presunto cabecilla de la organización tras un exhaustivo trabajo de inteligencia que incluyó intervenciones telefónicas, cruces de datos, análisis de cámaras de seguridad y una audaz maniobra de infiltración encubierta.

El principal investigado, identificado bajo las siglas A.N., mantenía un riguroso perfil bajo para eludir a las fuerzas de seguridad. A lo largo del período investigado, el sospechoso concretó al menos cinco mudanzas sucesivas en distintas localidades, fijando su último refugio en una propiedad rural situada en San José de Metán, a unos 130 kilómetros al sur de la capital salteña.

La ruta de la cocaína: el nexo desde Orán hacia Santiago del Estero

Las pesquisas judiciales lograron reconstruir el circuito logístico implementado por la banda para abastecer los centros de venta en la región del NOA. De acuerdo con la causa, la sustancia ilícita era provista por un ciudadano de nacionalidad peruana conocido bajo el alias de «El Chino», quien operaba radicado en la ciudad norteña de San Ramón de la Nueva Orán.

 

Una vez recepcionados los cargamentos en la zona de frontera, la estructura criminal coordinaba el traslado de la cocaína hacia Salta Capital, desde donde se diagramaba la redistribución y el posterior envío de partidas fraccionadas hacia diferentes puntos de consumo y venta minorista en la provincia de Santiago del Estero.

El ardid clave: peones rurales que resultaron ser gendarmes

Pese a las estrictas medidas de seguridad que adoptaba para no dejar rastros, la caída del líder se precipitó a raíz de un insólito error de cálculo en su último escondite. En su afán por acondicionar la vivienda recién adquirida en la zona rural de Metán, A.N. decidió contratar a dos trabajadores rurales para desmalezar el terreno y abrir una vía de acceso hacia la propiedad.

Sin embargo, los hombres contratados eran en realidad efectivos de Gendarmería Nacional abocados a tareas de campo encubiertas. Al confirmar la presencia y ubicación exacta del prófugo en el predio, el fiscal Villalba libró de inmediato las órdenes de allanamiento. La fuerza de seguridad federal desplegó irrupciones simultáneas en cuatro domicilios vinculados a la organización, logrando la detención del sospechoso y el secuestro de documentación de vital importancia para la causa.

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Cinco bebés fueron sometidos a pruebas de ADN tras la confusión por el sexo de un recién nacido en Concepción

La investigación judicial por las irregularidades en la Maternidad del Hospital Regional de Concepción sumó un paso clave.

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La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad del Centro Judicial Concepción, bajo la conducción de Gerardo Salas y el auxiliar Juan José Ibáñez, encabeza las actuaciones por el insólito episodio. Los funcionarios judiciales y el personal policial se apersonaron en el centro médico para receptar los testimonios de los profesionales de guardia. La causa busca determinar las responsabilidades operativas en la entrega del recién nacido.

Durante las declaraciones testimoniales, las médicas ginecólogas justificaron la falta de precisión inicial debido a las complicaciones del parto. “La cesárea se realizó de urgencia por un cuadro de bradicardia fetal y el bebé se entregó de inmediato al área de Neonatología”, explicaron las cirujanas ante las autoridades. Sin embargo, los familiares recibieron al recién nacido vestido de nena y con perforaciones para aros en los lóbulos, descubriendo su sexo masculino al cambiarle el pañal.

Muestras genéticas, consentimiento de las madres y custodia del ECIF

Para despejar dudas sobre la filiación de los recién nacidos, la Fiscalía dispuso la realización de estudios de compatibilidad genética a los cinco lactantes dados a luz ese mismo viernes. El prosecretario Patricio Reynoso entrevistó personalmente a las otras cuatro progenitoras en el nosocomio. “Las madres prestaron su total consentimiento para la extracción de las muestras y la colaboración con el procedimiento judicial”, detallaron los voceros del fuero penal.

Los peritos del Laboratorio de Genética del ECIF fijaron las pautas técnicas para garantizar la preservación de la cadena de custodia de las muestras extraídas. Los resultados biológicos tardarán aproximadamente un mes y resultarán decisivos para ratificar la identidad de los niños. Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal continúa con la compulsa de carpetas médicas para establecer si existió negligencia o incumplimiento de deberes en la maternidad.

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