Exfuncionarios de la gestión bonaerense de María Eugenia Vidal fueron denunciados este lunes ante la Justicia luego del hallazgo de videos en los que quedaron registradas reuniones del entonces ministro de Trabajo Marcelo Villegas, quien promovía el armado de causas contra dirigentes gremiales.

La denuncia penal fue radicada este lunes por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), que conduce Cristina Camaño, ante el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal de La Plata 3, a cargo de Ernesto Kreplak, se informó oficialmente.

«Dejaron en evidencia la existencia de una mesa judicial en Buenos Aires que buscaba ponerse de acuerdo para destruir el movimiento sindical», dijo Caamaño en diálogo con Télam, poco antes de realizar la presentación judicial.

La portavoz presidencial Gabriela Cerruti informó que el presidente Alberto Fernández había instruido a Caamaño para que se presentara ante la Justicia a fin de que se investigue la posible comisión de delitos.

«En un procedimiento de rutina de limpieza de discos rígidos, la AFI encontró grabaciones de una reunión del 2017 en el Banco Provincia en la que funcionarios bonaerenses pertenecientes al gobierno de Vidal acordaban el armado de causas contra gremialistas», reseñó Cerruti desde sus redes sociales.

Según detalló Caamaño, de esa reunión participó el entonces ministro de Trabajo bonaerense (Marcelo Villegas), el ministro de Infraestructura (Roberto Gigante) y el exsubsecretario de Justicia de la provincia (Adrián Grassi), además de un senador (Juan Pablo Allan), el intendente de La Plata (Julio Garro) y cinco empresarios de la construcción.

Estuvieron Marcelo Jaworski, director general de Copetro; Fabián Cusini, constructor y organizador inmobiliario, presidente de Agrineco; Fernando Sacrachi, director de ACIP; Guillermo Moretto, presidente del Colegio de Arquitectos de La Plata, tres personas que no pudieron ser identificadas y otras tres solo mencionadas con el nombre de pila.

«Hablan de una Gestapo para terminar con los gremios, eso dice el que era ministro de Trabajo, es como un médico que diga que quiere matar a los pacientes, o un maestro que no quiera enseñar a escribir o a leer, es todo lo que está mal lo que se habla en esa reunión», opinó la interventora.

En ese sentido, agregó: «La Justicia lo tiene que determinar pero aparentemente Vidal tiene responsabilidad en esto, ya que si sus ministros están haciendo semejante reunión es difícil que la gobernadora no lo sepa».

Para Cerruti, en tanto, «la sola mención de una ‘Gestapo para terminar con el sindicalismo’ recuerda las peores épocas de este país. El estado de derecho debe regir para todas y todos, más allá de su ideología o accionar. Es un debate que la sociedad argentina saldó cuando abrazó la democracia en 1983″, completó.

Tras señalar que «no resulta indiferente tampoco que los participantes (ministros, un intendente, empresarios y secretarios de Estado) hagan gala de tener ‘todo acordado’ con el Procurador General de la provincia, Julio Conte Grand, el juez y el fiscal», Cerruti planteo que también «deben investigarse las circunstancias en las que se produjo esa filmación para corroborar si era un modus operandi del anterior Gobierno realizar espionaje ilegal sobre las reuniones que se llevaban adelante en los edificios públicos».

Las filmaciones muestran a Villegas dando garantías a los empresarios presentes de la implementación de una estrategia coordinada con el Poder Judicial y avalada por «Nación y provincia» para impulsar una investigación y lograr el enjuiciamiento de dirigentes sindicales del sector de la construcción.

En los audios, se lo escucha al entonces ministro Villegas decir: «Creéme que, si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría».

También, de acuerdo con lo que se escucha en las filmaciones, el supuesto plan no estaba dirigido sólo a los sindicatos, sino también hacia los trabajadores públicos.

La información fue hallada por la AFI en videos grabados durante el encuentro en una sala del Banco Provincia de La Plata y forma parte de la denuncia presentada este lunes por la mañana por la interventora Caamaño ante la justicia federal de La Plata, para que el juez realice una investigación por presunta comisión de un grave delito de acción pública.

«Las leyes son las leyes, tengo que modificar la Ley 10.430, sacarles estabilidad a los empleados públicos de la provincia, cosa que por ahí dentro de 100 años un nieto mío lo vea», pregonó Villegas.

De acuerdo con la denuncia a la que tuvo acceso Télam, en otro de los extractos de las declaraciones Villegas afirma: «El esquema es el siguiente, nosotros necesitamos preconstituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial, esa causa judicial se impulsa desde el punto de vista de lo que es laboral o desde el punto de vista de más que laborales, de amenaza y estas palabrejas se impulsa con testimonios de unas diez personas que nosotros ya estamos trabajando sobre ellos».

«Las presentaciones que ustedes nos hagan a nosotros como instituciones, con eso se le da volumen a una instancia judicial a partir de la cual la fiscal, con todo el soporte de la procuración general, tiene que estar medidas para generar más volumen y después aprobar esas medidas. Hemos chequeado con la procuración, con la fiscalía, con el juez que eso va a funcionar», completaba su idea Villegas.

Tres meses después de esa reunión, el 27 de septiembre, el titular de la Uocra en La Plata, Juan Pablo «Pata» Medina, fue detenido y en esa ocasión las cámaras empresarias y la exgobernadora, María Eugenia Vidal, y el expresidente Mauricio Macri celebraron la situación.

«La amenaza no es el camino; hoy no hay lugar para el apriete; no vamos a convivir con eso, hay una Justicia que no está dispuesta a convivir con eso», dijo en ese entonces la gobernadora.