El Gobierno de Tucumán coordinó un operativo terrestre y aéreo ante el incendio registrado en una zona de alta montaña cercana a El Rincón y El Mollar. El director de Defensa Civil de Tucumán, Ramón Imbert, informó sobre el operativo desplegado para contener un incendio de alta montaña registrado en el cerro El Muñoz.
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Imputaron a cuatro policías por detener y esposar a una niña de 13 años que filmaba un desalojo
La menor, esposada por la espalda, fue trasladada y paseada por el Hospital Avellaneda sin que se le permitiera a su madre llegar a ella. Estaba transmitiendo un operativo en su barrio en vivo por redes sociales
Cuatro policías quedaron imputados por haber detenido, esposado y privado de la libertad durante seis horas a una niña de 13 años que filmaba un desalojo en el barrio Juan XXIII, conocido como La Bombilla.
El hecho ocurrió el 22 de febrero de este año. El operativo que desarrollaba la Policía no era ordenado por un juez, por lo que los uniformados decidieron impedir que la pequeña continuara transmitiendo en vivo lo que ocurría. Optaron por reducirla y llevarla contra un patrullero. Allí, según se puede ver en un video que tomó el suceso, un uniformado la toca en sus partes íntimas en busca del teléfono, para quitárselo.
La pequeña fue subida a un patrullero sin avisarle a su familia y trasladada esposada por la espalda. La madre, al enterarse, alcanzó en moto al patrullero y exigió que le permitan acompañar a su hija, pero los policías le quitaron el teléfono con el que filmó la situación. Finalmente, la niña fue trasladada al hospital Padilla y paseada por las áreas comunes esposada por la espalda.
La filmación muestra a los uniformados presuntamente tocando sus partes íntimas, mientras le colocan las esposas . La nena de 13 años fue trasladada por haber transmitido en vivo un desalojo
Seis meses después, los policías inervinientes fueron acusados por la Fiscalía. Este miércoles, quedaron imputados por los delitos de abuso de autoridad, falsedad ideológica (no asentaron la aprehensión) y privación ilegítima de la libertad. Los acusados son el cabo primero Ernesto Flores, el sargento Ricardo Gómez y Marcia Acevedo y Beatriz Sequeira, ambas personal transitorio policial.
La fiscalía a cargo de la causa es la de Delitos Complejos y fue representada por Federico Lizárraga. Ante la jueza Elizabeth Raddi no formuló cargos contra ninguno de los policías por el delito de abuso sexual y tampoco pidió prisión preventiva para los acusados. «A la magistrada le parecieron muy pocas las medidas de coerción que pidió el Ministerio Público Fiscal, porque tomaron medidas de menor intensidad. Sólo pidieron que los imputados no se acerquen a la niña a 300 metros y que fijen domicilio», explicó la abogada de la familia de la menor, Mariana Santillán.
La Policía subió a la niña a una camioneta de la División Patrulleros del 911, esposada por la espalda, a solas con un uniformado masculino, que se la llevó del lugar.
«La madre de la niña me dijo que siente temor, ahora que los policías quedaron imputados, de que su hija sea perturbada por esta causa. Esto se agrava porque todavía no se realizó la Cámara Gesell para que declare la menor», completó. «Yo hubiera solicitado prisión preventiva, porque el conjunto de estos delitos no son excarcelables y la víctima debe estar tranquila hasta poder contar lo ocurrido», finalizó.
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Defensa Civil desplegó brigadistas para contener un incendio en el cerro Muñoz
Cuatro brigadistas forestales fueron trasladados hasta las proximidades del lugar y permanecerán en la zona para evaluar la evolución de los focos y definir las tareas de este jueves.
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Arresto domiciliario para otro acusado de encubrir el crimen de Érika Álvarez
Jorge Chicho Díaz está acusado de haber participado en maniobras destinadas a encubrir el asesinato de Érika Antonella Álvarez. La joven fue asesinada el 7 de enero en una vivienda de Yerba Buena y su cuerpo fue encontrado posteriormente en un descampado de Manantial Sur.
Jorge “Chicho” Díaz, uno de los acusados por el encubrimiento del crimen de Érika Antonella Álvarez, obtuvo el arresto domiciliario tras una audiencia de Impugnación. Para acceder al beneficio deberá cubrir una caución de $20 millones.
La decisión fue tomada por la jueza Jimena Suárez, quien hizo lugar al planteo presentado por el defensor de Díaz, Juan Pablo Bello. El abogado sostuvo que no existían motivos para considerar que su asistido pudiera entorpecer la investigación.
El fiscal Pedro Gallo y el representante de la querella, Carlos Garmendia, se opusieron al pedido. Sin embargo, la magistrada resolvió conceder la prisión domiciliaria y fijó una caución menor a la solicitada inicialmente, teniendo en cuenta la situación personal del acusado.
“Vamos a tratar de conseguir ese valor, es muchísimo dinero para un jardinero y un mecánico que no trabaja desde hace varios meses”, señaló Bello.
Díaz está acusado de haber participado en maniobras destinadas a encubrir el asesinato de Érika Antonella Álvarez. La joven fue asesinada el 7 de enero en una vivienda de Yerba Buena y su cuerpo fue encontrado posteriormente en un descampado de Manantial Sur.
Jorge “Chicho” Díaz.
Por el femicidio fue acusado Felipe “El Militar” Sosa. También fueron procesados Justina Gordillo, funcionaria judicial y expareja de Sosa; Nicolás Navarro Flores, amigo personal del acusado por homicidio agravado; y Díaz, señalado como empleado de confianza del empresario. La acusación sostiene que los tres habrían desplegado distintas conductas para encubrir el crimen.
Gordillo también cumple arresto domiciliario, luego de hacer efectiva una caución de $30 millones y de colocársele una pulsera de seguimiento.
En tanto, Navarro Flores ya cumple una pena de tres años de prisión tras haber aceptado esa condena en un juicio abreviado.
El juicio por el crimen de Érika
Mientras se resuelven los planteos relacionados con las medidas de coerción, continúan las audiencias preparatorias para el juicio oral, que podría concretarse antes de fin de año.
Durante estas jornadas también se produjeron novedades vinculadas al reclamo civil. A pedido de Marcelo Cosciansi, defensor de Sosa, se resolvió excluir a los hermanos de Érika del reclamo, por lo que el pedido de resarcimiento económico de $500 millones se reduciría en un 50%.
Además, según lo expuesto durante las audiencias, Sosa habría reconocido que fue quien “descartó” el cuerpo de Érika. De acuerdo con esa versión, lo habría hecho por temor a sufrir represalias por parte de la pareja de la víctima.
Policiales
Cometió dos asaltos, la moto le falló en la huida y fue reducido por los vecinos
Los hechos se registraron en inmediaciones del barrio Alberdi Norte. Utilizando un arma de utilería abordó a dos vecinas, una de ellas con su bebé en brazos. El Ministerio Fiscal solicitó que el acusado permanezca privado de la libertad bajo la modalidad de prisión preventiva.
