Un grave episodio de violencia de género ocurrido este viernes 30 de octubre en el paraje Los Mendoza, jurisdicción de Villa Chicligasta (departamento Simoca), es investigado –en principio– por el Ministerio Fiscal como un femicidio seguido de suicidio. La víctima fue identificada como Karen Daiana Díaz (19), mientras que el presunto autor fue señalado como Alberto del Jesús Vallejo (31), quien también fue encontrado sin vida en el domicilio.

La investigación está a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios del Centro Judicial Concepción, actualmente subrogada por el fiscal Carlos Sale. Tras tomar conocimiento del caso, el representante del MPF dispuso la intervención interdisciplinaria del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF), con el objetivo de abordar la escena y realizar las pericias correspondientes. El fiscal se hizo presente en el lugar junto al prosecretario Pablo Matar.

De acuerdo con las primeras averiguaciones y el relato brindado por la madre de la joven, alrededor de las 10:30 y las 11:00 de la mañana de este viernes, ambas se dirigieron a la vivienda de Vallejo para retirar las pertenencias de Díaz. Habían estado en pareja durante aproximadamente cuatro años y se encontraban separados desde hacía nueve días.

Según la reconstrucción preliminar, la joven ingresó al domicilio junto a Vallejo, mientras que su madre permaneció afuera. Al poco tiempo, la mujer comenzó a escuchar una discusión e intentó entrar a la vivienda, pero el hombre le habría pedido que no interviniera. Momentos después, la madre escuchó un fuerte grito y, al intentar ingresar nuevamente, advirtió que la puerta había sido trabada.

Ante esta situación, se dirigió a buscar a un familiar que se encontraba a unos cuatro kilómetros del lugar. Cuando regresaron, encontraron a hermanos del hombre que habían entrado por la fuerza al domicilio. En el interior hallaron a Vallejo sin vida, con un cuchillo incrustado en el pecho, y a la joven tendida en el suelo, con múltiples heridas que, en principio, estarían localizadas en las regiones del tórax y el abdomen.

Tras el hallazgo, se dio aviso a la Policía y tomó intervención el Ministerio Fiscal. La Fiscalía dispuso las medidas necesarias para avanzar con la investigación, establecer la mecánica del episodio y completar los estudios forenses correspondientes.

El efectivo, Benjamín Eduardo Díaz (24), acusado por la muerte de su compañero, Nicolás Agustín Albaca Romano (23), estará con arresto domiciliario. Cabe aclarar que el miércoles 7 de octubre la Unidad Fiscal de Homicidios II, que dirige Carlos Sale, lo acusó provisoriamente y pidió la prisión preventiva por dos meses (siendo otorgada por el juez de grado hasta el 1 de diciembre).

La víctima, Nicolás Agustín Albaca Romano (23) también integrante de la fuerza de seguridad, recibió un impacto de bala en el pecho en la esquina de calle Charcas y pasaje Díaz Vélez. Luego de permanecer internado, falleció el miércoles 14 de octubre. Sobre la reformulación de cargos, Sale adelantó que restan medidas como ser los informes de autopsia; balísticos y de stubs (para conocer la trayectoria del disparo y la distancia); de UFED y bancarios (para determinar si hubo o no transferencias previo al desenlace) como así también el relevamiento de cámaras. «Hay medidas pendientes por lo que tenemos pensado realizar la próxima semana la reformulación de cargos donde se contemple el fallecimiento de la víctima”, dijo el Fiscal.

El hecho

El martes 6 de octubre del corriente año, a las 00:30 horas, el imputado Benjamín Eduardo Díaz, personal transitorio policial de la Dirección de Distritos Urbanos N° 1, se encontraba en el interior de la garita policial ubicada en calle Charcas y pasaje Díaz Vélez de San Miguel de Tucumán, en la parte cercana a la puerta, junto a los efectivos Nicolás Agustín Albaca Romano, Marcos Andrés Díaz y David Nazareno Santillán, quienes permanecían afuera de la misma.

En esas circunstancias, el acusado, utilizando su arma reglamentaria (una pistola calibre 9 mm marca FN Browning), efectuó un disparo que impactó en el hemitórax izquierdo de Albaca Romano, quien se encontraba en el sector derecho, fuera de la garita. A raíz del disparo, la víctima sufrió una herida de arma de fuego en el lado izquierdo del tórax, con orificio de entrada sin salida, debiendo ser trasladado en un móvil policial de urgencia al Hospital Centro de Salud Zenón Santillán, donde ingresó en grave estado. El desenlace fatal se produjo el miércoles 14 de octubre.

La Justicia de Salta condenó a prisión perpetua a dos hombres vinculados con la ciudad tucumana de Juan Bautista Alberdi y a un tercer acusado por el asesinato de dos ciudadanos bolivianos, ocurrido en mayo de 2024 en una zona rural del departamento Orán. La sentencia fue dictada este jueves 29 de octubre, luego de que un jurado popular declarara culpables a los tres imputados por un doble homicidio cometido mediante un ataque planificado.

Los condenados son Elvio Augusto Díaz, procurador y ex candidato a intendente de Juan Bautista Alberdi; Carlos Fernando Rodríguez, conocido como Kokoz, empleado municipal de esa localidad; y Roberto Enrique Larrán, residente de Orán.

La resolución se conoció después de más de dos horas de deliberación de los 12 integrantes del jurado, quienes consideraron acreditada la responsabilidad penal de los acusados en los asesinatos de Wilson Abdón Zutara y Ariel Fernando Ledesma Salinas.

El tribunal popular declaró culpables a Díaz y Larrán como coautores de homicidio calificado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y por el empleo de un arma de fuego.

En tanto, Rodríguez fue considerado partícipe primario del mismo delito, al establecerse su intervención esencial en la ejecución del plan criminal.

Una vez conocido el veredicto, el juez técnico Raúl Fernando López dirigió la audiencia destinada a determinar las penas y resolvió imponer prisión perpetua a los tres responsables, tal como había solicitado el Ministerio Público Fiscal.

El doble asesinato se produjo el 10 de mayo de 2024, en las inmediaciones de la ruta nacional 34, cerca del acceso a Colonia Santa Rosa, en el departamento Orán.

Las víctimas, ambas de nacionalidad boliviana, fueron encontradas sin vida en un sector rural después de haber sido atacadas con armas de fuego.

Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que los acusados habían organizado previamente una maniobra para interceptar a los dos hombres y asesinarlos aprovechando una situación de indefensión.

Según la reconstrucción presentada durante el debate, Díaz y Rodríguez habían viajado desde Tucumán hacia Orán el 9 de mayo de 2024, a bordo de un automóvil Toyota Corolla negro.

Una vez en territorio salteño, Díaz mantuvo contactos con Larrán y posteriormente se reunió con las víctimas en una confitería de la ciudad.

Para los investigadores, esos encuentros formaron parte de una secuencia de movimientos coordinados que culminó con el traslado de los ciudadanos bolivianos hacia el lugar donde fueron asesinados.

La acusación fue sostenida por los fiscales María Soledad Filtrín Cuezzo y Pablo Cabot, integrantes de la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, con la colaboración de Lorena Martínez.

Durante las audiencias, los representantes del Ministerio Público presentaron testimonios, registros de cámaras de seguridad y otros elementos incorporados a la investigación para respaldar la hipótesis de que los homicidios habían sido premeditados.

Las defensas, por su parte, rechazaron las acusaciones y cuestionaron la interpretación de las pruebas.

Díaz había asegurado que viajó a Orán para cobrar honorarios por gestiones profesionales vinculadas con familiares de una de las víctimas. Rodríguez también negó su participación en el ataque y sostuvo que su presencia en la provincia de Salta no demostraba responsabilidad en los asesinatos.

Los abogados defensores señalaron presuntas contradicciones en los horarios reconstruidos por la investigación y cuestionaron la ausencia de determinadas pruebas materiales que vincularan directamente a sus representados con los disparos.

Sin embargo, después de escuchar los argumentos de ambas partes y evaluar las pruebas incorporadas durante el debate, el jurado popular resolvió declarar culpables a los tres acusados.

El caso había generado especial repercusión en Juan Bautista Alberdi debido a la trayectoria pública de dos de los involucrados.

Díaz había participado en la actividad política local como candidato a intendente y también mantenía vínculos con instituciones deportivas y comunitarias de la ciudad.

Rodríguez, por su parte, se desempeñaba como empleado municipal y era conocido por sus relaciones con dirigentes del ámbito político de Alberdi.

Con el veredicto del jurado y la imposición de las penas, la Justicia salteña estableció la responsabilidad de los tres hombres en el doble homicidio que conmocionó a la región norte del país y tuvo fuertes repercusiones en Tucumán.

La sentencia de prisión perpetua constituye la máxima sanción prevista por la legislación penal argentina para los delitos por los que fueron condenados, sin perjuicio de las vías de impugnación que pudieran ejercer las defensas.