La Justicia de Salta condenó a prisión perpetua a dos hombres vinculados con la ciudad tucumana de Juan Bautista Alberdi y a un tercer acusado por el asesinato de dos ciudadanos bolivianos, ocurrido en mayo de 2024 en una zona rural del departamento Orán. La sentencia fue dictada este jueves 29 de octubre, luego de que un jurado popular declarara culpables a los tres imputados por un doble homicidio cometido mediante un ataque planificado.

Los condenados son Elvio Augusto Díaz, procurador y ex candidato a intendente de Juan Bautista Alberdi; Carlos Fernando Rodríguez, conocido como Kokoz, empleado municipal de esa localidad; y Roberto Enrique Larrán, residente de Orán.

La resolución se conoció después de más de dos horas de deliberación de los 12 integrantes del jurado, quienes consideraron acreditada la responsabilidad penal de los acusados en los asesinatos de Wilson Abdón Zutara y Ariel Fernando Ledesma Salinas.

El tribunal popular declaró culpables a Díaz y Larrán como coautores de homicidio calificado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y por el empleo de un arma de fuego.

En tanto, Rodríguez fue considerado partícipe primario del mismo delito, al establecerse su intervención esencial en la ejecución del plan criminal.

Una vez conocido el veredicto, el juez técnico Raúl Fernando López dirigió la audiencia destinada a determinar las penas y resolvió imponer prisión perpetua a los tres responsables, tal como había solicitado el Ministerio Público Fiscal.

El doble asesinato se produjo el 10 de mayo de 2024, en las inmediaciones de la ruta nacional 34, cerca del acceso a Colonia Santa Rosa, en el departamento Orán.

Las víctimas, ambas de nacionalidad boliviana, fueron encontradas sin vida en un sector rural después de haber sido atacadas con armas de fuego.

Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que los acusados habían organizado previamente una maniobra para interceptar a los dos hombres y asesinarlos aprovechando una situación de indefensión.

Según la reconstrucción presentada durante el debate, Díaz y Rodríguez habían viajado desde Tucumán hacia Orán el 9 de mayo de 2024, a bordo de un automóvil Toyota Corolla negro.

Una vez en territorio salteño, Díaz mantuvo contactos con Larrán y posteriormente se reunió con las víctimas en una confitería de la ciudad.

Para los investigadores, esos encuentros formaron parte de una secuencia de movimientos coordinados que culminó con el traslado de los ciudadanos bolivianos hacia el lugar donde fueron asesinados.

La acusación fue sostenida por los fiscales María Soledad Filtrín Cuezzo y Pablo Cabot, integrantes de la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, con la colaboración de Lorena Martínez.

Durante las audiencias, los representantes del Ministerio Público presentaron testimonios, registros de cámaras de seguridad y otros elementos incorporados a la investigación para respaldar la hipótesis de que los homicidios habían sido premeditados.

Las defensas, por su parte, rechazaron las acusaciones y cuestionaron la interpretación de las pruebas.

Díaz había asegurado que viajó a Orán para cobrar honorarios por gestiones profesionales vinculadas con familiares de una de las víctimas. Rodríguez también negó su participación en el ataque y sostuvo que su presencia en la provincia de Salta no demostraba responsabilidad en los asesinatos.

Los abogados defensores señalaron presuntas contradicciones en los horarios reconstruidos por la investigación y cuestionaron la ausencia de determinadas pruebas materiales que vincularan directamente a sus representados con los disparos.

Sin embargo, después de escuchar los argumentos de ambas partes y evaluar las pruebas incorporadas durante el debate, el jurado popular resolvió declarar culpables a los tres acusados.

El caso había generado especial repercusión en Juan Bautista Alberdi debido a la trayectoria pública de dos de los involucrados.

Díaz había participado en la actividad política local como candidato a intendente y también mantenía vínculos con instituciones deportivas y comunitarias de la ciudad.

Rodríguez, por su parte, se desempeñaba como empleado municipal y era conocido por sus relaciones con dirigentes del ámbito político de Alberdi.

Con el veredicto del jurado y la imposición de las penas, la Justicia salteña estableció la responsabilidad de los tres hombres en el doble homicidio que conmocionó a la región norte del país y tuvo fuertes repercusiones en Tucumán.

La sentencia de prisión perpetua constituye la máxima sanción prevista por la legislación penal argentina para los delitos por los que fueron condenados, sin perjuicio de las vías de impugnación que pudieran ejercer las defensas.

La cuarta audiencia del juicio oral y público por el asesinato de Érika Antonella Álvarez se desarrolló en medio de testimonios del entorno familiar de la víctima y situaciones de tensión que incluyeron denuncias de amedrentamientos y el retiro temporal de uno de los letrados defensores. El proceso judicial busca esclarecer lo sucedido a principios de año, con la acusación central dirigida hacia Felipe «El Militar» Sosa como presunto autor material del hecho y a Justina Gordillo por encubrimiento.

De acuerdo con la requisitoria de la Unidad Fiscal de Homicidios I, conducida por Pedro Gallo, el imputado habría atacado a golpes a la joven de 25 años entre las 3:50 y las 7:00 de la mañana del 7 de enero en una vivienda ubicada en la calle Santo Domingo al 1100, en la localidad de Yerba Buena. La fiscalía sostiene que las lesiones provocadas derivaron en la muerte de Álvarez, cuyo cuerpo fue encontrado un día después en un basural situado en la zona de Manantial Sur.

Los testimonios de las hermanas

Durante la jornada, el tribunal escuchó las declaraciones de dos hermanas de la víctima, quienes aportaron precisiones sobre la vida cotidiana de Érika, sus vínculos personales y las circunstancias previas a su desaparición. Una de las testigos relató el último encuentro que compartió con la joven en el ámbito familiar y describió el impacto de haber tenido que identificar los restos en la morgue, señalando la magnitud de los daños que obligaron a realizar el velatorio a cajón cerrado.

Asimismo, las declarantes hicieron referencia a los contactos que la joven mantenía con Sosa en Yerba Buena. Una de ellas manifestó que su hermana concurría al domicilio del acusado a través de convocatorias que recibía durante la madrugada y describió un ambiente vinculado a la realización de fiestas electrónicas y al consumo y comercialización de estupefacientes. En ese marco, afirmaron que los encuentros entre ambos se daban a cambio de sustancias.

Aclaraciones sobre el material fílmico

En el transcurso de las testimoniales surgió la mención de un video íntimo que, según lo expuesto por las hermanas, mostraba a la víctima junto a Sosa y a una tercera mujer, a quien señalaron como la coimputada Gordillo. Ante esta declaración, el propio Sosa solicitó intervenir ante el tribunal por segunda vez en el debate para desestimar dicha versión.

El acusado sostuvo que la grabación corresponde al año 2023 y afirmó que la persona filmada no es Gordillo, sino una expareja suya. En su comparecencia, manifestó estar a disposición para identificar a dicha mujer a fin de que sea citada como testigo si los jueces lo consideran necesario. En esa misma línea, el imputado aludió al temperamento de la víctima, a quien calificó como celosa, y aseveró que en una oportunidad previa ella había concurrido a su domicilio con signos de golpes en el rostro.

Tensión por presuntas intimidaciones

El debate también atravesó momentos de fuerte fricción procesal cuando el abogado defensor de Sosa, Marcelo Cosiansi, resolvió retirarse del recinto tras manifestar que su asistido estaba recibiendo amenazas destinadas a condicionar su testimonio hasta el cierre del juicio. A pesar de este planteo, el tribunal dispuso no suspender la actividad y continuar con el cronograma previsto.

Por su parte, los representantes legales de Justina Gordillo, María Florencia Abdala y Camilo Atim, notificaron a los magistrados sobre situaciones de hostigamiento detectadas en redes sociales dirigidas hacia su defendida y familiares de esta. Si bien los letrados descartaron haber sido blanco directo de amenazas, requirieron la adopción de medidas de resguardo preventivas. Hasta el momento no se establecieron vinculaciones oficiales entre ambos episodios ni se confirmó el origen de las presuntas intimidaciones.

De forma paralela, Sosa solicitó atención médica en la sala por sentirse indispuesto. No obstante, el personal de emergencias que lo examinó constató que sus signos vitales se encontraban dentro de los valores estándar, lo que permitió su permanencia en la audiencia. Con anterioridad, su defensa había señalado que el acusado experimenta un deterioro físico y anímico derivado de su régimen de detención, argumentando que pasa 23 horas diarias aislado en una celda.

Dos tucumanos y un hombre de Salta enfrentan un juicio por jurados por el doble homicidio de dos ciudadanos bolivianos cuyos cuerpos fueron encontrados en mayo de 2024 en una zona rural del norte salteño. Entre los acusados se encuentra Elvio Augusto Díaz, procurador y ex candidato a intendente de Juan Bautista Alberdi, junto con Carlos Fernando Rodríguez, conocido como “Kokoz”, quien trabajaba en la Municipalidad de esa ciudad.

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El tercer imputado es Roberto Enrique Larrán, residente de Orán. Los tres están acusados por los asesinatos de Wilson Abdón Zutara y Ariel Fernando Ledesma Salinas, cuyos cuerpos fueron hallados el 10 de mayo de 2024 a un costado del camino que conecta la ruta nacional 34 con la localidad de Urundel, cerca de Colonia Santa Rosa. El debate comenzó el martes 27 de octubre y se desarrolla bajo la modalidad de juicio por jurados, con la dirección del juez técnico Raúl Fernando López.

La hipótesis de la Fiscalía

Según la acusación, los tres hombres habrían coordinado sus movimientos para interceptar a las víctimas y asesinarlas. La reconstrucción fiscal sostiene que Díaz mantenía un vínculo previo con Zutara y que habría intervenido en el encuentro con ambos ciudadanos bolivianos antes del ataque.

Los investigadores sostienen que las víctimas fueron sorprendidas, reducidas y atacadas con armas de fuego. Uno de los hombres tenía las manos sujetas con precintos. Después del crimen, el vehículo en el que se desplazaban fue encontrado abandonado en la provincia de Jujuy. La Fiscalía acusa a los imputados como coautores de homicidio calificado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y por el uso de arma de fuego.

Durante las primeras audiencias, los tres imputados rechazaron los cargos. De acuerdo con la información publicada por medios salteños y tucumanos, Díaz sostuvo que había viajado a Orán por motivos laborales y negó haber participado en los homicidios. Rodríguez también cuestionó la reconstrucción de los hechos presentada por la Fiscalía.

Las defensas plantearon objeciones sobre los horarios, los registros de cámaras de seguridad y la falta de pruebas que, según sus argumentos, permitan establecer una participación directa de sus representados en el doble crimen. También cuestionaron aspectos de la investigación y solicitaron que los acusados sean declarados no culpables. Estos planteos deberán ser evaluados junto con las pruebas incorporadas durante el debate.

Las defensas cuestionaron la reconstrucción presentada por la Fiscalía y plantearon que no existen pruebas suficientes para vincular a sus representados con las ejecuciones.

Los abogados de Díaz, Mabel Castillo y Miguel Nicolás Fernández, afirmaron que el procurador había viajado a Orán por motivos laborales, concretamente para cobrar honorarios correspondientes a gestiones realizadas para familiares de una de las víctimas.

También destacaron que los estudios periciales no habrían identificado material genético de Díaz en las muestras tomadas de las manos y uñas de los fallecidos. Agregaron que no se encontró un arma de fuego en su poder ni se acreditó que hubiera efectuado disparos.

Por su parte, el defensor de Rodríguez, Cristian Morales Poma, puso el foco en los registros de cámaras de seguridad que, según su interpretación, ubicarían al Toyota Corolla en la zona de Pichanal y la ruta nacional 34 entre las 3.10 y las 3.15.

El abogado sostuvo que esos horarios resultarían incompatibles con la presencia de su defendido en el lugar donde se produjo el doble crimen. También cuestionó que no se hubieran profundizado otras líneas investigativas relacionadas con una motocicleta mencionada por testigos y con registros de antenas telefónicas.

La causa adquirió repercusión en Tucumán por los antecedentes y las relaciones políticas de algunos imputados.

Díaz había sido candidato a intendente de Juan Bautista Alberdi y mantenía vínculos con instituciones deportivas y actividades comunitarias, especialmente con el club La Querencia.

Rodríguez, en tanto, trabajaba en la Municipalidad de Alberdi y fue señalado como una persona cercana al exsecretario de Hacienda José Roldán, imputado en una investigación por presunto lavado de activos. Tras conocer que era buscado, Rodríguez se presentó ante la Policía.

Durante la investigación también surgieron referencias a posibles vínculos de algunos involucrados con actividades relacionadas con el narcotráfico. Díaz había sido investigado previamente por la Procuraduría de Narcocriminalidad en una causa por presunto transporte de drogas.

Además, se incorporaron escuchas telefónicas en las que, según la acusación, aparecían menciones a armas que podrían estar relacionadas con el ataque. Sin embargo, estas circunstancias no acreditan por sí mismas la responsabilidad de los imputados en los homicidios.

Las defensas insistieron en que los antecedentes, las relaciones personales y las sospechas sobre otras actividades no pueden reemplazar las pruebas necesarias para demostrar una participación directa en los asesinatos.

El juicio continuará con la declaración de testigos y la incorporación de pericias, registros telefónicos y grabaciones de cámaras de seguridad. El jurado deberá determinar si la Fiscalía consigue demostrar su acusación más allá de toda duda razonable o si las inconsistencias señaladas por las defensas impiden establecer la responsabilidad penal de los tres imputados.

Este jueves se esperan los alegatos finales

El miércoles se recibieron las declaraciones de los testigos convocados por las partes. Al finalizar esa etapa, el tribunal dispuso un cuarto intermedio hasta este jueves 29 de octubre, cuando están previstos los alegatos finales de la Fiscalía y las defensas, además de las eventuales réplicas.

Después de esa instancia, los acusados podrán pronunciar sus últimas palabras y el juez técnico impartirá al jurado las instrucciones necesarias para la deliberación. Los 12 integrantes titulares deberán resolver si los imputados son culpables o no culpables de los delitos que se les atribuyen.

La causa genera especial atención en Tucumán por la procedencia de dos de los acusados y los antecedentes públicos de Díaz, quien compitió por la intendencia de Alberdi. La decisión final estará en manos del jurado popular, que deberá analizar las pruebas y los argumentos de ambas partes antes de emitir su veredicto.