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Economía

Importadores Mayoristas de Informática Argentinos comienzan a aumentar sus precios en Dólares

Además de tener que pagar los juegos de PC un 8% más (aunque previamente era del 30%) debido a las medidas implementadas por el nuevo gobierno el pasado 23 de diciembre como parte de la nueva Ley de Emergencia Económica, parece que tampoco hay un panorama favorable para los gamers argentinos que busquen actualizar o adquirir una nueva PC.

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De primera mano, nos llega información de que algunos distribuidores o mayoristas de informática argentinos, ya están cobrando su mercadería entre 5% y 10% más en dólares (dependiendo del proveedor, que ya son 3 confirmados), ya que temen por la reaplicación -en pocos meses- de las licencias no automáticas a ciertos productos informáticos, o inclusive nuevos aranceles que se habían eliminado durante el gobierno de Mauricio Macri. Dichos impuestos, como los de las notebooks y monitores, habían sido introducidos en el gobierno de Cristina Kirchner con el objetivo de proteger la «industria nacional».

Si bien el dólar tarjeta, dólar solidario, entre otros nombres, tiene un costo actual de $82, los mayoristas -hasta ahora- pueden hacer sus compras con el dólar oficial de $63. Por supuesto, nadie espera que dicha conversión dure mucho para el dólar importación, sin mencionar la consecuencia que pueda generar y acarrear la amplia brecha ambos dólares oficiales -y el no oficial, o blue. Por si acaso, muchos distribuidores ya están resguardándose ya sea, aumentando los precios de los productos informáticos en dólares, o subiendo algunos productos a un precio sumamente elevado para no venderlos. Ante la desesperación de algunos comercios minoristas, ciertos productos ya están agotados en algunos proveedores.

Pero como mencionamos previamente, la principal razón no es precisamente el tipo de cambio para el dólar importación, sino lo que muchos prevén como el inminente retorno de las licencias no automáticas, que implica una demora -de 30 o 60 días- en la aprobación de los pedidos (si es que son aprobados), ya sea de los mayoristas de informática como también de otros rubros. Para aquellos que no sepan, debajo podrán leer en detalle qué son las licencias automáticas y no automáticas.

«Las licencias de importación son uno de los procesos que hay que llevar a cabo para realizar la introducción de mercancía a un territorio aduanero argentino. Hay dos tipos de Licencias de importación: la primera es la licencia de importación no automática y la segunda es la automática.

Estas licencias no son requisitos administrativos únicos de Argentina. Ambas están contempladas por la OMC (Organización Mundial de Comercio). Todos los países miembros tienen que regirse por ellas.

¿Cuál es la diferencia entre la licencia de importación no automática y la automática?

La principal diferencia que existe entre las licencias automáticas (también denominadas por sus siglas L.A.P.I) y las no automáticas o L.N.A, son lapsos de espera y la documentación. Las primeras son aprobadas, para todos los casos, previa la importación y luego de su solicitud en concordancia con el reglamento que se encuentre vigente. Por su parte, la licencia no automática puede demorarse para su aprobación, por lo general, entre 30 a 60 días. Estos lapsos son variables y no depende del solicitante.

La L.N.A puede representar un retraso en el proceso de importación ya que en Argentina suele haber atrasos en los tiempos de aprobación. Este aspecto ha sido fuertemente criticado por los países miembros de la OMC y también por los empresarios, ya que afecta la economía de una manera perjudicial en algunos sectores.

¿Cómo funcionan las L.N.A?

Las licencias no automáticas en Argentina, funcionan como un tipo de restricción para el comercio. Esto es, principalmente, para evitar la importación de productos de algunos países. Para la aprobación de este tipo de licencias se toma en consideración si el solicitante ya las ha utilizado anteriormente y si ha hecho uso de ellas con integridad.»

Además de todo lo mencionado, el problema no radica solamente en la reintroducción de las licencias no automáticas a determinados productos o el tipo de cambio para el dólar importación, sino que el gobierno comience a poner trabas en la importación a ciertos mayoristas. Como suele suceder en este país, algunos distribuidores tienen una mejor relación con el gobierno actual, mientras que el de Macri tenía un mejor vínculo con otros.

Cuando a un mayorista no les aprueban la mercaderia o entra meses después (por ponerles trabas y/o demoras de por medio), entra con sobreprecio. Por ende, lo poco que tienen ahora para vender, lo suben de precio para cubrirse. Lamentablemente es así como funciona el mercado argentino en muchos rubros.

Con expectativas poco propicias para el rubro informático, se espera que los precios en el país sigan subiendo conforme pasen los meses, dependiendo de la aprobación del gobierno para que los mayoristas puedan seguir importando mercadería al mismo ritmo y, sobre todo, con el mismo volumen de cantidad al que nos hemos acostumbrado en estos últimos años.

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Economía

Familias endeudadas: seis de cada 10 inquilinos piden créditos o usan ahorros para pagar el alquiler

La presión del costo de la vivienda empuja a más hogares a financiar gastos corrientes con préstamos. El fenómeno se consolidó en 2024 y se mantiene en niveles críticos durante 2025.

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El panorama habitacional en Argentina alcanzó un punto de inflexión. Según el último informe de la Fundación Tejido Urbano, el 57,6% de los hogares inquilinos debió recurrir a estrategias financieras —como el endeudamiento o el uso de ahorros acumulados— para sostener sus gastos básicos en 2025.

 

 

Este dato marca un crecimiento alarmante frente al 46,2% registrado en 2022. Sin embargo, el cambio más profundo no es solo cuánto se gasta, sino cómo se paga: el uso de crédito bancario para cubrir el techo saltó del 10,6% al 18,1% en el mismo período.

 

 

De los ahorros a la «espiral de insolvencia»

Históricamente, el uso de ahorros (o desahorro) fue el primer dique de contención ante la crisis. Tras alcanzar un pico del 42% en 2024, esta práctica bajó levemente al 39,6% en 2025, pero no por una mejora económica, sino por el agotamiento de las reservas familiares.

 

 

Matías Araujo, investigador de Tejido Urbano, advierte sobre la peligrosidad de este viraje hacia el sistema bancario:

“Cuando el alquiler se financia con crédito, dejamos de hablar de un problema habitacional para hablar de una espiral de insolvencia. La deuda bancaria es rígida; para no caer en mora, las familias recortan en salud, educación o alimentación”.

 

 

El «auto desalojo»: Cuando el techo se vuelve insostenible

Desde las organizaciones de inquilinos, la lectura es contundente. Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, señala que el financiamiento con deuda es la antesala de la pérdida de la vivienda. Este proceso, que Katy Chiappa (Asociación Platense de Inquilinos) define como «auto desalojo», suele terminar con familias regresando a hogares de parientes o mudándose a asentamientos más precarios.

 

 

Actualmente, ingresar a un nuevo alquiler puede demandar hasta $2 millones, una cifra inalcanzable para sectores que ya destinan la mayor parte de su sueldo a la renta mensual.

 

Radiografía del ajuste: Ingresos vs. Alquiler

El desfasaje económico queda en evidencia al observar los números reales del mercado:

  • El margen de supervivencia: Un trabajador con ingresos de $900.000 que paga $400.000 de alquiler dispone de apenas $500.000 para el resto de sus necesidades.
  • Cerca de la indigencia: Con una canasta básica que ronda los $452.000, cualquier imprevisto o gasto de salud empuja automáticamente al hogar por debajo de la línea de pobreza.
  • Sectores afectados: El 82,5% de los inquilinos se concentran en los deciles de ingresos bajos y medios, demostrando que la crisis ya no es exclusiva de los sectores vulnerables.

El impacto crítico en AMBA y CABA

La presión habitacional se intensifica en los grandes centros urbanos. En la Ciudad de Buenos Aires, el 69,7% de los inquilinos utiliza estrategias financieras para llegar a fin de mes, mientras que en el AMBA la cifra alcanza el 63,2%.

Si se integrara el costo del alquiler a la medición oficial de pobreza en la Capital Federal, la suma de pobreza e indigencia saltaría del 8,9% al 16,6%, revelando una realidad social mucho más frágil de la que muestran las estadísticas tradicionales.

Hacia una solución estructural

El debate sobre cómo frenar esta inercia divide aguas. Mientras que desde la Fundación Tejido Urbano proponen soluciones integrales que incluyan financiamiento del suelo y transparencia de mercado, las federaciones de inquilinos insisten en medidas urgentes:

  1. Regulación de precios: Recuperar marcos normativos que limiten los aumentos discrecionales.
  2. Emergencia habitacional: Declarar la crisis formalmente para activar mecanismos de asistencia.
  3. Créditos hipotecarios reales: Generar alternativas de acceso a la propiedad que sean pagables para un salario medio.

Hoy, el alquiler ha dejado de ser un simple gasto mensual para convertirse en el eje que desorganiza la economía familiar, transformando el derecho a la vivienda en una carga financiera que hipoteca el futuro de las próximas generaciones.

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Economía

La Justicia decretó la quiebra de la láctea SanCor

El juez del concurso tomó esa medida después de que la solicitara la propia empresa.

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La Justicia declaró esta mañana la quiebra de la cooperativa láctea SanCor, tras la solicitud de la propia entidad la semana pasada al reconocer sus serias dificultades para resolver la situación en el marco del concurso de acreedores. La resolución fue dictada por el juez Marcelo Gelcich.

 

La cooperativa enfrenta una deuda aproximada de US$120 millones y admitió que no estaba en condiciones de afrontar ese pasivo ni de formular una propuesta de acuerdo con sus acreedores, lo que selló el fracaso del proceso de concurso preventivo iniciado en 2025. Ese reconocimiento, según el fallo, implica de manera directa la imposibilidad de continuar con el trámite preventivo.

El juez señaló que la situación encuadra en una “quiebra indirecta por frustración anticipada y expresamente reconocida del trámite preventivo”. En consecuencia, la declaración de quiebra habilita el procedimiento concursal propio de esa etapa, con las implicancias legales y administrativas correspondientes para la cooperativa, sus socios y acreedores.

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Economía

La pobreza en niños y adolescentes llegó al 53,6% en 2025

El informe de la UCA señala que el dato del año pasado “trae alivio, pero no debemos confundir una mejora coyuntural con solución de un problema estructural”.

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La pobreza en niños y adolescentes llegó al 53,6% en 2025, mientras que la indigencia al 10,7%. Si bien se observó una baja en los últimos dos años, las privaciones y las fuertes desigualdades sociales en las infancias persisten. Además, hubo una consolidación en la necesidad de asistencia.

Son datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), realizada por la UCA, la cual señaló que el dato del año pasado “trae alivio, pero no debemos confundir una mejora coyuntural con la solución de un problema estructural”.

En este sentido, la serie histórica de pobreza e indigencia muestra una tendencia ascendente, con picos en los momentos de crisis y descensos en los breves períodos de recuperación. El resultado neto es un aumento de la pobreza infantil en el largo plazo.

En 2010, la pobreza afectaba al 45,2% de los niños y adolescentes. En 2011-2012, disminuyó levemente (35,7% y 38,4%), pero a partir de allí inició un período de deterioro casi ininterrumpido, con picos en 2020-2021 (alrededor del 64-65%) y un máximo histórico en 2023 (62,9%).

El progreso en 2024 y 2025 resulta significativo, pero “el nivel sigue siendo muy superior al de 2010 y, por supuesto, al de los mejores años de la década pasada”, sostuvo la UCA.

En el caso de la indigencia, la trayectoria es similar, pero con oscilaciones más pronunciadas. Partió de 11,4% en 2010, bajó a 8% en 2011-2012 y luego registró un incremento sostenido que la llevó al 17,7% en 2024, el valor más alto de la serie. En 2025 descendió al 10,7%, lo que representa una caída relevante que la acerca a los registros de 2017-2018.

Inseguridad alimentaria

Por otra parte, el informe señaló que el 28,8% de los niños y adolescentes experimentó inseguridad alimentaria en 2025, con un 13,2% en su forma más severa. Si bien estos valores implican un avance respecto de 2024, no logran retornar a los niveles previos a 2017.

La problemática se concentra principalmente en los hogares de menores ingresos, con mayor incidencia en los estratos socioeconómicos bajos y en el Conurbano Bonaerense.

En este contexto, la asistencia alimentaria trepa al 64,8%, una marca récord. En perspectiva, lo que se observa es que a partir de 2020 se produjo un fuerte aumento, impulsado no solo por el acceso y la cobertura de comedores escolares y comunitarios, sino también por la incorporación de la Tarjeta Alimentar ese mismo año.

Por otra parte, el reporte detalla que la cobertura de transferencias monetarias, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), alcanzó al 42,5% de los niños, lo que conlleva una merma de 3,3 puntos porcentuales en relación a 2024.

La UCA precisó que esta y otras transferencias no contributivas llegan mayoritariamente a quienes más lo necesitan, aunque no a la totalidad; al mismo tiempo, dejan fuera a sectores que, pese a encontrarse en situación de pobreza, quedan excluidos del sistema.

Inanina Tuñón, investigadora del ODSA, planteó: “Estas políticas no fueron diseñadas para cubrir por completo los ingresos de los hogares, sino para equiparar el salario familiar de un trabajador formal con el de uno informal. Por eso, es clave mejorar las condiciones laborales de los adultos”.

La casa de estudios también presentó otros indicadores que dan cuenta de la crisis multidimensional que atraviesan los niños de entre 0 y 17 años.

Bajó la asistencia a los médicos

Entre ellos, se encuentra que el 19,8% dejó de asistir al médico, al odontólogo o a ambos por problemas económicos durante 2025. “La atención odontológica es la más postergada, lo que evidencia una deuda histórica de las políticas sanitarias con la salud bucal, a pesar de su impacto en la nutrición, la autoestima y la calidad de vida”, remarcó el informe.

Tuñón explicó que más allá de la falta de recursos, existe una problemática estructural en la oferta del sistema de salud.

En cuanto a las condiciones habitacionales, hay avances de largo plazo, pero persisten déficits estructurales: en 2025, el 18,1% de los niños y adolescentes residía en viviendas precarias y el 20,9% en situación de hacinamiento. A su vez, el acceso a servicios básicos continúa siendo una deuda importante: el 42% se encuentra en hogares sin saneamiento adecuado.

Por otra parte, el 37,5% de dicho rango etario enfrenta privaciones en vestimenta. Además del déficit material, se evidencian efectos emocionales por este motivo.

En este marco, Tuñón puso foco en la caída de la natalidad, que, más allá de la tendencia global, constituye otra señal de los efectos que la crisis social generó en las decisiones familiares.

En 1991, el 56% de los hogares tenía niños y adolescentes menores de 18 años; según el censo de 2022, ese valor se redujo al 44%. Esto refleja una baja sostenida de la fecundidad, que se ubicó en 1,4 hijos por mujer en 2022, inferior al umbral de reemplazo (2,1).

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