Son datos de la Encuesta de la Deuda Social Argentina (EDSA), realizada por la UCA, la cual señaló que el dato del año pasado “trae alivio, pero no debemos confundir una mejora coyuntural con la solución de un problema estructural”.

En este sentido, la serie histórica de pobreza e indigencia muestra una tendencia ascendente, con picos en los momentos de crisis y descensos en los breves períodos de recuperación. El resultado neto es un aumento de la pobreza infantil en el largo plazo.

En 2010, la pobreza afectaba al 45,2% de los niños y adolescentes. En 2011-2012, disminuyó levemente (35,7% y 38,4%), pero a partir de allí inició un período de deterioro casi ininterrumpido, con picos en 2020-2021 (alrededor del 64-65%) y un máximo histórico en 2023 (62,9%).

El progreso en 2024 y 2025 resulta significativo, pero “el nivel sigue siendo muy superior al de 2010 y, por supuesto, al de los mejores años de la década pasada”, sostuvo la UCA.

En el caso de la indigencia, la trayectoria es similar, pero con oscilaciones más pronunciadas. Partió de 11,4% en 2010, bajó a 8% en 2011-2012 y luego registró un incremento sostenido que la llevó al 17,7% en 2024, el valor más alto de la serie. En 2025 descendió al 10,7%, lo que representa una caída relevante que la acerca a los registros de 2017-2018.

Inseguridad alimentaria

Por otra parte, el informe señaló que el 28,8% de los niños y adolescentes experimentó inseguridad alimentaria en 2025, con un 13,2% en su forma más severa. Si bien estos valores implican un avance respecto de 2024, no logran retornar a los niveles previos a 2017.

La problemática se concentra principalmente en los hogares de menores ingresos, con mayor incidencia en los estratos socioeconómicos bajos y en el Conurbano Bonaerense.

En este contexto, la asistencia alimentaria trepa al 64,8%, una marca récord. En perspectiva, lo que se observa es que a partir de 2020 se produjo un fuerte aumento, impulsado no solo por el acceso y la cobertura de comedores escolares y comunitarios, sino también por la incorporación de la Tarjeta Alimentar ese mismo año.

Por otra parte, el reporte detalla que la cobertura de transferencias monetarias, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), alcanzó al 42,5% de los niños, lo que conlleva una merma de 3,3 puntos porcentuales en relación a 2024.

La UCA precisó que esta y otras transferencias no contributivas llegan mayoritariamente a quienes más lo necesitan, aunque no a la totalidad; al mismo tiempo, dejan fuera a sectores que, pese a encontrarse en situación de pobreza, quedan excluidos del sistema.

Inanina Tuñón, investigadora del ODSA, planteó: “Estas políticas no fueron diseñadas para cubrir por completo los ingresos de los hogares, sino para equiparar el salario familiar de un trabajador formal con el de uno informal. Por eso, es clave mejorar las condiciones laborales de los adultos”.

La casa de estudios también presentó otros indicadores que dan cuenta de la crisis multidimensional que atraviesan los niños de entre 0 y 17 años.

Bajó la asistencia a los médicos

Entre ellos, se encuentra que el 19,8% dejó de asistir al médico, al odontólogo o a ambos por problemas económicos durante 2025. “La atención odontológica es la más postergada, lo que evidencia una deuda histórica de las políticas sanitarias con la salud bucal, a pesar de su impacto en la nutrición, la autoestima y la calidad de vida”, remarcó el informe.

Tuñón explicó que más allá de la falta de recursos, existe una problemática estructural en la oferta del sistema de salud.

En cuanto a las condiciones habitacionales, hay avances de largo plazo, pero persisten déficits estructurales: en 2025, el 18,1% de los niños y adolescentes residía en viviendas precarias y el 20,9% en situación de hacinamiento. A su vez, el acceso a servicios básicos continúa siendo una deuda importante: el 42% se encuentra en hogares sin saneamiento adecuado.

Por otra parte, el 37,5% de dicho rango etario enfrenta privaciones en vestimenta. Además del déficit material, se evidencian efectos emocionales por este motivo.

En este marco, Tuñón puso foco en la caída de la natalidad, que, más allá de la tendencia global, constituye otra señal de los efectos que la crisis social generó en las decisiones familiares.

En 1991, el 56% de los hogares tenía niños y adolescentes menores de 18 años; según el censo de 2022, ese valor se redujo al 44%. Esto refleja una baja sostenida de la fecundidad, que se ubicó en 1,4 hijos por mujer en 2022, inferior al umbral de reemplazo (2,1).