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Policiales

Enjuiciarán a los cuatro policías que en 2024 secuestraron a un joven dedicado a la venta de marihuana

El testimonio de un policía que estaba de guardia el día que llevaron al joven a esta dependencia policial resultó determinante para avanzar con la causa en el fuero federal.

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Cuatro efectivos policiales que fueron apartados de la fuerza serán llevados a juicio oral acusados de haber secuestrado y extorsionado a un joven vinculado presuntamente a la venta de marihuana en Tucumán. La investigación sostiene que los imputados privaron ilegalmente de la libertad a la víctima, la golpearon y exigieron dinero a su familia para liberarla.

El hecho, según la acusación fiscal, ocurrió el 23 de febrero de 2024, cuando los agentes Ángel Sebastián Gómez, Sergio Daniel Díaz y Franco Javier Jiménez, junto al civil Facundo Nahuel Amaya —quien tendrá un proceso separado tras haber permanecido prófugo durante varios meses— actuaron presuntamente bajo las órdenes del comisario Gustavo Ezequiel Morales.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, el grupo se presentó en un barrio privado ubicado sobre avenida Silvano Bores al 300 y se llevó por la fuerza a L.G., un joven señalado como presunto vendedor de marihuana.
La víctima fue obligada a subir a un Renault Megane perteneciente al policía Díaz y trasladada hasta la oficina de la Jefatura de Zona III, ubicada en el sur de la capital tucumana.
Durante el trayecto, según consta en el expediente, el joven recibió golpes en distintas partes del cuerpo. Las agresiones habrían continuado una vez dentro de la dependencia policial.
La investigación sostiene además que Amaya se dirigió posteriormente al barrio donde residía el secuestrado y consiguió que un familiar le facilitara un número telefónico para iniciar negociaciones por la liberación.
Según la acusación, los imputados se comunicaron con la madre de la víctima, identificada como S.F.O., y le exigieron dinero para dejar en libertad a su hijo.
Los acusados habrían advertido que contaban con supuestas pruebas para vincular al joven con delitos relacionados con el narcotráfico y le insinuaron a la mujer que, si pagaba, el muchacho sería liberado y no volvería a tener problemas judiciales.
La madre finalmente entregó $ 240.000 a los imputados.
Tras la denuncia de las víctimas, el fiscal federal Agustín Chit inició una investigación que reunió una serie de pruebas consideradas clave para reconstruir el caso.
Entre los elementos incorporados al expediente, el fiscal sostuvo que los policías habrían pactado previamente a través de Telegram una supuesta compra de marihuana y que, cuando acudieron al encuentro, concretaron el secuestro del joven.
La pesquisa también determinó que los efectivos se presentaron en el domicilio de la víctima sin orden judicial y que no existía ninguna causa abierta en su contra.
Uno de los testimonios considerados centrales fue el del guardia de la dependencia policial, quien confirmó que los acusados estuvieron esa noche con el joven dentro de la base.
El empleado policial aclaró además que la Jefatura de Zona III no estaba habilitada para alojar detenidos, por lo que resultaba imposible justificar legalmente la presencia del muchacho en el lugar.
Según su declaración, los imputados Díaz y Gómez ya habían llevado anteriormente a otras personas a esa dependencia bajo el argumento de realizar tareas de “identificación”.
La investigación también reveló que nunca se registró oficialmente el ingreso del secuestrado en los libros de la dependencia.
Al analizar los teléfonos celulares de los acusados, el fiscal descubrió además la existencia de un grupo de WhatsApp creado el mismo día del hecho.
De acuerdo con la acusación, en esos mensajes Díaz y Gómez hablaban de realizar “un trabajo de merca” y mencionaban la incorporación de Jiménez al operativo.
En otros intercambios, los implicados presuntamente reclamaban “apurar a la vieja” para que pagara el rescate exigido.
Para el fiscal, uno de los datos más comprometedores surgió de mensajes en los que los acusados habrían pedido autorización al comisario Morales para trasladar al joven hasta la dependencia policial que él dirigía.
Durante el proceso, Díaz, Gómez y Jiménez rechazaron las acusaciones y aseguraron que participaron de un operativo legítimo vinculado a una investigación por estupefacientes.
Sin embargo, Chit consideró que esa versión resultaba incompatible con las pruebas reunidas en el expediente.
“No obstante, dicha reconstrucción resulta incompatible con los elementos probatorios incorporados a la causa, los cuales permiten descartar que se haya tratado de un procedimiento legítimo”, sostuvo el fiscal en el requerimiento de elevación a juicio.
En cuanto al comisario Morales, el funcionario negó haber impartido órdenes y afirmó desconocer las acciones desplegadas por los otros acusados.
El fiscal, sin embargo, consideró “inverosímil” esa explicación al remarcar que los hechos ocurrieron íntegramente dentro de una dependencia bajo su jefatura y que existían comunicaciones telefónicas y mensajes previos y posteriores al episodio.
Las defensas de los imputados intentaron impedir que el caso llegara a juicio oral mediante distintos planteos procesales, aunque todos fueron rechazados por el juez federal Guillermo Díaz Martínez.
Finalmente, el magistrado resolvió enviar a juicio a Díaz, Gómez y Jiménez por el delito de secuestro extorsivo agravado por la participación de tres o más personas, por el cobro del rescate y por tratarse de funcionarios policiales.
En el caso de Morales, quedó imputado por el mismo delito en carácter de partícipe.
Además, el juez habilitó a la víctima y a su madre a iniciar una demanda civil contra el Estado por daños y perjuicios derivados del episodio.

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Brutal ataque: discutieron, lo apuñaló y le dejó la hoja del cuchillo incrustada en el cuello

La víctima pelea por su vida en el Hospital Padilla. El Ministerio Fiscal solicitó que el acusado permanezca detenido bajo la modalidad de prisión preventiva.

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El hecho es investigado por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II, a cargo de Carlos Sale, quien fue representado por la auxiliar de fiscal Luz Becerra en la audiencia que se llevó a cabo para proceder al control de la aprehensión, formalización de la investigación, y pedido de medidas de coerción de máxima intensidad por parte del Ministerio Fiscal (MPF).

Como primer punto, la representante del MPF relató las circunstancias de la aprehensión realizada el 29 de septiembre de 2026, a las 08:30 horas, solicitando que se declare legal y legítima. A continuación, al formular los cargos, narró el hecho ocurrido el 27 de septiembre a las 5:20 horas, por el que se acusa al imputado, detallando la calificación legal provisoria como homicidio en grado de tentativa, en calidad de autor.

Finalmente, la investigadora fiscal solicitó como medida de coerción de mayor intensidad la prisión preventiva del acusado por el plazo de 90 días, hasta el lunes 28 de diciembre de 2026, ante la presencia de los riesgos procesales de peligro de fuga y de entorpecimiento de la investigación, y para progresar en la realización de las medidas correspondientes de caso.

“La víctima está en un estado grave. Entendemos que es prudente y razonable pedir la prisión preventiva para avanzar en la investigación. Debemos realizar un segundo examen a la víctima para determinar si ha evolucionado, también resguardar los testimonios de los testigos y analizar el cuchillo secuestrado mediante pericia genética”, explicó la Auxiliar de Fiscal.

Por su parte, el juez interviniente resolvió hacer lugar a todos los requerimientos expuestos por parte de la acusación pública durante la audiencia multipropósito.

El hecho

El 27 de septiembre de 2026, a las 05.20 horas, en la vereda de calle William Blis al 800 de la ciudad de San Miguel de Tucumán, José María Sánchez (a) “Pepón”, mantuvo una pelea con Jonathan Manuel Garay, a quien Sánchez, con claras intenciones de causarle la muerte, utilizando un cuchillo sierrita, le asestó una puñalada en la región cervical superior posterior, quedando la hoja de la cuchilla de 10 centímetros incrustada en el cuello de la víctima.

Luego del ataque, Sánchez se dio a la fuga del lugar, y Garay fue trasladado de urgencia al Hospital Padilla, donde fue intervenido quirúrgicamente para extraerle la cuchilla, encontrándose en grave estado y no habiéndose provocado su fallecimiento por la intervención médica, circunstancia ajena a la voluntad del imputado.

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El hombre que fue agredido en Concepción radicó la denuncia y la Policía identificó a los atacantes

Fabricio Agustín Álvarez de 29 años, fue golpeado y trasladado en la caja de un vehículo se presentó en la comisaría acompañado por su padre.

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Un vecino de Concepción que se encuentra en situación de calle y es conocido por realizar malabares en los semáforos de la zona, identificado, según Vientos Tucumanos, como Fabricio Agustín Álvarez, de 29 años, formalizó la denuncia penal tras haber sido víctima de una violenta agresión ocurrida el martes 29 de septiembre.

El hecho cobró notoriedad pública luego de la difusión de un video donde se observa a tres hombres sujetarlo, cargarlo a la fuerza en la caja de una camioneta Hilux blanca durante la noche y propinarle golpes con una soga entre risas. En las grabaciones también se aprecia que, cuando la víctima intentó escapar de la caja del vehículo, los agresores detuvieron la marcha y comenzaron a golpear la carpa que la recubría. Asimismo, en otro video difundido durante esa misma jornada, algunas de las personas involucradas aparecían junto al joven y aseguraban que lo ocurrido había sido una broma. Las imágenes fueron registradas y subidas originalmente por Leandro Hoyos en las historias para «mejores amigos» de su cuenta de Instagram, lo que provocó un repudio masivo e indignación entre los vecinos.

Era una broma»: secuestraron y latiguearon a un reconocido hombre que trabaja en las calles de Concepción y que a pesar de todo los perdonó

Ante la repercusión de lo sucedido, este miércoles al mediodía, Álvarez se presentó en la Comisaría de Concepción acompañado por su padre para radicar la denuncia correspondiente. Tras la presentación, el jefe de la Unidad Regional Sur, Comisario General Marcos Barros, confirmó en exclusiva a Vientos Tucumanos la recepción de la denuncia y brindó detalles sobre la intervención policial y judicial en el caso. El jefe policial explicó que la fuerza ya venía actuando de oficio antes de la radicación formal de la exposición: «bueno en primer lugar al tomar conocimiento del posible hecho delictuoso para intervenir de oficio como se hizo, y ahora con más razón que se efectuó una denuncia. Hay que seguir trabajando ya con directiva de la fiscalía».

Respecto a la incorporación de la denuncia a la causa existente y el trabajo con el Ministerio Público Fiscal, Barros sostuvo que «como a raíz la descripción Concepción, en donde finalmente radicó una denuncia inmediatamente se adjunta las actuaciones que ya se venía trabajando y se puso a disposición de la justicia para que le den primero la calificación legal delito que se va a investigar y se está tratando de llevar elementos que ayuden a la fiscalía a realizar algún trabajo investigativo más profundo o no, pero las actuaciones y la denuncia. Si se están realizando».

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Una mujer cayó del piso 18° de un edificio de Barrio Sur y murió

La Justicia intervino en el caso y dispuso las primeras medidas para reunir pruebas y avanzar con la investigación. Por el momento, no se informaron oficialmente otros detalles sobre lo ocurrido.

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Una mujer murió este miércoles al mediodía después de caer desde un edificio ubicado en General Paz al 500, en Barrio Sur, en San Miguel de Tucumán. Según las primeras actuaciones, se habría precipitado desde el piso 18. La identidad de la víctima todavía no había sido confirmada oficialmente.

El hecho ocurrió alrededor de las 12, cuando un fuerte ruido alertó a vecinos e inquilinos de la zona. Tras el aviso, efectivos policiales y una ambulancia del servicio de emergencias 107 llegaron al lugar. El personal de salud constató el fallecimiento de la mujer debido a las lesiones sufridas.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima no residiría en el edificio ni trabajaría formalmente para el consorcio. Las autoridades buscan establecer quién era y reconstruir las circunstancias en las que se produjo la caída.

La Justicia intervino en el caso y dispuso las primeras medidas para reunir pruebas y avanzar con la investigación. Por el momento, no se informaron oficialmente otros detalles sobre lo ocurrido.

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