La Justicia de Salta condenó a prisión perpetua a dos hombres vinculados con la ciudad tucumana de Juan Bautista Alberdi y a un tercer acusado por el asesinato de dos ciudadanos bolivianos, ocurrido en mayo de 2024 en una zona rural del departamento Orán. La sentencia fue dictada este jueves 29 de octubre, luego de que un jurado popular declarara culpables a los tres imputados por un doble homicidio cometido mediante un ataque planificado.

Los condenados son Elvio Augusto Díaz, procurador y ex candidato a intendente de Juan Bautista Alberdi; Carlos Fernando Rodríguez, conocido como Kokoz, empleado municipal de esa localidad; y Roberto Enrique Larrán, residente de Orán.

La resolución se conoció después de más de dos horas de deliberación de los 12 integrantes del jurado, quienes consideraron acreditada la responsabilidad penal de los acusados en los asesinatos de Wilson Abdón Zutara y Ariel Fernando Ledesma Salinas.

El tribunal popular declaró culpables a Díaz y Larrán como coautores de homicidio calificado por alevosía, por el concurso premeditado de dos o más personas y por el empleo de un arma de fuego.

En tanto, Rodríguez fue considerado partícipe primario del mismo delito, al establecerse su intervención esencial en la ejecución del plan criminal.

Una vez conocido el veredicto, el juez técnico Raúl Fernando López dirigió la audiencia destinada a determinar las penas y resolvió imponer prisión perpetua a los tres responsables, tal como había solicitado el Ministerio Público Fiscal.

El doble asesinato se produjo el 10 de mayo de 2024, en las inmediaciones de la ruta nacional 34, cerca del acceso a Colonia Santa Rosa, en el departamento Orán.

Las víctimas, ambas de nacionalidad boliviana, fueron encontradas sin vida en un sector rural después de haber sido atacadas con armas de fuego.

Durante el juicio, la Fiscalía sostuvo que los acusados habían organizado previamente una maniobra para interceptar a los dos hombres y asesinarlos aprovechando una situación de indefensión.

Según la reconstrucción presentada durante el debate, Díaz y Rodríguez habían viajado desde Tucumán hacia Orán el 9 de mayo de 2024, a bordo de un automóvil Toyota Corolla negro.

Una vez en territorio salteño, Díaz mantuvo contactos con Larrán y posteriormente se reunió con las víctimas en una confitería de la ciudad.

Para los investigadores, esos encuentros formaron parte de una secuencia de movimientos coordinados que culminó con el traslado de los ciudadanos bolivianos hacia el lugar donde fueron asesinados.

La acusación fue sostenida por los fiscales María Soledad Filtrín Cuezzo y Pablo Cabot, integrantes de la Unidad Fiscal de Litigio Estratégico contra el Crimen Organizado del Norte, con la colaboración de Lorena Martínez.

Durante las audiencias, los representantes del Ministerio Público presentaron testimonios, registros de cámaras de seguridad y otros elementos incorporados a la investigación para respaldar la hipótesis de que los homicidios habían sido premeditados.

Las defensas, por su parte, rechazaron las acusaciones y cuestionaron la interpretación de las pruebas.

Díaz había asegurado que viajó a Orán para cobrar honorarios por gestiones profesionales vinculadas con familiares de una de las víctimas. Rodríguez también negó su participación en el ataque y sostuvo que su presencia en la provincia de Salta no demostraba responsabilidad en los asesinatos.

Los abogados defensores señalaron presuntas contradicciones en los horarios reconstruidos por la investigación y cuestionaron la ausencia de determinadas pruebas materiales que vincularan directamente a sus representados con los disparos.

Sin embargo, después de escuchar los argumentos de ambas partes y evaluar las pruebas incorporadas durante el debate, el jurado popular resolvió declarar culpables a los tres acusados.

El caso había generado especial repercusión en Juan Bautista Alberdi debido a la trayectoria pública de dos de los involucrados.

Díaz había participado en la actividad política local como candidato a intendente y también mantenía vínculos con instituciones deportivas y comunitarias de la ciudad.

Rodríguez, por su parte, se desempeñaba como empleado municipal y era conocido por sus relaciones con dirigentes del ámbito político de Alberdi.

Con el veredicto del jurado y la imposición de las penas, la Justicia salteña estableció la responsabilidad de los tres hombres en el doble homicidio que conmocionó a la región norte del país y tuvo fuertes repercusiones en Tucumán.

La sentencia de prisión perpetua constituye la máxima sanción prevista por la legislación penal argentina para los delitos por los que fueron condenados, sin perjuicio de las vías de impugnación que pudieran ejercer las defensas.

La Unidad Fiscal de Homicidios I, a cargo de Pedro Gallo, interviene en la investigación del crimen de Sebastián Alfredo Fernández, de 33 años, quien falleció este jueves 29 de octubre luego de ser baleado durante la siesta en la zona sur de San Miguel de Tucumán, en jurisdicción de la Comisaría Seccional Octava.

De acuerdo con las primeras averiguaciones, el ataque ocurrió alrededor de las 14:00, cuando la víctima se encontraba sentada con un amigo en la vereda de su domicilio ubicado en la Manzana 2 del barrio ATE. En esas circunstancias, dos sujetos que circulaban en una motocicleta de 110cc. habrían pasado frente a la vivienda y, sin mediar palabras, uno de ellos —aparentemente el acompañante— comenzó a efectuar disparos.
Uno de los proyectiles impactó en el tórax de Fernández, quien fue trasladado de inmediato en un vehículo particular hasta la guardia de emergencias del Hospital Padilla. Pese a las maniobras de reanimación realizadas por el personal médico, a las 14:55 se confirmó su fallecimiento.
Tras tomar conocimiento del hecho, el fiscal Gallo dispuso la intervención de investigadores de su unidad, Ramón Soria y Germán Díaz, quienes supervisaron las medidas periciales en el lugar junto al Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF). En la escena se hallaron dos vainas calibre 22 y un proyectil, además de manchas pardo rojizas. Asimismo, desde la Fiscalía informaron que se está llevando a cabo un relevamiento de cámaras y de posibles testigos, y que este viernes se practicará la autopsia.
Las tareas están orientadas a establecer las circunstancias del ataque e identificar a los responsables, quienes se habrían dado a la fuga en la motocicleta con rumbo desconocido.

A poco más de 24 horas del hallazgo del cuerpo de Nancy Godoy, la docente rural de 52 años encontrada muerta en un viejo potrero del paraje “El Malezal”, en la provincia de Corrientes, la Justicia dio a conocer este jueves los resultados de la autopsia.

El estudio, realizado en el Instituto Médico Forense, determinó que sufrió una muerte extremadamente violenta, con múltiples heridas punzocortantes y cortantes en distintas partes del cuerpo, —entre ellas la cara, el cuello, el abdomen, los brazos y las piernas—, algunas de ellas provocadas cuando todavía estaba con vida.

La autopsia estableció que Nancy sufrió una muerte extremadamente violenta

El informe forense precisó que las heridas encontradas en uno de los antebrazos eran compatibles con maniobras de lucha o defensa. Por la cantidad y las características de las lesiones se infiere que podrían haberse utilizado varias armas, aunque todavía no se determinó cuántas ni de qué tipo.

Debido al avanzado estado de descomposición del cuerpo no se logró determinar si fue víctima de una agresión sexual, pero, aun así, “mediante modernos procedimientos” se buscarán establecer marcadores biológicos y material genético que pueda vincular a los autores, indicaron las mismas fuentes.

Tampoco se estableció con precisión la fecha de la muerte. Por ese motivo, el IMF solicitó la colaboración de especialistas de Córdoba para realizar estudios entomológicos, que podrían aportar mayor exactitud sobre el momento del fallecimiento. En paralelo, el Laboratorio de Medicina Genómica de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) colabora con los análisis genéticos pendientes.
Femicidio Nancy Godoy Corrientes

Los restos de la maestra fueron encontrados el miércoles, semisumergidos en un viejo potrero del paraje El Malezal, a unos 2,5 kilómetros de la Escuela Rural N° 626, donde se desempeñaba como directora suplente.

Como habían anticipado fuentes judiciales a Infobae, los resultados fueron comunicados primero a la familia de la víctima, citada para las 18.30 en la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas, ubicada en Belgrano al 100, en Esquina.

Cerca de ese horario se vio llegar a los tres hijos de Godoy —Sebastián, Adán y José—, junto a su nuera Alejandra, y el abogado Sergio Briend. Su marido, Martín, no asistió debido al profundo estado de conmoción en el que quedó tras el hallazgo del cuerpo.

Mientras los familiares ingresaban a la sede judicial, vecinos y allegados se congregaron en la puerta para acompañarlos y aguardar las conclusiones de la autopsia.

Ya dentro de la sala, los familiares participaron de una videoconferencia encabezada por el decano del IMF del Poder Judicial, José Luis Gálvez, y la fiscal María Andrea González. Durante el encuentro, el especialista les explicó los resultados preliminares de la autopsia y detalló las lesiones que presentaba el cuerpo de la docente, así como los estudios complementarios que todavía se encuentran en curso.

La docente fue vista por última vez el 7 de octubre. Ocho días después, sus hijos denunciaron la desaparición y comenzó una exhaustiva investigación que derivó en cinco detenciones.

Durante los operativos de búsqueda, los investigadores recorrieron extensas zonas rurales, bañados y sectores de vegetación densa. Finalmente, el miércoles 28 de octubre, un grupo de policías divisó el cuerpo en un viejo potrero al que todavía no habían llegado los rastrillajes.

A pocos metros encontraron un bolso azul con pertenencias de la docente, entre ellas su teléfono celular.

La causa está a cargo de los fiscales Javier Gustavo Mosquera y María Andrea González, de la Unidad Fiscal de Investigaciones Concretas de Esquina, quienes sostienen como principal hipótesis que la docente fue víctima de un femicidio.

En el expediente hay cinco personas detenidas. Ireneo Felipe Zarza, capataz de la estancia El Curupí, Felipe Dionisio Sandoval y Nahuel Rojas están imputados como coautores de femicidio.

Por su parte, Rosa Leguizamón, quien alojaba a Godoy durante sus jornadas de trabajo en la escuela rural, está acusada como coautora de homicidio simple. El quinto detenido es Ernesto Ezequiel Bordón, un peón rural imputado por falso testimonio.

Todos cumplen prisión preventiva.

El crimen de la maestra provocó una profunda conmoción en Esquina, donde el miércoles cientos de personas participaron de una marcha para exigir Justicia. Además, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó para este jueves 29 de octubre a un paro nacional, que movilizó a docentes de todo el país. /Infobae