El gobernador Osvaldo Jaldo se unió a la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla, para celebrar la reapertura del emblemático edificio de la Asistencia Pública, ubicado en Chacabuco al 200.
Luego de años con las puertas cerradas, esta institución, con una trayectoria de 80 años desde su inauguración en 1944, fue sometida a una transformación, particularmente en su primer piso, donde se concentran las áreas de emergencias.
Con un compromiso firme con la calidad y la excelencia en la atención médica, la Asistencia Pública ofrecerá servicios de emergencia las 24 horas del día que van desde curaciones básicas hasta estudios avanzados por imágenes, laboratorio, ecografías y electrocardiogramas, entre otros.
De la inauguración participaron el vicegobernador Miguel Acevedo; los ministros Luis Medina Ruiz de Salud, Dario Monteros del Interior, Federico Masso de Desarrollo Social, Eugenio Agüero Gamboa de Seguridad, Daniel Abad de Economía, la fiscal de Estado Gilda Pedicone de Valls, los senadores Pablo Yedlin y Sandra Mendoza, el diputado Agustín Fernández y la diputada Gladys Medina, el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro Dávila; el intendente de Trancas Antonio Moreno y de Las Talitas Marta Najar, los legisladores Hugo Ledesma, Gerónimo Vargas Aignasse, Roque Argañaraz, Marcelo Herrera y Roberto Moreno.
«Al margen de las mejoras edilicias y de los servicios que se van a prestar en salud, esta reinauguración tiene que ver con cumplir la palabra empeñada. Mucha gente fue perdiendo confianza y no creyendo en la palabra de quienes tenemos la responsabilidad de gobernar», comenzó diciendo Jaldo y remarcó: «La Intendenta habló de 180 días para abrir las puertas de esta asistencia pública y hoy está cumpliendo su palabra».
En ese sentido, el Primer Mandatario celebró la decisión de Chahla en priorizar la obra de la Asistencia Pública en su planificación.
«Este servicio de salud que se va a brindar acá, viene a complementar lo que venimos haciendo en la provincia porque esto es salud pública para a los vecinos de San Miguel de Tucumán y de vecinos del interior».
El Gobernador subrayó que son momentos difíciles: «Vivimos en un mundo en guerra, una Argentina con serios problemas económicos y sociales y, sin embargo, en Tucumán estamos haciendo obras de esta envergadura y de este nivel».
«La Provincia y el Municipio estamos recibiendo muchos menos recursos que en gestiones anteriores porque se vienen haciendo recortes de la coparticipación. Sin embargo, esto no es producto de la varita mágica. Esto significa que se está administrando mucho mejor los recursos y el presupuesto del municipio de la Capital», sostuvo Jaldo.
A su turno Chahla celebró: «La Asistencia Pública está remodelada. Una ampliación y una puesta en valor de un lugar icónico y emblemático que quedó en la memoria colectiva de todos los vecinos”.
En ese sentido, la jefa municipal destacó que con esta inauguración se cumple con una promesa de campaña, al tiempo que remarcó que la Asistencia Pública atenderá las 24 horas de lunes a lunes todos los días del año: “Le prometí a toda esa gente que en 180 días íbamos a hacer una primera etapa de emergencia y de urgencias para que puedan ser asistidos».
«Tenemos dos entradas, por la calle Chacabuco y por la calle San Lorenzo. El paciente que viene en ambulancia va por la calle San Lorenzo, el paciente que viene de a pie viene por la calle Chacabuco, donde hay un triage, consultorios de enfermería, de cardiología y urgencias odontológicas”, informó Chahla.
Y añadió: “Esta primera etapa tiene que ver con esa emergencia que decimos nosotros de atención primaria de la salud pero que el ciudadano sienta que estamos, que los cuidamos y que le devolvemos no tan sólo a los vecinos este lugar, sino también a todos los trabajadores”.
“Había muchos trabajadores de 30 años de antigüedad que sentían como propia esta asistencia y hoy le devolvimos su casa”, analizó y adelantó que el sábado y domingo se realizará el aprestamiento con todo el equipamiento. «El lunes a las 7am vamos a abrir las puertas para todos los ciudadanos, como prometimos, en los 180 días de gestión”, dijo.
“Ahora seguimos con la segunda etapa para poder hacer un piso odontológico donde podamos hacer todo el tratamiento odontológico y las prótesis, y otro piso que tiene que ver con el cuidado de la mujer”, amplió.
“El 90% de todo el personal es gente que ha trabajado en la asistencia y gente que son trabajadores del municipio. Solo hemos tenido que poner 30 personas más que eran las necesarias para distintas especialidades”, contó.
“Las consultas son de emergencia y de urgencia. No podemos decir que vamos a atender un politrauma porque para eso una persona que está accidentada, que tiene un traumatismo encéfalo craneano no se puede atender acá, tiene que ir directamente a un hospital polivalente. Pero una persona que tuvo un desmayo en la calle, que tiene problemas de presión, que tiene diabetes, que se tiene que hacer una cura, que tiene que hacerse una inyección, que tiene que controlarse la presión o que tiene cualquier problema de salud, a cualquier edad, tenemos todos los especialistas para todas las edades”, explicó.
La recuperación del Canal Sur está frenada por falta de fondos y rescinden el contrato
Un 30% es lo que avanzó la obra hoy paralizada. Por el momento el gobierno provincial no tiene previsto retomar las tareas dentro del programa Argentina Hace II.
La paralización de obras financiadas por la Nación continúa impactando en Tucumán. Ahora, el proyecto de intervención urbana previsto para un tramo del Canal Sur, entre las avenidas Roca e Independencia, quedó oficialmente encaminado hacia su cancelación definitiva luego de que el Tribunal de Cuentas avalara los trámites para rescindir el contrato por falta de financiamiento federal.
La decisión quedó plasmada en el acuerdo N° 1.969 del Tribunal de Cuentas, emitido la semana pasada, que otorgó conformidad al proceso administrativo iniciado para dejar sin efecto la ejecución de una obra incluida originalmente en el programa nacional “Argentina Hace II”, impulsado durante la presidencia de Alberto Fernández con el objetivo de generar empleo y dinamizar las economías locales mediante inversiones en infraestructura.
Aunque el proyecto dependía de la Dirección Nacional de Gestión de Obras, mediante un convenio específico se había autorizado la participación del Ente de Infraestructura Comunitaria (EIC) de Tucumán, organismo que suscribió el contrato con la empresa Cedro Construcciones SRL para llevar adelante los trabajos.
Las tareas comenzaron en julio de 2021 y avanzaron durante los primeros meses. Sin embargo, con el paso del tiempo la ejecución perdió ritmo hasta quedar completamente detenida. Fuentes de la Casa de Gobierno indicaron que la interrupción estuvo directamente vinculada a la ausencia de recursos provenientes de la Nación.
La situación quedó formalizada el pasado 8 de mayo, cuando el Ente de Infraestructura Comunitaria emitió una resolución mediante la cual aprobó el acta de recepción definitiva parcial de la obra. En esa inspección se constató que la empresa había ejecutado solamente el 30% del proyecto previsto. El mismo instrumento administrativo dispuso además la rescisión del contrato correspondiente a la denominada “Intervención Urbana Canal Sur (avenida Independencia hasta avenida Roca)”.
El emprendimiento tenía originalmente un plazo de ejecución de seis meses, aunque posteriormente recibió diversas prórrogas. No obstante, incluso antes de la finalización de la gestión nacional anterior, los trabajos ya se encontraban paralizados.
Según estimaciones oficiales, el presupuesto inicial rondaba los $ 26 millones, aunque fuentes del Gobierno provincial calculan que, actualizada a valores actuales, la inversión necesaria para completar el proyecto podría acercarse a los $ 300 millones.
De acuerdo con la descripción oficial incluida en el Mapa de Inversiones en Obras Públicas de la Nación, la intervención buscaba transformar un sector urbano donde el Canal Sur funciona como límite entre dos áreas con características ambientales diferentes. El proyecto contemplaba tareas de limpieza y acondicionamiento del terreno, movimientos de suelo, colocación de césped, construcción de veredas perimetrales, instalación de alumbrado público con farolas, ejecución de puestos de medición y encendido eléctrico, señalización, cartelería y trabajos de parquización.
Además, se proyectaba incorporar equipamiento urbano destinado al uso comunitario, entre ellos una pista de salud, bancos, mesas y cestos de residuos para mejorar la gestión ambiental y el aprovechamiento del espacio público.
Por el momento, el Gobierno provincial no prevé asumir con recursos propios la continuidad de la obra. Desde la administración tucumana explicaron que las inversiones que actualmente se realizan en el Canal Sur, a través de la Dirección Provincial del Agua, están enfocadas exclusivamente en obras estructurales vinculadas a la reparación de la losa y de las paredes del conducto. En consecuencia, la intervención urbana quedará inconclusa por tiempo indeterminado.
La situación se suma a otros proyectos estratégicos que también permanecen paralizados por la falta de financiamiento nacional, pese al diálogo institucional que mantienen el gobernador Osvaldo Jaldo y la administración del presidente Javier Milei.
La preocupación por el futuro de estas obras llegó incluso al Congreso Nacional. Los diputados tucumanos del bloque Independencia, Gladys Medina, Elia Fernández y Javier Noguera, presentaron iniciativas reclamando la reactivación de distintos emprendimientos actualmente detenidos, entre ellos la obra del Acceso Sur a San Miguel de Tucumán, cuya contratista, Conorvial SA, negocia la rescisión contractual con la Dirección Nacional de Vialidad, y las plantas depuradoras de líquidos cloacales de Concepción y Aguilares.
Sin embargo, hasta el momento no existen novedades concretas respecto de la continuidad de esos proyectos. En la Casa de Gobierno admiten que la preocupación crece ante la posibilidad de que algunas de estas inversiones sean canceladas definitivamente, especialmente el Acceso Sur a la Capital, considerado uno de los corredores más importantes y transitados de la Ruta Nacional 9 en territorio tucumano.
A pesar del escenario de incertidumbre, el tema continúa formando parte de la agenda política. Según trascendió, la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación invitó al ministro de Obras Públicas de Tucumán, Marcelo Nazur, a participar de una reunión prevista para el próximo 9 de junio a las 11. La convocatoria, impulsada por legisladores alineados con el oficialismo provincial, permitirá al funcionario exponer el estado de las obras paralizadas en Tucumán y plantear la problemática generada por la interrupción de los fondos federales.
Mientras tanto, la remodelación del Canal Sur se incorpora a la creciente lista de proyectos inconclusos que quedaron atrapados entre la falta de financiamiento nacional y la imposibilidad de la Provincia de afrontar por sí sola inversiones de gran magnitud.
Hay dos distritos en Tucumán donde el índice de pobreza multidimensional extrema llega a 45,8% de los hogares. Se trata de Graneros y Burruyacú, dos departamentos del sur y el norte profundo de la provincia, respectivamente, que el informe elaborado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina para la Fundación La Nación coloca en el tope de la vulnerabilidad tucumana.
Ese número -45,8 sobre una escala de 100- no habla de cuánto dinero tiene una familia para comprar comida. Habla de la calidad constructiva del techo bajo el que duerme, del baño que no tiene, del agua que no llega, del chico que no va a la escuela, del jefe de hogar que no tiene trabajo.
El estudio, realizado en exclusiva para La Nación y basado en una combinación inédita de datos del Censo 2022 y la Encuesta de la Deuda Social Argentina de 2023, construye un índice de 11 variables para radiografiar la pobreza estructural en cada departamento del país. El resultado para Tucumán es contundente: con 505.542 hogares relevados y un índice provincial de 38,1, la provincia supera ampliamente al AMBA (29,9), a la región pampeana (30,0) y a la Patagonia (29,6). Solo el NOA en su conjunto, con 39,5, y el NEA, con 38,1, se ubican en un rango por encima del tucumano. En el norte, el mapa de la desigualdad tiñe sistemáticamente de naranja oscuro.
El índice calculado por el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA combina once indicadores censales vinculados a la vivienda, servicios básicos, educación, empleo y la vulnerabilidad asociada a la infancia. Se expresa en una escala de 0 a 100, donde a mayor número, mayor vulnerabilidad socioeconómica.
Detrás de Graneros y Burruyacú, empatados en 45,8, viene Trancas con 45,2, Simoca con 44,9 y La Cocha con 44,4. Cruz Alta, que con sus 61.872 hogares es el departamento más poblado del interior tucumano, marca 43,7. Famaillá llega a 43,0 y Leales a 42,4. Tafí del Valle, que en el imaginario colectivo aparece asociado al turismo y a las clases medias que escapan del calor capitalino, no escapa a la lógica regional: su índice es de 41,9 sobre 7.092 hogares, muchos de ellos comunidades de altura sin acceso a servicios básicos. Río Chico registra 41,6; Lules, 40,7; Chicligasta, 40,6; Alberdi, 40,9. Monteros cierra este bloque crítico con 39,8.
La ruptura se produce recién al llegar a Tafí Viejo, con 39,0 sobre 47.933 hogares, y se profundiza en los dos únicos departamentos que quedan por debajo del promedio nacional de 32: Capital, con 33,2 y la mayor base de hogares de toda la provincia -185.937-, y Yerba Buena, con 32,1 y 29.624 hogares. Son los dos departamentos del Gran San Miguel de Tucumán donde se concentra la clase media urbana, los servicios, la infraestructura consolidada. Su peso demográfico arrastra hacia abajo el promedio provincial, pero no alcanza para compensar la magnitud del problema en los trece departamentos que superan el 40.
La relevancia política de este tipo de medición es inseparable de su metodología. El gobierno nacional de Javier Milei exhibe con orgullo una baja en la pobreza medida por ingresos: del 41,7% al inicio de su gestión a un 28% actual, según datos del Indec. Pero ese índice solo contempla zonas urbanas y mide la capacidad de los hogares para cubrir la canasta básica con dinero en el bolsillo. No llega a los parajes rurales. No registra si un chico va o no a la escuela, ni si la casa en la que vive tiene techo firme, ni si el agua que toma tiene arsénico. Como señaló en el informe la especialista Ianina Tuñón, responsable del Barómetro de la Deuda Social de la UCA, «no ir a la escuela deja una marca en el desarrollo infantil que es más difícil de revertir». /Tendencia de Noticias
En nuestra provincia, bajo la consigna «Vivas, libres y desendeudas nos queremos«, las organizaciones feministas de Ni Una Menos Tucumán se movilizaron desde las 16 horas en Plaza Independencia donde se realizó una radio abierta para escuchar el testimonio de familiares de víctimas.
La convocatoria de la multisectorial de mujeres y disidencias no sólo se centró en el pedido de justicia, también se reclamó por políticas públicas y derechos en un contexto de desmantelamiento.
Cientos de miles de personas se movilizaron en todo el país bajo la consigna «Ni Una Menos«, transformando para siempre la manera de nombrar, comprender y enfrentar las violencias por motivos de género. Ese año el detonante fue el asesinato de la adolescente Chiara Páez.
A once años de aquella primera movilización, la consigna mantiene una vigencia dolorosa. Hace unos días, el país volvió a conmoverse ante el femicidio de Agostina Vega, una adolescente de 14 años en la provincia de Córdoba.
En esta oportunidad, la convocatoria quedó atravesada por el caso de Agostina, la cual se centra en el pedido de justicia.