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Política

La Corte Suprema archivó la denuncia por acoso sexual contra el vocal Antonio Estofán

Para el abogado denunciante, el máximo tribunal de Justicia hizo caso omiso a la evaluación que realizaron un psiquiatra y una psicóloga a la presunta víctima

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La Corte Suprema de Justicia de Tucumán resolvió rechazar la nulidad interpuesta y archivar la causa que investiga al vocal decano Antonio Estofán por presunto acoso sexual. La denuncia contra el magistrado fue promovida en septiembre pasado por Elvira de las Mercedes Mayol, quien es representada ante la Justicia por el abogado Gustavo Morales. El letrado anticipó que en el primer día hábil luego de la feria judicial presentará un recurso de reconsideración.

Según relató Morales, la denunciante de Estofán recibió por mail la notificación sobre la decisión que tomó el Máximo Tribunal de Justicia el 31 de diciembre, apenas unas horas antes del inicio del nuevo año. “Es muy sospechoso, genera suspicacias que la Acordada tenga fecha del 30 de diciembre y que notifiquen el 31”, observó el letrado al tiempo que indicó que “es una obviedad decir que la decisión no le ha caído bien pero está íntegra y convencida de que va a seguir haciendo lo que tiene que hacer”.

La denuncia de Mayol por “acoso sexual y otras graves inconductas” fue presentada ante la Corte Suprema de Justicia de Tucumán el 24 de septiembre pasado, y se sustenta en la “Convención de Belem Do Para” y la Ley Nacional Nº 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”. Según el relato de la supuesta víctima, el vocal de la Corte Suprema de Justicia le propuso mantener relaciones sexuales para conseguir un ascenso que le correspondía por antigüedad pero que estaba ‘trabado’ en la oficina de Estofán.

Me dijo que si teníamos sexo, se me iban todas las complicaciones”, declaró la denunciante, quien se desempeña desde hace una década como administrativa del Poder Judicial. El delito habría ocurrido cuando Mayol solicitó una audiencia con el Vocal de la Corte para reclamar celeridad en el trámite y en contrapartida, recibió una invitación a salir y “tener sexo para resolver el paso administrativo”. “Me invitó a salir. Me dijo que si teníamos sexo, se me iban todas las complicaciones en el Poder Judicial”, señaló Mayol. “A partir de ese momento, sufrí acoso laboral. Se me han cerrado todas las puertas”, agregó.

Según la denuncia, los hechos ocurrieron entre agosto y septiembre del año pasado. A partir de entonces, al acoso sexual se sumó el acoso laboral. “Se hizo imposible seguir ahí, pedí trabajar en otra área», añadió Mayol en una entrevista con TN cuando el caso se nacionalizó. Aunque recurrió a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema, no obtuvo respuestas. “Me dijeron que no correspondía. Así de desamparadas estamos todas las mujeres en el Poder Judicial que está minado de este tipo de corrupción”, se lamentó.

Caso omiso a las pericias

El abogado Morales cuestionó que la Corte Suprema haya hecho caso omiso de los informes que acreditan el acoso que sufrió su defendida. Se trata, por un lado, de la pericia psiquiátrica que lleva la firma del médico José Alberto Mostajo (MP 1746) que revela un “trastorno de ansiedad mixta provocada por estrés permanente a nivel laboral (mobbing) que se agrava cuando reviste características de acoso sexual”. El profesional consideró a la luz de este diagnóstico que es “necesaria la reubicación laboral alejada del lugar que generó el cuadro”. Por otro lado, la psicóloga Cecilia Soledad Valor (MP 3772) evaluó que Mayol presenta “un estado de ánimo depresivo y trastorno de adaptación”, por lo que sugiere “continuar con tratamiento psiquiátrico y medicación indicada para el alivio sintomático y preservar al organismo en situación de crisis actual que atraviesa la paciente”.

Morales reclamó que estos informes no fueron considerados por los integrantes de la Corte Suprema al momento de resolver el archivo de la causa contra Antonio Estofán por acoso sexual. Además, denunció “inexactitudes que, más que inexactitudes, son mentiras”.

“La Corte dice en la Acordada del 30 de diciembre que tiene que respetar el estado jurídico de inocencia de Estofán porque no hay denuncia penal. Eso que yo llamó inexactitud, en realidad es una mentira, porque la Corte fue notificada que el domingo 27 de diciembre se había interpuesto una querella criminal contra el Vocal de la Corte por delitos de coacción agravada y abuso de autoridad. Es decir: la Corte sabía que había un causa penal contra Estofán que, entre otras cosas, no le permite acogerse al beneficio de la jubilación mientras tenga un proceso penal o un sumario administrativo o un pedido de juicio político”.

Por otro lado, el lunes 28 de diciembre, Morales planteó por segunda vez un pedido de juicio político sobre la base del informe psiquiátrico del 14 de diciembre y psicológico del 18 de diciembre. “Esto no es una cuestión menor porque la Corte no dice absolutamente nada de esos informes”, subrayó el letrado al tiempo que denunció que el Máximo Tribunal “mira para otro lado” cuando se solicitan medidas tales como inspecciones oculares y la reconstrucción de los hechos “aún a costa de la revictimización de la señora Mayol”.

“Imaginen lo traumático que es para una víctima que tiene que participar de una medida en donde también interviene el Vocal decano, es decir, no sólo interviene su superior jerárquico, sino también la persona más antigua en la Corte y quien maneja el poder real”, analizó y completó en base a lo expuesto que “desde el punto de vista técnico esta Acordada es arbitraria y, desde el punto de vista argumentativo, es mentirosa”.

Según Morales, Estofán tenía pleno conocimiento del proceso en su contra porque “según los papeles estuvo trabajando hasta el 28”. Luego, pidió licencia los días 29 y 30. «La intención era decir ‘yo no estuve, yo no sabía'», interpretó Morales sobre la ausencia del integrante de la Corte en esos días de efervesencia judicial en los que se redactó la Acordada a la que ahora Mayol y su abogado tienen ocho días hábiles para responder. FUente ET

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Política

Ordenaron nuevas medidas de prueba sobre el patrimonio e ingresos formales de Adorni

Esta medida busca reconstruir el historia laboral y económico tanto de Adorni como el de su esposa Bettina Angeletti, retroactivamente hasta el 2012.

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El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó nuevas medidas de prueba para investigar el patrimonio y los ingresos formales del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, en el marco de la causa que atraviesa el funcionario por presunto enriquecimiento ilícito.

Esta medida busca reconstruir el historia laboral y económico tanto de Adorni como el de su esposa Bettina Angeletti, retroactivamente hasta el 2012, con el fin de reconstruir su historia laboral y, por ende, los ingresos que ambos tenían para cotejar las inconsistencias en las declaraciones juradas y averiguar el origen de sus inversiones.

 

 

Pollicita también le solicitó a la Comisión Nacional de Valores todos los datos de las operaciones de blockchain autorizadas en Argentina, desde ese mismo año, y exigió que la ANSES presente los recibos de sueldo del funcionario oficialista y de su mujer.

 

 

Paralelamente, el fiscal analiza también la información vinculada al patrimonio de su hermano, el diputado provincial por La Libertad Avanza (LLA) Francisco Adorni para contrastar tanto las declaraciones como los antecedentes.

Las principales líneas de la investigación judicial incluyen la trazabilidad de fondos, las operaciones con critpomonedas y la sucesión familiar, debido a que se investiga el expediente sucesorio de su padre Jorge Adorni, quien falleció en el año 2002, luego de que el jefe de Gabinete afirmara que encontró una cifra importante de dinero en su inmueble que le permitió iniciar sus inversiones con bitcoins.

Por último, la fiscalía analiza todos los vuelos realizados por el funcionario y su familia, la compra de propiedades no declaradas, como la casa en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz y un departamento en el barrio de Caballito, más el estado de sus deudas que son de un valor relevante.

En su declaración jurada de 2024Adorni informó haber recibido $10.2 millones de una herencia, sin embargo, al año siguiente elevó dicha cifra a $73 millones, mientras declaró tenencias en criptomonedas incorporadas a su patrimonio entre los años 2021 y 2023. /Noticias Argentinas

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Política

Se congregaron 500 dirigentes peronistas en un encuentro político e institucional en El Cadillal

El gobernador Osvaldo Jaldo estuvo acompañado por el vice Miguel Acevedo, gran parte de su gabinete y dirigentes de las tres secciones electorales.

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El gobernador Osvaldo Jaldo mantuvo en el predio de ATSA en El Cadillal, una reunión de trabajo con dirigentes, referentes territoriales, exintendentes, exlegisladores, candidatos a concejales y comisionados comunales que no llegaron a ocupar un cargo en la función pública pero que continúan perteneciendo al espacio del Partido Justicialista.

Jaldo uno de los máximos referentes del peronismo local estuvo acompañado por el vicegobernador Miguel Acevedo, la intendenta capitalina, Rossana Chahla, los ministros del Gabinete: Dario Monteros (Interior), Luis Medina Ruiz (Salud), Regino Amado (Gobierno y Justicia), Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad) Susana Montaldo (Educación), Marcelo Nazur (Obras Públicas, Federico Masso (Desarrollo Social), la Fiscal de Estado, Gilda Pedicno, el fiscal Adjunto, Raul Ferrazzano, el secretario general de la Gobernación, Federico Nazur y el presidente subrogante de la Legislatura, Sérgio Mansilla.

También dijeron presente el secretario general de ATSA, Renée Ramirez, el titular del IPLA, el presidente del Ente de Turismo, Domingo Amaya, el secretario de Adicciones, Lucas Haurigot Posse, Dante Loza, el secretario de Trabajo Andrés Galván, el titular del IPACYM, Regino Racedo, el interventor de Vivienda, Hugo Cabral, el secretario de Planeamiento, Javier Morof y el secretario de Grandes Comunas, Marcelo Santillán.

Jaldo comentó que «como venimos haciendo todos los miércoles, nos reunimos con dirigentes de diferentes sectores de Tucumán, quienes conocen la situación institucional y las problemáticas que afectan a la gente».

En esta oportunidad, indicó que «participaron dirigentes de las tres secciones electorales, del este, del oeste y de la capital. Contamos con la presencia de casi 500 dirigentes de diferentes lugares. Fue una reunión de trabajo institucional muy importante«.

El gobernador dijo que «esta es la cuarta reunión que realizamos, habiendo convocado primero a quienes ocupan cargos institucionales. Considero que esta es una de las reuniones más importantes, porque participaron vecinos que, aunque por diferentes motivos las urnas no los favorecieron, siguen militando en el Partido Justicialista con esperanza y compromiso«.

A su vez, recordó que «participaron candidatos que han sido delegados comunales, concejales, intendentes y legisladores. Con esta cuarta reunión prácticamente hemos cubierto todo el territorio y todas las categorías, tanto institucionales como no institucionales. Estamos muy contentos de ver el entusiasmo de compañeros, compañeras y vecinos«.

Por último, sostuvo que «escuchamos los planteos y no tenemos duda de que seguiremos el camino que ellos nos indiquen para mejorar la calidad de vida de todos los tucumanos.

Gran participación

Por su parte, el vicegobernador Miguel Acevedo destacó la convocatoria encabezada por el gobernador Osvaldo Jaldo y remarcó la participación de dirigentes de toda la provincia, tanto con responsabilidades institucionales como de militancia territorial.

En ese sentido, señaló que los encuentros de trabajo buscan consolidar la unidad del espacio de cara a los próximos desafíos electorales. “En estas elecciones queremos que estemos todos unidos porque lo que está en juego va mucho más allá de una candidatura. Es defender una postura, es defender la educación pública, es defender la salud pública, es estar donde la gente necesita”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que la Provincia debió afrontar con recursos propios distintas demandas ante la reducción de la asistencia nacional. “Nos estamos dando vuelta con el gobernador como podemos en cada municipio, en cada comuna”, expresó.

Acevedo consideró que el objetivo central es sostener un proyecto de desarrollo para Tucumán y afirmó que el trabajo conjunto entre los poderes del Estado resulta fundamental para alcanzar ese propósito. “Queremos un Tucumán productivo, un Tucumán con desarrollo, un Tucumán que crezca. Y para eso hace falta trabajar mucho en la generación de empleo”, manifestó.

Finalmente, aseguró que desde la Legislatura acompañarán las iniciativas necesarias para fortalecer la gestión provincial. “Desde la Legislatura les vamos a dar todas las herramientas que haga falta para que Tucumán esté mejor”, concluyó.

Contexto económico

El ministro del Interior, Darío Monteros, participó de una reunión de trabajo encabezada por el gobernador Osvaldo Jaldo y el vicegobernador Miguel Acevedo junto a más de 400 dirigentes territoriales de las tres secciones electorales de Tucumán.

“Es muy placentero encontrarnos con muchos compañeros que son referentes territoriales que no tienen cargos electivos de las tres secciones electorales, tanto del Este, Capital, como del Oeste, para seguir haciendo este análisis que venimos haciendo por decisión del gobernador Osvaldo Jaldo y el vice Miguel Acevedo de hablar con aquellos que nos representan tanto institucionalmente como políticamente”, expresó.

El ministro señaló que durante la reunión abordaron la situación institucional vinculada al contexto económico que atraviesan numerosos sectores de la sociedad. En ese sentido, sostuvo: “Cuando digo la problemática, por la situación económica que viven muchos argentinos, y que no es una situación de este gobierno de la provincia, sino que, lamentablemente, son decisiones del gobierno nacional que vienen empobreciendo cada vez más a los argentinos”.

Asimismo, destacó la tarea que desarrollan los dirigentes territoriales en el acompañamiento permanente a los vecinos y en la gestión de distintas demandas ante los organismos del Estado.

«Son estos dirigentes territoriales que carpeta bajo brazo, como yo digo, por ahí van a la Casa de Gobierno, por ahí encuentran soluciones, otras veces no. Pero no hay duda de que hoy teníamos que resaltar este gran trabajo que hacen estos compañeros y compañeras en la provincia”, afirmó.

Monteros también indicó que los participantes analizaron el escenario político y el proceso electoral que se avecina, con eje en el fortalecimiento del trabajo territorial.

Creemos que tenemos que demostrar que el trabajo territorial es el único verdadero trabajo que se puede hacer con la gente”, manifestó.

En esa línea, remarcó la importancia del contacto directo con los vecinos y sostuvo que esa modalidad de trabajo constituye una herramienta central para atender las necesidades de la comunidad.

Nosotros no vamos a salir del trabajo territorial, que es estar el tete a tete con la gente. Y esto es lo que hemos conversado profundamente hoy con todos estos compañeros y compañeras que han sido legisladores, que han sido intendentes, que han sido concejales, que han sido delegados comunales, pero que no hay duda de que siguen haciendo un trabajo territorial”, concluyó.

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Internas en la UCR Tucumán: La Justicia ordenó convocar a elecciones en un plazo de 15 días

La Cámara Nacional Electoral le puso un freno a la prórroga indefinida de la intervención partidaria. El legislador Agustín Romano Norri celebró el fallo y denunció maniobras de último momento.

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La Cámara Nacional Electoral (CNE) dictó un fallo determinante para el futuro de la Unión Cívica Radical (UCR) en Tucumán. El tribunal ordenó que el partido a nivel nacional convoque a elecciones internas en el distrito dentro de un plazo máximo de 15 días, bajo apercibimiento de aplicarse sanciones judiciales.

La resolución responde a una demanda del legislador tucumano Agustín Romano Norri, quien impugnó la prórroga de la intervención dispuesta originalmente en marzo de 2025. Si bien la Justicia validó la medida inicial por el contexto de mandatos vencidos, los jueces Daniel Bejas y Alberto Ricardo Dalla Via determinaron que, al haber expirado el plazo de un año sin ratificación de la Convención Nacional, la normalización mediante el voto de los afiliados no puede dilatarse más.

«La intervención no tiene un cheque en blanco»

Tras conocerse la sentencia, Romano Norri se mostró tajante respecto al revés judicial que recibieron las autoridades partidarias nacionales. «La Justicia nos da la razón: la intervención de la UCR no tiene un cheque en blanco y se debe votar», afirmó el parlamentario.

El dirigente radical remarcó que acudió a la vía judicial ante el silencio de las autoridades frente a sus reclamos previos. «Sin proceso judicial la intervención no hubiese terminado. Tenía que ponerle un freno a una resolución que contenía un plazo tramposo e indeterminado», apuntó, sosteniendo que el destino de la agrupación debe definirse democráticamente en las urnas y no a puertas cerradas.

Denuncia de parches y «reparto a dedo»

Romano Norri también arremetió contra los interventores por lanzar una convocatoria a internas «a las apuradas» en el diario La Gaceta el pasado 13 de junio, pretendiendo hacerla pasar por una resolución firmada en mayo. «Lo hicieron de manera dudosa, sabiendo que la Justicia me daría la razón», disparó.

Finalmente, cuestionó con dureza la integración de la Junta Electoral del partido, calificándola de «arbitraria» y de funcionar como un comité cerrado diseñado a la medida de la intervención para repartir cargos entre sectores internos específicos (vinculados a José Cano, Silvia Elías, Roberto Sánchez, Raúl Moreno y Lucho Argañaraz). «Las maniobras dilatorias ya no les alcanzarán; seguiremos firmes para garantizar una transparencia real para los afiliados», concluyó.

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