La Municipalidad de San Miguel de Tucumán registró 433 luminarias afectadas por robos, roturas, sabotajes y conexiones clandestinas entre abril de 2025 y junio de 2026. El relevamiento expone el impacto económico, operativo y urbano del vandalismo sobre una red integrada por 48.978 artefactos, de los cuales 43.665 utilizan tecnología LED.

El municipio considera que el daño al mobiliario público representa uno de sus principales gastos. Además del alumbrado, los ataques alcanzan cestos de basura, plantas y flores, bancos, juegos infantiles, bebederos, paradas de colectivos, pantallas led, señalización vial y tótems solares destinados a cargar teléfonos, calentar agua o inflar bicicletas.

El subsecretario de Gestión Estratégica y Documentación, Humberto Ponce de León, afirmó que se trata de uno de los problemas más graves y complejos de resolver en la capital. El funcionario lo vinculó con la falta de educación ciudadana y con un bajo sentido de pertenencia respecto de los bienes públicos.

Entre los casos detectados mencionó el robo de cestos colocados recientemente en plazas nuevas o remodeladas. Según explicó, algunos fueron sustraídos para fabricar parrillas semejantes a las construidas con tambores metálicos de 200 litros.

Los datos sobre el alumbrado surgen de un estudio técnico elaborado por la Dirección de Gerencia de Datos, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Estratégica y Documentación.

El informe define el vandalismo de la infraestructura lumínica como un desafío logístico, económico y de seguridad. La destrucción de artefactos y el retiro de cables no solo dañan el patrimonio municipal, sino que dejan deliberadamente sectores sin iluminación y afectan la seguridad y la circulación vial.

La agresión directa contra las luminarias constituye la modalidad más frecuente. En el período analizado se contabilizaron 246 casos, equivalentes al 56,8% del total.

Esa categoría comprende la sustracción completa de artefactos, la rotura de lámparas mediante impactos y el robo de los controladores electrónicos o drivers.

El segundo grupo corresponde al cableado, con 57 intervenciones, un 13,2%. Allí se incluyen el robo y corte de conductores de cobre instalados en líneas aéreas o redes subterráneas.

Aunque estos episodios son menos numerosos, generan costos elevados porque obligan a las cuadrillas a reponer extensos tramos de cables para restablecer los circuitos troncales.

Los daños en columnas sumaron 50 casos y representaron el 11,5%. Una de las prácticas detectadas consiste en forzar las ventanas de inspección para retirar las borneras y otros componentes internos.

También se registraron 45 apagones generales, equivalentes al 10,4%, que dejaron sin servicio cuadras completas o sectores conectados a una misma línea principal.

El relevamiento incluyó 11 afectaciones mixtas de alta complejidad y casos de eliminación de múltiples conexiones clandestinas, que representaron el 2,5% del total.

Los sabotajes contra cajas, gabinetes, buzones de control y llaves térmicas de encendido sumaron nueve episodios, un 2,1%. La misma cantidad correspondió a daños estructurales sobre postes de madera, pescantes y otros soportes complementarios.

En plazas se documentaron dos intervenciones específicas, equivalentes al 0,5%, por destrucción de farolas bajas, globos y cableado interno.

La sustracción de tapas de borneras alcanzó tres casos, un 0,7%. El municipio advirtió que estas acciones dejan componentes eléctricos expuestos y generan riesgos para quienes circulan por el lugar.

Un episodio, equivalente al 0,2% del universo auditado, produjo una destrucción estructural de tal magnitud que debió ser clasificada como una obra nueva.

El documento señala que algunos componentes son robados poco después de su reposición. En el barrio 130 Viviendas, las líneas de acometida fueron sustraídas apenas tres semanas después de haber sido reparadas.

En la plaza Ciudadela fueron dañadas dos columnas y los cables subterráneos quedaron cortados al ras, lo que dificultó su recuperación y obligó a intervenir el circuito completo.

En la plaza del barrio Roselló se destruyeron 10 columnas bajas equipadas con farolas globo y fueron robados cuatro reflectores de 200 vatios instalados en las torres generales.

Según el municipio, los ataques contra espacios verdes suelen inutilizar sistemas subterráneos completos y demandan trabajos que exceden las tareas habituales de mantenimiento.

El informe también alerta sobre la existencia de un mercado informal de lámparas led y sobre la manipulación de tableros o buzones destinada a ocultar conexiones clandestinas y fraudes en el consumo de energía.

Uno de esos casos fue descubierto en la esquina de la avenida Alem y Bolívar. Allí se desmanteló una conexión ilegal de gran escala que había sido montada precariamente por vendedores ambulantes sobre un buzón perteneciente al sistema de semáforos.

Para la Municipalidad, la reposición permanente de elementos destruidos desvía fondos y recursos humanos que podrían destinarse a ampliar o mejorar los servicios urbanos.