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Política

Medina Ruiz descartó un intercambio de bebés en el Hospital Regional de Concepción

El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, afirmó que se respetaron los protocolos de identificación, pero admitió deficiencias en la comunicación respecto al sexo del recién nacido.

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El Ministerio de Salud de Tucumán descartó que se haya producido un intercambio de bebés en el Hospital Regional de Concepción y brindó una reconstrucción detallada de lo sucedido con la joven que durante todo su embarazo esperaba una niña y, después de una cesárea de urgencia, recibió un recién nacido varón. La explicación oficial sostiene que los mecanismos de identificación entre la madre y su hijo se cumplieron correctamente, aunque reconoce que existieron errores de comunicación y fallas dentro del hospital que serán investigadas mediante un sumario administrativo.

El ministro de Salud Pública, Luis Medina Ruiz, se trasladó este jueves al hospital de Concepción y encabezó una conferencia de prensa en la que reconstruyó el episodio ocurrido el pasado 14 de agosto. Su principal definición fue que, de acuerdo con la documentación, los registros y los procedimientos revisados hasta ahora, no existen elementos que permitan sostener que el bebé haya sido cambiado.

La historia comenzó cuando una joven de 22 años llegó al establecimiento para realizarse un control de embarazo. Durante la consulta, los profesionales detectaron una situación que podía comprometer seriamente la vida del bebé: la frecuencia cardíaca fetal había descendido hasta los 65 latidos por minuto, cuando los valores habituales se encuentran entre 120 y 160.

Frente a esa emergencia, el personal actuó para estabilizar al bebé. Según Medina Ruiz, se administró oxígeno a la madre y los latidos lograron recuperarse hasta los 135 por minuto. Inmediatamente después se decidió trasladarla al quirófano para realizar una cesárea de urgencia. El nacimiento se produjo a las 11.45.

El ministro explicó que el recién nacido estaba en buenas condiciones generales, aunque había nacido rodeado de líquido con meconio, circunstancia que también exigía atención debido al riesgo de aspiración. Luego fue trasladado al sector de recepción del recién nacido, donde recibió las primeras atenciones y fue higienizado antes de continuar con el procedimiento hospitalario.

La confusión que posteriormente desató la preocupación de toda la familia tenía un antecedente decisivo. Durante el embarazo, la madre había realizado dos o tres ecografías en establecimientos privados y, según la información verbal que había recibido, esperaba una niña. La familia había preparado ropa femenina e incluso tenía elegido el nombre.

Según la reconstrucción oficial, después de la cesárea el protocolo quirúrgico dejó asentado que el bebé nacido era varón. Sin embargo, esa información no fue correctamente transmitida a las distintas personas que intervinieron posteriormente en la atención de la madre y del recién nacido.

Medina Ruiz reconoció que allí se produjo uno de los puntos críticos del episodio. El bebé pasó por el sector de recepción, fue higienizado y se le colocó el pañal. La expectativa previa de que se trataba de una niña, sumada a la ropa preparada por la familia, habría contribuido a que la equivocación no fuera advertida inmediatamente.

“No es fácil confundir el sexo de un recién nacido”, reconoció el ministro, quien remarcó que en el protocolo confeccionado durante la intervención quirúrgica figura expresamente que se trataba de un varón. También explicó que el equipo que realizó la cesárea y los profesionales que posteriormente recibieron al bebé pertenecían a sectores diferentes, lo que habría provocado una falla en la transmisión de la información.

Horas después, cuando la familia cambió el pañal del recién nacido, advirtió que era varón. Allí comenzó una situación de enorme incertidumbre, porque los padres habían atravesado todo el embarazo convencidos de que esperaban una niña.

La explicación oficial sostiene, por lo tanto, que el problema central no habría sido un intercambio de recién nacidos, sino una cadena de errores de comunicación sobre el sexo del bebé, en un contexto en el que las ecografías previas habían generado la expectativa de que nacería una mujer.

Salud reconoció que esos errores no debieron producirse. Por ese motivo, se abrió un sumario administrativo interno para determinar exactamente en qué momento se produjo la falla, quiénes participaron y qué responsabilidades corresponden. El expediente también fue remitido al área jurídica del Siprosa.

La investigación no quedó limitada al ámbito sanitario. La Justicia intervino esa misma noche y fiscales se presentaron en el Hospital Regional de Concepción. Según Medina Ruiz, pudieron tomar declaración a los profesionales que habían participado de la cesárea porque todavía se encontraban cumpliendo la guardia de 24 horas.

El ministro pidió disculpas públicamente por lo ocurrido y aseguró que el sistema sanitario provincial se encuentra a disposición de la investigación judicial.

Sin embargo, la explicación oficial no terminó de despejar las dudas de la familia. Durante la conferencia de prensa, el abuelo del bebé cuestionó algunos puntos de la reconstrucción y aseguró que su hija sufrió un fuerte impacto psicológico.

El hombre afirmó además que la madre y el recién nacido no permanecieron juntos durante todo el proceso y sostuvo que las pulseras identificatorias fueron cortadas. También señaló que existiría documentación en la que inicialmente figuraba “femenino” y posteriormente se corrigió por “masculino”.

Precisamente por esas dudas, la Justicia dispuso la realización de pruebas de ADN, consideradas la herramienta definitiva para determinar científicamente que el recién nacido entregado a la joven es efectivamente su hijo.

Medina Ruiz aseguró que el propio Ministerio de Salud tiene interés en que ese resultado despeje cualquier sospecha. “Lo que queremos asegurar es que se trata del hijo de esta señora. Somos los primeros interesados en que se sepa la verdad”, afirmó.

Uno de los puntos centrales de la explicación oficial estuvo relacionado justamente con los mecanismos de identificación. El ministro detalló que la madre recibe un brazalete identificatorio, se registra su huella digital y sus datos personales, mientras que al recién nacido se le toma la huella plantar en el mismo documento. Antes del alta, esos datos deben ser nuevamente verificados.

A partir de la revisión realizada, Salud sostiene que esos pasos se cumplieron. “Tenemos certeza de que los procesos fueron los adecuados”, aseguró Medina Ruiz.

El Gobierno provincial también revisó otros elementos que considera determinantes para descartar un intercambio. De acuerdo con el ministro, existen cámaras de seguridad en la salida del quirófano, en el área de recepción de recién nacidos y en los pasillos del establecimiento.

Pero el dato que Salud considera más contundente es que no se produjo otro nacimiento en ese mismo momento. Según Medina Ruiz, esa circunstancia prácticamente elimina la posibilidad material de que dos recién nacidos hayan sido confundidos.

“No hubo otro parto en ese momento, así que no hay ninguna posibilidad de que haya habido, ni siquiera intencional ni no intencional, un cambio u otro tipo de suceso”, sostuvo el titular de la cartera sanitaria.

Sobre las ecografías que durante el embarazo habían señalado que se trataba de una niña, Medina Ruiz explicó que la ecografía es un estudio complementario y puede presentar errores en la determinación del sexo fetal. Para Salud, el dato objetivo es el registrado durante la cesárea: nació un varón.

De esta manera, la posición oficial diferencia claramente dos cuestiones. Por un lado, Salud reconoce que existieron errores que no deberían haber ocurrido, particularmente en la comunicación y en la información transmitida a la familia. Por otro, sostiene que hasta ahora no existe ninguna evidencia de un intercambio de bebés y que los mecanismos formales de identificación permiten establecer la trazabilidad entre la madre y el recién nacido.

De todos modos, será el resultado del ADN ordenado por la Fiscalía el que permitirá terminar definitivamente con la incertidumbre de los padres. Salud incluso ofreció la posibilidad de realizar un segundo análisis si fuera necesario.

Mientras avanza el sumario administrativo y continúa la investigación judicial, la madre y el bebé ya se encuentran en su domicilio y reciben seguimiento sanitario.

Medina Ruiz buscó finalmente transmitir tranquilidad y remarcó que se trata de una situación excepcional dentro del sistema. Según señaló, los establecimientos sanitarios provinciales atienden más de 1.000 partos mensuales y episodios de estas características no forman parte de la práctica habitual.

El caso, sin embargo, todavía tendrá un capítulo decisivo: la prueba genética deberá confirmar de manera científica la identidad del recién nacido. Hasta entonces, la explicación oficial sostiene que no existió un intercambio de bebés, admite graves fallas de comunicación y mantiene abierto un sumario para establecer responsabilidades por un episodio que provocó angustia e incertidumbre en toda la familia.

Política

Sadop expresó su solidaridad con los trabajadores de los Talleres de Tafí Viejo

Mediante un comunicado el gremio docente expresó la relevancia histórica del predio tras el anuncio de su privatización del Belgrano Cargas.

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Desde el SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados) se solidarizaron con los trabajadores de los Talleres de Tafí Viejo tras la decisión del gobierno nacional de privatizar la concesión del Belgrano Cargas. «Levantamos bien alto nuestra voz, codo a codo junto al pueblo de Tafí Viejo y a nuestros hermanos ferroviarios, en defensa irrestricta de los históricos Talleres Ferroviarios», expresaron.

«Defender los Talleres de Tafí Viejo es defender el corazón mismo de nuestra identidad, nuestra historia y la soberanía de una Nación verdaderamente federal. Fueron los trenes argentinos el motor productivo que llevó progreso a cada rincón de la Patria, uniendo a los pueblos entre sí y conectando hasta el paraje más lejano con el resto del país. Pero, por sobre todas las cosas, los Talleres significaron y siguen significando dignidad, futuro y el pan en la mesa de miles de familias trabajadoras«, añade el comunicado.

«Hoy, frente a la incertidumbre, no están solos. Los docentes privados de Tucumán abrazamos con el alma a cada trabajador ferroviario y a toda la comunidad taficeña. Su lucha es nuestra lucha, porque cuando se toca una fuente de trabajo, se hiere a todo el pueblo. ¡Los Talleres de Tafí Viejo se defienden!», indica el comunicado emitido por el Consejo Directivo del gremio presidido por Mario Dionisi.

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El Senado aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad y puso fin al régimen de emergencia

La Cámara alta convirtió en ley la iniciativa que establece un marco permanente para la cobertura y las prestaciones del sector, tras un debate en el que confluyeron distintas posturas políticas

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El Senado de la Nación aprobó por unanimidad la nueva Ley de Discapacidad en una sesión celebrada este jueves, luego de que la iniciativa obtuviera previamente media sanción en la Cámara de Diputados. La norma, de orden público y alcance nacional, reemplaza el régimen de emergencia vigente y busca otorgar estabilidad y previsibilidad a las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad, sin fecha de vencimiento.

Durante la apertura del debate en el recinto, el senador libertario Agustín Monteverde, miembro informante y presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, defendió la necesidad de dejar atrás las respuestas coyunturales. Según indicó, la creación de un régimen permanente asegura la continuidad de las prestaciones, las pensiones y las coberturas, además de garantizar su compatibilidad con el trabajo formal.

Por su parte, legisladores de la oposición y de distintos bloques expresaron sus puntos de vista sobre el alcance de la medida. La senadora peronista Alicia Kirchner señaló que la sanción representa un punto de partida pero no una solución definitiva para los derechos vulnerados. En la misma línea, su par Lucía Corpacci sostuvo que la existencia de la ley responde al reclamo sostenido de los colectivos en la calle y advirtió sobre la necesidad de asegurar los recursos presupuestarios correspondientes. Desde Provincias Unidas, la senadora Alejandra Vigo remarcó la importancia de optimizar los recursos y acompañar a las provincias para garantizar los servicios a las familias.

En representación de los bloques dialoguistas y oficialistas, el senador radical Maximiliano Abad recordó las dificultades previas de profesionales e instituciones con aranceles congelados y pagos demorados. A su turno, el titular del bloque del PRO, Martín Goerling Lara, afirmó que la tranquilidad de las familias y la dignidad de las personas no pueden estar sujetas a una prórroga anual. En tanto, la presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, calificó la norma como un acuerdo social y político destinado a aportar transparencia y estabilidad, aclarando que el texto define con precisión el origen de los fondos para solventar las prestaciones.

Alcances y requisitos de la nueva normativa

La ley deroga tres artículos de la anterior normativa de emergencia y ratifica el esquema de prestaciones básicas y empleo protegido. La pensión se mantiene fijada en el setenta por ciento del haber mínimo jubilatorio y se actualiza mediante las reglas previsionales vigentes, sin contemplar un incremento específico.

Para acceder al beneficio, los solicitantes deben contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y acreditar identidad, edad y nacionalidad con el documento de identidad. En el caso de los extranjeros, se exige una residencia legal continuada de cinco años en el país. Los ingresos netos del peticionario no deben superar los dos salarios mínimos, evaluándose la situación individual y no la del grupo familiar, y se establece la incompatibilidad con otras jubilaciones, retiros, pensiones o asignaciones familiares por hijo con discapacidad, además de requerir la aprobación de una evaluación socioeconómica.

La normativa permite a los titulares de pensiones mantener un empleo formal, estar inscriptos en el monotributo o en el régimen general siempre que sus ingresos no rebasen el límite de dos salarios, caso en el cual la pensión se suspenderá de forma temporal hasta que finalice dicha situación laboral o disminuyan los ingresos. Asimismo, se garantiza un programa de atención médica que cubre las prestaciones básicas y se exige la capacitación obligatoria del personal en materia de derechos y trato no discriminatorio.

El texto incorpora un sistema de auditorías periódicas a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud, la cual estará facultada para cruzar bases de datos de diferentes organismos estatales y quedará exceptuada del secreto fiscal. Ante un presunto incumplimiento, se prevé un procedimiento administrativo de descargo antes de cualquier suspensión preventiva.

En cuanto al financiamiento, los gastos se afrontarán con partidas presupuestarias ministeriales y, de ser necesario, con fondos del Tesoro nacional, garantizando que el crédito por beneficiario no disminuya en términos reales. Finalmente, la norma establece un cronograma para cancelar las compensaciones pendientes a los prestadores en un plazo máximo de noventa días y otorga al Poder Ejecutivo un plazo de treinta días hábiles para su reglamentación.

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Política

El Senado convirtió en ley la inviolabilidad de la propiedad privada y restituyó la Ley de Tierras

La Cámara alta aprobó la iniciativa con 42 votos a favor y 26 en contra. La norma reincorpora los límites a la compra de campos por parte de extranjeros y establece nuevas reglas para desalojos y expropiaciones.

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El Senado convirtió este jueves en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa que atravesó un complejo recorrido legislativo y que finalmente fue aprobada por 42 votos afirmativos y 26 negativos. La votación contó con el respaldo de La Libertad Avanza junto a la Unión Cívica Radical, el PRO, Provincias Unidas, Convicción Federal y otros bloques provinciales, mientras que el rechazo provino del bloque Justicialista y de diversas fuerzas provinciales.

El aspecto central de la norma aprobada es la restitución de la plena vigencia de la Ley de Tierras Rurales sancionada en 2011, lo que implica la derogación del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23. De esta manera, se reafirman los límites a la extranjerización de campos, fijando un tope del 15 por ciento de titularidad a nivel nacional, provincial y municipal, además de un máximo del 30 por ciento por nacionalidad y un límite de 1.000 hectáreas en zonas núcleo, espejos de agua y áreas de frontera.

El proyecto original impulsado por el Poder Ejecutivo contemplaba la eliminación de estas restricciones, pero el debate parlamentario sufrió modificaciones sustanciales ante el trámite legislativo y las decisiones judiciales en torno al decreto fundacional. En su formato final, la ley también introduce modificaciones en materia de expropiaciones, desalojos y regularización dominial.

Nuevas reglas para expropiaciones y desalojos

En cuanto a las expropiaciones, el texto establece que la declaración de utilidad pública deberá aplicarse de manera restrictiva, identificando de forma específica y concreta el fin perseguido de manera idónea, necesaria y proporcional. La indemnización abarcará el valor objetivo del mercado y los daños que sean consecuencia directa e inmediata, limitando el lucro cesante al 30 por ciento del daño emergente, salvo que se demuestre fehacientemente una afectación superior.

La normativa incorpora además un procedimiento abreviado para los desalojos de inmuebles usurpados o con tenencias precarias. Los jueces podrán disponer la entrega inmediata del predio si el derecho invocado es verosímil, previa caución juratoria, o intimar a la devolución en un plazo de 72 horas si el propietario presenta prueba documental. Para los inquilinos morosos, en cambio, se fijó la obligación de recibir una notificación fehaciente mediante carta documento con un plazo mínimo de diez días corridos para regularizar el pago antes de iniciar una demanda.

Asimismo, se modificó la ley de regularización dominial para permitir que las familias que acrediten una posesión pacífica, ostensible y continua durante los diez años anteriores puedan acceder a la escritura de su vivienda única y permanente.

Debates en el recinto

Durante la sesión, el oficialismo defendió la incorporación de la restitución de la Ley de Tierras como una forma de dar certidumbre a la protección del dominio nacional sobre los recursos. Por su parte, sectores de la oposición criticaron el trayecto legislativo del proyecto, señalando cambios de postura en el oficialismo respecto al texto original enviado meses atrás.

En la misma jornada, el Senado aprobó la adhesión argentina al Tratado de Cooperación en Materia de Patentes, un paso vinculado a compromisos comerciales internacionales para facilitar la protección de la propiedad intelectual de pequeñas y medianas empresas. También se sancionó por unanimidad la denominada ley Joaquín, que establece medidas de seguridad obligatorias para elementos deportivos en espacios públicos y privados en memoria de un niño fallecido por la caída de un arco de fútbol.

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