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La joven que fuera víctima de la violación grupal en Palermo emitió una dura carta

La joven de 20 años apuntó contra los medios de comunicación por el tratamiento del hecho y reclamó que no se difunda su identidad, ni su imagen

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La joven de 20 años que fue víctima de una violación grupal en el barrio porteño de Palermo advirtió que la protección de su identidad “es un derecho” e hizo un fuerte cuestionamiento a cómo se trató el caso en los medios de comunicación, el eje de la carta que su abogado, Hugo Figueroa, le hizo llegar a la Agencia Télam. En ese sentido, reclamó que no la revictimicen con la difusión de su identidad y de su imagen, en lo que denominó “un espectáculo pochoclero que solo alimenta el morbo”.

En el texto, la joven puntualizó en que se sintió “totalmente hostigada por parte de los medios”. Además, dijo que “con la sed de justicia social que hay (y bastante morbo en cierta otra parte), se deshumaniza a la víctima” e insistió: ”La protección de la identidad de la víctima no es un favor, es un derecho”.

El texto completo de la carta

”Me dirijo a ustedes con el motivo de invitarlos a reflexionar sobre los hechos ocurridos en las últimas semanas y su estrecha relación con los medios masivos de comunicación y la opinión pública. Para ello, los invito a mirar este vínculo desde mi perspectiva, la damnificada.

Desde el comienzo del hecho, la mediatización del caso y la opinión pública sobre el mismo fue constante debido a la gravedad de los daños causados sobre mi persona y el factor clave de que fue un hecho ocurrido en plena calle porteña, a luz del día, todo lo que ya sabemos.

Por un lado, me siento muy agradecida por la visibilización que se le dio a mi caso en sentido de la presión que se genera para que se haga justicia, gracias a ello varias personas se contactaron conmigo para solidarizarse y ofrecerme su ayuda en la medida de lo posible, sin embargo, por otra parte, casi desde el momento inicial de lo ocurrido, me sentí totalmente hostigada por parte de los medios.

Que se ponga en duda una víctima de agresión de género y abuso sexual no es una novedad, he crecido escuchando los cuestionamientos constantes hacia las mismas, y desde el momento en el que pude recobrar un poco de fuerzas no sólo estuve preparándome para el dolor y la angustia que me genera la situación ni todo lo que conlleva pasar por un momento así e iniciar una instancia penal teniendo veinte años, sino también preparándome mentalmente para lo que se venía: la exposición de un caso y de una víctima como un circo mediático.

Sinceramente, tanto de afuera (como televidente y ciudadana) como de adentro (víctima) jamás pensé que la presión sería tanta, estos días me he cuestionado muchas cosas que me gustaría compartirles.

Gran parte gracias a la exposición del caso y las cámaras de seguridad de la Ciudad, se ha podido visibilizar el caso y generarle celeridad ante la justicia, con la cual en este caso me toca resaltar que estoy muy agradecida por la seriedad y la velocidad con la que se está llevando a cabo la causa. Sin embargo, cuando las pruebas fílmicas ya están siendo investigadas, ¿por qué seguir televisando las imágenes una y otra vez?

Siento que con la sed de justicia social que hay (y bastante morbo en cierta otra parte), se deshumaniza a la víctima de cierta manera.

He visto mucha indignación en las redes y medios a favor de mi persona, que pobre chica, que sufrió un infierno, que la apoyamos, que repudiamos lo que le pasó, que ojalá esté bien… Sin embargo, a pesar de ello, no he visto que ninguno de los medios que trasmitieron ese mensaje de “apoyo” hayan blureado mi imagen al 100%, creo que ni siquiera se cuestionan (o no quieren hacerlo) que el hecho sea trasmitido todos los días en todo momento es revictimizante y me genera mucho dolor ya que claramente lejos de ayudar más que nada hace que me remita al hecho constantemente, cosa se imaginarán, no es para nada saludable luego de una experiencia así. (De hecho he tenido que tomar medidas como desconectar el teléfono de mi casa porque me llamaban constantemente para que dé una nota o incluso se presentaban periodistas en mi domicilio).

De todas formas, no me sorprendía tanto que se repitan constantemente las imágenes de mi persona en una situación vulnerable y realmente difícil, como dije anteriormente he visto este mismo mecanismo perpetuado a lo largo del tiempo cuando la agredida era otra mujer.

Lo que realmente me sorprendió y me duele muchísimo al punto de generarme terror y una angustia indescriptible (además claro, de la situación vivida) es la poca responsabilidad que han tenido los medios con la protección de mi identidad.

Estos últimos días no sólo han trasmitido en directo un video en el cual se ve mi rostro al descubierto sin ningún tipo de autorización, sino también que hoy en un canal han dejado ver mi nombre en un panel, sin ningún tipo de blureo ni nada por el estilo.

En el momento que sucedió, mi abogado, Hugo Figueroa, quien me está prestando sus servicios desinteresadamente, estaba por dar una nota en el canal, les indicó a los panelistas que no tenían bajo ninguna circunstancia el derecho de develar información sobre mi identidad y sin embargo, los mismos comenzaron a discutir, incluso tapaban mi nombre con la mano, mostrando un nulo grado de respeto, hasta que sacaron la imagen del expediente y comenzaron a decir que “imposible reconocer a alguien con sólo un nombre de pila” cuestionándolo tanto a él como a mí en consecuencia, sin demostrar ningún tipo de remordimiento, diciendo que la causa es de carácter público y “contraactacando” con que él mismo en otra nota, había expuesto mi orientación sexual. Esto último, fue totalmente consensuado y autorizado de mi parte y, por si no quedó claro, no tengo ningún problema en manifestar que mi inclinación sexual implica que no tengo interés sexoafectivo con hombres, lo tomo como hecho de conocimiento público y estoy totalmente orgullosa de ello, y de hecho, el comentario expuesto por mi patrocinante resultaba importante para reafirmar la posición de que no presté consentimiento alguno en la situación (sin contar el examen toxicológico en el cual se advirtieron drogas que tampoco fueron consumidas bajo mi consentimiento).

Sinceramente, jamás pensé que habría una falta de respeto de tal magnitud, tanto hacia mí, como a mi patrocinante que reitero, desde el primer momento me brindó sus servicios desinteresadamente.

Si me preguntan cómo estoy a partir de esta situación, si antes me daba miedo salir a la calle, ahora me da pánico, tengo episodios de hipervigilancia y angustia desmesurada, tengo un diagnóstico de estrés post-traumático y lo único que quiero es poder recuperarme para continuar con todos los proyectos que tenía planificados y en la medida de lo posible retomar la vida normal que tenía antes de ser violentada.

Me gustaría que se dejen de trasmitir las imágenes que respectan al caso en las que aparezco, ya que muy a pesar de lo que puedan opinar los demás, más de uno y más de dos me han reconocido con el simple hecho de mirar las imágenes con mi rostro difuminado (ni hablar ahora con mi rostro y mi nombre al descubierto), sin embargo, si eso no les mueve un pelo, les pido que difuminen la imagen de mi persona en un 100%, y si en ese caso, tampoco les parece relevante el dolor, la angustia y todas las emociones negativas que conlleva ver un hecho traumático en mi vida como tal trasmitido una y otra vez perpetuando mi revictimización y remitiéndome constantemente a aquel momento, y deciden continuar alimentando el morbo, los invito a hacerse algunas preguntas que me hice durante estos días tanto como víctima como consumidora.

Si la causa claramente avanza, los registros fílmicos de las pruebas ya están en los expedientes y la justicia de la que tanto se remarca la ausencia en algunos casos, aquí está accionando: ¿por qué seguimos consumiendo los mismos videos una y otra vez dando opiniones personales e incluso hablando de inconsistencias donde las fuentes son dudosas o no hay fundamentos? ¿Cómo se sentirá la víctima y su familia al ver un episodio traumático y doloroso de su vida expuesto una y otra vez como un trailer de un policial? Si estamos del lado de la damnificada, ¿por qué permitimos que se filtren su identidad? (nombre, rostro, fisiología). Si lo que queremos es la recuperación de la víctima, ¿por qué se le pone en un rol de mártir en el que parece que la víctima no es una persona sino más bien la situación de abuso que sufrió? Si lo que se busca es justicia, ¿por qué los medios no se ciñen a lo técnico y se convierte en un espectáculo del horror y dolor ajeno basado en opiniones y conjeturas sin argumentos? Si la situación es aberrante y todos coincidimos con que debe haber justicia y estas cosas no deberían pasar jamás, ¿por qué sigue trasmitiéndose constantemente el hecho y cuestionando el mismo en vez de dedicar ese tiempo para concientizar y hablar de la cultura de la violación? La víctima, ¿es sólo víctima del hecho y debe lidiar con las consecuencias y el dolor que conlleva el mismo?¿O también ahora es víctima de la perpetuación del dolor que se trasmite constantemente?

Esta vez fui yo, pero no me gustaría que el día de mañana la dañada sea otra y luego de una situación tan dolorosa deba sufrir también la exposición a que la gente diga lo que le dé la gana y haga de una vivencia horrible, traumática y todos los adjetivos que creo hasta ustedes saben utilizar más que yo, un espectáculo pochoclero que sólo alimenta morbo y genera más dolor. El respeto a la protección de la identidad de la víctima no es un favor, es un derecho”.

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Un médico fue procesado por facturar falsas prestaciones al Subsidio de Salud

La investigación, impulsada por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, apunta a un profesional prestador acusado de facturar órdenes de consulta que, según afiliados relevados, no habrían sido realizadas.

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Representantes del Instituto de Previsión y Seguridad Social de Tucumán (IPSST) participó en una audiencia judicial desarrollada en el marco de una investigación llevada adelante por la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I.

Durante la jornada se formalizó la investigación y la formulación de cargos contra un profesional médico prestador, a partir de presuntas irregularidades detectadas en la facturación de órdenes de consulta.

La causa se originó tras advertirse consumos asociados a prestaciones que, conforme a lo manifestado por afiliados consultados, no habrían sido efectivamente realizadas. Este tipo de hechos representa un delito y ocasiona un perjuicio para la Obra Social, afectando directamente a los beneficiarios.

En este sentido, la institución reafirma su compromiso con la transparencia, el control y el resguardo de los recursos destinados a la atención de sus afiliados, colaborando activamente con las autoridades competentes en el esclarecimiento de los hechos investigados.

Finalmente, el IPSST reitera la importancia de que los afiliados controlen periódicamente los consumos y prestaciones registradas. Del mismo modo, se solicita que toda irregularidad detectada sea denunciada a través de los canales oficiales de la institución, para su correspondiente evaluación y seguimiento.

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Enjuiciarán a los cuatro policías que en 2024 secuestraron a un joven dedicado a la venta de marihuana

El testimonio de un policía que estaba de guardia el día que llevaron al joven a esta dependencia policial resultó determinante para avanzar con la causa en el fuero federal.

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Cuatro efectivos policiales que fueron apartados de la fuerza serán llevados a juicio oral acusados de haber secuestrado y extorsionado a un joven vinculado presuntamente a la venta de marihuana en Tucumán. La investigación sostiene que los imputados privaron ilegalmente de la libertad a la víctima, la golpearon y exigieron dinero a su familia para liberarla.

El hecho, según la acusación fiscal, ocurrió el 23 de febrero de 2024, cuando los agentes Ángel Sebastián GómezSergio Daniel Díaz y Franco Javier Jiménez, junto al civil Facundo Nahuel Amaya —quien tendrá un proceso separado tras haber permanecido prófugo durante varios meses— actuaron presuntamente bajo las órdenes del comisario Gustavo Ezequiel Morales.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, el grupo se presentó en un barrio privado ubicado sobre avenida Silvano Bores al 300 y se llevó por la fuerza a L.G., un joven señalado como presunto vendedor de marihuana.
La víctima fue obligada a subir a un Renault Megane perteneciente al policía Díaz y trasladada hasta la oficina de la Jefatura de Zona III, ubicada en el sur de la capital tucumana.
Durante el trayecto, según consta en el expediente, el joven recibió golpes en distintas partes del cuerpo. Las agresiones habrían continuado una vez dentro de la dependencia policial.
La investigación sostiene además que Amaya se dirigió posteriormente al barrio donde residía el secuestrado y consiguió que un familiar le facilitara un número telefónico para iniciar negociaciones por la liberación.
Según la acusación, los imputados se comunicaron con la madre de la víctima, identificada como S.F.O., y le exigieron dinero para dejar en libertad a su hijo.
Los acusados habrían advertido que contaban con supuestas pruebas para vincular al joven con delitos relacionados con el narcotráfico y le insinuaron a la mujer que, si pagaba, el muchacho sería liberado y no volvería a tener problemas judiciales.
La madre finalmente entregó $ 240.000 a los imputados.
Tras la denuncia de las víctimas, el fiscal federal Agustín Chit inició una investigación que reunió una serie de pruebas consideradas clave para reconstruir el caso.
Entre los elementos incorporados al expediente, el fiscal sostuvo que los policías habrían pactado previamente a través de Telegram una supuesta compra de marihuana y que, cuando acudieron al encuentro, concretaron el secuestro del joven.
La pesquisa también determinó que los efectivos se presentaron en el domicilio de la víctima sin orden judicial y que no existía ninguna causa abierta en su contra.
Uno de los testimonios considerados centrales fue el del guardia de la dependencia policial, quien confirmó que los acusados estuvieron esa noche con el joven dentro de la base.
El empleado policial aclaró además que la Jefatura de Zona III no estaba habilitada para alojar detenidos, por lo que resultaba imposible justificar legalmente la presencia del muchacho en el lugar.
Según su declaración, los imputados Díaz y Gómez ya habían llevado anteriormente a otras personas a esa dependencia bajo el argumento de realizar tareas de “identificación”.
La investigación también reveló que nunca se registró oficialmente el ingreso del secuestrado en los libros de la dependencia.
Al analizar los teléfonos celulares de los acusados, el fiscal descubrió además la existencia de un grupo de WhatsApp creado el mismo día del hecho.
De acuerdo con la acusación, en esos mensajes Díaz y Gómez hablaban de realizar “un trabajo de merca” y mencionaban la incorporación de Jiménez al operativo.
En otros intercambios, los implicados presuntamente reclamaban “apurar a la vieja” para que pagara el rescate exigido.
Para el fiscal, uno de los datos más comprometedores surgió de mensajes en los que los acusados habrían pedido autorización al comisario Morales para trasladar al joven hasta la dependencia policial que él dirigía.
Durante el proceso, Díaz, Gómez y Jiménez rechazaron las acusaciones y aseguraron que participaron de un operativo legítimo vinculado a una investigación por estupefacientes.
Sin embargo, Chit consideró que esa versión resultaba incompatible con las pruebas reunidas en el expediente.
“No obstante, dicha reconstrucción resulta incompatible con los elementos probatorios incorporados a la causa, los cuales permiten descartar que se haya tratado de un procedimiento legítimo”, sostuvo el fiscal en el requerimiento de elevación a juicio.
En cuanto al comisario Morales, el funcionario negó haber impartido órdenes y afirmó desconocer las acciones desplegadas por los otros acusados.
El fiscal, sin embargo, consideró “inverosímil” esa explicación al remarcar que los hechos ocurrieron íntegramente dentro de una dependencia bajo su jefatura y que existían comunicaciones telefónicas y mensajes previos y posteriores al episodio.
Las defensas de los imputados intentaron impedir que el caso llegara a juicio oral mediante distintos planteos procesales, aunque todos fueron rechazados por el juez federal Guillermo Díaz Martínez.
Finalmente, el magistrado resolvió enviar a juicio a Díaz, Gómez y Jiménez por el delito de secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas, por el cobro del rescate y por tratarse de funcionarios policiales.
En el caso de Morales, quedó imputado por el mismo delito en carácter de partícipe.
Además, el juez habilitó a la víctima y a su madre a iniciar una demanda civil contra el Estado por daños y perjuicios derivados del episodio.

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Rescataron a a nueve hermanos abusados, desnutridos y torturados por su propia familia

Los aberrantes hechos ocurrieron en Santiago del Estero. Los delitos incluyen acceso carnal, agresiones físicas y explotación. Entre las víctimas hay personas con discapacidad y menores con bajo peso. La Justicia detuvo a tres sospechosos tras un dramático megaoperativo.

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Cuando los policías ingresaron a la vivienda, el panorama fue devastador. Hallaron a una persona con discapacidad atada a una cama, revelando el calvario de una familia donde nueve de trece hermanos vivían en condiciones deplorables. Las autoridades confirmaron que las víctimas sufrieron abuso sexual, severa desnutrición, hacinamiento y extrema violencia física.

 

 

El tétrico escenario fue descubierto durante una serie de allanamientos ordenados por el juez de Control y Garantías, Sergio Guillet. El operativo policial se llevó a cabo en una precaria vivienda del paraje El Cruce, en el departamento Figueroa, y culminó con la detención de tres personas: una pareja y uno de sus yernos.

 

 

El rescate fue comandado por las fiscales Yésica Lucas y Vanina Aguilera, con la ejecución directa de la División Trata de Personas de la Policía provincial, en conjunto con la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) y la Secretaría de Trabajo.

Una denuncia que rompió el pacto de silencio

La investigación comenzó en abril gracias a la alerta de organizaciones civiles como Caring For Children y Madres Víctimas de Trata. Aunque las rarezas de la familia eran un secreto a voces entre los vecinos, el hermetismo y el miedo al clásico «no te metás» mantenían la impunidad. Durante el procedimiento, los funcionarios rescataron a menores que pesaban apenas 30 kilos, dejando en evidencia un estado de vulnerabilidad extrema.

La Fiscalía formuló cargos gravísimos, que incluyen corrupción de menores, abandono de persona y lesiones agravadas por el vínculo. Según los primeros testimonios recabados, las jóvenes de la familia eran entregadas a terceros a cambio de dinero o bebidas alcohólicas. Además, un sistema de terror intrafamiliar garantizaba el silencio absoluto de los menores, quienes vivían tan sometidos que debían pedir permiso con la mirada a los adultos antes de atreverse a responder una pregunta de los oficiales.

El calvario de las víctimas y las condiciones del encierro

Las edades y condiciones de los nueve hermanos rescatados reflejan la magnitud de este oscuro drama familiar. Entre ellos se encuentran tres adultos jóvenes de entre 25 y 28 años con discapacidades motrices y mentales. El ensañamiento era tal que uno de ellos, de 26 años, que padece ceguera y retraso madurativo, recibía feroces golpizas en todo el cuerpo. Los agresores, incluso, llegaron a grabar las humillaciones con sus teléfonos celulares por diversión.

El nivel de perversidad de los captores también se reflejaba en los detalles de la vivienda. Mientras los menores dormían en camas «peladas», soportando el frío con apenas una sábana y tras haber sido obligados a abandonar la escuela, los efectivos descubrieron una habitación cerrada con candado que guardaba en su interior colchones completamente nuevos sin estrenar.

Desde el momento del rescate, un equipo interdisciplinario compuesto por médicos, psicólogos, psiquiatras y asistentes sociales asiste a todos los hermanos, de los cuales dos debieron ser internados. La Justicia ya puso en marcha los mecanismos de contención para intentar reparar años de tormento, mientras avanza con todo el peso de la ley contra los detenidos.

(Fuente: El Liberal)

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