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La Corte Supde Justicia de la Nación confirmó la condena contra el Mellizo Orellana por abuso sexual

El actual legislador quedó inhabilitado de por vida a ejercer cargos públicos y deberá dejar su cargo.

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La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a tres años de prisión en suspenso para el ex diputado José Fernando Orellana, hoy legislador provincial, por el abuso sexual simple contra una secretaria. Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron el recurso de queja de la defensa del ex legislador porque la presentación no cumplía con los requisitos formales.

El legislador Orellana integra hoy el bloque oficialista en la Legislatura, y deberá dejar su cargo al ser confirmada la condena y la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos.

Según la investigación, el 11 de noviembre de 2016 en uno de los Anexos de la Cámara de Diputados de la Nación, la víctima -que se desempeñaba como secretaria de una legisladora- ingresó al despacho del por entonces diputado para informarle que había gente en la planta baja que quería verlo. En ese momento, Orellana la abordó y comenzó a decirle: ‘vos necesitaba alguien que te quiera’, ‘me encantas desde que te vi’. La tomó de la mano, le pidió su teléfono y se levantó de su silla. La sujetó y comenzar a darle besos en el interior de su oreja izquierda, mientras le manifestaba: “seguramente nadie te besó así, ¿no?”

Según el informe oficial, Orellana fue denunciado por el episodio. En abril de 2018, el Juzgado en lo Criminal y Correccional N°6 le había decretado la falta de mérito en la causa y la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional había confirmado esa decisión a la espera de profundizar la investigación. Meses después, se dictó el sobreseimiento. Contra esa decisión, la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Nº47 y la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) presentaron una apelación. Finalmente, el ex legislador fue procesado por abuso sexual simple y en esa condición llegó a juicio oral.

El fiscal Sandro Abraldes acusó al ex diputado: valoró el testimonio de la víctima como “veraz, verosímil y persistente en el tiempo”. Mencionó también las filmaciones aportadas en el expediente que corroboran lo que dijo la denunciante con respecto a su llegada y salida del despacho, así como también presentó un informe de la Dirección de Orientación, Acompañamiento y Protección a las víctimas (DOVIC) donde se describió el estado psicofísico de la joven. “Orellana se valió de la posición de superioridad jerárquica, de la investidura de Diputado Nacional para intimidar a la víctima y de ese modo concretar el acto sexual”, aseguró Abraldes en ese momento.

En tanto, la querella reclamó cuatro años de prisión. En sus últimas palabras antes del veredicto, Orellana volvió a negar la acusación e insistió con que se trató de un invento para perjudicarlo en su carrera política.

En 2022, el juez Federico Salvá, integrante del Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 29, condenó a tres años de prisión al exdiputado y le fijó una inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. El magistrado ordenó también la prohibición de acercamiento y de contacto con la víctima y dispuso que, una vez que la sentencia quede firme, se obtenga y extraiga el perfil genético de Orellana para que sea remitido al Banco de Datos Genéticos, de acuerdo a la Ley N°26.879, que creó el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos contra la Integridad Sexual.

“Creo que no es justo, pero esto no me va a quebrantar. Si yo hubiera sido mala persona hubiera habido una lluvia de denuncias. Tomé el fallo con mucha tranquilidad», dijo Orellana a la prensa. En ese momento era intendente de Famaillá, cargo al que había llegado luego de dejar la Cámara de Diputados en 2019. Tras la sentencia anunció su postulación para la legislatura provincial, puesto que ocupa actualmente. La intendencia quedó en manos de su hermano mellizo Enrique.

En 2024, la Cámara Nacional de Casación Penal confirmó la condena. El fallo destacó que, si bien el caso presentó algunas particularidades, producto del lugar en que aconteció el hecho probado y del cargo público que ostentaba a ese momento el acusado, estas no fueron obstáculo en la tarea de comprobar la efectiva materialidad de la imputación y la participación del acusado. Se sostuvo también que en este tipo de casos es habitual que el único testimonio directo disponible sea el de la propia víctima, pero la concordancia entre sí de los relatos recibidos por personas ajenas a las partes involucradas e instantes después de ocurrido el hecho constituyeron una relevante prueba de cargo que incidió en la demostración de la acusación.

La defensa buscó la revisión de la sentencia en la Corte Suprema de Justicia, cuestionando la decisión y la valoración de la prueba. El recurso no cumplía las pautas previstas en el reglamento aprobado por la acordada 7/2004 y por lo tanto la Corte Suprema desestimó la presentación y dejó firme el fallo.

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Fuerte cruce entre «El Militar» Sosa y sus defensores antes de la audiencia

Sosa y sus abogados defensores, Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, protagonizaron una fuerte discusión.

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La novena audiencia del juicio oral por el femicidio de Érika Antonella Álvarez arrancó con un episodio de alta tensión. Antes de que comenzara formalmente el debate, el imputado Felipe «El Militar» Sosa y sus abogados defensores, Marcelo Cosiansi y Rubén Flores, protagonizaron una fuerte discusión dentro de una de las oficinas de la sala de juicio.

Según pudo observarse, la situación generó sorpresa entre las partes que aguardaban el inicio de la jornada, quienes quedaron sorprendidos por el elevado tono de voz que utilizaron durante el altercado.

Si bien los motivos del cruce no trascendieron oficialmente, se presume que la discusión estuvo vinculada a la tarea y la estrategia que están llevando adelante los propios defensores del acusado.

A pesar del tenso momento, el juicio continuó con normalidad y se reinició sin mayores contratiempos, según publica La Gaceta. Sin embargo, el clima entre el acusado y sus representantes legales quedó marcado por el incidente: durante el resto de la audiencia, Sosa y sus abogados no se dirigieron la palabra en ningún momento.

Además, se pudo notar un mayor celo por parte de los custodios, que se mantuvieron a escasos centímetros del imputado durante todo el desarrollo de la jornada.

«El Militar» es un exintegrante del Ejército Argentino y de la Legión Extranjera francesa, un cuerpo militar reconocido por su exigente formación. Es considerado un hombre de temer en ciertos círculos.

Desde que fue detenido en Buenos Aires, se encuentra alojado en el penal de Benjamín Paz. Su defensa viene denunciando desde hace meses que permanece prácticamente aislado y que solo puede salir de su celda tres veces al día.

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Preocupación por la proliferación de hechos de vandalismo contra alumbrado público y el robo de cables

Solo entre agosto y octubre de 2026, se registraron más de 100 actos delictivos relacionados a la destrucción de instalaciones eléctricas y sustracción de diferentes elementos que generaron un perjuicio de $ 50 millones a la administración municipal. D

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La Municipalidad de San Miguel de Tucumán, desde su Dirección de Alumbrado y Semáforos, acusó una creciente espiral de hechos de vandalismo contra la red de alumbrado público y el robo de cables. Estos hechos, además de ser un delito, afectan a miles de vecinos.

Solo entre agosto y octubre de este año, fueron registrados más de 100 hechos delictivos relacionados a la destrucción de instalaciones eléctricas y sustracción de elementos, con un perjuicio económico contra la administración pública calculado en $ 50 millones.

Esto se desprende de un informe encargado por la Municipalidad de San Miguel de Tucumán a Lesko, empresa a cargo del servicio de mantenimiento del alumbrado público y semaforización en la capital. En el mismo se detallan la magnitud de los daños ocasionados, el material afectado, el impacto sobre el patrimonio municipal y el costo que insume la reparación y puesta en funcionamiento del sistema atacado

Todo esto fue ratificado por el director de Alumbrado y Semáforos del Municipio, Sergio Gao, quien detalló que se produjeron robos de cables, tableros y otros elementos correspondientes al alumbrado público, los cuales afectaron a diferentes zonas de la ciudad capital.

Los hechos de vandalismo fueron registrados durante los recorridos de control que realiza el personal de las cuadrillas de mantenimiento y, en algunos casos, fueron detectados a tiempo por personal del Centro de Operaciones y Monitoreo Municipal (COMM) con apoyo de la Patrulla de Prevención Ciudadana (PPC).

Informe y denuncia policial

Frente a la preocupación por los actos de vandalismo sobre el sistema de alumbrado público que afectan gravemente la prestación del servicio a los vecinos, desde el Municipio se cursó una denuncia en sede policial para lograr identificar a los autores de una serie de delitos contra estos bienes públicos.

Tras una recorrida por Barrio Sur, una de las zonas afectadas por los robos, Sergio Gao señaló con preocupación que los actos de vandalismo se han incrementado notablemente en los últimos meses, afectando de manera severa el servicio eléctrico en sectores completos de la ciudad.

Para combatir esta problemática, desde la municipalidad instan a la ciudadanía a reportar actividades sospechosas de forma inmediata a través del sitio web o mediante un llamado al número de 24 horas los 365 días del año, 381 22 4432. Allí, explicó el funcionario, un centro de reclamo recibirá la denuncia y derivará el caso a una guardia de la base operativa, disponible de manera ininterrumpida durante todo el año.

“En nuestros cálculos vamos reponiendo casi 2000 m de cable y esto es una inversión muy importante para la municipalidad, porque no es solo el precio del cable, sino que hay que poner la mano de obra y equipo para reinstalarlo y restablecer el servicio. Calculamos que la inversión para estas reparaciones es de $ 50 millones de pesos aproximadamente”, aseguró.

“Reponer los miles de metros de conductores sustraídos representa un desafío económico considerable para el gobierno local, ya que implica destinar cuantiosos recursos financieros tanto a la adquisición de materiales como al despliegue de personal y maquinaria especializada. La pérdida constante de infraestructura no solo deja a oscuras a vecindarios completos, sino que también desvía fondos públicos esenciales que podrían utilizarse para continuar mejorando el bienestar de la comunidad”.

De acuerdo a la denuncia del funcionario municipal, el relevamiento técnico, cuantitativo y descriptivo elaborado por la empresa Lesko da cuenta de una serie de hechos de vandalismo que se encuadran en los delitos de Hurto, Robo Calificado y Daño Agravado a Bienes de Dominio Público.

En el detalle del informe, que abarca el período entre agosto y octubre, el jefe de Mantenimiento de Alumbrado Público identificó las siguientes modalidades delictivas:

  • Sustracción de cables de cobre y aluminio.
  • Sustracción y destrucción de artefactos de iluminación (luminarias viales LED, farolas de plazas y paseos y proyectores en predios deportivos).
  • Sabotaje a puestos de encendido y tableros: apertura violenta de tapas de registro de pie de columna, corte de borneras, destrucción de térmicas y manipulación de llaves para dejar zonas a oscuras.
  • Daño estructural a infraestructura: derribo, fractura y aplastamiento de postes de madera y columnas metálicas para sustracción de cobre.

Impacto patrimonial

En total, se registraron 105 eventos delictivos en distintos puntos de la ciudad capital, afectando de manera crítica la seguridad pública y el patrimonio municipal.

De ese total de ilícitos denunciados, 91 casos fueron normalizados con la intervención de la empresa Lesko, que se encargó de las reparaciones de emergencia y restitución del servicio. Otros tres casos se encuentran en estado de intervenciones programadas, es decir, cursando el proceso de reposición de cableado e insumos sustraídos.

Por otro lado, 11 hechos denunciados corresponden a obras mayores por daños severos, donde la infraestructura sufrió destrucción total o robo masivo.

De acuerdo con estimaciones de la dirección, el monto total que representan las reparaciones sobre el patrimonio vandalizado asciende a los $ 50 millones. Dicho gasto sólo comprende los meses de agosto, septiembre y octubre.

Materiales sustraídos

  • 2.577 m de cable aéreo
  • 1.204 m de cable de acometida
  • 189 m de cable subterráneo
  • 108 unidades de luminarias y farolas LED
  • 32 unidades de luminarias convencionales
  • 9 unidades de soportes estructurales
  • 18 unidades de brazos pescantes
  • 41 unidades de tapas de registro y borneras
  • 282 unidades de herrajes y conectores

Concentración geográfica de los hechos denunciados

  • Urbanización Este: 29 casos en total (25 resultados; 4 pendientes o en obra)
  • Urbanización Norte: 19 casos (18 resueltos; 1 pendiente)
  • Este: 15 casos (todos resueltos)
  • Norte: 14 casos (11 resultados; 3 pendientes o en obra)
  • Urbanización Oeste: 10 casos (8 resultados; 2 pendientes o en obra)
  • Oeste: 10 casos (6 resueltos; 4 pendientes o en obra)
  • Centro: 1 caso (resuelto)
  • Sin zona asignada: 7 casos (todos resueltos)

Zonas con mayor registro de daños

  • Complejo Muñoz (Juan B. Justo y Francisco de Aguirre): Vandalismo sobre el predio deportivo y plaza; robo de reflectores y cableado subterráneo.
  • Yamandú Rodríguez 27: Destrucción y daño severo sobre columnas; sustracción de cables y luminarias LED.
  • Francisco de Aguirre 855: Derribo de poste de alumbrado público; sustracción de cables y luminarias.
  • Pérez Palavecino e/ Gorriti y G. Helguera / Pérez Palavecino 100: Robo de cable piloto; sustracción de brazos y luminarias.
  • Magallanes e/ Pueyrredón y Constitución (Plaza) / Pasaje Magallanes: Robo de cables aéreos, farolas y brazos con luminarias LED.
  • Lucas Córdoba 1.251: Caída y robo de postes completos y sus respectivas luminarias; robo de cable preensamblado.
  • Beretta e/ L. Quinteros y A. Rougés: Sustracción de cable preensamblado, brazo pescante y luminarias LED.
  • Barrio Mutual Policial (Manzana 3, casa 39 – pasillos): Desmantelamiento total de infraestructura en pasaje sin salida; faltante completo de postes, columnas y tendido aéreo.

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Por el envenamiento masivo de perros allanaron una vivienda en El Cadillal

Efectivos de Delitos Rurales y Ambientales irrumpieron en un domicilio del barrio Villa del Parque. Secuestraron insecticidas, fertilizantes, un rifle de aire comprimido 5,5 y notificaron al sospechoso por orden de la Fiscalía de Delitos Complejos.

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La causa que investiga el trágico envenenamiento de al menos 19 perros en El Cadillal registró un avance decisivo en las últimas horas. Tras las denuncias presentadas por los vecinos de la villa turística, efectivos de la Dirección General de Delitos Rurales y Ambientales de la Policía de Tucumán ejecutaron una medida de allanamiento en una vivienda ubicada en el barrio Villa del Parque, dispuesta por las autoridades judiciales intervinientes.

Químicos, pesticidas y un arma secuestrada

Durante la irrupción en el domicilio, los uniformados procedieron al secuestro de un rifle de aire comprimido calibre 5,5, balines, una importante cantidad de fertilizantes e insecticidas de distintas marcas, así como diversos productos químicos y elementos de alto interés para la causa. La medida policial incluyó la apertura forzada de los accesos y la inspección minuciosa de cada uno de los ambientes de la propiedad.

Posteriormente, la Fiscalía de Delitos Complejos dispuso la incautación de todo el material encontrado y ordenó notificar formalmente a una persona vinculada al inmueble sobre la apertura de la investigación. Cabe recordar que el caso se precipitó luego de que filmaciones de cámaras de seguridad privada mostraran el paso reiterado de una camioneta desde la cual se arrojó cebo contaminado, desencadenando la muerte de mascotas familiares y caninos comunitarios en la zona.

 

 

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