El gobernador, Osvaldo Jaldo, se reunió en Casa de Gobierno con representantes de la Comisión Directiva de la Unión Industrial de Tucumán (UIT), entre los que se encontraban: Jorge Rocchia Ferro, presidente; Florencia Andriani, vicepresidente; Roque Aguilar, vicepresidente; Santiago Bonatti, secretario; Horacio Paz, prosecretario; Norma Carbajal, vocal; Fernando Corzo, vocal; y Álvaro Gautero, vocal. Junto al mandatario tucumano, estuvo presente el ministro de Economía y Producción, Daniel Abad y el secretario de Producción, Eduardo Castro.
Abad explicó: “vino la Unión Industrial de Tucumán con su Presidente y las cámaras que la agrupan: textiles, sal, citrus, azúcar, distintas actividades que nos han expuesto la realidad de cada sector, que por cierto es bastante diversificada la problemática. Hemos quedado de trabajar en conjunto con tanto el Gobierno Provincial, con su organismo, en este caso Instituto de Promoción del Azúcar y el Alcohol de Tucumán (IPAAT) y el Instituto de Desarrollo Productivo (IDEP), la Secretaría de Producción. La idea es seguir trabajando en conjunto con los sectores privados y apoyándolos en todo lo que nosotros podamos”.
“Hemos quedado en que la Unión Industrial, a través de las cámaras, van a hacer una presentación al Gobierno Nacional y la provincia va a acompañar esa presentación porque también hay otras provincias que tienen la misma problemática, por ejemplo, los textiles de Catamarca. Después estamos avanzando, por ejemplo, en el tema de la zafra, un acuerdo similar al del año pasado para ordenar la cosecha azucarera de este año en vista de la cantidad de caña que se va a moler, si Dios quiere, y no nos afecta el clima con las heladas. Atender las otras problemáticas y acompañarlos en lo que sea que podamos resolver nosotros y en lo que sea competencia de la Nación, acompañaremos para buscar una solución”, amplió.
Aseguró, además: “La problemática en conjunto a la macroeconomía tiene con el tipo de cambio, con la apertura de las importaciones, que no son problemas que atañen a la solución de la provincia. Lo que la provincia va a hacer es, reitero, acompañar al sector privado y buscar soluciones de ordenamiento”.
Al ser consultado sobre la crisis en el sector fue claro: “La problemática en la macro tiene que ver con el tipo de cambio, la apertura de las importaciones y no atañe a la provincia. Nosotros acompañamos al sector privado y buscamos reordenamientos como en el citrus, donde gestionamos y logramos que Tucumán sigue en zona 1 tema dentro de la categoría del Servicio Nacional de Saneamiento Ambiental y Calidad Agroindustrial (SENASA) y en el ordenamiento de la zafra, donde hay tres patas, la cogeneración de energía, exportación de azúcar, la producción de alcohol”.
Por su parte, Rocchia Ferro informó que de la reunión participaron todos los representantes de la Unión Industrial para exponer problemáticas de las distintas actividades comerciales y posibles soluciones.
“Hemos tenido una muy buena acogida, tanto del Gobernador como de sus ministros, que nos acompañaron”, y expuso las necesidades de cada rama de la industria tucumana. En el tema textil, los industriales solicitaron “una cupificación hasta que se pueda nivelar” el mercado, indicó el industrial.
Sobre la industria azucarera, se dialogó acerca del progreso de las exportaciones, la elaboración de alcohol y el industrial remarcó que “no hay que tener miedo a crecer”, e informó futuras pruebas con caña de azúcar transgénica.
“Tuvimos una acogida espectacular del Gobierno de la Provincia porque aquí están las puertas abiertas”, cerró Rocchia Ferro.
Emergencia Hídrica y del transporte público serán tratados en la próxima sesión
La Comisión de Obras Públicas dio dictamen a proyectos que consolidan leyes de emergencia y de declaración de interés legislativo al Encuentro Nacional de Cooperativas
La Comisión de Obras Públicas de la Legislatura de Tucumán emitió dictamen favorable a diversos proyectos de ley que formarán parte de la actualización del Digesto Jurídico Provincial correspondiente al presente año, además de un proyecto de resolución.
La reunión fue encabezada por el presidente de la comisión, legislador Tulio Caponio, y contó con la participación de los parlamentarios Carlos Gómez, Eduardo Verón Guerra y Alberto Olea.
Al finalizar el encuentro, Caponio destacó la importancia del trabajo realizado: “Lo más relevante de la jornada fue el tratamiento de la consolidación de cuatro leyes de emergencia de la provincia, en el marco de la actualización del Digesto Jurídico de este año. Se trata de las emergencias hídrica, del transporte público, energética —vinculada a la red troncal de energía— y de obras públicas”.
Asimismo, la comisión aprobó un proyecto de resolución que declara de interés legislativo el Encuentro Nacional de Cooperativas de Agua Potable de la República Argentina, que se llevará a cabo los días 6 y 7 de julio del corriente año en la localidad de San Pedro de Colalao.
En una reunión de bajo perfil celebrada este lunes, el Gobierno y las universidades llegaron a un principio de acuerdo para avanzar con un aumento salarial del 24%, entre otros puntos. Sin embargo, las negociaciones fracasaron por una condición inapelable del Ejecutivo: que las casas de estudio retiren la demanda judicial que aguarda el fallo de la Corte Suprema.
En un territorio neutral para no captar la atención mediática, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, mantuvo un encuentro con rectores en representación del Consejo Interuniversitario Nacional para intentar destrabar el conflicto presupuestario que motorizó la última Marcha Federal el mes pasado.
Según confirmaron a TN fuentes de ambos sectores, la propuesta del Ejecutivo consistió en una recomposición salarial del 24,3% que abarca la pérdida durante parte de 2024, todo 2025 y el desfasaje de 2026 hasta mayo. El incremento se pagaría en dos partes: un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre.
El acuerdo también incluía la conformación de una comisión técnica para trabajar en el periodo adeudado de 2024 y garantizar hacia adelante negociaciones paritarias cada tres meses.
La propuesta del Gobierno a las universidades y el punto que trabó las negociaciones
Además, el Gobierno ofreció un 50% de aumento para las becas Manuel Belgrano, un 20% de incremento para gastos de funcionamiento de las universidades y un fondo adicional de $50 mil millones para gastos de hospitales universitarios.
En paralelo, las universidades aguardan la convocatoria del Gobierno para acordar el nuevo criterio de distribución de la partida de más de $79 mil millones destinada a dichos hospitales, cuyo congelamiento había generado protestas y una advertencia de que podía peligrar la atención en los establecimientos por falta de presupuesto.
En diálogo con este medio, fuentes de la comunidad universitaria al tanto de las conversaciones consideraron que la propuesta del Ejecutivo es “razonable”. Sin embargo, la negociación se frustró con el pedido del Gobierno para que las casas de estudio retiren la demanda judicial que exige la ejecución de la Ley de Financiamiento sancionada por el Congreso.
La ley exige el cumplimiento de los aumentos en materia de salarios y becas dispuestos en la Ley de Financiamiento de acuerdo al IPC: una cifra que ronda los 2,5 billones de pesos y que, según el Ejecutivo, atenta contra el superávit fiscal.
La negativa de los rectores a retirar la demanda judicial
“Eso no va a suceder de ninguna manera. No estamos dispuestos a hacerlo y no es modificable esa situación. Condiciones para avanzar hay, pero la pelota está del lado del Gobierno”, insistieron en diálogo con TN los rectores universitarios.
Para las casas de estudio, la demanda opera como un resguardo que no están dispuestas a perder. A su vez, sostienen que no existe consenso en la comunidad universitaria para eso. En su lugar, ponen el énfasis en que la propuesta demuestra que el Gobierno cuenta con los recursos para solucionar el conflicto.
“Si hay voluntad de acordar, es bastante insólito que no lo hagamos. Hay condiciones para que eso ocurra”, subrayaron, con la expectativa de que el conflicto se resuelva esta semana.
Desde el Gobierno replicaron a TN que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) conducido por Franco Bartolacci no está dispuesto a ceder en el terreno judicial para no comprometer el apoyo de la comunidad y cuestionaron que eso “lleve a todos a un conflicto sin solución”. De ambos sectores insisten en que, para llegar a un acuerdo, el otro tendrá que dar el brazo a torcer.
El Senado de la Nación tiene previsto tratar este jueves un proyecto que propone reorganizar la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán mediante la creación de dos salas, una iniciativa que busca optimizar el funcionamiento de la Justicia Federal en la provincia y en el norte argentino.
La senadora nacional Beatriz Ávila informó que la propuesta fue incorporada al temario de la sesión y cuenta con dictamen favorable de comisión, además del acompañamiento de distintos sectores políticos.
El texto que llegará al recinto surge de la unificación de proyectos presentados por Ávila y por la senadora Sandra Mendoza. La iniciativa contempla dividir la actual Cámara Federal en dos salas y habilitar la posibilidad de ampliar la integración del tribunal, incorporando un sexto magistrado a los cinco jueces que actualmente lo conforman.
Según se explicó, la eventual designación de un nuevo juez estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria y tendría como objetivo reforzar la estructura judicial encargada de revisar en segunda instancia las causas de competencia federal que se tramitan en la jurisdicción.
Durante la reunión de Labor Parlamentaria realizada este miércoles, la legisladora tucumana solicitó la inclusión del proyecto en el orden del día junto con el tratamiento de distintos pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para cubrir vacantes en el ámbito de la Justicia Federal.
El debate se desarrolla en un contexto marcado por las discusiones en torno a la cobertura de cargos judiciales y la necesidad de fortalecer el funcionamiento de los tribunales federales. Desde los impulsores de la iniciativa sostienen que la creación de salas permitirá agilizar el tratamiento de expedientes y mejorar la respuesta del sistema judicial ante el incremento de causas que llegan a la segunda instancia.
De obtener la aprobación de la Cámara alta, el proyecto representará un paso importante en la reestructuración de la Justicia Federal con asiento en Tucumán y podría generar cambios en la organización interna del tribunal en los próximos años.