El acto cuenta con la participación de mandatarios de otras provincias y autoridades nacionales. El ex jefe de Gabinete dejó el Gobierno nacional después de un año y medio de gestión.
Juan Manzur reasumió este jueves como gobernador de Tucumán, luego de un año y medio de gestión frente a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, durante un acto celebrado en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán en el que fue acompañado por el vicegobernador y presidente de la Legislatura, Osvaldo Jaldo.
El acto fue encabezado por Manzur y Jaldo, que fueron acompañados en el escenario del centro cultural tucumano por el ministro del Interior de la Nación, Eduardo “Wado” de Pedro; los gobernadores Raúl Jalil (Catamarca), Gildo Insfran (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gerardo Zamora (Santiago del estero), vicegobernadora de La Rioja, Florencia López; los diputados nacionales Rossana Chahla y Julio Pereyra; y los vicepresidentes primero y segundo de la Legislatura, Sergio Mansilla y Regino Amado.
Para volver a ocupar su cargo, Manzur junto a Jaldo, firmaron un acta protocolar que previamente fue leída por la escribana de Gobierno, Olga Navarro.
En la ceremonia estuvo presente la esposa del gobernador Manzur, Sandra Mattar Sabio. También se encuentran la secretaria general de la Gobernación, Silvia Pérez y los ministros: Eugenio Seguro Gamboa (Seguridad), Lorena Málaga (Desarrollo Social), Eduardo Garvich (Economía), Luis Medina Ruiz (Salud), Miguel Acevedo (Interior), Carolina Vargas Aignasse (Gobierno y Justicia), Álvaro Simón Padrós (Desarrollo Productivo), Juan Pablo Lichtmajer (Educación), Fabián Soria (Obras y Servicios Públicos), el fiscal de Estado, Federico Nazur y el presidente del Ente Tucumán Turismo, Sebastián Giobellina.
Además se encontraban los legisladores nacionales: la senadora, Sandra Mendoza y los diputados, Agustín Fernández y Rossana Chahla.
Los intendentes Javier Noguera (Tafí Viejo), Alejandra Cejas (Graneros), Elia Fernández (Aguilares), Jorge Leal (h) (Burruyacu), Roberto Moreno (Trancas), Francisco Serra (Monteros), Marcelo Herrera (Simoca), Carlos Gallía (Lules), Sandra Figueroa (Alberdi), José Orellana (Famaillá), Aldo Salomón (Alderetes), Darío Monteros (Banda del Río Salí), Francisco Caliva (Tafi del Valle) y Carlos Najar (Las Talitas).
Además, estaban presentes el Jefe y Subjefe de Policía, Julio Fernández y Sergio Sobrecasas, junto a la Plana Mayor y secretarios y subsecretarios del ministerio de Seguridad; secretario de Gobierno, Luis Campos; subsecretario general de la Gobernación, Pedro Sandilli; interventora del IPV, Nora Belloni; el titular de la Unidad de Gestión de Asuntos Institucionales e Internacionales, Hugo Cabral; secretario de Deportes, José Banegas, jefe regional del Enhosa Norte Grande, Gerónimo Vargas Aignasse, secretario de Relaciones Internacionales, Mariano Fernández; el titular de la DAU, Alfredo Quinteros; secretario de Estado de Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil, Gastón Bourlé; interventor del IPSST, Fernando Avellaneda; secretario ejecutivo médico del Siprosa, Miguel Ferre Contreras; interventor del Ipacym, Regino Racedo; la subsecretaria de Representación y Coordinación Ejecutiva, Lorenna Cuba; secretario de Saneamiento y Mejoramiento de espacios públicos, Carlos Assan; subinterventor de la Caja Popular, Hugo Ledesma; secretario de la Unidad Ejecutora Regional, Franco Morelli; interventor del IPLA, Samuel Semrik.
Los legisladores Eduardo Bourle, Zacarías Khoder, Gabriel Yedlin, Marta Najar, Julio Silman, Jorge Leal, Paula Galván, Adriana Najar, Roberto Chustek, Cacho Gómez, Javier Morof, Sara Alperovich, Antonio Ruiz Olivares, Raúl Ferrazano, Enrique Betancourt, Maia Martínez, Leopoldo Rodríguez, Carlos Assan, Claudio Pérez, Graciela Gutierrez, Roque Tobías Álvarez, Tulio Caponio, Dante Loza, Yapura Astorga, Enrique Orellana y Armando Cortalezzi.
Los concejales Fernando Juri, José Luis Coronel, Sara Assan, Ernesto Nagle, David Mizrahi y Gonzalo Carrillo.
Continúa la compactación de vehículos que se encuentran en comisarías
“Lo importante es descontaminar y limpiar las comisarias sacando estos vehículos chatarras. Es una tarea que no tan solo beneficia a esta generación sino a las futuras”,resaltó la abogada Cecilia Robles, a cargo de la División Compactación del Ministerio de Seguridad
Este 5 de junio, en el Día Mundial del Medio Ambiente, el Ministerio de Seguridad reforzó su trabajo de compactación de vehículos en condición de chatarras que se encuentran en comisarías por secuestros judiciales, con el objetivo de generar un ambiente más sano y seguro para los empleados policiales y toda la sociedad.
“En el Día Mundial del Medio Ambiente desde el Ministerio de Seguridad renovamos el compromiso de seguir trabajando con los vehículos en condición de chatarras. Este trabajo lo venimos realizando desde hace varios años; lo importante es cuidar nuestro medio ambiente, cuidar nuestra ciudad para que sea un lugar limpio, seguro y mucho más sostenible. Lo importante es tomar una conciencia ambiental que genere acción; por ello transformamos el espacio que ocupan estos vehículos en lugares más sanos para la provincia”, resaltó la abogada Cecilia Robles, a cargo de la División Compactación del Ministerio de Seguridad, desde el predio de Lastenia, donde se compactaron nuevos vehículos.
“Más allá del procedimiento de la compactación, lo importante es descontaminar y limpiar las comisarias sacando estos vehículos chatarras. Es una tarea que no tan solo beneficia a esta generación sino a las futuras”, agregó.
Por su parte, el jefe del Departamento Judicial – D5, comisario general Javier Villafañe, destacó la importancia de este trabajo. “La Policía de Tucumán, a través del Departamento Judicial, viene hace tiempo trabajando y poniendo énfasis en la tarea de compactación. Hoy, en el Día del Medio Ambiente, queremos honrar esta fecha porque este trabajo es para el cuidado del ambiente y las generaciones futuras. Además, también es importante porque al limpiar las comisarías se genera un buen ambiente de trabajo para el personal policial”, remarcó.
Medio Ambiente intimó a un ingenio a cesar actividades contaminantes y remediar daños ambientales
Tras detectar una afectación en el Arroyo del Rey, equipos técnicos de la Subsecretaría identificaron un efluente industrial vinculado al Ingenio Bella Vista. El organismo ordenó el cese de las actividades observadas, dispuso medidas de remediación e inició actuaciones administrativas para determinar responsabilidades.
En el marco de las tareas de fiscalización y control ambiental que lleva adelante la Subsecretaría de Medio Ambiente, dependiente del Ministerio de Economía que conduce Daniel Abad, el 4 de junio se detectó la presencia de peces boqueando en el Arroyo del Rey. La situación motivó la inmediata intervención de los equipos técnicos del organismo.
A partir del hallazgo, personal de la Dirección de Fiscalización Ambiental, junto con equipos de la Subdirección de Monitoreo y Laboratorio Ambiental y de la Dirección de Recursos Hídricos, realizó un relevamiento integral del curso de agua afectado con el objetivo de determinar el origen de la afectación ambiental. Como resultado de las inspecciones efectuadas, se identificó un efluente industrial vinculado al Ingenio Bella Vista (Salta Refrescos S.A.) como posible fuente de la contaminación detectada.
Posteriormente, los equipos técnicos recorrieron el trayecto del efluente desde el establecimiento industrial hasta el punto de descarga final declarado por la empresa y efectuaron tomas de muestras en distintos sectores. Durante la inspección constataron la presencia de un efluente con características organolépticas anormales y malos olores, indicios de una afectación de la calidad del agua cuya magnitud será determinada mediante los análisis correspondientes.
Ante la gravedad de los hechos observados, autoridades del Ministerio de Economía y Producción, encabezadas por el secretario de Producción, Eduardo Castro; el subsecretario de Medio Ambiente, Facundo Moreno Majnach; y la directora de Fiscalización Ambiental, Alexia Fermoselle, junto con inspectores del organismo, se constituyeron en el establecimiento para realizar una inspección junto a representantes de la empresa.
Como medida preventiva urgente, se intimó al Ingenio Bella Vista al cese inmediato de las actividades vinculadas a la generación del efluente observado. Asimismo, se dispuso la remediación ambiental en un plazo de 48 horas, la limpieza de los cauces hídricos afectados y la adopción de todas las medidas necesarias para evitar la continuidad o el agravamiento del daño ambiental detectado.
Paralelamente, la Subsecretaría de Medio Ambiente inició las actuaciones administrativas correspondientes. De comprobarse infracciones a la normativa ambiental vigente, se aplicarán las sanciones previstas por la legislación, incluidas multas de importante valor económico y demás medidas legales que resulten procedentes.
La Subsecretaría de Medio Ambiente continuará realizando controles, monitoreos y evaluaciones técnicas para verificar el cumplimiento de las medidas ordenadas y reafirmó su compromiso con la protección de los recursos hídricos, la preservación del ambiente y el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.
Autorizaron la restauración de la ex Brigada de Investigaciones por $237 millones
El Tribunal de Cuentas (TC) aprobó la adjudicación de la obra denominada “Consolidación Estructural y Adecuación Interior – Ex Brigada de Investigaciones” a la firma “F & Asociados».
La ex Brigada de Investigaciones, edificio que se encuentra emplazado en Sarmiento y Muñecas, tendrá una importante obra de restauración y adecuación para funcionar como “Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos”.
El Tribunal de Cuentas (TC) aprobó la adjudicación de la obra denominada “Consolidación Estructural y Adecuación Interior – Ex Brigada de Investigaciones” a la firma “F & Asociados del Arq. Fabio Eduardo Alvarado”, por un monto total de $237 millones, en el marco de la Licitación Pública de Precios 01/2026.
El inmueble fue declarado “Espacio para la Memoria, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos” mediante la Ley 8.516, debido a que allí funcionó la ex Brigada de Investigaciones de la Policía de Tucumán, uno de los centros clandestinos de detención utilizados durante la última dictadura militar.
El proyecto prevé tareas de consolidación estructural y adecuación interior para preservar el edificio y permitir su utilización con fines institucionales, culturales y educativos vinculados a la memoria histórica y la promoción de los derechos humanos. / La Gaceta
