La iniciativa fue sancionada por 37 a 33 votos que fueron aportados por la Libertad Avanza, UCR, PRO, y los senadores provinciales de Misiones, Chubut, Neuquén y un legislador de Provincias Unidas. El Gobierno ya había eliminado ayer el capítulo 3 sobre extranjerización de la tierra y hoy debió excluir los artículos sobre la Ley del Manejo del Fuego.

Ese respaldo se obtuvo con los 21 votos de La Libertad Avanza, 9 de la UCR, 3 del PRO, los dos senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, el correntino Carlos «Camau» Espínola y la chubutense Edith Terenzi.

En contra estuvieron 24 senadores del interbloque justicialista, 3 de Convicción Federal, Beatriz Avila de Independencia, Flavia Royon de Primero los Salteños, Alejandra Vigo de Provincias Unidas, la neuquina Julieta Corroza y los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano.

Sin embargo, el oficialismo fracasó en su propósito de cambiar para la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, ya que había senadores dialoguistas que rechazaban esta propuesta.

Los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, además de Terenzi, Royón, Alejandra Vigo, los santacruceños Carambia y Gadano, la tucumana Beatriz Oliva y los dos representantes misioneros, rechazaron los cambios a la ley promovida por Máximo Kirchner.

La ley vigente, impulsada en 2020, prohíbe modificar durante 60 años el uso de bosques nativos y humedales afectados por incendios y durante 30 años en el caso de tierras agropecuarias. El Gobierno busca flexibilizar ese régimen al considerar que castiga a los propietarios de los inmuebles incendiados.

En el capitulo sobre desalojos el oficialismo junto a los aliados tuvo 36 votos ya que la chubutense Edith Terenzi decidió abstenerse.

El debate

La Cámara alta reanudó ayer el tratamiento de una versión recortada de la iniciativa, luego de que el oficialismo eliminó el capítulo que modificaba la Ley de Tierras Rurales ante la resistencia de gobernadores y bloques dialoguistas.

En el primer tramo de la deliberación del pleno del cuerpo se decidió enviar a la comisión de Asuntos Constitucionales, los pedidos de los senadores del PJ Anabel Fernández Sagasti y de la UCR Flavio Fama para poder participar en forma remota de la sesión.

El presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, el libertario Agustín Coto, dijo: «El espíritu del proyecto es simplificar y acelerar los procesos para que los dueños de los bienes no sean castigados por las demoras judiciales y garantizar el principio del artículo 17 de la Constitución Nacional, que protege la propiedad privada».

Coto explicó que la reforma propone que los desalojos por ocupaciones ilegales tramiten por la vía sumarísima, en lugar del procedimiento ordinario vigente, con el objetivo de reducir significativamente los plazos judiciales.

Respecto de la Ley de Manejo del Fuego, sostuvo que las modificaciones buscan evitar que el propietario de un inmueble incendiado «sea doblemente castigado» por las restricciones impuestas por la normativa actual.

Eb el último tramo de la sesión, el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, afirmó que el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada del Gobierno «es un asco» y es «inconstitucional».

«Esa modificación de la ley de Expropiaciones es inconstitucional de cabo a rabo, no resiste nada. Es un robo a cara descubierta de los bienes y las empresas del Estado», aseguró en el discurso de cierre del peronismo, antes de la votación de la iniciativa.

Y agregó que «es para garantizar que, lo que se pase al sector privado, el Estado bobo no pueda recuperarlo».

Desde el oficialismo, la jefa del bloque de La Libertad Avanza en el Senado, Patricia Bullrich, defendió el proyecto de «Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada», del cual dijo que «viene a reparar a cientos de miles de argentinos que fueron violentados en el pasado» por el Estado.

«Ahora nadie te va a poder avasallar, porque hasta ahora las organizaciones mafiosas de todo tipo tomaban tierras, vendían, usurpaban la casa y se quedaban con el esfuerzo de los argentinos. Ahora el Estado te va a proteger, no te va a usurpar», afirmó en el discurso de cierre del oficialismo.

«Por eso esta ley viene a reparar a cientos de miles de argentinos que fueron violentados en el pasado, para que ningún argentino de las próximas generaciones sea violentado por un Estado que violenta y roba. Ahora los argentinos van a tener justicia», apuntó.

En representación del bloque justicialista, el senador pampeano Daniel Bensusán calificó el proyecto como «un nuevo mamarracho» del Gobierno de Javier Milei y aseguró que la iniciativa apunta a «entregar la soberanía argentina a potencias extranjeras».

Además, cuestionó el trámite parlamentario al denunciar que los senadores recibieron el nuevo dictamen «apenas una hora antes del inicio de la reunión, en un archivo sin membrete, sin firma y con decenas de modificaciones».

Por su parte, uno de los discursos más duros fue el de la senadora rionegrina peronista Ana Marks, quien sostuvo que considerar la tierra «un bien abierto al capital, mirando solamente su función mercantil, es estar en contra del pueblo» y acusó al oficialismo de actuar como «cipayos y entreguistas».

La legisladora también cuestionó el nuevo régimen de desalojos al advertir que el Gobierno «no tiene ningún acompañamiento para quienes no pueden pagar un alquiler» y rechazó que la respuesta a la crisis habitacional sea acelerar las expulsiones de ocupantes.

Desde La Libertad Avanza, el senador Gonzalo Guzmán Coraita rechazó las críticas y defendió el proyecto al sostener que «la Argentina necesita reglas claras para ser un país previsible».

Por su parte, la libertaria Nadia Márquez sostuvo: «Queremos una Argentina libre y de personas prósperas. Esta ley promueve el fin de las usurpaciones, intentar que recuperar un inmueble sea más ágil, ponerle un freno a las expropiaciones desmedidas y también apoyar a todos los que quieren invertir».

A su vez, el radical Maximiliano Abad señaló: «Las inversiones no van a venir porque se flexibilice una ley o porque se concedan beneficios extraordinarios. Van a venir si en nuestro país hay estabilidad, instituciones sólidas, si tenemos una política exterior coherente y permanente en el tiempo».