Una mujer de 30 años cumplirá 14 días de prisión preventiva por haber sido sorprendida intentando robar desodorantes de un local mayorista ubicado en calle Lavalle al 3200. Este viernes, el Ministerio Fiscal a través de la Unidad Especializada de Robos y Hurtos III, que conduce Alejandra Navarro, la imputó por el delito de hurto en grado de tentativa.

El auxiliar de fiscal, Benjamín Zavalía, se refirió al hecho cometido el pasado miércoles 28 de octubre, a las 17:40 horas aproximadamente, cuando la acusada ingresó al supermercado. Ese día, se dirigió al sector de perfumería y, con el claro propósito de apoderarse de bienes ajenos, guardó entre sus prendas de vestir un pack embalado que contenía doce unidades de desodorantes en crema.

Tal maniobra fue advertida por el empleado del comercio quien dio aviso inmediato al vigilador de seguridad privada. A raíz de ello, solicitó la colaboración de una cajera e interceptaron a la sospechosa en el salón de ventas.

Al requerirle que exhibiera lo que llevaba consigo, la imputada extrajo de manera voluntaria de entre sus prendas el pack embalado, no logrando consumar el delito por causas ajenas a su voluntad. “No es una causante primaria y está reiterando conductas delictivas”, mencionó Zavalía al referirse a los riesgos procesales para peticionar la prisión preventiva por 14 días. Para concluir, la jueza actuante hizo lugar a lo solicitado y expresó, conforme a sus antecedentes, que la conducta desplegada “tiene un efecto que trasciende al elemento que pretendía sustraer en sí”.

El efectivo, Benjamín Eduardo Díaz (24), acusado por la muerte de su compañero, Nicolás Agustín Albaca Romano (23), estará con arresto domiciliario. Cabe aclarar que el miércoles 7 de octubre la Unidad Fiscal de Homicidios II, que dirige Carlos Sale, lo acusó provisoriamente y pidió la prisión preventiva por dos meses (siendo otorgada por el juez de grado hasta el 1 de diciembre).

La víctima, Nicolás Agustín Albaca Romano (23) también integrante de la fuerza de seguridad, recibió un impacto de bala en el pecho en la esquina de calle Charcas y pasaje Díaz Vélez. Luego de permanecer internado, falleció el miércoles 14 de octubre. Sobre la reformulación de cargos, Sale adelantó que restan medidas como ser los informes de autopsia; balísticos y de stubs (para conocer la trayectoria del disparo y la distancia); de UFED y bancarios (para determinar si hubo o no transferencias previo al desenlace) como así también el relevamiento de cámaras. «Hay medidas pendientes por lo que tenemos pensado realizar la próxima semana la reformulación de cargos donde se contemple el fallecimiento de la víctima”, dijo el Fiscal.

El hecho

El martes 6 de octubre del corriente año, a las 00:30 horas, el imputado Benjamín Eduardo Díaz, personal transitorio policial de la Dirección de Distritos Urbanos N° 1, se encontraba en el interior de la garita policial ubicada en calle Charcas y pasaje Díaz Vélez de San Miguel de Tucumán, en la parte cercana a la puerta, junto a los efectivos Nicolás Agustín Albaca Romano, Marcos Andrés Díaz y David Nazareno Santillán, quienes permanecían afuera de la misma.

En esas circunstancias, el acusado, utilizando su arma reglamentaria (una pistola calibre 9 mm marca FN Browning), efectuó un disparo que impactó en el hemitórax izquierdo de Albaca Romano, quien se encontraba en el sector derecho, fuera de la garita. A raíz del disparo, la víctima sufrió una herida de arma de fuego en el lado izquierdo del tórax, con orificio de entrada sin salida, debiendo ser trasladado en un móvil policial de urgencia al Hospital Centro de Salud Zenón Santillán, donde ingresó en grave estado. El desenlace fatal se produjo el miércoles 14 de octubre.

La Justicia de Salta condenó a prisión perpetua a dos hombres vinculados con la ciudad tucumana de Juan Bautista Alberdi y a un tercer acusado por el asesinato de dos ciudadanos bolivianos, ocurrido en mayo de 2024 en una zona rural del departamento Orán. La sentencia fue dictada este jueves 29 de octubre, luego de que un jurado popular declarara culpables a los tres imputados por un doble homicidio cometido mediante un ataque planificado.

Los condenados son Elvio Augusto Díaz, procurador y ex candidato a intendente de Juan Bautista Alberdi; Carlos Fernando Rodríguez, conocido como Kokoz, empleado municipal de esa localidad; y Roberto Enrique Larrán, residente de Orán.

La resolución se conoció después de más de dos horas de deliberación de los 12 integrantes del jurado, quienes consideraron acreditada la responsabilidad penal de los acusados en los asesinatos de Wilson Abdón Zutara y Ariel Fernando Ledesma Salinas.

El tribunal popular declaró culpables a Díaz y Larrán como coautores de homicidio calificado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y por el empleo de un arma de fuego.

En tanto, Rodríguez fue considerado partícipe primario del mismo delito, al establecerse su intervención esencial en la ejecución del plan criminal.

Una vez conocido el veredicto, el juez técnico Raúl Fernando López dirigió la audiencia destinada a determinar las penas y resolvió imponer prisión perpetua a los tres responsables, tal como había solicitado el Ministerio Público Fiscal.

El doble asesinato se produjo el 10 de mayo de 2024, en las inmediaciones de la ruta nacional 34, cerca del acceso a Colonia Santa Rosa, en el departamento Orán.

Las víctimas, ambas de nacionalidad boliviana, fueron encontradas sin vida en un sector rural después de haber sido atacadas con armas de fuego.

Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que los acusados habían organizado previamente una maniobra para interceptar a los dos hombres y asesinarlos aprovechando una situación de indefensión.

Según la reconstrucción presentada durante el debate, Díaz y Rodríguez habían viajado desde Tucumán hacia Orán el 9 de mayo de 2024, a bordo de un automóvil Toyota Corolla negro.

Una vez en territorio salteño, Díaz mantuvo contactos con Larrán y posteriormente se reunió con las víctimas en una confitería de la ciudad.

Para los investigadores, esos encuentros formaron parte de una secuencia de movimientos coordinados que culminó con el traslado de los ciudadanos bolivianos hacia el lugar donde fueron asesinados.

La acusación fue sostenida por los fiscales María Soledad Filtrín Cuezzo y Pablo Cabot, integrantes de la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, con la colaboración de Lorena Martínez.

Durante las audiencias, los representantes del Ministerio Público presentaron testimonios, registros de cámaras de seguridad y otros elementos incorporados a la investigación para respaldar la hipótesis de que los homicidios habían sido premeditados.

Las defensas, por su parte, rechazaron las acusaciones y cuestionaron la interpretación de las pruebas.

Díaz había asegurado que viajó a Orán para cobrar honorarios por gestiones profesionales vinculadas con familiares de una de las víctimas. Rodríguez también negó su participación en el ataque y sostuvo que su presencia en la provincia de Salta no demostraba responsabilidad en los asesinatos.

Los abogados defensores señalaron presuntas contradicciones en los horarios reconstruidos por la investigación y cuestionaron la ausencia de determinadas pruebas materiales que vincularan directamente a sus representados con los disparos.

Sin embargo, después de escuchar los argumentos de ambas partes y evaluar las pruebas incorporadas durante el debate, el jurado popular resolvió declarar culpables a los tres acusados.

El caso había generado especial repercusión en Juan Bautista Alberdi debido a la trayectoria pública de dos de los involucrados.

Díaz había participado en la actividad política local como candidato a intendente y también mantenía vínculos con instituciones deportivas y comunitarias de la ciudad.

Rodríguez, por su parte, se desempeñaba como empleado municipal y era conocido por sus relaciones con dirigentes del ámbito político de Alberdi.

Con el veredicto del jurado y la imposición de las penas, la Justicia salteña estableció la responsabilidad de los tres hombres en el doble homicidio que conmocionó a la región norte del país y tuvo fuertes repercusiones en Tucumán.

La sentencia de prisión perpetua constituye la máxima sanción prevista por la legislación penal argentina para los delitos por los que fueron condenados, sin perjuicio de las vías de impugnación que pudieran ejercer las defensas.